SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN AMPARO INDIRECTO. EL TRANSCURSO DEL TIEMPO ES UN HECHO SUPERVENIENTE QUE MOTIVA MODIFICAR EL MONTO DE LA GARANTÍA ESTABLECIDA COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD. SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 154 DE LA LEY DE AMPARO, A PETICIÓN DE PARTE, PARA MODIFICAR EL MONTO DE LA GARANTÍA ESTABLECIDA COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 132/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 5 DE JUNIO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. PONENTE: MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. SECRETARIA: OLGA LYDIA NÚÑEZ AGÜERO.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de cinco de junio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
R E S O L U C I Ó N
1. Correspondiente a la contradicción de criterios 132/2024, entre los sustentados por el Primero, el Quinto y el Séptimo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco.
2. La problemática jurídica que debe ser resuelta consiste en determinar, en un primer momento, si la contradicción de criterios denunciada existe y, en caso afirmativo:
a) Si el incidente previsto por el artículo 154 de la Ley de Amparo es procedente o no -a petición de parte- para modificar únicamente el monto de la garantía establecida como requisito de efectividad de la suspensión definitiva del acto reclamado, y
b) Si el transcurso del tiempo constituye o no un hecho superveniente que motive modificar el monto de la citada medida de efectividad.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
a. Denuncia de la contradicción de criterios
3. Por escrito recibido en esta sede el veintitrés de abril de dos mil veinticuatro, el autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la parte quejosa en el juicio de amparo indirecto 2100/2021, del índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por el Primero, el Quinto y el Séptimo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los incidentes en revisión 89/2020, 285/2020 y 618/2022 respectivamente -el último derivado del amparo indirecto citado-.
b. Trámite
4. Mediante proveído de veinticuatro de abril posterior, la Magistrada Presidenta de este Pleno Regional radicó el asunto como contradicción de criterios 132/2024; lo admitió a trámite, solicitó a los órganos contendientes la habilitación de los respectivos expedientes electrónicos a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para su vinculación y consulta, aunado a que les solicitó que informaran si el razonamiento que sostuvieron se encuentra vigente. Por otra parte, solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que informara si existe alguna contradicción de criterios radicada en el Máximo Tribunal del País que guarde relación con la temática planteada en el presente asunto, sobre el que se realizó su turno electrónico.
5. A través de los oficios 4504/2024, 4099/2024 y 4666/2024, los Tribunales Colegiados de Circuito que intervienen en la contienda informaron que no se han apartado del criterio que sostuvieron en el respectivo asunto de su estadística, aunado a que pusieron a disposición, mediante el sistema que les fue indicado, el expediente electrónico de aquél que resolvieron.
6. Por oficio DGCCST/X/442/05/2024, fechado el nueve de mayo inmediato anterior, la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que en el Alto Tribunal no se encuentra radicada contradicción de criterios cuyo tema guarde relación con el del presente asunto.
7. En auto de quince de mayo de la anualidad que transcurre, se confirmó el turno electrónico a la ponencia del magistrado Arturo Iturbe Rivas para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
8. Finalmente, a través del escrito que se recibió el cuatro de junio posterior en esta sede jurisdiccional, el Administrador de Amparo e Instancias Judiciales 3 de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales del Servicio de Administración Tributaria, formuló amicus curiae.
II. COMPETENCIA
9. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, así como 1, fracción II, punto 2. y 2 del Acuerdo General 108/2022 del citado Pleno, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, reformados por el diverso Acuerdo General 38/2023 del propio órgano administrativo colegiado ‘por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio’; en virtud de que se denunció entre los sustentados por el Primero, el Quinto y el Séptimo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, respecto de los cuales este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción por razón de la materia y del territorio, dado que pertenecen a la Región Centro-Sur.
III. LEGITIMACIÓN
10. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo que disponen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en tanto fue formulada por el autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la parte quejosa del juicio de amparo indirecto 2100/2021 -personalidad que se advierte reconocida en auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno-, del que derivó el incidente en revisión 618/2022 de la estadística del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, cuya sentencia contiene una de las posturas asumidas en relación con los tópicos jurídicos sobre los que habrá de definirse el criterio.
11. Lo que encuentra apoyo, por similitud de razonamiento, en la jurisprudencia 2a./J. 152/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dada a conocer a través del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, noviembre de 2008, página 227, de rubro y texto:
CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA. El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa pues, entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
12. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto y, posteriormente, sintetizar las posturas que asumieron los órganos colegiados a través de las ejecutorias respectivas.
13. Primer criterio contendiente. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito conoció del incidente en revisión 89/2020. Los antecedentes del caso son:
14. Una persona física promovió juicio de amparo indirecto contra diversas autoridades del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, respecto de la emisión por sí o a través de sus subordinados, en síntesis, de:
a. El dictamen de usos, trazos, usos y destinos específicos.
b. La licencia de alineamiento y número oficial.
c. La licencia de edificación y/o permiso de construcción.
d. El certificado de habitabilidad.
e. El cobro de los derechos correspondientes.
f. Toda autorización, venia, permiso, certificación o anuencia favorable.
15. Todos relacionados con el proyecto de la construcción de un edificio.
16. El Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco radicó el juicio de amparo indirecto 2003/2019 y dio trámite al correspondiente incidente de suspensión, negando la medida provisional en relación con una parte de los actos reclamados y concediéndola en cuanto al resto, lo que se impugnó mediante el recurso de queja ********, que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito declaró fundado, por lo que se modificó la determinación impugnada.
17. Seguida la secuela procesal, el quince de octubre de dos mil diecinueve se celebró la audiencia incidental y se pronunció la interlocutoria respectiva, en la que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados para los siguientes efectos:
“QUINTO. Efectos de la medida. En esa tesitura, considerando lo resuelto por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el recurso de queja ********, de su índice, con fundamento en los artículos 128, 129, 138 y 147 de la Ley de Amparo, como lo solicita la parte quejosa se concede la suspensión definitiva para el efecto de que, se paralice la obra en comento, lo que implica también que no se expida certificado de habitabilidad de la edificación cuestionada y se suspendan los efectos y consecuencias de los actos reclamados consistentes en la emisión de licencias, certificados, dictámenes, venias, autorizaciones o cualquier tipo de actos emitidos, los cuales permitan se lleve a cabo la citada edificación, pero no debe extenderse a las autorizaciones de actos traslativos de dominio (preventa y compraventa, entre otros), ni sus inscripciones registrales, quedando a cargo de las autoridades responsables el debido cumplimiento de la presente medida cautelar, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto mediante sentencia debidamente ejecutoriada.”
18. Al efecto, se señaló como condición de efectividad:
“SÉPTIMO. Garantía de efectividad. Con fundamento en los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo, la medida cautelar decretada surte efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si los peticionarios no exhiben dentro de los cinco días siguientes a la notificación de este proveído, garantía a satisfacción de este juzgado en cualesquiera de las formas legales, por la cantidad de $************ 00/100 (****** ******** de pesos 00/100 Moneda Nacional), que se fija de manera discrecional, acorde con lo dispuesto por el artículo 132 de la ley de la materia, ante la ausencia de mayores datos para calcularla, pero teniendo en consideración la naturaleza del acto reclamado y el efecto para el cual se concede la medida cautelar decretada; la cual deberá especificar que se otorga para garantizar los posibles daños y perjuicios que se puedan ocasionar a la parte tercera interesada con el otorgamiento de la suspensión definitiva solicitada, durante el lapso de cuatro meses, tiempo en el que se estima se resolverá en definitiva, el presente asunto.”
19. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión registrado con el número de toca ********, en el que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en sesión de veinticinco de febrero de dos mil veinte, resolvió modificar la interlocutoria recurrida únicamente respecto de los efectos para los que fue concedida la medida cautelar.
20. Posteriormente, la persona moral tercero interesada promovió incidente de modificación o revocación a la suspensión definitiva con la finalidad de que fuera modificado el monto de la garantía que se fijó al resolver sobre la suspensión definitiva, cuya audiencia se desahogó el veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, donde se emitió la interlocutoria en que se declaró improcedente, porque:
El punto a dilucidar gira en torno a la cuantía fijada para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran causar a la incidentista, no así para modificar la concesión de la suspensión definitiva, como lo prevé el numeral 154 de la Ley de Amparo. Para controvertir lo acordado respecto a la cuantía fijada para garantizar los posibles daños y perjuicios, las partes podían interponer el medio de defensa ordinario establecido en el numeral 81, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo -recurso de revisión-. En razón de lo anterior, no resulta procedente el incidente de modificación a la suspensión definitiva que promovió la tercera interesada.
21. Determinación que fue impugnada a través del medio recursivo correspondiente, en el cual, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en sesión de veintidós de mayo de dos mil veinte, dictó sentencia en la que confirmó la interlocutoria recurrida -y declaró sin materia la revisión adhesiva-, en lo que interesa, por las siguientes consideraciones:
• El artículo 154 de la Ley de Amparo establece la facultad de la persona juzgadora para poder revocar o modificar su propia decisión acerca de la concesión o negativa de la suspensión en el juicio de amparo indirecto, siempre y cuando se reúnan determinados requisitos:
• En primer lugar, debe haberse concedido o negado la suspensión y, al momento de quererse actualizar tal facultad, no debe haberse dictado una sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo.
• En segundo lugar, el requisito material es la concurrencia de un hecho superveniente.
• Esta facultad podrá ejercerse de oficio o a petición de parte; no obstante, especialmente cuando se trata de un caso de revocación o modificación de la suspensión que sea solicitado por alguna de las partes del juicio de amparo, su promoción da lugar a un incidente, el cual tiene como objetivo salvaguardar tanto la igualdad procesal de las partes para ofrecer pruebas y alegatos, como proteger la seguridad jurídica, así como preservar la materia del juicio y otorgar mayores elementos para determinar la respectiva modificación o revocación de la suspensión como consecuencia lógica de un hecho superveniente. Y para calificar que un determinado hecho es superveniente, se debe determinar si es viable conceder o revocar la suspensión previamente acordada como consecuencia de un acto o acontecimiento fáctico que ocurre con posterioridad al dictado de la suspensión definitiva y excepcionalmente con anterioridad, pero que resultaba desconocido para las partes y, por tanto, para el Juzgado de Distrito.
• El hecho superveniente se define como un acto material que trae aparejadas cuestiones fácticas nuevas, relacionadas con el caso concreto y que bordean el asunto, es decir, son acontecimientos desconocidos por el juzgador al momento de analizar el asunto para efecto de aplicar el derecho y resolver sobre la suspensión, la cual provoca un cambio en la situación jurídica del quejoso.
• En el caso, la tercera interesada solicitó la modificación de la suspensión definitiva alegando que su apersonamiento al incidente de suspensión es un hecho superveniente y que debía aumentarse el monto de la garantía porque resulta insuficiente para garantizar los daños y perjuicios que con la suspensión de la obra de construcción se le podían ocasionar. Pretensión que no se vincula a la demostración de que, con posterioridad al dictado de la medida cautelar, hayan cambiado las circunstancias en su momento ponderadas, ocasionando que ya no se reúnan los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo para otorgar la suspensión; sino que su argumentación se encaminó a cuestionar el requisito de efectividad impuesto, consistente en el monto de la garantía.
• En consecuencia, el incidente de modificación o revocación a la suspensión es improcedente, pues no se encaminó a demostrar que, ante hechos supervenientes, debiera revocarse o modificarse la suspensión; por ende, los agravios resultan ineficaces, pues al no demostrarse la procedencia de la incidencia, no es posible analizar si existen o no hechos supervenientes.
22. Segundo criterio contendiente. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito conoció el incidente en revisión 285/2020. Los antecedentes son:
23. Una persona moral, por conducto de su representante legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra diversas autoridades administrativas de Puerto Vallarta, Jalisco y del propio Estado, respecto de los siguientes actos relacionados con una gasolinera o estación de servicio:
• La expedición, refrendo y validez del Dictamen de trazo, usos y destinos específicos.
• La inminente expedición de:
• El certificado de habilidad.
• La autorización o visto bueno en materia de riesgo de protección civil municipal.
• La licencia de funcionamiento de giro comercial.
• La licencia de construcción.
• La autorización en materia de riesgo de protección civil estatal.
• El permiso para el almacenamiento, comercialización y expendio al público de petrolífero.
• La autorización en materia ambiental y de seguridad industrial y operativa.
24. El Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco radicó el juicio de amparo indirecto 1/2020 y dio trámite al correspondiente incidente de suspensión, en el que, por resolución interlocutoria de veintiocho de enero de dos mil veinte, se concedió la suspensión definitiva para efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias:
• No expidieran a las terceras interesadas permisos ni licencias para construir, instalar, operar o hacer funcionar la gasolinera o estación de servicio.
• En caso de haberse expedido ya las licencias o permisos, para que no surtieran efectos.
25. Como requisito de efectividad:
“La presente medida cautelar surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no presenta dentro del término de cinco días de conformidad con los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo, garantía por la cantidad de $********** (********** ********* *** pesos 00/100 moneda nacional), a efecto de garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ser ocasionados a quien le reviste el carácter de tercero interesado, con motivo de la concesión de la suspensión, para el caso de que no se obtenga sentencia favorable en el juicio de amparo.
Máxime que dicho monto representa una cantidad asequible para el gobernado y el ejercicio de la facultad decisoria de este juzgador no puede llevarlo al extremo de fijar un importe que resulte excesivo o que materialmente haga imposible su cumplimiento. Además, este órgano jurisdiccional fija la garantía en comento, observando el contenido de los artículos 132 y 146, ambos de la Ley de Amparo.”
26. La parte quejosa formuló ampliación de demanda y solicitó la suspensión de los actos reclamados, la que se otorgó únicamente para que no surtiera efectos el permiso ******************** (otorgado a una empresa tercero interesada para el almacenamiento, comercialización y expendio al público de petrolíferos en una gasolinera o estación de servicio), imponiendo como requisito de efectividad:
“La presente medida cautelar surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no presenta dentro del término de cinco días de conformidad con los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo, garantía por la cantidad de $************ (****** ******** *********** ******* * ****** *** *********** ******* * **** pesos **/100 moneda nacional), a efecto de garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ser ocasionados a quien le reviste el carácter de tercero interesado, con motivo de la concesión de la suspensión, para el caso de que no se obtenga sentencia favorable en el juicio de amparo.
Cantidad que se fija, tomando en cuenta que las terceras interesadas acompañaron copia certificada de diversos documentos, con los cuales acredita que el proyecto detenido por la suspensión del presente incidente, está pactado en ******** * **** ******** *********** ******** * **** *** *********** ******* * ***** pesos.
Además, este órgano jurisdiccional fija la garantía en comento, observando el contenido de los artículos 132 y 146, ambos de la Ley de Amparo.
Por tanto, analizadas las circunstancias particulares del presente asunto, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, así como los pretendidos derechos que pudieran afectar a la parte tercera interesada con motivo de la suspensión concedida a la parte quejosa, se insiste, en el caso se actualiza el supuesto contenido en el segundo párrafo del artículo 132 de la Ley de Amparo.”
27. Mediante diverso escrito de ampliación, la parte quejosa reclamó a distintas autoridades la ilegal emisión de dos dictámenes de trazos, usos y destinos específicos, así como una la licencia de construcción, todos a favor de la tercera interesada, contra lo que solicitó la medida cautelar. Seguido el trámite, el diecisiete de agosto de dos mil veinte se celebró la audiencia incidental y se dictó la interlocutora que negó por un lado y concedió por el otro la suspensión solicitada, para que no surtiera efectos la licencia de construcción ********* otorgada a la moral tercera interesada, estableciendo como requisito de efectividad:
“La presente medida cautelar surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no presenta dentro del término de cinco días de conformidad con los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo, garantía por la cantidad de $************ (** ****** de pesos 00/100 moneda nacional), a efecto de garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ser ocasionados a quien le reviste el carácter de tercero interesado, con motivo de la concesión de la suspensión, para el caso de que no se obtenga sentencia favorable en el juicio de amparo.
Máxime que dicho monto representa una cantidad asequible para el gobernado y el ejercicio de la facultad decisoria de este juzgador no puede llevarlo al extremo de fijar un importe que resulte excesivo o que materialmente haga imposible su cumplimiento.
Además, este órgano jurisdiccional fija la garantía en comento, observando el contenido de los artículos 132 y 146, ambos de la Ley de Amparo.
Por tanto, analizadas las circunstancias particulares del presente asunto, atendiendo la naturaleza del acto reclamado, así como los pretendidos derechos que pudieran afectar a quien se reconozca como tercera interesada con motivo de la suspensión concedida a la parte quejosa, se insiste, en el caso se actualiza el supuesto contenido en el segundo párrafo del artículo 132 de la Ley de Amparo.”
28. De nueva cuenta, la parte quejosa formuló ampliación de demanda en la que reclamó del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco la emisión del acuerdo ****** *** ********, mediante el cual se abrogó el diverso ****** *** ********, por el cual se expidió el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolina y Diesel. En interlocutoria de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, la persona juzgadora negó la suspensión solicitada.
29. Las personas morales terceras interesadas promovieron incidente de modificación o revocación de la suspensión por hecho superveniente con la finalidad de modificar o revocar el otorgamiento de ésta, así como modificar la cuantía de las garantías exigidas para la vigencia de la medida cautelar concedida, el que en interlocutoria de cinco de octubre de dos mil veinte se declaró -infundado en cuanto al primero de los propósitos descritos e- improcedente en cuanto al segundo de los planteamientos, bajo el argumento de que:
El Juzgado de Distrito no puede revocar sus propias determinaciones, por tanto, es notoriamente improcedente el incidente por cuanto a la pretensión de modificar la cuantía de las garantías exigidas para la vigencia de las medidas cautelares concedidas, toda vez que la Ley de Amparo prevé un medio de defensa específico para tal circunstancia, en el artículo 97, fracción I, inciso c).
30. Resolución interlocutoria que fue impugnada vía revisión por las personas morales terceras interesadas, únicamente en aquella parte en que se declaró improcedente el incidente planteado. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en sesión de trece de julio de dos mil veintiuno, dictó sentencia en la que, en la materia de la revisión, confirmó el fallo recurrido, en lo que interesa, por las siguientes consideraciones:
• El artículo 154 de la Ley de Amparo establece la facultad del juzgador de Distrito para poder revocar o modificar su propia decisión acerca de la concesión o negativa de la suspensión en el juicio de amparo indirecto, siempre y cuando se hubiera concedido la medida cautelar, no exista sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo y concurra un hecho superveniente.
• Podrá ejercerse de oficio o a petición de parte; no obstante, cuando sea solicitada por alguna de las partes del juicio de amparo, su promoción da lugar a un incidente.
• Un hecho superveniente se define como un acto material, que trae aparejadas cuestiones fácticas nuevas relacionados con el caso concreto, esto es, acontecimientos desconocidos por el juzgador al momento de analizar el asunto para efecto de aplicar el derecho y resolver sobre la suspensión que provoca un cambio en la situación jurídica del quejoso.
• En el caso, las sociedades terceras interesadas solicitaron la modificación de las suspensiones definitivas alegando que se actualizaba un hecho superveniente que implicaba la modificación a las condiciones de su otorgamiento, aduciendo que “...al momento de otorgarse las medidas cautelares se fijaron las garantías que debía exhibir la quejosa para que surtieran efecto, considerando el tiempo regular que lleva el trámite de un juicio de amparo indirecto. Sin embargo, desde el día 16 de marzo de 2020 se suspendieron los términos en los procedimientos de amparo con motivo de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia causada por el virus SARS-CoV2. La suspensión que se levantó hasta el pasado 3 de agosto pasado (sic), por lo que se perdieron 4 meses y medios...” y que “...el juicio de amparo ya se dilató más de seis meses con motivo de la integración del cuaderno principal, debido a la multitud de autoridades responsables, a las ampliaciones que la quejosa ha promovido y a las pruebas periciales ofertadas, lo que hace presumir que el proceso llevará aún algún tiempo...”; circunstancias que a decir de las incidentistas, volvió insuficientes las garantías fijadas por concepto de daños y perjuicios.
• La pretensión de la parte tercera interesada no se vincula a la demostración de que, con posterioridad al dictado de esas medidas cautelares, hayan cambiado las circunstancias ponderadas, y que ello conlleve que ya no se reúnan los requisitos a que se contrae el artículo 128 de la Ley de Amparo para otorgar las suspensiones; sino que, su argumentación se encaminó a cuestionar el requisito de efectividad impuesto, consistente en el monto de la garantía, poniendo en entre dicho la vigencia del monto calculado por el juzgador frente a la dilación en resolver el asunto en lo principal.
• El incidente de modificación o revocación a la suspensión resulta improcedente en la parte que pretende la variación de las garantías fijadas, pues las contingencias ocurridas durante la tramitación de los juicios de amparo no son hechos supervenientes que involucren a los actos reclamados y, por lo mismo, no podrían conllevar la posibilidad de su revocación o modificación.
• Aunado a que, de acuerdo con la Ley de Amparo, la exigencia de garantía, su cálculo y fijación, solamente pueden ser objeto de modificación o revocación mediante la interposición del recurso de revisión correspondiente, previsto por el artículo 88, fracción I, inciso a), de la mencionada legislación, conforme a los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: “SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE LA NIEGA O LA CONCEDE, ES PROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN Y NO EL DE QUEJA, AUN CUANDO SÓLO SE IMPUGNE LA GARANTÍA A LA QUE SE SUJETÓ SU EFECTIVIDAD (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE).” y “SUSPENSIÓN DEFINITIVA. EL TÉRMINO PARA QUE EL TERCERO INTERESADO INTERPONGA EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL QUE LA CONCEDE, CUANDO NO HA SIDO EMPLAZADO Y LE FUE NOTIFICADA POR LISTA, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE CONOCIÓ DICHA
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32848-89656e43/suspension-definitiva-en-amparo-indirecto-el-transcurso-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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