INTERÉS LEGÍTIMO PARA RECLAMAR EN AMPARO INDIRECTO LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIONES I Y XI, 7 Y 12 DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS, POR SU SOLA ENTRADA EN VIGOR. NO LO TIENEN LAS PERSONAS FÍSICAS DEDICADAS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE COLOCAR O ADMINISTRAR A NEGOCIOS MERCANTILES –DE TERCERAS PERSONAS– A COMISIÓN, APARATOS DE JUEGOS ELECTRÓNICOS QUE FUNCIONAN CON MONEDAS PERO DISTINTOS A LOS REGULADOS POR LA CITADA LEY (REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 24/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 16 DE OCTUBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MÓNICA SALOMA PALACIOS, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MAYRA SANDOVAL MENDOZA. PONENTE: MAYRA SANDOVAL MENDOZA. SECRETARIO: ÓSCAR JAIME CARRILLO MACIEL.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al dieciséis de octubre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
1. Presentación de la denuncia. Por escrito recibido de forma física el veinticinco de febrero de dos mil veinticinco en este pleno, ********** ********** ********** **********persona autorizada de la parte quejosa recurrente en los amparos en revisión del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del cual derivan algunos de los criterios contendientes.
2. Criterios denunciados. La posible de contradicción de criterios se denunció entre el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver los amparos en revisión 271/2024, 284/2024, 285/2024, 335/2024, 337/2024, 361/2024, 388/2024, 397/2024, 414/2024 y 424/2024, y el sostenido por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al fallar los amparos en revisión 270/2024; 277/2024; 284/2024; 285/2024; 354/2024; 366/2024; 320/2024; 353/2024; 363/2024; 396/2024; 407/2024; 436/2024 y 459/2024.
3. Radicación en el pleno regional. Por acuerdo de presidencia de veintiocho de febrero de dos mil veinticinco, se radicó el asunto con el número de expediente 24/2025, con el tema: determinar si el promovente del juicio de amparo, que aduce tiene como actividad económica colocar o administrar máquinas a negocios mercantiles a comisión, que cuentan con diverso giro al de ‘casas de juego electrónicos’, tiene interés legítimo para impugnar el reglamento de la ley de juegos y sorteos, y se requirió a los tribunales colegiados cuyos criterios se denunciaron que informaran si estos subsistían; de igual forma se pidió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación su informe sobre la existencia de alguna contradicción radicada en ese Alto Tribunal en la que el tema a dilucidar guarde relación con el planteado en la presente contienda.
4. Informes. Los informes solicitados en el auto de radicación de la contradicción se recibieron de la siguiente manera:
• El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante correo presentado ante el pleno de seis de marzo de dos mil veinticinco, informó que su criterio sigue vigente.
• La Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, por oficio DGCCST/X/196/03/2025 de veintiuno de marzo de dos mil veinticinco, informó que no hay contradicción de criterios radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionada con el tema en disputa.
• El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante correo presentado ante el pleno de seis de marzo de dos mil veinticinco, informó que su criterio sigue vigente.
5. Confirmación de turno. Por acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veinticinco, según constancia de autos.
6. Nueva integración del pleno regional. Mediante acuerdo de quince de mayo de dos mil veinticinco, se hizo del conocimiento de las partes que el Magistrado José Patricio González Loyola Pérez integra este pleno regional —en sustitución de la Magistrada Silvia Cerón Fernández—.
7. Nueva integración del pleno regional. Mediante acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veinticinco, se hizo del conocimiento de las partes que el Magistrado Ernesto Martínez Andreu integra este pleno regional —en sustitución del Magistrado José Patricio González Loyola Pérez—.
8. Nueva integración del pleno regional. Mediante acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco, se hizo del conocimiento de las partes que fueron designadas para integrar este pleno regional las Magistradas electas Mónica Saloma Palacios (presidenta), Virginia Petriz Herrera y Mayra Sandoval Mendoza, con efectos a partir del quince de septiembre de dos mil veinticinco y se returnó el asunto a la última de las nombradas.
9. Amicus curiae. No se hizo valer hasta la fecha en que se incluyó en la lista este asunto.
I. Competencia
10. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 38, primer párrafo y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro,(1) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(4) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés,(5) respectivamente, por derivar de criterios sostenidos por tribunales colegiados del Primer Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional al tratarse de materia administrativa.
II. Legitimación
11. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en su texto vigente en la época de la denuncia, pues la formuló ********** ********** ********** **********,(6) persona autorizada en términos amplios de la parte quejosa en los juicios de amparo indirecto que dieron origen a esta contradicción de criterios.
12. Sobre la legitimación del señalado autorizado para presentar la denuncia es aplicable, por igualdad de razón, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 152/2008,(7) en la que se analizó el artículo 27 de la abrogada Ley de Amparo, de contenido similar al artículos 12 del ordenamiento jurídico vigente, que dice así:
CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA. El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa pues, entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros.
III. Criterios denunciados
13. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver los amparos en revisión 271/2024, 284/2024, 285/2024, 335/2024, 337/2024, 361/2024, 388/2024, 397/2024, 414/2024 y 424/2024, en sesiones de trece de agosto, veintiuno de noviembre, siete de noviembre, veintiuno de noviembre, veintiocho de noviembre, veintiuno de noviembre, de dos mil veinticuatro, quince de enero de dos mil veinticinco, veintiocho de noviembre, doce de diciembre de dos mil veinticuatro y treinta de enero de dos mil veinticinco, respectivamente, por unanimidad de votos en todos los asuntos.
14. Criterio del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al fallar los amparos en revisión 270/2024, 277/2024, 284/2024, 285/2024, 354/2024, 366/2024, 320/2024, 353/2024, 363/2024, 396/2024, 407/2024, 436/2024 y 459/2024, en sesiones de catorce de noviembre, tres de diciembre, catorce de noviembre, once de diciembre, nueve de diciembre, once de diciembre de dos mil veinticuatro, quince de enero, ocho de enero, diecinueve de febrero, ocho de enero, trece de agosto de dos mil veinticuatro, siete de febrero y diecinueve de febrero de dos mil veinticinco, respectivamente, por unanimidad de votos en todos los asuntos.
IV. Requisitos de existencia de la contradicción
15. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(8)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales colegiados adopten criterios jurídicos discrepantes.
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
V. Existencia de la contradicción de criterios
16. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver los amparos en revisión 271/2024, 284/2024, 285/2024, 335/2024, 337/2024, 361/2024, 388/2024, 397/2024, 414/2024 y 424/2024, y el sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al fallar los amparos en revisión 270/2024, 277/2024, 284/2024, 285/2024, 354/2024, 366/2024, 320/2024, 353/2024, 363/2024, 396/2024, 407/2024, 436/2024 y 459/2024, puesto que de la reseña realizada se advierte que todas las resoluciones tienen como antecedente común la resolución de un recurso de revisión interpuesto por la persona física quejosa en contra de la resolución mediante la cual el juzgado de distrito sobreseyó en el juicio de amparo en el que se reclamó la reforma al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, al considerar actualizada la prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al no acreditarse que la normatividad reclamada produce afectación a la parte quejosa de manera que no acreditó su interés jurídico ni legítimo para impugnarla.
17. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión 271/2024. En el amparo indirecto de origen una persona física, reclamó los siguientes artículos del decreto mencionado:
(...) 1; los párrafos segundo y séptimo del artículo 2; las fracciones I, III, XI y XXIX del artículo 3; los artículos 7 y 8; el párrafo segundo del artículo 12; las fracciones I, II, y III del apartado A y la fracción II del apartado B del primer párrafo, así como el párrafo segundo, todos del artículo 16; las fracciones III, IV y IX del artículo 17; el artículo 18; los párrafos primero y segundo del artículo 20; los incisos a y b de la fracción IV del párrafo primero del artículo 21; fracciones VI, VII, IX, XV y XVI del artículo 22; el párrafo segundo del artículo 25; las fracciones XIII y XIV del artículo 29; la fracción I del artículo 33; el artículo 36; el párrafo segundo del artículo 50; el párrafo primero del artículo 59; los artículos 60, 65 y 78; la fracción I del artículo 92; la fracción III del artículo 98; el artículo 105; la fracción I del artículo 112; el párrafo segundo del artículo 136; la fracción XVI del artículo 142; el artículo 146, y la fracción II del artículo 151; se ADICIONAN las fracciones IV BIS, XV BIS y XXVIII BIS al artículo 3, un último párrafo al artículo 20, los incisos c y d a la fracción IV del artículo 21, una fracción XVII al artículo 22, la fracción XV del artículo 29, y un párrafo segundo al artículo 91, y se DEROGAN las fracciones XIII y XIX del artículo 3, la fracción I del párrafo primero y los párrafos segundo y tercero del artículo 29, el artículo 30, la fracción VI del artículo 91, el artículo 137 Bis, el artículo 137 Ter y el artículo 137 Quáter(...)
18. El juzgado de distrito sobreseyó en el juicio al considerar actualizada la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; inconforme la persona física quejosa interpuso recurso de revisión radicado bajo el número 271/2024, cuya resolución constituye el criterio denunciado como contradictorio, mismo que se emitió en sesión de trece de agosto de dos mil veinticuatro, por unanimidad de votos, bajo las siguientes consideraciones:
(...) Cuarto. Tales agravios son parcialmente fundados.
En primer lugar, procede a desvirtuar el argumento del quejoso en el sentido de que los preceptos impugnados constituyen un sistema normativo y que, por ende, les son aplicables todos y cada uno de ellos.
Ello se estima incorrecto, pues en el caso concreto, los cuales considera le afectan (máquinas tragamonedas), sólo son los numerales 3o., fracciones I y XI, XXVIII BIS, 12 y 90 del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de noviembre del dos mil veintitrés, que son precisamente los que refieren: (se transcriben).
Ya que son los artículos que se estiman referidos a la actividad desarrollada por el quejoso, como enseguida se analizará para establecer si cuenta o no con un interés (jurídico o legítimo) para acudir al juicio de amparo indirecto.
Ahora bien, se estima dable iniciar con el señalamiento de que para acudir al juicio de amparo, es necesario que la parte quejosa acredite su interés jurídico o legítimo.
A ese respecto, el artículo 107, fracción I, párrafo primero de la Constitución Federal, establece que quien accione el juicio de amparo debe ser titular de un derecho o contar con un interés jurídicamente relevante sobre el acto reclamado, lo cual concuerda con lo expresado en el artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, como enseguida se observa: (se transcriben).
Esto es, la acción del amparo procede en favor de quienes son titulares de un derecho o resienten un perjuicio jurídicamente relevante con motivo de un acto de autoridad.
Ahora bien, por cuanto al interés jurídico se refiere, es dable señalar que consiste en la afectación de un derecho fundamental o subjetivo público del quejoso, legítimamente tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en un tratado o convenio internacional; esto es, tiene interés jurídico quien es titular de los derechos vulnerados por el acto reclamado; de ahí que, el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona.
En cambio, el interés legítimo es relativo a aquellas personas que resienten un perjuicio jurídicamente relevante con motivo de un acto de autoridad, es decir, una afectación directa o indirecta en un derecho que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese, sobre lo cual, se distinguen tres notas diferentes:
Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que sea afectado de manera personal o directa. Es decir, tratándose de la procedencia del amparo directo y del amparo indirecto cuando se combatan actos de dichas autoridades jurisdiccionales, es necesario que el quejoso aduzca un interés jurídico, esto es, una afectación directa e inmediata en su esfera jurídica, situación que surge a partir de su titularidad de un derecho subjetivo.
Por cuanto hace a actos o resoluciones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo reclamables a través del amparo indirecto, la parte agraviada puede ser titular de un derecho subjetivo que se identifica con el interés jurídico, o en su defecto, titular de un interés legítimo individual o colectivo, ya sea que se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
Y, en cualquier caso, el interés simple es insuficiente para sostener la procedencia del juicio de amparo.
Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 366/2012 estableció una primera definición mínima del interés legítimo como aquél que se caracteriza, ya sea personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso.
Asimismo, ese interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo sin que dé lugar a un derecho subjetivo, y debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole.
Bajo la misma óptica, en la contradicción de tesis 111/2013 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó los alcances del interés legítimo, en la que se indicó que éste se ubica en un plano intermedio entre el interés jurídico y el interés simple, pues no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. Más bien, el interés legítimo requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico.
También, indicó que el interés legítimo requiere de un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto. En este sentido, el requisito de que el beneficio o efecto positivo sea cierto, implica que sea real y actual, no hipotético. Además, que la existencia de un interés legítimo requiere la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica (no exclusivamente en una cuestión patrimonial) apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad; y que ese parámetro de razonabilidad no se refiere a los estándares argumentativos empleados por nuestro Máximo Tribunal para analizar la validez de normas jurídicas, sino al hecho de que la afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio debe ser posible, esto es, debe ser razonable la existencia de tal afectación. Por tanto, dicho término se refiere a la lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida.
Sustentó que el interés legítimo está sujeto a prueba, es decir, no es suficiente con que el quejoso manifieste tener dicho interés, sino que debe acreditarlo. Sin que para ello se requiera forzosamente de una prueba directa, pues puede inferirse. De igual manera, se afirmó que el interés legítimo tiene una aplicación particularmente útil para la protección de los intereses colectivos, por lo que ha resultado adecuado para justificar la legitimación a entidades de base asociativa, tales como asociaciones civiles u organizaciones no gubernamentales.
Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)” (se transcribe).
En ese tenor, es evidente que se puede acudir al juicio de amparo a reclamar actos de autoridad o normas generales cuando se posee interés jurídico o legítimo, no ambos, ya que contar con alguno de los dos excluye por lógica jurídica al otro; es por ello que en cada caso debe analizarse, como presupuesto de procedencia, el interés que impere acorde con la naturaleza del acto reclamado y con base en la situación y pretensión que aduzca la parte quejosa, o en la que se advierta se encuentre frente al indicado acto, con la finalidad de determinar si efectivamente se configura una afectación jurídicamente relevante que le permita acudir a la instancia constitucional.
Se insiste, para que proceda el juicio de amparo indirecto una persona tiene que demostrar la existencia de una afectación a su esfera jurídica, la cual puede ser directa o indirecta.
La directa se produce cuando se afecta uno de sus derechos subjetivos (es decir, uno de sus derechos previstos por la ley del cual la persona es titular, de acuerdo a lo previsto por la propia ley).
La indirecta se produce cuando, sin afectarse un derecho subjetivo, se afecta a la persona por lo diferente que es su posición comparada con la del resto de los miembros de la sociedad, de tal modo que se pueda advertir una afectación derivada de su especial situación frente al orden jurídico.
De conformidad con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una persona que tiene interés legítimo es la que “se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama, produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto”.
Cuando se alega una afectación directa en el juicio de amparo, se dice que la parte quejosa alega interés jurídico.
Cuando se alega una afectación indirecta, se dice que la parte quejosa alega interés legítimo.
Como en el presente caso se reclamaron normas generales, corresponde explicar, en términos generales, cómo una norma general puede afectar indirectamente a una persona o ––lo que es lo mismo–– cómo se puede acreditar contar con interés legítimo para reclamar una norma general.
Para que eso quede claro es necesario explicar, en primer orden, cómo una norma general puede afectar directamente a una persona.
Una norma general puede afectar directamente a una persona en dos momentos: cuando entra en vigor o cuando se aplica.
Una norma general afecta directamente a una persona con su entrada en vigor, cuando la norma no requiere de ningún acto posterior para vincular a esa persona con el mandato que contiene. En cambio, existen otras normas que requieren actos jurídicos posteriores para que sus mandatos vinculen a las personas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha utilizado reiteradamente esta clasificación para distinguir entre estos dos tipos de afectación normativa directa, llamando a las primeras normas “autoaplicativas” y a las segundas “heteroaplicativas”.
Bajo este criterio, el acto de aplicación consiste en el acto mediante el cual “se dispone particularmente para el quejoso la realización efectiva de las consecuencias de la norma”.
Acto que no necesariamente es emitido por una autoridad, puesto que “incluso comprende el acto jurídico emanado de la propia voluntad del particular”. Nótese que lo que caracteriza a la afectación normativa directa es que siempre la sufre el destinatario de la norma. Lo que puede variar es el momento en el que el destinatario es afectado y puede ser al entrar en vigor la norma o después.
En cambio, para la afectación normativa indirecta ya no resulta trascendente determinar el momento en el que el destinatario es afectado, porque la afectación indirecta no es producida al destinatario (de ser así, se trataría de una afectación directa).
Conforme al criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la afectación normativa indirecta es una afectación colateral (colateral significa que se produce de manera independiente a la que se pueda producir a una persona en su carácter de destinatario de la norma), producida al quejoso como tercero (aquí tercero significa que es una persona que no acude con el carácter de destinatario de la norma), que implica una relación causal entre el quejoso y la norma general que no puede ser hipotética, conjetural o abstracta. La afectación puede ser “de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso”.
La lectura integral de la demanda de amparo permite concluir que en el presente caso, el quejoso acudió al amparo para reclamar una afectación normativa indirecta que estima producida por un conjunto de normas del Decreto que adiciona, reforma y deroga el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. En específico, las contenidas en los artículos 3o., fracciones I y XI, XXVIII BIS, 12 y 90.
Se llega a esa consideración, porque el quejoso se ostentó como una persona física que se dedica a la actividad económica de colocar o administrar máquinas a negocios mercantiles a comisión, que cuentan con diverso giro al de “casas de juego electrónicos”, como lo son: tiendas, misceláneas, papelerías, farmacias, etcétera; actividad económica que pertenece al grupo de servicios, subgrupo de juegos, especificándose que la actividad que incluye ese servicio es la de proporcionar servicios de entretenimiento en máquinas de juegos que funcionan con monedas o fichas; asimismo, que con motivo de dicha actividad económica, el quejoso ha adquirido diversos aparatos de juegos electrónicos que funcionan con monedas.
En su demanda de amparo, el quejoso reclamó como un sistema normativo los artículos 1o., 2o., 3o. fracciones I y XI, XXVIII BIS, 7, 12, 17 fracción IX, 21 fracción IV incisos a), b), c) y d), 22 fracción VI, 33 fracción I, 91 último párrafo, 92 fracción I; y primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo transitorios del Decreto que adiciona, reforma y deroga el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, al prever qué se entiende por “máquinas tragamonedas”, así como todos los demás correlacionados a dicha definición.
Sin embargo, atendiendo a la actividad ya citada que el quejoso lleva a cabo, se sostiene que los artículos que generan un interés legítimo para acudir al juicio de amparo, son el 3o., fracciones I y XI, XXVIII BIS, 12 y 90 de dicho Reglamento, los cuales disponen (se transcriben).
En el caso concreto, de la demanda de amparo indirecto materia del presente recurso, se desprende que se hace valer que los preceptos reclamados contienen un conjunto de mandatos que hacen probable una afectación significativa en el funcionamiento de las máquinas electromecánicas operadas con monedas, que posee el quejoso como de uso lúdico y de entretenimiento.
Así, sostiene el amparista que las personas que son propietarias de máquinas de juegos electrónicos colocadas en otras unidades económicas, tienen interés legítimo para reclamar estas normas, en tanto el impacto respecto de la descripción que el reglamento impugnado realiza sobre las “máquinas tragamonedas” y su prohibición, afecta el desempeño de esa actividad económica.
Específicamente, el citado artículo 12 prevé la descripción y prohibición de las máquinas tragamonedas.
Asimismo, de la demanda de amparo se desprende que el quejoso exhibió con su demanda de amparo la Constancia de Situación Fiscal fechada el quince de diciembre de dos mil veintitrés, expedida a favor del aquí recurrente (...), por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que se aprecia como régimen el de personas físicas con actividades empresariales y profesionales, así como actividad económica: “otros servicios recreativos prestados por el sector privado, con un 40% de porcentaje”, con fecha de inicio el dieciséis de febrero de dos mil catorce; credencial para votar a nombre del quejoso con número (...); respuesta sobre la obligatoriedad del programa interno de protección civil para el establecimiento con denominación comercial (...), ubicada en (...), de veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, con folio (...), expedida por la Secretaría de Gestión Integral Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de Méx
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33812-4a1ee1d9/interes-legitimo-para-reclamar-en-amparo-indirecto-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- PERSONALIDAD. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME DICHA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERPRETACIÓN ACORDE AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMP (III.4o.T.1 K (10a.))
- AMPARO CONTRA ACTOS DENTRO DE JUICIO. SÓLO PROCEDE CUANDO EXISTE UNA AFECTACIÓN MATERIAL A DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN O EN LOS TRATADOS, Y NO CUANDO SE TRATE (I.5o.C.8 K (10a.))
- OMISIÓN LEGISLATIVA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I (2a. VIII/2013 (10a.))
- INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ÉL QUIEN MANIFIESTA QUE UN ACTO VIOLA EN SU PERJUICIO EL DERECHO HUMANO DE LA SOCIEDAD DE CONTAR CON SERVIDORES IDÓNEOS PARA DESE (IX.2o.2 K (10a.))
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