INTERÉS JURÍDICO EN AMPARO INDIRECTO. LO TIENEN LAS PERSONAS OBLIGADAS AL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL RESPECTO DE INMUEBLES CUYO VALOR CATASTRAL SE UBICA EN ALGUNO DE LOS RANGOS L, M, N, O Y P DE LA TARIFA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 130, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA RECLAMAR EL DIVERSO 132, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO Y LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL POR LAS QUE SE EXPIDIERON LOS LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA RELATIVA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 102/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 27 DE AGOSTO DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MAYRA SANDOVAL MENDOZA, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MÓNICA SALOMA PALACIOS. PONENTE: MAYRA SANDOVAL MENDOZA. SECRETARIA: TANIA ALVAREZ ESCORZA.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al veintisiete de agosto de dos mil veintiséis, emite la siguiente sentencia:
I. Antecedentes
1. Denuncia de la contradicción de criterios. Por oficio recibido físicamente en este pleno regional el diecinueve de junio de dos mil veintiséis, la persona titular del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, denunció la posible existencia de una contradicción de criterios entre el sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión 28/2026, y el sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en la misma materia y del propio circuito al fallar el amparo en revisión 67/2026.
2. Radicación en el pleno regional. Por acuerdo de presidencia de veintitrés de junio de dos mil veintiséis se radicó el asunto bajo el número de expediente 102/2026, con el tema: determinar si la obligación de presentar una declaración informativa, prevista en una disposición legal, genera por sí misma una afectación jurídica suficiente para acreditar el interés jurídico de los contribuyentes comprendidos en la hipótesis normativa y; en consecuencia, permitir la impugnación de dicha disposición en el juicio de amparo; o si, por el contrario, la afectación jurídicamente relevante solo se actualiza cuando esa obligación produce consecuencias coercitivas o un perjuicio material inmediato en la esfera jurídica del gobernado, particularmente cuando las disposiciones reglamentarias que la desarrollan establecen que tiene fines meramente informativos, permiten al contribuyente abstenerse de proporcionar determinada información y no prevén sanciones por su incumplimiento, y se requirió a los tribunales colegiados cuyos criterios se denunciaron que informaran si estos subsistían; de igual forma se pidió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación su informe sobre la existencia de alguna contradicción radicada en ese Alto Tribunal en la que el tema a dilucidar guarde relación con el planteado en la presente contienda, y se turnó el expediente para su estudio a la Magistrada Mayra Sandoval Mendoza.
En este punto es oportuno señalar que, en relación con el tema de la contradicción, una vez examinadas las ejecutorias de las cuales derivan los criterios contendientes, este pleno regional estima pertinente reformularla para que quede como sigue: “Determinar si los sujetos obligados al pago del impuesto predial respecto de inmuebles cuyo valor catastral se ubica en alguno de los rangos L, M, N, O y P de la tarifa prevista en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, tienen interés jurídico que haga procedente el juicio de amparo indirecto en contra del último párrafo del artículo 132 del propio código, adicionado mediante el decreto de reformas a tal codificación, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintisiete de diciembre de dos mil veinticuatro, y de las reglas de carácter general por las que se expidieron los lineamientos para la presentación de la declaración informativa a que se refiere dicha porción normativa”.
Lo anterior, con apoyo en la tesis 2a. V/2016 (10a.)(1) del Máximo Tribunal, cuyo rubro dice: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA PROBABLE DIVERGENCIA DE CRITERIOS PRECISADA EN LA DENUNCIA RELATIVA, NO VINCULA AL PLENO O A LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A CONSTREÑIRSE A LOS TÉRMINOS COMO SE PLANTEA NI AL PUNTO JURÍDICO ESPECÍFICO”.
3. Informes. Los solicitados en el auto de radicación se recibieron en los siguientes términos:
• En el expediente electrónico no obra constancia del informe del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
• Por oficio 5/2026, sin fecha, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que su criterio se encuentra vigente.
• En oficio CCST/X/415/07/2026 de siete de julio de dos mil veintiséis, el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que no hay contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal relacionada con el tema en disputa.
4. Confirmación de turno. Por acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintiséis, según constancia de autos.
5. Amicus curiae. No se hizo valer hasta la fecha en que se incluyó en la lista este asunto.
II. Competencia
6. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1o., fracción III, 38, primer párrafo, y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro;(2) así como lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(3) en los artículos 6, fracción I, 7, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del antes Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(4) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(5) publicados en el mismo medio oficial de difusión el trece y dieciséis de enero y el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés;(6) por derivar de criterios sostenidos por tribunales colegiados del Primer Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional al tratarse de materia administrativa.
III. Legitimación
7. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en su texto vigente en la época de la denuncia, pues la formuló la persona titular del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México.
IV. Criterios denunciados
8. Criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión 28/2026, en sesión de once de mayo de dos mil veintiséis.
9. Criterio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al decidir el amparo en revisión 67/2026, en sesión de diez de abril de dos mil veintiséis.
V. Existencia de la contradicción de criterios
10. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(7)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales colegiados adopten criterios jurídicos discrepantes.
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
11. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al decidir el amparo en revisión 28/2026, y el sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en la misma materia y del propio circuito al resolver el amparo en revisión 67/2026.
12. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con los siguientes antecedentes:
• Una persona moral, en su calidad de sujeto obligado al pago del impuesto predial respecto de inmuebles cuyo valor catastral se ubica en los rangos L, M, N, O y P de la tarifa prevista en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, promovió juicio de amparo indirecto en el cual, en lo que a este asunto interesa, reclamó:
a) La discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, se adiciona un artículo a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y se reforma un artículo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintisiete de diciembre de dos mi veinticuatro, específicamente la adición del último párrafo al artículo 132 de dicha codificación, y
b) La expedición y aplicación de las Reglas de carácter general por las que se expiden los lineamientos para la presentación de la declaración informativa prevista en el artículo 132, último párrafo del citado código, publicadas en el mismo medio de difusión oficial el dieciocho de febrero de dos mil veinticinco.
Normas generales que controvirtió como autoaplicativas.
• En lo conducente, el juzgado de distrito sobreseyó en el juicio al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y con el 107, fracción I, de la Constitución Federal, pues a su parecer la persona quejosa carece de interés jurídico para reclamar tales disposiciones de carácter general.
• Inconforme con esa decisión, la parte quejosa interpuso recurso de revisión.
13. El tribunal colegiado de circuito confirmó la sentencia recurrida y sobreseyó en el juicio de amparo con base en las siguientes consideraciones:
Séptimo. Estudio. La parte quejosa, aquí recurrente, formula tres agravios en los que aduce, sustancialmente, que la sentencia controvertida es contraria a derecho ya que no se analizaron de manera exhaustiva los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, y que contrariamente a lo manifestado por el juzgado del conocimiento, sí acreditó que cuenta con un interés jurídico.
En ese sentido, si la responsable resolvió sobreseer en el juicio, son inoperantes los planteamientos que hace consistir en los agravios marcados como segundo y tercero, respecto de la omisión de análisis de los conceptos de violación hechos valer en la demanda, pues el sentido del fallo no solo liberaba al juzgado de distrito de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo, ya que de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo.
Al caso, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 2a./J. 52/98, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: “AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO” (se transcribe).
Por otro lado, en el primer agravio, la solicitante del amparo indica que sí acreditó contar con interés jurídico para instar el juicio, al configurarse los elementos que señalan las reglas para la aplicación de las mismas, máxime cuando la opción de presentar o no la información deriva precisamente de presentar la declaración que se combate.
El planteamiento examinado es infundado.
A efecto de estar en aptitud de demostrar lo anterior, se considera importante conocer el contenido de los artículos 126 y 132 del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigentes en el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, y que a la letra prevén: (se transcriben).
Del artículo 126 del Código Fiscal de la Ciudad de México se desprende que están obligadas al pago del impuesto predial, las personas físicas y las morales que sean propietarias del suelo o del suelo y las construcciones adheridas a él, independientemente de los derechos que sobre las construcciones tenga un tercero; que los poseedores también estarán obligados al pago del impuesto predial por los inmuebles que posean, cuando no se conozca al propietario o el derecho de propiedad sea controvertible.
Por su parte, el último párrafo del numeral 132 del Código Fiscal de la Ciudad de México establece que los contribuyentes obligados al pago del impuesto predial, de conformidad con el artículo 126 de ese código, deberán presentar una declaración informativa ante la Secretaría de Administración y Finanzas, respecto del estado que guardan los inmuebles destinados a uso habitacional, cuya propiedad o posesión actualice el pago del referido gravamen, respecto a su ocupación.
Asimismo, se indica que dicha declaración informativa únicamente operará respecto de los inmuebles que se ubiquen en los rangos L, M, N, O y P de la tarifa establecida en el artículo 130, fracción I, del código, de conformidad con las reglas de carácter general que emita la secretaría mencionada.
Derivado de esta disposición se emitieron las reglas de carácter general por las que se expiden los lineamientos para la presentación de la declaración informativa prevista en el artículo 132, último párrafo, del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el dieciocho de febrero de dos mil veinticinco, y que en sus reglas primera, segunda, fracción I, quinta y séptima, disponen lo siguiente: (se transcriben).
De la regla primera anteriormente reproducida, se desprende que las reglas de carácter general por las que se expiden los lineamientos para la presentación de la declaración informativa tienen por objeto establecer directrices relacionadas con la declaración informativa que presenten los contribuyentes obligados al pago del impuesto predial, ante la Secretaría de Administración y Finanzas, respecto del estado que guardan los inmuebles destinados a uso habitacional, cuya propiedad o posesión actualice el pago del referido tributo, respecto a su ocupación.
Que en términos de lo dispuesto por el artículo 132, último párrafo, del Código Fiscal de la Ciudad de México, presentarán la mencionada declaración informativa los contribuyentes que estén obligados al pago del impuesto predial respecto de aquellos inmuebles cuyo valor catastral se ubique en los rangos L, M, N, O y P de la tarifa prevista en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México.
Por su parte, la regla segunda, fracción I, señala que la “Declaración Informativa” es un documento por medio del cual los contribuyentes, propietarios o poseedores, hacen del conocimiento a la autoridad fiscal el estado que guardan los inmuebles destinados a uso habitacional, cuya propiedad o posesión actualice el pago del impuesto predial, respecto a su ocupación.
Por otro lado, la regla quinta del cuerpo legal analizado, indica que los datos manifestados en la declaración a que refiere el último párrafo del artículo 132 del Código Fiscal de la Ciudad de México no otorgan ni reconocen de forma alguna derechos de propiedad o posesión, ya que dicha declaración únicamente tienes fines informativos y estadísticos.
De igual manera, tal precepto reglamentario dispone que en el formato de declaración informativa se habilitará la opción para que los contribuyentes manifiesten su negativa a compartir la información relacionada con el estado que guardan los inmuebles destinados a uso habitacional respecto a su ocupación.
Finalmente, la regla séptima transcrita establece que la declaración a que refiere el último párrafo del artículo 132 del Código Fiscal de la Ciudad de México es meramente informativa, por lo que no obliga a los contribuyentes a la entrega de documentos a que se refiere el artículo 132 del citado código, en relación con las sanciones establecidas en el artículo 466 o cualquier otra establecida en el Código Fiscal de la Ciudad de México.
En este orden de ideas, las reglas de carácter general por las que se expiden los lineamientos para la presentación de la declaración informativa prevista en el artículo 132, último párrafo, del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el dieciocho de febrero de dos mil veinticinco, no afectan la esfera jurídica de la parte quejosa, ahora recurrente, ya que:
a) La declaración informativa prevista en el artículo 132, último párrafo, del Código Fiscal de la Ciudad de México, únicamente tiene fines informativos y estadísticos.
b) Es optativa para los contribuyentes que estén obligados al pago del impuesto predial respecto de aquellos inmuebles cuyo valor catastral se ubique en los rangos L, M, N, O y P de la tarifa prevista en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México.
c) No obliga a los contribuyentes a la entrega de documentos a que se refiere el artículo 132 del Código Fiscal de la Ciudad de México, en relación con las sanciones establecidas en el artículo 466 o cualquier otra establecida en el Código Fiscal de la Ciudad de México.
Por tanto, si las reglas controvertidas no ocasionan un menoscabo en la esfera jurídica de la parte quejosa, dado que la presentación de la declaración informativa es optativa y esta únicamente tiene fines informativos y estadísticos, además de que no se establece sanción alguna para los contribuyentes que no la presenten, entonces, debe concluirse que sí se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dado que los actos reclamados no afectan los intereses jurídicos o legítimos de la persona quejosa.
Cabe resaltar que aun cuando la parte quejosa demuestre que se encuentra obligada al pago del impuesto predial respecto de aquellos inmuebles cuyo valor catastral se ubique en los rangos L, M, N, O y P de la tarifa prevista en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, lo cierto es que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo de un acto que afecte al gobernado en su interés jurídico (en su persona o en su patrimonio), pues de lo contrario se vulneraría el principio de “instancia de parte agraviada”, contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente.
Al caso resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de rubro y contenido siguientes: “INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS” (se transcribe).
En tales circunstancias, ante lo ineficaz de los agravios hechos valer por la recurrente, lo que en derecho procede es, en la materia de la revisión, confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo.
14. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con los siguientes antecedentes:
• Una persona física, en su calidad de sujeto obligado al pago del impuesto predial respecto de inmuebles cuyo valor catastral se ubica en los rangos L, M, N, O y P de la tarifa prevista en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, promovió juicio de amparo indirecto en el cual, en lo que a este asunto interesa, reclamó:
a) La discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, se adiciona un artículo a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y se reforma un artículo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintisiete de diciembre de dos mi veinticuatro, específicamente la adición del último párrafo al artículo 132 de dicha codificación, y
b) La expedición y aplicación de las Reglas de carácter general por las que se expiden los lineamientos para la presentación de la declaración informativa prevista en el artículo 132, último párrafo del citado código, publicadas en el mismo medio de difusión oficial el dieciocho de febrero de dos mil veinticinco.
Normas generales que controvirtió como autoaplicativas.
• En lo conducente, el juzgado de distrito sobreseyó en el juicio al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y con el 107, fracción I, de la Constitución Federal, pues a su parecer la persona quejosa carece de interés jurídico para reclamar las disposiciones de carácter general controvertidas.
• Inconforme con esa decisión, la parte quejosa interpuso recurso de revisión.
15. El tribunal colegiado de circuito revocó la sentencia recurrida y levantó el sobreseimiento en el juicio de amparo con base en las siguientes consideraciones:
Sexto. Recurso de revisión principal y recursos adhesivos. La quejosa, hoy recurrente, formula tres agravios para impugnar la resolución, los cuales se analizan de manera conjunta.
En el primer agravio argumenta que la persona juzgadora determinó indebidamente que no existía afectación a su interés jurídico, al considerar que la presentación de la declaración informativa es opcional; sostiene que esta premisa es falsa, ya que el artículo 132 del Código Fiscal de la Ciudad de México establece claramente una obligación para los contribuyentes del impuesto predial de presentar dicha declaración, por lo tanto, no se trata de una opción, sino de una carga formal impuesta por la ley; en consecuencia, sí existe afectación directa a la esfera jurídica de la quejosa, lo que hace procedente el juicio de amparo.
Asimismo, señala que el razonamiento del juzgado se basa en un análisis incorrecto, ya que parte de una premisa falsa (la supuesta opcionalidad de la declaración), lo que conduce inevitablemente a una conclusión errónea, de modo que al no corresponder la premisa con la realidad jurídica, la decisión de sobreseer en el juicio carece de sustento.
En el segundo agravio, refuerza la idea de que la obligación de presentar la declaración informativa no es opcional, ya que, aunque las “Reglas de carácter general por las que se expiden los lineamientos para la presentación de la declaración informativa prevista en el artículo 132, último párrafo, del Código Fiscal de la Ciudad de México” permiten al contribuyente decidir si comparte o no cierta información, esto no elimina la obligación de presentar la declaración en sí, es decir, la opción únicamente se refiere al contenido de la información, no a la presentación del documento.
Que incluso, cuando el contribuyente decide no compartir datos sensibles, sigue estando obligado a proporcionar información básica (como nombre, CURP y cuenta predial) y a justificar su negativa, por lo que la obligación persiste, lo que contradice la interpretación de la persona juzgadora, por lo que concluye que la supuesta opcionalidad es solo aparente.
Que la decisión del juzgado vulnera derechos fundamentales como el acceso a la justicia y el derecho a la privacidad. Esto se debe a que se obliga al contribuyente a proporcionar información o justificar su negativa, lo cual implica una carga adicional que no fue debidamente analizada por la autoridad judicial.
En el tercer agravio sostiene que la resolución impugnada permite la existencia de una carga administrativa excesiva e innecesaria, lo que contraviene el derecho a una buena administración pública, al obligar a los contribuyentes a presentar declaraciones, incluso, cuando no desean compartir información, lo que genera trámites redundantes y sin utilidad práctica, lo cual es ineficiente y contrario a los principios de simplificación administrativa.
Que la administración pública debe actuar bajo principios de eficiencia, proporcionalidad y razonabilidad, y que la imposición de este tipo de obligaciones carece de justificación, por lo que esa carga no aporta beneficios reales a la administración, especialmente si el objetivo es únicamente recabar datos estadísticos.
Concluye señalando que la persona juzgadora no realizó un análisis exhaustivo ni congruente de los argumentos que planteó, ya que resolvió con base en una premisa incorrecta y sin considerar adecuadamente las disposiciones legales aplicables.
Los argumentos son fundados.
El artículo 61, fracción XII, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Federal establecen lo siguiente: (se transcriben).
Como se advierte, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecte el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa.
Es decir, cuando el gobernado acude al juicio de amparo a reclamar normas generales, en este caso, en su carácter de autoaplicativas, es necesario que, además de ubicarse en el supuesto previsto en el precepto reclamado, acredite que este ocasiona perjuicio a su esfera de derechos para hacer procedente la acción constitucional.
La parte recurrente adujo en su demanda constitucional, en esencia, que la afectación a su esfera de derechos deviene de que las normas controvertidas como sistema —reglas de operación del artículo 132 del Código Fiscal de la Ciudad de México— le causan perjuicio desde su entrada en vigor, en tanto la obligan a presentar una declaración informativa, por ser propietario de un bien inmueble que se ubica dentro de los rangos de la tarifa establecida en el precepto 130, fracción I, del mismo ordenamiento, con lo que se violan diversos derechos fundamentales, en concreto, los tutelados en los artículos 6o., 14 y 16 constitucional, relacionados con la igualdad, confidencialidad, privacidad, y por el tratamiento de los datos que debe entregar, bajo la consecuencia de la aplicación de una sanción.
El artículo 132, último párrafo, del Código Fiscal de la Ciudad de México y sus reglas de operación disponen lo siguiente: (se transcriben).
El artículo 132, último párrafo, del Código Fiscal de la Ciudad de México dispone que los contribuyentes obligados al pago del impuesto predial, deberán presentar una declaración informativa ante la secretaría, respecto del estado que guardan los inmuebles de uso habitacional cuya propiedad o posesión actualice el pago del citado gravamen, respecto a su ocupación. Y que la citada declaración operará únicamente respecto de los inmuebles que se ubiquen en los rangos L, M, N, O y P de la tarifa establecida en el artículo 130, fracción I de dicha codificación, de conformidad con las reglas de carácter general que emita la secretaría.
Por su parte, de las reglas de carácter general controvertidas en el juicio de amparo, se advierte que tienen por objeto establecer las directrices relacionadas con la declaración informativa que presenten los contribuyentes obligados al pago del impuesto predial, respecto del estado que guardan los inmuebles destinados a uso habitacional, cuya propiedad o posesión actualice el pago del citado tributo (primera).
Que los contribuyentes que presentarán la declaración informativa son aquellos obligados al pago del predial respecto de los inmuebles cuyo valor catastral se ubique en los rangos L, M, N, O y P de la tarifa prevista en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México (tercera).
Que la declaración informativa se presentará anualmente ante la Secretaría de Administración y Finanzas a más tardar el 30 de junio del ejercicio fiscal correspondiente (cuarta); los datos manifestados en la declaración no otorgan ni reconocen en forma alguna derechos de propiedad o posesión, pues tiene fines informativos y estadísticos (quinta).
Que los datos personales recabados a través de la declaración, serán incorporados, protegidos y tratados en los sistemas de la Secretaría de Administración y Finanzas conforme las disposiciones fiscales y en materia de protección de datos personales (sexta), entre otras disposiciones.
Ahora bien, el contenido del anexo contemplado en la regla cuarta de dichas disposiciones, que consiste en la “DECLARACIÓN INFORMATIVA DE ACTUALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA CATASTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, se reproduce a continuación: (se inserta imagen).
Ahora, como lo refiere la quejosa, las citadas disposiciones transcritas, las cuales se analizan de manera conjunta por su estrecha relación, dado que las reglas son l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34352-2b55b46d/interes-juridico-en-amparo-indirecto-lo-tienen-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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