SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA O RESOLUCIÓN FINAL EMITIDA EN UN JUICIO DE CARÁCTER MERCANTIL, QUE CONDENA AL PAGO DE CANTIDAD ILÍQUIDA. PROCEDE CONCEDERLA RESPECTO DE SU PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 26 DE JUNIO DE 2018. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS FRANCISCO JOSÉ DOMÍNGUEZ RAMÍREZ, GERARDO DOMÍNGUEZ, GUSTAVO ALCARAZ NÚÑEZ, FRANCISCO JAVIER VILLEGAS HERNÁNDEZ, ENRIQUE DUEÑAS SARABIA Y RIGOBERTO BACA LÓPEZ. PONENTE: ENRIQUE DUEÑAS SARABIA. SECRETARIA: LAURA ICAZBALCETA VARGAS.
Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión de veintiséis de junio de dos mil dieciocho.
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de posible contradicción de tesis. Mediante oficio presentado el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, la presidenta del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Tercer Circuito, Magistrada Alicia Guadalupe Cabral Parra, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sostenido por el citado órgano colegiado –al resolver los recursos de queja 400/2017-III y 1/2018–, y los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados en Materia Civil del propio Circuito Segundo, Tercero y Cuarto –en los recursos de queja 355/2017, 352/2017 y 358/2017, respectivamente–.
SEGUNDO.—Trámite de la denuncia de posible contradicción de tesis. El presidente del Pleno de Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis por auto de diecisiete de abril del año en curso –la cual se registró con el número 3/2018–; asimismo, solicitó a las presidencias de los Tribunales Colegiados de Circuito que emitieron los criterios contendientes, el envío de copias certificadas y de los archivos de las ejecutorias involucradas, así como la información relativa a si continuaban vigentes los criterios sostenidos en ellas. Además, se ordenó informar a la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la referida admisión, para los efectos a que se refieren los artículos 22 y 27, punto F, del Acuerdo General Número 20/2013, de veinticinco de noviembre de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de las tesis que emiten la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito–; por último, en el propio auto admisorio se anticipó que el asunto sería turnado, en su oportunidad, al representante del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Tercer Circuito.
TERCERO.—Turno de los autos. Recabada la información solicitada, entre la cual destaca la proporcionada por la coordinadora de Compilación de Tesis en cita, en el sentido de no existir alguna denuncia de contradicción de tesis en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionada con el tema de la presente, y la manifestación de sendas presidencias de los Tribunales Colegiados de Circuito emisores de los criterios contendientes, en el sentido de continuar vigentes sus respectivos criterios, finalmente, en auto de tres de mayo del año que transcurre se ordenó turnar el asunto al Magistrado Enrique Dueñas Sarabia, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 8/2015, modificado por el diverso 52/2015, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado, este último, en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de dos mil quince; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Civil del mismo Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haberse planteado por la presidenta del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.
TERCERO.—Posturas contendientes. Se trata de los siguientes criterios:
Primera postura
A. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 355/2017, en sesión de doce de enero de dos mil dieciocho, en lo conducente, determinó:
"NOVENO.—Estudio. Los agravios formulados por la recurrente son sustancialmente fundados y suficientes para modificar el auto recurrido, tal como se demostrará a continuación:
"Los motivos de disenso hechos valer por la inconforme, en síntesis, son los siguientes:
"A) El Juez responsable incurrió en un indebido trámite de la demanda de amparo, dado que concedió la suspensión provisional para efectos de que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban; de manera que tal pronunciamiento es irregular por no ser acorde a lo dispuesto en el artículo 190 de la Ley de Amparo, pues tratándose de amparos directos no existe la suspensión provisional, ni se tramita incidente de suspensión para que se decrete ésta, y posteriormente la de carácter definitivo.
"B) La autoridad responsable dejó de cumplir con lo que establece la fracción IV del artículo 146 de la Ley de Amparo, al indicar que la suspensión la otorgó para que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban; sin especificar clara y expresamente los efectos para los cuales otorgó la suspensión y ello resultaba importante, porque la referida medida sólo podía suspender actos que tuvieran ejecución material y no actos procesales; así, toda vez que el acto reclamado es la declaración de caducidad y la condena en costas, resoluciones que no implican por sí, la ejecución o acto alguno de ejecución material, pues para ello debe tramitarse un incidente de liquidación de gastos y costas, por tanto, la responsable debió otorgar la suspensión para efecto de que de momento no se ordenara o ejecutara embargo alguno en contra de los bienes de la parte quejosa.
"Por lo cual, se puede promover y tramitar la liquidación de las costas condenadas y realizar todos los actos procesales correspondientes a esa incidencia, los cuales de ninguna manera pueden ser suspendidos.
"C) Asimismo, el Juez responsable incurrió en la indebida tramitación del amparo, al no cumplir con lo que dispone la fracción III del artículo 178 de la ley de la materia, en razón de que de la referida fracción se desprende que, al recepcionar la demanda de amparo, el Juez debe dejar copias certificadas para sí, en caso de que se pueda ejecutar el acto reclamado; y si en el caso no se llegaran a dar los extremos necesarios para que surtiera efectos la suspensión, lo procedente sería que se iniciara la liquidación de las costas y para ello se requerirían de ciertas constancias de las cuales el Juez responsable no dejó copias certificadas, incurriendo en indebido trámite.
"Como se adelantó, los anteriores motivos de inconformidad resultan fundados, por las siguientes consideraciones:
"En primer lugar, resulta sustancialmente fundado el agravio sintetizado en el inciso a), en el cual, la recurrente expresó que la autoridad responsable incurrió en un indebido trámite de la demanda de amparo, por haber concedido la suspensión provisional del acto reclamado, pues tal decreto es irregular por no ser acorde a lo que dispone el numeral 190 de la Ley de Amparo, ya que tratándose de amparos directos no se debería decretar la suspensión provisional, así como tampoco tramitar el incidente de suspensión que decide la suspensión provisional y la de carácter definitivo.
"Ahora bien, el referido numeral de la Ley de Amparo, a que alude la recurrente, establece lo siguiente:
"‘Artículo 190. La autoridad responsable decidirá, en el plazo de veinticuatro horas a partir de la solicitud, sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad.—Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia.—Son aplicables a la suspensión en amparo directo, salvo el caso de la materia penal, los artículos 125, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 154 y 156 de esta ley.’
"De la interpretación literal que se hace del anterior precepto legal, se desprende que el mismo establece que, tratándose de amparos directos, la autoridad responsable deberá decidir en un plazo de veinticuatro horas, sobre la solicitud de la suspensión del acto reclamado, así como los requisitos para su efectividad; que cuando se trate de laudos o resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de trabajo, la suspensión se concederá a juicio del presidente del tribunal correspondiente, en los casos en que no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo, en los cuales se suspendería la ejecución en cuanto excediera de lo necesario para su subsistencia; y refiere los artículos a los cuales se deberá remitir la respectiva autoridad, que también son aplicables en la suspensión del acto reclamado en amparo directo, a excepción de la materia penal.
"Asimismo, cabe precisar que la suspensión en el amparo directo procede contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dado que tales determinaciones constituyen actos consumados que pueden suponer su ejecución, por lo cual procede la suspensión contra tal ejecución, paralizando los actos de la autoridad tendientes a hacer cumplir la resolución final.
"Así, en el amparo directo no existe la suspensión provisional o definitiva, sino que la suspensión que se llegue a conceder es única, pues no se requiere de una sustanciación previa, es decir, no existe audiencia incidental, ya que la autoridad responsable resuelve de manera plena; y es a ésta a la que corresponde tomar tal decisión, en virtud de que es quien emite el acto reclamado, conoce los autos de los cuales deriva el mismo y tiene los elementos suficientes para pronunciarse sobre la misma.
"En ese orden de ideas, tal como lo señaló la recurrente, en el arábigo 190 de la ley de la materia no se establece que cuando en la demanda de amparo directo se solicite la suspensión, sea facultad de la autoridad responsable resolver concediendo la suspensión provisional, para posteriormente decretar la suspensión definitiva; pues como ha quedado de manifiesto, la ley dispone que la autoridad responsable decidirá sobre la suspensión que se le solicita en el término de veinticuatro horas, estableciendo los requisitos para su efectividad; por lo cual, se puede colegir que la autoridad responsable incurrió en un error al decretar la suspensión provisional, dado que su función era la de decretar o no la suspensión solicitada, sin señalar si era provisional, en función de los requisitos que disponga la ley para que ésta sea obsequiada, pues es tal autoridad quien cuenta con los autos de donde emana el acto reclamado y tiene conocimiento del mismo para estar en condiciones de tomar la decisión conducente respecto de la suspensión.
"Razones las anteriores por las cuales, ante lo acertado del agravio hecho valer por la inconforme, resulta sustancialmente fundado; ello, porque lo procedente era que el Juez responsable, conforme a las facultades que le otorga la ley, únicamente debía pronunciarse sobre la suspensión que le solicitó la parte actora quejosa, evitando determinar qué tipo de suspensión concedería, pues como ya se expresó en líneas pasadas, tratándose de la materia de la suspensión en amparo directo, al ser el acto reclamado una resolución que puso fin al juicio sin decidirlo en lo principal, por el carácter que tiene tal determinación, la autoridad responsable sólo debió decidir si la concedía o no, conforme al conocimiento que tiene de los autos, deteniendo los actos que impliquen una ejecución material hasta en tanto se resuelva la litis constitucional.
"Al respecto, se comparte el criterio contenido en la tesis XXII.7 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, Novena Época, visible en la página 1028, con registro «digital»: 203098, de rubro y texto:
"‘SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO. COMPETE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEÑALAR EFECTOS Y REQUISITOS DE LA.—En términos de los artículos 170 y 173 de la Ley de Amparo, relativos al juicio de amparo directo, corresponde a la autoridad responsable acordar sobre la suspensión del acto reclamado, la cual es de efectos definitivos, sin que sea necesario que el quejoso acredite su interés jurídico, ni aun en forma presuntiva, dado el carácter de parte que guarda en el juicio del cual emana el acto reclamado, con lo cual se encuentra plenamente demostrado; previa la satisfacción de los requisitos establecidos en el artículo 173, del ordenamiento legal citado, fijando para ello las condiciones conducentes para que surta efectos la suspensión, máxime que la responsable dispone de los autos del juicio natural y, por tanto de los elementos para resolver de plano sobre la suspensión del acto.’
"Así como, en lo conducente, la diversa tesis XIV.3o.4 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, abril de 1999, Novena Época, visible en la página 620, con registro «digital»: 194271, de rubro y texto:
"‘SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA LEY NO PREVÉ AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y DESAHOGO DE PRUEBAS PARA DECIDIRLA.—En el amparo indirecto existe un procedimiento para sustanciar el incidente de suspensión, que cuenta con una audiencia a través de la cual las partes están en aptitud de ofrecer y rendir pruebas, mismas que se limitan a la documental, a la de inspección, y excepcionalmente a la testimonial, tal y como se desprende del contenido literal del artículo 131 de la Ley de Amparo. En cambio, en el amparo directo, para decidir sobre la suspensión del acto reclamado no se prevé el desahogo de una audiencia, toda vez que en ese singular contexto la voluntad legislativa consideró que la medida suspensional la resuelva de plano la autoridad responsable, sin sustanciación previa, lo que tiene explicación en el hecho de que el acto reclamado lo constituye invariablemente una sentencia definitiva, un laudo, o alguna resolución que haya puesto fin al juicio de su conocimiento, lo que no sucede en el caso del amparo indirecto. Estos motivos permiten concluir que para decidir acerca de la suspensión en el caso del amparo directo no es factible ofrecer y rendir pruebas, ya que no existe precepto legal que funde esa posibilidad.’
"En segundo lugar, es sustancialmente fundado el motivo de disenso resumido en el inciso b), en el cual, la agraviada adujó que el Juez responsable dejó de cumplir con lo estipulado en la fracción IV del artículo 146 de la Ley de Amparo, al indicar que la suspensión era otorgada para que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban; de manera que no especificó clara y expresamente los efectos para los cuales ésta era otorgada, y eso era importante, porque la medida cautelar sólo puede suspender actos que tienen ejecución material y no actos procesales; por tanto, si los actos reclamados son la declaración de caducidad y la condena en costas, resoluciones que no implican un acto de ejecución material, ya que para ello debe tramitarse un incidente de liquidación de gastos y costas, en ese orden, la autoridad responsable debió otorgar la suspensión para los efectos de que no se ordenara o ejecutara algún embargo en contra de la parte quejosa; por lo cual, en ese orden de ideas, la recurrente estimó que sí se podía promover y tramitar la liquidación de las costas condenadas, así como realizar todos los actos procesales correspondientes a tal incidencia, los cuales no podrían ser suspendidos.
"Ciertamente, atendiendo la causa de pedir, no obstante en la tramitación de la suspensión del acto reclamado en el amparo directo, según la ley de la materia, la misma se regirá por lo dispuesto en los artículos 190 y 191 de la referida legislación; y el primero de los referidos numerales remite a otros artículos que serán aplicables, entre los cuales no se encuentra el artículo 146 de dicho ordenamiento; se advierte que la recurrente refiere en cuanto a dicho numeral, la omisión de la autoridad responsable de fijar clara y expresamente los efectos de la suspensión, lo cual debió hacer por regla general y no de conformidad con tal arábigo, como lo refirió ésta.
"Acorde a lo anterior, es de citarse, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia de la Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, «Tomo» XII, agosto de 2000, tesis P./J. 68/2000, página 38, bajo el rubro y contenido siguientes:
"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.—Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona el criterio formalista sustentado por la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal, contenido en la tesis de jurisprudencia número 3a./J. 6/94, que en la compilación de 1995, Tomo VI, se localiza en la página 116, bajo el número 172, cuyo rubro es «CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICO JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.», en la que, en lo fundamental, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación radican en que, por una parte, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales no exige, en sus artículos 116 y 166, como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.’
"Ahora bien, le asiste la razón a la inconforme, al señalar que en el auto recurrido que emitió el Juez Tercero de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, no especificó clara y expresamente los efectos para los cuales otorgó la suspensión, lo cual era necesario, en virtud de que el acto reclamado es la resolución que declaró la caducidad y condenó en costas a la parte actora, actos que no implican la ejecución material, dado que para ello, es preciso tramitarse un incidente de liquidación de gastos y costas; pues en lo que aquí interesa, el referido Juez determinó lo siguiente:
"‘... En otro orden de ideas, como lo solicita el quejoso, con fundamento en los arábigos 125, 128, 130, 131, 132 y demás relativos de la Ley de Amparo se le concede suspensión provisional del acto que se reclama para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y que por consecuencia no se continúe el juicio por su etapa de ejecución.—Dicha medida suspensional surte sus efectos desde luego, es decir, inmediatamente al momento que se decreta, pero su continuidad depende de la parte quejosa otorgue garantía dentro del término de cinco días siguientes a la notificación que se le haga de este proveído, a satisfacción de esta autoridad en cualesquiera de las formas establecidas en la ley, en el entendido que de optar por póliza de fianza ...’
"Así, de lo anteriormente transcrito, se pone de manifiesto que el Juez responsable señaló que concedía la suspensión para efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que actualmente guardaban y, en consecuencia, no se continuara el juicio en la etapa de ejecución; por lo cual, como acertadamente lo sostuvo la disidente, la responsable no especificó claramente los efectos para los cuales otorgaba la suspensión del acto reclamado; dado que, en efecto, si en el mismo auto recurrido, al momento de rendir su informe justificado, la referida autoridad señaló que era cierto el acto reclamado consistente en la resolución de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, la cual dejó firme la diversa determinación de veintitrés de agosto del mismo año, en la cual se decretó la caducidad de la instancia y se condenó a la parte actora al pago de costas en favor de la demandada aquí recurrente; es evidente que, como lo afirmó la inconforme, dichos actos no implican una ejecución material, pues en lo referente a la condena de costas, es preciso que la demandada inicie el trámite respectivo a la liquidación de las mismas, las cuales implican diversos actos procesales que no pueden ser paralizados, al no ser actos que conlleven una ejecución material inmediata, sino que se trata de un trámite incidental, que tiene como finalidad preparar el procedimiento para que en caso de que la actora no cumpla con los requisitos de exigibilidad bajo los cuales le fue otorgada la medida cautelar, pueda ser ejecutado el acto reclamado.
"Por consiguiente, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado está sujeto a que se cumplan los requisitos que derivan de la ley de la materia, a saber:
"I. Primeramente, la autoridad responsable debe tener en cuenta los aspectos preliminares, consistentes en la existencia del acto reclamado y su naturaleza, para determinar si es susceptible de ser suspendido.
"II. Después, deben satisfacerse los requisitos esenciales en donde el juzgador tendrá que realizar un examen sobre la medida solicitada, así como sus efectos y consecuencias.
"III. Finalmente, se deben analizar los requisitos legales. En esta etapa se abordará la pertinencia de la medida cautelar solicitada, en relación al nivel de afectación que ésta pudiera ocasionar a la contraparte del solicitante de ésta para poder fijar la garantía correspondiente.
"De manera que no basta con que los actos que se reclamen sean ciertos para que contra ellos se otorgue la suspensión, sino que es menester que, conforme a su naturaleza, sean suspendibles, es decir, que no sean íntegramente negativos ni estén totalmente consumados.
"Si esto último ocurre resulta improcedente la medida y vuelve innecesario analizar si se satisfacen o no los requisitos esenciales y legales, pues la medida cautelar nunca tiene efectos restitutorios o destructivos de los actos que con antelación a ésta se hubieran realizado, ya que, por regla general, opera sólo contra actos positivos, para impedir que éstos se ejecuten o que generen sus consecuencias inherentes.
"Por tanto, atendiendo la naturaleza del acto reclamado, el cual consistió en una resolución que dejó firme una determinación diversa que decretó la caducidad y, en consecuencia, condenó en costas a la parte actora, y si la suspensión fue solicitada para que no se ejecutara la condena en costas, es evidente que a través de la suspensión no se pueden detener los actos procesales que tienden a reclamar dicha condena, contrario a lo que decretó el Juez responsable al dictar la suspensión, señalando que ésta era otorgada para efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban y no se continuara el juicio en su etapa de ejecución, determinación que incorrectamente paraliza la totalidad del trámite incidental de liquidación de costas, es decir, detiene cualquier acto procesal tendiente a preparar dicha incidencia, lo cual no es procedente, puesto que la medida suspensional se debió otorgar para efectos de que se siguiera el juicio en la etapa correspondiente, hasta en tanto una vez dictado el acuerdo respectivo para la orden de pago o embargo contra la parte actora, éste no se ejecutara, hasta que se resolviera el juicio de amparo directo, toda vez que dicha instancia podría cambiar el sentido de la resolución que se reclama, afectando los derechos adquiridos en tal determinación por la demandada recurrente.
"Se comparte, en lo conducente, el criterio de la tesis IV.3o.C.22 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, Novena Época, página 1649, con registro «digital»: 165664, de rubro y texto siguientes:
"‘SUSPENSIÓN EN AMPARO CIVIL DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO LA SENTENCIA NO ES DE EJECUCIÓN INMEDIATA.—En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto reclamado para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Ahora bien, existen dos tipos de actos para efectos suspensionales, a saber: los positivos y los negativos. Los primeros consisten en un hacer de las autoridades voluntario y efectivo, que se presenta con la imposición de obligaciones al individuo, traducidas en un hacer o en un no hacer y que implica una acción, una orden, una privación o una molestia (actos prohibitivos con efectos positivos); sin embargo, cabe destacar que para los efectos de la suspensión del acto reclamado no basta que el acto sea cierto y lo haya reconocido la responsable, sino que además es preciso que ese acto sea susceptible de paralización. En relación con los actos negativos, la clasificación se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por la ley. De igual forma cabe destacar que contra los actos futuros e inciertos y los actos netamente declarativos que no lleven implícita ninguna ejecución, es improcedente conceder la suspensión. En el ámbito del juicio de amparo, la suspensión es la determinación judicial por la que se ordena detener temporalmente la realización del acto reclamado mientras se resuelve la cuestión constitucional planteada; por tanto, sólo tiene por objeto paralizar o impedir la actividad que desarrolla o está por desarrollar la autoridad responsable. En esa medida, debe decirse, que es improcedente la suspensión de la sentencia que condena al pago de las prestaciones reclamadas cuyo importe aún no se ha fijado en cantidad líquida, toda vez que su cuantificación se llevará a cabo en el incidente respectivo, pues en esas condiciones, el fallo reclamado no es de ejecución inmediata, por tanto, no es susceptible de ser suspendible y, por ello, no se satisfacen los requisitos que exige el artículo 124, en relación con el diverso numeral 173 de la Ley de Amparo.’
"En tercer lugar, resulta igualmente fundado el agravio sintetizado en el inciso c), en el cual la disconforme expuso que el Juez responsable incurrió en la indebida tramitación del amparo, por no cumplir con lo dispuesto en la fracción III del artículo 178 de la ley de la materia, ello, toda vez que de tal fracción se desprende que cuando la autoridad recepciona la demanda de amparo, ésta debe dejar copias certificadas para sí misma, en caso de que deba ejecutar el acto reclamado; así, si en el caso, no se dan los extremos necesarios para que surta efectos la suspensión, lo procedente sería que se iniciara la liquidación de las costas, por lo cual se requeriría de ciertas constancias de las cuales, según la recurrente, el Juez responsable no dejó copias certificadas para tal efecto.
En efecto, el numeral 178 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente:
"‘Artículo 178. Dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al de presentación de la demanda, la autoridad responsable que emitió el acto reclamado deberá: I. Certificar al pie de la demanda, la fecha de notificación al quejoso de la resolución reclamada, la de su presentación y los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas.—Si no consta en autos la fecha de notificación, la autoridad responsable dará cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, sin perjuicio de que dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que obre en su poder la constancia de notificación respectiva proporcione la información correspondiente al órgano jurisdiccional competente; II. Cor
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28054-324196cd/suspension-en-el-juicio-de-amparo-directo-promovido · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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