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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO. PLAZO PROBABLE EN QUE DEBERÁ RESOLVERSE PARA FIJAR LA GARANTÍA CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE.

Tipo de asunto: QUEJA 114/2013. · Registro digital (IUS): 27214
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-06-23
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, Pág. 2749.

QUEJA 114/2013. 31 DE OCTUBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GONZALO HERNÁNDEZ CERVANTES. SECRETARIA: AMALIA ELISA TAPIA GARCÍA.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-El anterior agravio es infundado por una parte y fundado por la otra.

En efecto, dice en esencia el recurrente en su único agravio que la garantía que le fue fijada es excesiva, ya que se estableció la cantidad de noventa y nueve mil treinta y tres pesos con ochenta y cuatro centavos, que no corresponde al interés legal del seis por ciento anual por el número de meses que probablemente durará el juicio, ya que en la actualidad el tiempo probable de duración del juicio ya no es de seis meses pues, actualmente, se resuelven en tres meses y así el monto de la garantía no debió exceder de cuatro mil novecientos cincuenta y un pesos con sesenta y nueve centavos.

Agrega que en el juicio natural existen bienes asegurados, por lo que no se le debió fijar garantía alguna, pues los embargados responden con exceso tal garantía.

Ahora bien, es infundado este último argumento, en el que refiere que no estaba obligado a exhibir alguna garantía por existir bienes embargados.

Esto es así, ya que el embargo practicado en el juicio natural y la garantía a que se refiere el artículo 132 de la Ley de Amparo, son de naturaleza distinta, pues mientras el primero se realiza para responder de lo que se demanda en el juicio de origen, la garantía que otorga en el incidente de suspensión, es para hacer frente a los posibles daños y perjuicios que puedan causarse al tercero interesado con la concesión de la medida suspensional, siendo evidente que ambas figuras jurídicas tienen su origen en causas distintas, y su reclamación se hace a través de procedimientos especiales diferentes, por esas razones, los daños y perjuicios no pueden considerarse garantizados con el secuestro de bienes practicado en el juicio de origen.

Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia por contradicción número 1a./J. 61/2004, que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página 315, que dice:

"SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO. PARA QUE SURTA EFECTOS LA CAUCIÓN, SU MONTO DEBE RESPONDER ÚNICAMENTE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN CAUSARSE AL TERCERO PERJUDICADO CON ESA MEDIDA.-La suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo se constriñe a asegurar la efectividad de la justicia constitucional, mientras que la caución que se otorga para que surta efectos esa medida cautelar debe responder por los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado si no se otorga la protección constitucional. En ese contexto, la suspensión no es una figura jurídica que tenga un fin en sí misma, sino que depende del proceso principal y, por ende, sus efectos no inciden en la validez y existencia del acto reclamado; igualmente la caución tampoco puede jurídicamente tener por objeto preservar y garantizar la existencia de la prerrogativa que se incorporaría a la esfera jurídica del tercero perjudicado como consecuencia de la validez del acto reclamado, ya que únicamente se dirige a garantizar las consecuencias derivadas directamente de la suspensión de éste, es decir, los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado por no haber incorporado en su patrimonio, desde el momento en que se concedió la suspensión y hasta que se resuelva el juicio de amparo, las prerrogativas que le confiere el acto reclamado. Consiguientemente, la caución no debe atender a un monto que no se pierde o menoscaba por el acto judicial cuyos efectos se condicionan al otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, en virtud de que ésta obra sobre su ejecución y es ajena al acto reclamado, de manera que si únicamente debe responderse por los daños y perjuicios derivados de los efectos de la concesión de la medida cautelar, se concluye que éstos no pueden asimilarse al monto total a que asciende la condena en el juicio natural."

Del criterio transcrito, se advierte que el Más Alto Tribunal de la Nación consideró que la caución tiene como finalidad garantizar las consecuencias que deriven directamente de la suspensión; esto es, los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado, por no poder incorporar en su patrimonio la cantidad a la que fue condenado el demandado, desde el momento en que se concedió la suspensión al quejoso y hasta que se resuelva el juicio de garantías.

Acorde con lo anterior, la caución es un medio para resguardar y garantizar la existencia de la prerrogativa que el acto reclamado concede al tercero interesado, por lo que debe tomarse en consideración el retardo que dicha persona resentirá en la obtención de los beneficios que le fueron concedidos en el auto reclamado; de ahí lo infundado del agravio.

Por otro lado, es infundado por una parte y fundado por la otra, el agravio en el que afirma el recurrente que el Juez responsable cuantificó de manera incorrecta el monto que por concepto de garantía debía exhibir, ya que afirmó que no debió cuantificar el plazo de seis meses, como tiempo probable en que se resolvería el juicio de amparo directo.

En efecto, en el auto materia de queja la autoridad responsable fijó una garantía de noventa y nueve mil treinta y tres pesos ochenta y cuatro centavos, para que surtiera efectos la suspensión del acto reclamado, cantidad que determinó correspondía al interés legal del seis por ciento anual durante seis meses, respecto de la cantidad de trescientos treinta mil ciento doce pesos con ochenta centavos a la que fue condenado y al efecto, atendió el plazo de seis meses como tiempo probable en que se resolvería el juicio de amparo directo.

Ahora bien, en el caso es infundado el agravio en el que afirma el recurrente que no debió atenderse el plazo de seis meses como tiempo probable en que se resolvería el juicio de amparo directo, pues dicho plazo es correcto, como se verá a continuación.

Cuando el juicio de amparo de donde deriva el recurso de queja, se tramita en términos de lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, para establecer el plazo probable en que habrá de resolverse, a efecto de fijar la garantía que deberá otorgar el quejoso por la suspensión del acto reclamado, debe atenderse a los diversos plazos señalados para el trámite y el dictado de la resolución respectiva, que son: cinco días para el trámite ante la autoridad responsable (artículo 178 de la Ley de Amparo), tres días para la admisión de la demanda (artículo 179 de la Ley de Amparo), quince días para alegar o promover amparo adhesivo (artículo 181 de la Ley de Amparo), tres días para turnar el expediente (artículo 183 de la Ley de Amparo), éstos en cuanto al trámite, y para el pronunciamiento de la sentencia noventa días siguientes al auto de turno que hará las veces de citación para sentencia, de conformidad con el artículo 183 de la propia ley, aclarando que todos los términos deben computarse en días hábiles. (artículo 22 de la Ley de Amparo)

Así, por regla general y atendiendo a los plazos que la ley establece para el trámite del juicio de amparo en la vía directa, la suma de éstos arroja la cantidad de 116 días hábiles, que divididos entre los días hábiles del mes calendario que en términos generales son 22 días por mes, nos arrojarían un total aproximado de cinco punto dos meses, plazo al que se le debe agregar un mes más, pues es un hecho notorio que existen cuestiones extraordinarias que generalmente se suscitan en el trámite, como puede ser, a manera de ejemplo, el retardo en el emplazamiento al tercero interesado derivado de la falta de localización o, la necesidad de emplazarlo mediante exhorto o, el hecho de que tenga que prevenirse al promovente del amparo en términos del artículo 177 de la Ley de Amparo, por lo que el plazo de seis meses es un término general que debe atenderse para fijar la garantía para que siga surtiendo efectos la suspensión concedida; en la inteligencia de que con motivo del establecimiento en la Ley de Amparo vigente, de los plazos tanto para tramitar, como para resolver el juicio de amparo directo, se supera el criterio basado en el cálculo que se establecía de conformidad con las cargas de trabajo que tuvieran los órganos jurisdiccionales en donde se tramita el juicio correspondiente, que se encuentra contenido en la jurisprudencia por contradicción número 1a./J. 46/2012 (10a.), que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI, agosto de 2012, Tomo 1, página 363, de rubro: "GARANTÍA PARA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO INDIRECTO. PLAZO TENTATIVO PARA EL CÁLCULO DEL TIEMPO DE DURACIÓN DEL JUICIO CUANDO SEA NECESARIO PARA FIJAR EL MONTO DE LA CAUCIÓN."; de ahí lo infundado del agravio respectivo.

Por otra parte, es fundado el agravio en donde afirma el recurrente que la cuantificación que hizo la autoridad responsable para fijar la garantía en el monto de noventa y nueve mil treinta y tres pesos con ochenta y cuatro centavos, es incorrecta.

Esto es así, ya que la autoridad responsable atendió al hecho de que se condenó al recurrente al pago de la cantidad de trescientos treinta mil ciento doce pesos con ochenta centavos, y cuantificó los daños y perjuicios que se pudieran causar con el retardo en el pago de dicha cantidad, atendiendo al interés legal que aplicó sobre la cantidad condenada, por el plazo de seis meses, término que es correcto; empero, las operaciones aritméticas que realizó son incorrectas.

En efecto, el seis por ciento anual de la cantidad de trescientos treinta mil ciento dos pesos con ochenta centavos, son diecinueve mil ochocientos seis pesos con setenta y seis centavos, que dividida entre doce, da la suma de mil seiscientos cincuenta pesos con cincuenta y seis centavos, que corresponde al interés del seis por ciento mensual de la suma a la que fue condenado a pagar el hoy recurrente, que se multiplica por el plazo de seis meses, que es el tiempo en que debe resolverse el juicio de amparo, y da un total de nueve mil novecientos tres pesos con treinta y seis centavos.

Luego, la garantía que debe exhibir el quejoso ante la autoridad responsable, es por el monto de nueve mil novecientos tres pesos con treinta y seis centavos, en cualquiera de las formas permitidas por la ley, dentro del término de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación que se practique de la presente ejecutoria, a fin de responder por los posibles perjuicios que puedan ocasionarse al tercero interesado.

Lo anterior es así, pues por lo que hace a los daños no se fija garantía, en virtud de que existe aseguramiento de bienes, según se aprecia en la sentencia reclamada, en donde se apercibió al demandado que, en caso de no hacer pago, se haría el remate de los bienes embargados; de ahí que al existir bienes embargados, ya no es necesario cuantificar los posibles daños que se pudieran causar al tercero interesado, pues la falta de disposición del monto de la condena se traduce en que el actor no obtendrá intereses, que en términos de lo dispuesto en el artículo 2109 del Código Civil Federal, corresponden al pago de perjuicios, ya que dicho precepto dispone que se reputa perjuicio, la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación.

Apoya lo anterior, la tesis VI.1o.261 C, que sustentó el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, junio de 1994, página 678, que es del tenor siguiente:

"SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO CIVIL. MONTO DE LA FIANZA PARA QUE SURTA EFECTOS.-El artículo 174 de la Ley de Amparo establece una facultad discrecional en favor de la autoridad responsable en el amparo directo civil, para conceder la suspensión de la resolución definitiva que se reclame, razón por la cual el monto de la fianza para garantizar los posibles daños y perjuicios que se puedan ocasionar al tercero perjudicado si se otorga esa medida, cuando ya se encuentra garantizada la condena decretada en el juicio a través de algún embargo precautorio, o medida similar, será únicamente por la cantidad que resulte por concepto de intereses al tipo legal si no hubiera pacto al respecto, sobre esa condena por el término de seis meses, por ser ese el término considerando como máximo para la resolución del juicio de garantías."

En virtud de lo anterior, es fundado el recurso de queja y, por tanto, de conformidad con el artículo 103 de la Ley de Amparo vigente, el acuerdo respectivo deberá quedar en los siguientes términos:

"México, Distrito Federal a diecinueve de septiembre de dos mil trece.-Con el escrito de **********, por su propio derecho, se le tiene promoviendo juicio de garantías; fórmese el cuaderno de amparo correspondiente. Se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizando a las personas que menciona para los efectos que precisa y exhibiendo la demanda de garantías, dirigida al Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Civil, por conducto de este juzgado, en contra del acto del suscrito Juez, consistente en la sentencia definitiva de fecha veinte de agosto del presente año, por lo que con fundamento en los artículos 167, 168, 169 y demás relativos de la Ley de Amparo, se ordena remitir dicha demanda de garantías al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Primer Circuito, para que decida si se avoca al conocimiento de la referida demanda y provea lo conducente; emplácese a la tercero interesada **********, en el domicilio que señaló en los autos del juicio natural para oír y recibir notificaciones; entréguensele las copias de traslado correspondientes, para que comparezca ante dicha autoridad federal a deducir sus derechos; ríndase el informe justificado a que se refiere el artículo 169 de la ley antes invocada, y proceda la secretaría a practicar la certificación que establece el artículo 163 del cuerpo legal ya citado. Como se combate una resolución que pone fin al juicio, se decreta la suspensión del acto reclamado, tomando en consideración que dicha figura jurídica encuadra en los supuestos que establece el artículo 173 de la Ley de Amparo, que señala que cuando se trate de sentencias definitivas o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas en juicios civiles o administrativos, la suspensión se decretará a instancia del agraviado y, en el caso concreto, la demanda de garantías se interpone en contra de una resolución que puso fin al juicio, en tal virtud y dándose los supuestos de la disposición legal invocada, ha lugar a conceder la suspensión que solicita el quejoso, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que guardan y no se ejecute la sentencia reclamada, sujetándose los efectos de dicha suspensión al otorgamiento de una garantía por la cantidad de nueve mil novecientos tres pesos con treinta y seis centavos, que corresponde al seis por ciento anual de la cantidad de trescientos treinta mil ciento dos pesos con ochenta centavos, a la que fue condenado el demandado a pagar, que da la suma de diecinueve mil ochocientos seis pesos con setenta y seis centavos, que dividida entre doce, da el monto de mil seiscientos cincuenta pesos con cincuenta y seis centavos, cantidad que se multiplica por el plazo de seis meses, que es el tiempo en que se debe resolver el juicio de amparo y que da un total de nueve mil novecientos tres pesos con treinta y seis centavos, cantidad que debe exhibir el quejoso dentro del término de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de la presente ejecutoria, en cualquiera de las formas establecidas por la ley, con el apercibimiento que de no hacerlo, dejará de surtir sus efectos dicha suspensión y se hará del conocimiento de la autoridad responsable; asimismo, con fundamento en el artículo 169 de la Ley de Amparo, remítanse los autos al Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Civil en turno, quedando en el juzgado testimonio.-Notifíquese. ..."

Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en lo dispuesto en los artículos 97, fracción II, inciso b), 98 y 101 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-Es fundado el recurso de queja interpuesto por **********, por su propio derecho, en contra del auto de diecinueve de septiembre de dos mil trece, dictado por el Juez Tercero de lo Civil Interino del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el expediente 1206/2012, promovido por **********, en contra del hoy recurrente.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución a la autoridad responsable y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Ana María Serrano Oseguera, María Concepción Alonso Flores y Gonzalo Hernández Cervantes, siendo ponente el tercero de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 16 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27214-db51f12d/suspension-en-amparo-directo-plazo-probable-en-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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