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Modo: Corpus Pro

DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 42/2014. · Registro digital (IUS): 25503
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo I, Pág. 5.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 42/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS MINISTROS JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y JUAN N. SILVA MEZA; VOTARON EN CONTRA ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. AUSENTES: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: MIGUEL ÁNGEL BURGUETE GARCÍA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al once de noviembre de dos mil catorce.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante escrito recibido el doce de febrero de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por la Primera Sala de este Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 285/2013, la cual dio origen a la tesis jurisprudencial 1a./J. 110/2013, de rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. PARA CUANTIFICAR EL MONTO DE LA CAUCIÓN CUANDO SE RECLAME UNA CONDENA ESTIMABLE EN DINERO DEBE APLICARSE, POR UNA SOLA VEZ, LA TASA DE INTERÉS INTERCAMBIARIA DE EQUILIBRIO (TIIE).", en contra del criterio sustentado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal Constitucional, al resolver la contradicción de tesis 48/98, la cual dio origen a la tesis jurisprudencial 2a./J. 40/2000, de rubro: "SUSPENSIÓN DE UN LAUDO QUE EN FORMA LÍQUIDA O DE FÁCIL LIQUIDACIÓN CONDENA AL PATRÓN. INTERPRETACIÓN DEL SISTEMA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO."

SEGUNDO. Por proveído de diecisiete de febrero de dos mil catorce, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de la posible contradicción de tesis y solicitó a las Secretarías de Acuerdos de la Primera y la Segunda Salas de este Alto Tribunal, le remitieran copias certificadas de las ejecutorias, motivo de la presente contradicción, e informaran si los criterios sustentados en los asuntos de sus índices con los que se denuncia la contradicción de tesis se encuentran vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados. Asimismo, ordenó pasar los autos al Ministro Sergio A. Valls Hernández para su estudio, quien de considerar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, lo haría constar mediante un dictamen, en cuyo caso el asunto se radicaría en la Sala de su adscripción; de lo anterior, acordó se hiciera del conocimiento de la Oficina de Estadística Judicial y a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de esta Superioridad.

TERCERO. El Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó el cinco de marzo de dos mil catorce, remitir el presente asunto al Ministro Sergio A. Valls Hernández para que formulara el proyecto de resolución correspondiente, e informar al Área de Estadística Judicial de este Alto Tribunal del envío del expediente debidamente integrado a la ponencia respectiva, ya que tanto la Primera como la Segunda Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación habían remitido copias certificadas de las contradicciones de tesis 285/2013 y 48/1998, de sus respectivos índices, e informaron que los criterios emitidos en dichos asuntos estaban vigentes.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción I, de la Ley de Amparo; y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, toda vez que los criterios denunciados como contradictorios han sido sustentados por las Salas de este Alto Tribunal y su resolución es exclusiva de este Tribunal Pleno, independientemente de la materia sobre la que se hayan pronunciado.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue denunciada por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, lo cual encuentra su fundamento en el artículo 227, fracción I, de la Ley de Amparo vigente desde el tres de abril de dos mil trece.

TERCERO. Sistema de contradicción de tesis. Para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe prevalecer, constituye un presupuesto necesario determinar si existe la contradicción de criterios denunciada.

Tal como lo sostuvo este Tribunal Pleno, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión del treinta de abril de dos mil nueve, por unanimidad de diez votos,(1) para que se dé una contradicción de tesis es indispensable que dos órganos jurisdiccionales, sobre un mismo punto de derecho, adopten criterios jurídicos discrepantes a través de tesis,(2) conceptualizadas como argumentaciones de índole lógico jurídicas para justificar su decisión en una controversia determinada,(3) originándose así, la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010.(4)

Al respecto, debe precisarse que con el sistema de contradicción de tesis establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, y 225, 226, fracción I, y 227, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se persigue acabar con la inseguridad jurídica generada por la divergencia de criterios de los órganos jurisdiccionales terminales al resolver un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una tesis jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que unifique el criterio que deberá observarse en lo subsecuente para resolver asuntos similares o iguales a los que motivaron la denuncia respectiva.

En esa tesitura, a efecto de determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, pronunciarse sobre el que habrá de prevalecer, es conveniente conocer las consideraciones sostenidas por la Primera y la Segunda Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en las resoluciones respectivas.

I. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

El nueve de octubre de dos mil trece, al resolver la contradicción de tesis 285/2013, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

"En primer lugar, la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que tiene por objeto paralizar la ejecución de los actos que se impugnan en la demanda de amparo, para conservar la materia del juicio, mientras dura su trámite.

"Lo anterior debido a que, si se conserva la materia del juicio de amparo, se evita la consumación de la violación de los derechos fundamentales que fue reclamada y se facilita restituir al quejoso en el goce de los derechos vulnerados.

"Por tanto, la suspensión del acto reclamado tiene carácter provisorio, porque el acto reclamado sólo se paraliza mientras dura el juicio de amparo y, por otra parte, tiene naturaleza conservativa, debido a que su finalidad es mantener una situación de hecho existente.

"Ahora bien, cuando quien promueve un amparo solicita la suspensión del acto reclamado, la misma puede ocasionar daños y perjuicios al tercero perjudicado, en virtud de que se le impide, provisionalmente, ejecutar el acto impugnado que tiene a su favor. Máxime cuando el acto reclamado consiste en una condena líquida o estimable en dinero.

"En efecto, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado coloca en una situación privilegiada a quien solicita el amparo, generando un desequilibrio respecto del tercero perjudicado, al que se impide ingresar en su esfera jurídica un derecho que aparentemente le corresponde.

"Por ello, para que de algún modo se restablezca el estado de cosas existente en un principio entre los gobernados que acuden al juicio de amparo, tanto el artículo 107 de la Constitución Federal, como los artículos 173 y 174 de la Ley de Amparo abrogada, prevén el otorgamiento de una garantía a favor del tercero perjudicado, con la finalidad de indemnizarle de los daños y perjuicios que le sean ocasionados con la paralización del acto reclamado, cuando se promueve un amparo y se otorga la suspensión.

"En lo que interesa, el artículo 107 constitucional establece lo siguiente:

"‘Artículo 107. ... X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.’

"Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si este último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes.

"Por su parte, la Ley de Amparo abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril del año en curso, que es aplicable al criterio que resulte del presente asunto -en virtud de que los recursos de queja objeto de las ejecutorias que contienden en esta contradicción de tesis, se rigieron por dicha ley-, en lo que interesa a los juicios de amparo directo, establece lo siguiente:

"‘Artículo 170. En los juicios de amparo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, la autoridad responsable decidirá sobre la suspensión de la ejecución del acto reclamado con arreglo al artículo 107 de la Constitución, sujetándose a las disposiciones de esta ley.’

"‘Artículo 173. Cuando se trate de sentencias definitivas o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas en juicios del orden civil o administrativo, la suspensión se decretará a instancia del agraviado, si concurren los requisitos que establece el artículo 124, o el artículo 125 en su caso, y surtirá efecto si se otorga caución bastante para responder de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a tercero.

"‘En los casos a que se refieren las disposiciones anteriores, son aplicables los artículos 125, párrafo segundo, 126, 127 y 128.

"‘Cuando se trate de resoluciones pronunciadas en juicios del orden civil, la suspensión y las providencias sobre admisión de fianzas y contrafianzas, se dictarán de plano, dentro del preciso término de tres días hábiles.’

"‘Artículo 174. Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia.

"‘La suspensión surtirá efectos si se otorga caución en los mismos términos del artículo anterior, a menos que se constituya contrafianza por el tercero perjudicado.’

"Del artículo 173 arriba transcrito se desprende que en los juicios de amparo directo en materias civil y administrativa, la autoridad responsable podrá decretar la suspensión del acto reclamado, a instancia del agraviado, siempre y cuando se cumplan los requisitos a que se refiere el artículo 124 del mismo ordenamiento -que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público-, y quien lo solicite otorgue caución bastante para responder de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a la parte tercero perjudicada.

"El mismo precepto remite a los artículos 125 al 128 del mismo ordenamiento, que regulan la suspensión del acto reclamado en los juicios de amparo indirecto, de los cuales se desprende la misma obligación de otorgar garantía bastante para responder de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a la parte tercero perjudicada, así como la posibilidad de que el tercero perjudicado otorgue una contrafianza, con la finalidad de que cese la suspensión.(2)

"Por su parte, el artículo 174, también transcrito, regula en forma específica la suspensión del acto reclamado en los juicios de amparo en materia laboral, precisando que cuando la parte quejosa es el patrón, deberá negarse la suspensión si pone al trabajador en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo; de manera que la suspensión sólo podrá concederse por el excedente de lo necesario para asegurar la subsistencia del trabajador, en cuyo caso, la suspensión surtirá efectos si se otorga caución en los mismos términos que en los juicios en materias civil y administrativa.

"Esto es, la tutela que otorgó el legislador a los trabajadores en materia de suspensión de los laudos que les resulten favorables, se limita a que la autoridad responsable niegue parcialmente la medida precautoria, para el efecto de que se ejecute el laudo por un monto equivalente al necesario para asegurar la subsistencia del trabajador y de su familia, mientras se resuelve el juicio de garantías; normas protectoras que no estimó conveniente el legislador extender a la fijación de la caución que debe otorgar la patronal para garantizar los daños y perjuicios que puedan causarse al trabajador, como consecuencia del otorgamiento de la suspensión del laudo en la parte que reste por ejecutar.

"De manera que, por lo que ve al monto al que debe ascender la caución relativa -tema al que se constriñe la presente contradicción de tesis-, esta cuestión se rige por principios generales, aplicables a la suspensión de cualquier acto reclamado en un juicio de garantías que pueda acarrear daños y perjuicios al tercero perjudicado, que se encuentra interesado en que éste subsista.

"Motivo por el cual, no es óbice al presente estudio, el que los criterios contendientes hayan surgido de asuntos en materia laboral, en los que el peticionario de amparo es el patrón; puesto que, para los efectos de la presente contradicción de tesis, la determinación de los daños y perjuicios que se causen al tercero perjudicado, cuando el Juez ha acordado que la suspensión es procedente, tienen el mismo tratamiento que en los amparos en materias civil o administrativa, además de que el estudio parte de la premisa de que el Juez ha acordado favorablemente sobre el otorgamiento de la suspensión, porque se han cumplido los demás requisitos que establece la ley.

"Una vez establecido lo anterior, conviene puntualizar lo que este Alto Tribunal ha sostenido en torno a la determinación de la cuantía de la caución que debe otorgar la parte quejosa que solicita la suspensión del acto reclamado.

"En la contradicción de tesis 48/98, resuelta por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, el catorce de abril de dos mil, cuya litis fue determinar si la caución que debe otorgar el patrón, para que surta efectos la suspensión del laudo que establece una condena en forma líquida, debe ser equivalente al monto que reste por ejecutar de la condena o a los intereses que esta cantidad pudiera devengar mientras se resuelve el juicio de garantías, se sostuvo lo siguiente:

"Ante una resolución jurisdiccional que contenga una condena líquida o de fácil liquidación, es decir, cuando la afectación que pueda causarse al tercero perjudicado con la suspensión de esa resolución sea estimable en dinero, la valoración de los daños y perjuicios no constituye una facultad discrecional de la autoridad competente para resolver sobre el monto de la respectiva caución, como deriva de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 125 de la Ley de Amparo, aplicable en sentido contrario, (3) y por remisión expresa del diverso 173 del propio ordenamiento.

"Por ello, en ese caso, la autoridad competente para determinar el monto al que ascenderá la caución, debe atender a los elementos ciertos que derivan inexorablemente de la prestación a la que se condenó en el fallo respectivo, elemento que en el caso de que se haya establecido una cuantía líquida debe ser precisamente ese monto, y sobre él realizar los cálculos necesarios para determinar a cuánto ascenderían, hipotéticamente, los daños y perjuicios que tal suspensión le podría deparar al tercero perjudicado.

"• El daño y perjuicio a que se refiere el artículo 173 de la Ley de Amparo, atendiendo a la definición que de tales conceptos prevén los artículos 2108 y 2109 del Código Civil, aplicable en materia federal, consiste en el interés material que se afecta directamente por la concesión de la suspensión.

"• La pérdida o menoscabo sufrido por la suspensión del laudo reclamado no puede traducirse en el numerario que se incorporaría al patrimonio del tercero perjudicado en virtud de lo ordenado en esa resolución jurisdiccional, pues los efectos de la suspensión, en manera alguna, tienden a destruir los que derivan de ésta, únicamente detienen su ejecución; de ahí que la caución no debe fijarse atendiendo a un monto que no se pierde o menoscaba por el acto judicial cuyos efectos se condicionan al otorgamiento de aquélla; entonces, esa pérdida se traduce, de no prosperar el juicio de garantías, en la consecuencia jurídica de que el respectivo numerario no se encuentre a disposición del trabajador en tanto perviven los efectos de la suspensión.

"• En tal virtud, la caución que en términos de la Ley de Amparo garantiza el interés material de un trabajador, que se ve afectado por la suspensión del laudo que establece en su favor una condena líquida o de fácil liquidación, debe comprender dos partidas:

"• Una primera partida, cuya cuantía debe responder por los daños que con tal medida se pueden causar a la parte obrera, es decir, la pérdida o menoscabo que jurídicamente acarrea a esta última no disponer, mientras se resuelve el juicio de amparo, de la suma que le corresponde conforme al laudo.

"• Una segunda partida que garantice los perjuicios que la medida cautelar pueda provocar al trabajador, es decir, la privación de las ganancias lícitas que obtendría éste de tener bajo su dominio, durante el tiempo que dure el correspondiente juicio de garantías, la respectiva prestación pecuniaria, suma equivalente al rendimiento que en el mismo periodo produciría tal prestación, conforme a una tasa de interés que refleje las condiciones del mercado de dinero y que, por su publicación en el Diario Oficial de la Federación, genere certeza a las partes y a la mencionada autoridad responsable, como lo puede ser la ‘Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio’ o algún otro indicador similar que, en términos generales, permita conocer la pérdida promedio que acarrea para un individuo no tener bajo su dominio una determinada cantidad monetaria.

"• Se llega a la conclusión de que los daños y perjuicios que derivan del otorgamiento de la suspensión de un laudo favorable a la parte obrera no equivalen al monto de las prestaciones a cuyo pago se condenó al patrón, ya que la suspensión no trasciende a la existencia o a la validez del referido laudo, por lo que la consecuencia jurídica de su otorgamiento, en caso de que no prospere la demanda de amparo intentada por la patronal, no sería la pérdida de tales prestaciones, sino la pérdida o menoscabo que al trabajador le acarrea no disponer, durante el tiempo que dure el juicio de garantías, de esos recursos, así como la privación de las ganancias lícitas que podría haber obtenido de haber incorporado en su esfera jurídica, desde que se concede la suspensión, la prestación pecuniaria a la que tiene derecho.

"• Debiendo señalarse, inclusive, que de la interpretación literal, sistemática y causal teleológica de lo dispuesto en los artículos 174 y 173 de la Ley de Amparo, no se advierte, en manera alguna, la intención del legislador de otorgar a la caución que se fija a la patronal para obtener la suspensión de un laudo, la naturaleza de una vía alternativa para lograr la ejecución de tales resoluciones jurisdiccionales.

"• Además, los daños y perjuicios no pueden asimilarse al total de la prestación que corresponde al trabajador conforme al laudo reclamado, pues de haber sido ésa la intención del legislador, hubiera sujetado la concesión de la suspensión del acto reclamado, al otorgamiento de una caución que, precisamente, respondiera en términos monetarios por la totalidad de la prestación cuya ejecución se pretende suspender, lo que, inclusive, afectaría los fines prácticos de la medida cautelar, pues de ser necesario otorgar cauciones de tan elevado monto, difícilmente los afectados por una resolución supuestamente transgresora de garantías, solicitarían la concesión de esa medida, lo que provocaría su ejecución y, en su caso, una difícil o imposible reparación de la garantía violada.

"• En efecto, el medio para garantizar el cumplimiento de las prestaciones e indemnizaciones que, en su caso, pueda adeudar un patrón a un trabajador, no se ubica dentro de los diversos procedimientos que conforman la jurisdicción constitucional que se desarrolla mediante la promoción de un juicio de amparo, pues las medidas correspondientes se ubican en el ámbito de la respectiva jurisdicción especializada en materia de trabajo, que regulan como providencia cautelar el secuestro de bienes de una persona, empresa o establecimiento.

"• En esa medida, no es la caución que se fije para suspender la ejecución del laudo, la vía idónea para proteger al trabajador de los artificios legales que pueda utilizar el patrón para no responder de la condena respectiva, pues, como ya se precisó, esta caución únicamente debe garantizar la indemnización del trabajador por lo que se refiere a los daños y perjuicios que deriven de la suspensión de tal ejecución, que son los que surgen como consecuencia directa e inmediata de esta medida cautelar y no de circunstancias indirectas, ajenas al juicio de amparo.

"• En esos términos, el hecho de que el patrón cuente o no con los bienes necesarios para responder por la respectiva cuantía, es una cuestión que no es materia del juicio de garantías y no debe trascender a la fijación de la caución que en éste debe otorgar, pues para efectos de esto último, se presume la ejecutabilidad del laudo impugnado, ya que el incidente de suspensión no es una vía alterna para lograr la ejecución de las resoluciones adoptadas por los tribunales de la potestad común.

"Dichos razonamientos fueron acogidos por esta Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 49/2003-PS, fallada el veintitrés de junio de dos mil cuatro, cuyo tema fue: ‘Elucidar si la caución que se otorga para que surta efectos la suspensión en el amparo directo, debe ser equivalente al monto de la condena en el juicio natural, o únicamente responder por los daños y perjuicios que puedan ocasionarse con la concesión de la medida cautelar.’. En la cual se analizaron diversas ejecutorias emitidas en juicios de amparo en materia civil, en torno al monto al que debe ascender la caución para que surta efectos la suspensión en amparo directo.

"De dicha contradicción de tesis derivó la jurisprudencia siguiente:

"‘SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO. PARA QUE SURTA EFECTOS LA CAUCIÓN, SU MONTO DEBE RESPONDER ÚNICAMENTE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN CAUSARSE AL TERCERO PERJUDICADO CON ESA MEDIDA. La suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo se constriñe a asegurar la efectividad de la justicia constitucional, mientras que la caución que se otorga para que surta efectos esa medida cautelar debe responder por los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado si no se otorga la protección constitucional. En ese contexto, la suspensión no es una figura jurídica que tenga un fin en sí misma, sino que depende del proceso principal y, por ende, sus efectos no inciden en la validez y existencia del acto reclamado; igualmente la caución tampoco puede jurídicamente tener por objeto preservar y garantizar la existencia de la prerrogativa que se incorporaría a la esfera jurídica del tercero perjudicado como consecuencia de la validez del acto reclamado, ya que únicamente se dirige a garantizar las consecuencias derivadas directamente de la suspensión de éste, es decir, los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado por no haber incorporado en su patrimonio, desde el momento en que se concedió la suspensión y hasta que se resuelva el juicio de amparo, las prerrogativas que le confiere el acto reclamado. Consiguientemente, la caución no debe atender a un monto que no se pierde o menoscaba por el acto judicial cuyos efectos se condicionan al otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, en virtud de que ésta obra sobre su ejecución y es ajena al acto reclamado, de manera que si únicamente debe responderse por los daños y perjuicios derivados de los efectos de la concesión de la medida cautelar, se concluye que éstos no pueden asimilarse al monto total a que asciende la condena en el juicio natural.’(4)

"De lo anterior, se puede concluir que este Alto Tribunal ha establecido lo siguiente en torno al monto de la caución que debe otorgar la parte quejosa en un amparo directo, para garantizar los daños y perjuicios que la suspensión pueda ocasionar al tercero perjudicado:

"• Cuando el acto reclamado consiste en una condena líquida o estimable en dinero, para determinar el monto al que ascenderá la caución, la autoridad competente debe atender a la prestación a la que se condenó en el fallo respectivo, y sobre dicho monto realizar los cálculos necesarios para determinar a cuánto ascenderían los daños y perjuicios.

"• Por daño debe entenderse la pérdida o menoscabo que le acarrea al tercero perjudicado, no disponer desde el momento en que se concede la suspensión y mientras se resuelve el juicio de amparo, de la suma que le corresponde conforme al laudo o sentencia reclamada; de manera que no es equivalente al monto total de la condena en la sentencia que constituye el acto reclamado, porque la caución que se otorga en el juicio de amparo no es una vía alternativa para lograr la ejecución de la resolución jurisdiccional que constituye el acto reclamado. Una vez que quede firme la sentencia definitiva, deberá ejecutarse atendiendo a las disposiciones aplicables del juicio de origen. Por tanto, la indemnización por concepto de ‘daño’ derivado de la suspensión en el amparo, sólo responde por la depreciación o pérdida del valor adquisitivo de la cantidad que debió recibir el tercero perjudicado, en virtud de la condena, durante el lapso que duró el juicio de amparo, por no haber podido disponer de la misma.

"• Por su parte, los perjuicios son la privación de las ganancias lícitas que obtendría éste de tener bajo su dominio, durante el tiempo que dure el correspondiente juicio de garantías, la respectiva prestación pecuniaria, equivalente al rendimiento que en el mismo periodo produciría tal prestación, conforme a una tasa de interés que refleje las condiciones del mercado de dinero.

"Conforme a lo anterior, cuando el acto reclamado consista en una condena líquida o estimable en dinero, la autoridad competente, al fijar el monto de la caución para conceder la suspensión, debe limitarse a calcular, sobre el monto de la condena, los daños, entendidos como la depreciación o pérdida de valor adquisitivo que esa cantidad sufra durante la tramitación del juicio de amparo, así como los perjuicios, entendidos como los rendimientos que la misma pudiese aportar durante el mismo lapso, atendiendo a una tasa que refleje las condiciones del mercado.

"Ahora bien, la contradicción de tesis 2/2010, fallada por esta Primera Sala el seis de julio de dos mil once tuvo, precisamente, por objeto determinar cuál es el parámetro o indicador económico idóneo para calcular tanto la depreciación o pérdida de valor adquisitivo, como los rendimientos, que pudiesen generarse sobre el monto de la condena durante el periodo en que opere la suspensión.

"Sin embargo, dado que su contenido ha sido interpretado en forma diversa en las ejecutorias que contienden en la presente contradicción de tesis, conviene reproducir la porción que interesa para resolver el presente asunto:

"‘... para determinar los daños y perjuicios generados al tercero perjudicado por el otorgamiento de una suspensión en un juicio de amparo indirecto, debe tomarse un parámetro que cuantifique los dos aspectos, es decir, que valore, por un lado, la pérdida que se generó y, por otro, la ganancia que se dejó de percibir.

"‘Por lo que hace a la determinación de los daños, debe garantizarse que el dinero del cual no se dispuso, refleje el daño patrimonial que se sufrió por esta situación. Debido a que el poder adquisitivo de la moneda se va alterando por el simple transcurso del tiempo, es evidente que el lapso de tiempo que duró la suspensión en el juicio de amparo implicó la actualización de este supuesto. ...

"‘Debido a que dicha alteración aplica de manera general a toda la moneda circulante, se debe acudir a los indicadores que publica el Banco de México en materia de inflación, ya que es a través de dicho procedimiento, que se conoce la mencionada alteración en la moneda.

"‘Una manera adecuada de calcular tal alteración es aplicando el Índice Nacional de Precios al Consumidor, sin embargo, éste únicamente refleja el menoscabo o depreciación del dinero, no así el rendimiento que el mismo pudo generar, por lo que es necesari

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25503-a24514d8/danos-y-perjuicios-forma-de-fijar-el-monto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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