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Modo: Corpus Pro

DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR LA SUSPENSIÓN A LA PARTE TERCERA INTERESADA EN EL AMPARO INDIRECTO. PUEDE CONDENARSE AL PAGO DE UN IMPORTE SUPERIOR AL DE LA GARANTÍA FIJADA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 182/2024. · Registro digital (IUS): 33067
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-03-14
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Marzo de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.654.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 182/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 5 DE DICIEMBRE DE 2024. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. DISIDENTE: MAGISTRADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIA: TANIA ALVAREZ ESCORZA.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al cinco de diciembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Ver cuadro

I. Competencia

1. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(2) así como lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(3) en los artículos 6, fracción I, 7, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(4) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(5) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés; por derivar de criterios sostenidos por tribunales colegiados del Segundo Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional al tratarse de órganos especializados en materia civil.

II. Legitimación

2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en su texto vigente en el momento de la denuncia, pues la formuló la persona magistrada presidenta del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.

III. Criterios denunciados

3. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito al resolver el recurso de queja 425/2023, en sesión de dieciocho de enero de dos mil veinticuatro.

4. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito al decidir el recurso de queja 306/2019, en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve.

IV. Existencia de la contradicción de criterios

5. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(6)

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que, sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales colegiados adopten criterios jurídicos discrepantes.

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

6. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito al resolver el recurso de queja 425/2023, y el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito al fallar el recurso de queja 306/2019.

7. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito analizó un asunto con las siguientes características:

Ver características

8. De esta ejecutoria derivó la tesis II.2o.C.3 K (11a.),(7) de rubro y texto siguientes:

INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN AMPARO. LA SUMA DEFINITIVA A LIQUIDAR DEBE OBTENERSE A PARTIR DE LOS ELEMENTOS CON QUE CUENTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL, ALLEGADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO, Y NO DE LA QUE FIJARE CON DATOS PROVISIONALES AL CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA.

Hechos: La persona tercera interesada en amparo indirecto promovió incidente de daños y perjuicios donde reclamó únicamente el pago de estos últimos, con base en la rentabilidad del departamento del cual no pudo disponer por la concesión de la suspensión definitiva y, para acreditar su pretensión, ofreció pruebas; sin embargo, se declaró infundado.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la suma definitiva a liquidar por concepto de daños y perjuicios causados a la persona tercera interesada con motivo de la suspensión definitiva en amparo, debe obtenerse a partir de los elementos con que cuente el órgano jurisdiccional, allegados durante la tramitación del juicio, y no de la que fijare con los datos provisionales al conceder la medida cautelar.

Justificación: A fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que se ocasionen con motivo de la suspensión definitiva del acto reclamado, se parte de los datos con que se cuenta hasta ese momento. Se trata de un monto provisional, que es útil sólo para resolver las exigencias del momento en que se emite, mas no para considerarlo definitivo e invariable para cuando finalice el juicio de amparo, es decir, sólo podrá adquirir firmeza dicha suma hasta que las partes hayan tenido oportunidad de demostrar la real afectación que se hubiese ocasionado a la persona tercera interesada con la concesión de la medida cautelar.

9. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito analizó un asunto con las siguientes características:

Ver asunto

10. De esta ejecutoria derivó la tesis II.4o.C.33 C (10a.), (8) de rubro y texto siguientes:

INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS. SI SU CUANTÍA CORRESPONDE A UN MONTO MAYOR AL FIJADO COMO GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS LA MEDIDA CAUTELAR, LA CONDENA NO PUEDE EXCEDER ESTE ÚLTIMO MONTO, PUES DE HACERLO IMPLICARÍA LA TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE "COSA JUZGADA.". En la jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.), de título y subtítulo: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; dato que, precisó, es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; por lo que para calcular los posibles daños, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía. Asimismo, señaló que los perjuicios son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, como es la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación. No obstante, si la cuantificación a que ascienden los daños y perjuicios ocasionados al tercero interesado, corresponde a un monto mayor al fijado como garantía para que surta efectos la medida cautelar, el cual hubiere adquirido firmeza procesal, por no haber sido impugnado por alguna de las partes, a través del recurso de revisión que procede en su contra, en términos del artículo 81, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; entonces, la condena en el incidente de daños y perjuicios, no puede establecerse en diversa cuantía. De actuar en sentido contrario, esto es, de fijar la condena en razón de diverso monto, implicaría trastocar el principio de "cosa juzgada", al mutarse la cantidad líquida que originalmente se estableció para cubrir los posibles daños y perjuicios.

11. De esta relatoría se desprende, esencialmente, lo siguiente:

Ver tabla

12. En estas condiciones, sí existe la contradicción de criterios como se explica a continuación:

13. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Se satisface este requisito porque los tribunales colegiados decidieron, a partir de una exposición argumentativa, sobre el monto de los daños y perjuicios generados con motivo de la suspensión de los actos reclamados otorgada durante el trámite de un juicio de amparo indirecto en el cual se negó la protección federal.

14. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los tribunales contendientes porque ambos examinaron los agravios en los cuales la persona tercera interesada controvirtió la cuantificación de los daños y/o perjuicios que se le ocasionaron con motivo de la suspensión de los actos reclamados decretada durante la tramitación de un juicio de amparo indirecto.

15. Sin embargo, se produjo entre ellos un diferendo porque aunque en ambos casos arribaron a la conclusión de que la parte incidentista acreditó haber sufrido daños y perjuicios en un monto superior al considerado para el otorgamiento de la garantía, uno sostuvo que sí era procedente la condena por el importe total acreditado, mientras que el otro determinó que aquel no podía exceder del importe de la garantía por existir cosa juzgada sobre el tema.

16. Tercer requisito: que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los tribunales contendientes cabe la pregunta siguiente: Cuando durante el trámite del juicio de amparo indirecto se fija la garantía en cierto monto para responder de los daños y perjuicios que la suspensión del acto reclamado pueda causar a la parte tercera interesada ¿es posible que al resolver el incidente promovido para hacerla efectiva se condene al pago de un importe superior al de aquella?

17. Desde luego, no pasa inadvertido que los asuntos de los cuales derivaron los criterios contendientes tienen como antecedente la tramitación de juicios diversos, a saber, uno especial hipotecario y otro ordinario civil; tampoco que los actos por los cuales se solicitó la suspensión en el amparo indirecto promovido en contra de las determinaciones dictadas en esos asuntos fueron distintos; ni que en uno de los casos, la persona incidentista solo reclamó el pago de los perjuicios generados con motivo de la suspensión, mientras que en el otro también formó parte de la disputa el concepto de daños; sin embargo, tales divergencias no constituyen un obstáculo para la existencia de la contradicción pues ambos tribunales colegiados dilucidaron la misma cuestión, a saber, si el monto de la condena incidental podía exceder el importe de la garantía exigida al conceder la suspensión de los actos reclamados.

18. Finalmente, no sobra señalar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito estudió la existencia de elementos para cuantificar el monto de los perjuicios, pero sobre el tema no existe contradicción pues en el asunto del otro tribunal este aspecto no fue materia de litis.

19. Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito decidió que para la correcta cuantificación de los daños y perjuicios los primeros deben calcularse con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor y los segundos considerando la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio; además, estableció que al resolver el incidente respectivo debe llamarse a la afianzadora y que la condena al pago por los conceptos de que se trata corresponde, primero, al sujeto pasivo que es la persona quejosa y, en segundo lugar, a la afianzadora, lo que torna indebido que solo se condene a esta última; empero, en relación con estos tópicos tampoco existe contradicción porque no fueron materia de estudio en el caso del otro tribunal contendiente.

20. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito al resolver el recurso de queja 425/2023, y el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito al fallar el recurso de queja 306/2019.

V. Estudio

21. El artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(9) prevé que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de suspensión en los casos y con las condiciones indicados en la ley reglamentaria; además, dispone que para decidir sobre la concesión de dicha medida corresponde a la persona juzgadora, si la naturaleza del acto lo permite, hacer un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.

22. El propio precepto indica que en las materias civil, mercantil y administrativa, la suspensión se otorgará mediante garantía que dé la persona quejosa para responder por los daños y perjuicios que con esta se pudieran ocasionar a la tercera interesada, la cual quedará sin efectos si esta última otorga contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se llegara a conceder el amparo y a pagar los daños y perjuicios correspondientes.

23. En consonancia con esa disposición constitucional, el numeral 128 de la Ley de Amparo(10) establece que la procedencia de la suspensión está supeditada a la concurrencia de dos requisitos: el primero, que la solicite la persona quejosa y, el segundo, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

24. Por su parte, el diverso 132 de la misma ley señala, como requisito de efectividad de la medida, la carga de la persona quejosa solicitante de otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar por los perjuicios que derivado de su otorgamiento pudieran causarse a la parte tercera en caso de que aquella no obtenga una sentencia favorable en el juicio constitucional, en el entendido de que si las afectaciones a los derechos de esta última no son estimables en dinero, el órgano jurisdiccional tiene facultad para fijar discrecionalmente el importe de la garantía; así se constata con la reproducción de la parte conducente del precepto:

Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo.

Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía.

25. En relación con esta disposición, el numeral 156 prevé que cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad derivada de las garantías —y de las contragarantías— otorgadas con motivo de la suspensión, se tramitará un incidente ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio y, de no presentarse dentro de ese plazo, previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante la autoridad judicial competente. El artículo en cita dice:

Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente.

26. Esta previsión legislativa sobre el otorgamiento de garantía para reparar los daños e indemnizar por los perjuicios generados con motivo de la concesión de la suspensión del acto reclamado y de la vía incidental como el medio para hacerla efectiva encuentra como antecedente lejano el texto original del artículo 107, fracción VI, de la Constitución Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación del cinco de febrero de mil novecientos diecisiete, que exigía el otorgamiento de una fianza tratándose de la suspensión otorgada respecto de la ejecución de una sentencia definitiva civil:

Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103, se seguirán a instancia de la parte agraviada, por medio de procedimientos y formas del orden jurídico que determinará una ley que se ajustará a las bases siguientes:

VI. En juicios civiles, la ejecución de la sentencia definitiva, solo se suspenderá si el quejoso da fianza de pagar los daños y perjuicios que la suspensión ocasionare, a menos que la otra parte diese contrafianza para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo, y pagar los daños y perjuicios consiguientes. En este caso se anunciará la interposición del recurso, como indica la regla anterior.

27. A la luz de esta precisión constitucional, el segundo párrafo del artículo 51, en relación con la fracción II del numeral 55, ambos de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 104 de la Constitución Federal, expedida el dieciocho de octubre de mil novecientos diecinueve, preveían, en su orden, que en los amparos en contra de sentencias civiles, para ordenar la suspensión, era requisito que la persona quejosa diera fianza de pagar los daños y perjuicios, así como que fuera de los casos previstos en el artículo 54 de la propia legislación,(11) la suspensión solo podría decretarse a petición de parte y cuando fuera procedente, siempre que en caso de que esta pudiera causar algún perjuicio, la parte quejosa otorgara fianza para repararlo. Los numerales de mérito eran del tenor siguiente:(12)

Artículo 51o.

En los amparos contra sentencias definitivas civiles, además de los requisitos de la denuncia y de las copias será preciso para ordenar la suspensión, que el quejoso dé fianza de pagar los daños y perjuicios. La suspensión dejará de surtir sus efectos si el colitigante diere contrafianza que asegure la reposición de las cosas al estado que guardaba antes de la violación de garantías, si se concediese el amparo, y al pago de los daños y perjuicios que sobrevengan por la no suspensión del acto reclamado. Las fianzas de que habla este artículo serán otorgadas apud acta ante la autoridad que conozca el amparo.

Artículo 55o. Fuera de los casos previstos en el artículo anterior, la suspensión solo podrá decretarse a petición de parte y cuando sea procedente y aun en el caso de la fracción IX del artículo 107 constitucional conforme a las siguientes disposiciones:

II. Cuando la suspensión pueda producir algún perjuicio a tercero si el quejoso da fianza de reparar ese perjuicio; pero en este caso, la suspensión quedará sin efecto si el tercero da a su vez fianza bastante para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación de garantías y de pagar los daños y perjuicios que sobrevengan por no haberse suspendido el acto reclamado. Además de esta fianza, el tercero deberá indemnizar previamente el costo del otorgamiento de la fianza dada por el quejoso. Esta última disposición se observará en el caso del artículo 51.

28. Posteriormente, el diez de enero de mil novecientos treinta y seis se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal en cuyo numeral 125 también se contempló el requisito de otorgar la garantía de referencia cuando siendo procedente la suspensión se pudiera ocasionar daño o perjuicio a la persona tercera; asimismo, se estableció que si la afectación no era estimable en dinero, la determinación del importe de la garantía la fijaría discrecionalmente la autoridad que conociera del amparo.

29. Por su parte, el artículo 128 de esa ley confería al juez de distrito la facultad para fijar el monto de la garantía –y de la contragarantía regulada en los artículos 126 y 127–;(13) mientras que en similares términos a los del citado numeral 156 de la Ley de Amparo vigente –ya transcrito–, el 129 de la legislación en examen establecía el procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías con la variante de que en ese entonces el incidente correspondiente debía tramitarse en los términos prevenidos por el Código Federal de Procedimientos Civiles y promoverse dentro de los treinta días siguientes al en que sea exigible la obligación, en el entendido de que de no presentarse la reclamación dentro de ese término, solo podrá exigirse dicha responsabilidad ante las autoridades del orden común. Las disposiciones en comento decían:

Artículo 125. En los casos en que es procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaron si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo.

Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía.

Artículo 128. El juez de Distrito fijará el monto de la garantía y contragarantía a que se refieren los artículos anteriores.

Artículo 129. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante la autoridad que conozca de ella un incidente en los términos prevenidos por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Este incidente deberá promoverse dentro de los treinta días siguientes al en que sea exigible la obligación, en la inteligencia de que no presentándose la reclamación dentro de ese término, solo podrá exigirse dicha responsabilidad ante las autoridades del orden común.

30. No sobra decir que derivado de esta iniciativa, en la legislación de mil novecientos treinta y seis, en materia de suspensión en amparo directo, también quedó establecido como requisito de efectividad la carga de la persona quejosa de otorgar caución bastante para responder por los daños y perjuicios que se pudieran causar a la parte tercera, esto tratándose de sentencias dictadas en juicios del orden civil o de laudos, en el entendido de que las cauciones de referencia deberían hacerse efectivas ante la autoridad responsable, tramitándose el incidente de liquidación en términos del numeral 129 de la propia ley. Así se advierte de los artículos 173, 174 y 176, que disponían:

Artículo 173. Cuando se trate de sentencias dictadas en juicios del orden civil, la suspensión se decretará a instancia del agraviado y surtirá sus efectos si otorga caución bastante para responder por los daños y perjuicios que pueda ocasionar a tercero.

En los casos a que se refieren las disposiciones anteriores, son aplicables los artículos 125, párrafo segundo, 126, 127 y 128 de esta Ley.

Cuando se trate de sentencias dictadas en juicios del orden civil, la suspensión y las providencias sobre admisión de fianzas y contrafianzas, se dictarán de plano, dentro del preciso término de veinticuatro horas.

Artículo 174. Tratándose de laudos de las juntas de conciliación y arbitraje, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente de la junta respectiva, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales solo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia.

La suspensión surtirá efectos si se otorga caución en los mismos términos del artículo anterior, a menos que se constituya contrafianza por el tercero perjudicado.

Artículo 176. Las cauciones a que se refieren los artículos 173 y 174 de esta ley se harán efectivas ante la misma autoridad responsable, tramitándose el incidente de liquidación en los términos establecidos por el artículo 129.

31. De la iniciativa de la cual emanó esta legislación de mil novecientos treinta y seis no se desprenden las razones particulares de su autor para incorporar los preceptos en examen, sino únicamente los que consideró en torno al amparo directo en materia obrera y la suspensión en este rubro como se constata con la reproducción del fragmento conducente:

Amparo directo en materia obrera.

(...)

Pero no obstante que se instituya el amparo directo contra esos laudos, la resolución de los conflictos de trabajo, se vería gravemente estorbada si, llevando la equiparación al máximo, no establecieran reglas adecuadas para conceder la suspensión y se adoptara estrechamente el sistema de las fracciones V y VI del propio artículo 107 constitucional, dado que ello resultaría antitético contra el carácter que distingue el llamado Derecho Industrial, cuya materia no es en modo alguno estrictamente privada y patrimonial, sino que afecta cuestiones que tienen el más alto interés para la colectividad, y por ello la ejecución de las resoluciones dada a los conflictos o diferencias de trabajo no puede quedar sujeta a las mismas reglas, por lo demás también diferentes entre sí, que la ejecución de las sentencias de carácter penal o civil en materia de suspensión del acto reclamado.

Por eso la reglamentación de la suspensión fue motivo en el Proyecto de Ley de Amparo de un cuidadoso estudio, efectuado con el propósito de construir un sistema que evitara, por una parte, los graves perjuicios que la suspensión podría ocasionar a la familia obrera, poniéndola en trance de no poder subsistir mientras el juicio de amparo fuese en definitiva resuelto y, por la otra parte, las repercusiones que en perjuicio del interés de la colectividad pudiera engendrar tal situación, aparte de los perjuicios que directamente le ocasionase el hecho de concederse o negarse la suspensión, aun cuando con ella no se causaran ningunos graves a los trabajadores o a sus dependientes económicos. Y así, el sistema quedó concretado en las prevenciones de los artículos 174 y 175, que aquí se reproducen textualmente: (...)

32. Además, de la discusión de esta iniciativa tampoco se desprende que el contenido de los artículos analizados haya sido objeto de debate, de ahí que quedaran redactados tal y como originalmente se propusieron.

33. Más adelante, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de diecinueve de febrero de mil novecientos cincuenta y uno (y su fe de erratas publicada el catorce de marzo siguiente), se reformó el artículo 107 constitucional para reestructurar su contenido, de modo que la suspensión quedó prevista en las fracciones X y XI,(14) la primera de las cuales adoptó como principio general que la suspensión podría otorgarse con las garantías que fijara la ley y reprodujo la obligación de otorgar fianza para responder de los daños y perjuicio que se causaren por la suspensión, como se advierte de su letra:

Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:

X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión, en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley, para lo cual, se tomarán en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su ejecución, los que la suspensión origine a terceros perjudicados y el interés público.

Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal, al comunicarse la interposición del amparo, y en materia civil, mediante fianza que dé el quejoso, para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión ocasionare, la cual quedará sin efecto, si la otra parte da contrafianza para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban, si se concediese el amparo, y a pagar los daños y perjuicios consiguientes.

34. Aunque estas porciones normativas sufrier

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33067-50d9e122/danos-y-perjuicios-causados-por-la-suspension-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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