SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA Y EFECTOS CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REABRIR O CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN EN UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 72/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 19 DE JUNIO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MAYRA SANDOVAL MENDOZA, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MÓNICA SALOMA PALACIOS. PONENTE: MAYRA SANDOVAL MENDOZA. SECRETARIO: JOSÉ MIGUEL ALVAREZ MUÑOZ.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al diecinueve de junio de dos mil veintiséis, emite la siguiente sentencia:
I. Antecedentes
1. Denuncia de la contradicción de criterios. Por escrito recibido vía interconexión el ocho de mayo de dos mil veintiséis, en este pleno regional, Jonathan Daniel Martínez de la Rosa, en su carácter de Consejero General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, denunció la posible existencia de una contradicción de criterios entre el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 601/2025; con lo sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en la referida materia y circuito, al resolver el recurso de queja 184/2026 y el Tercer Tribunal Colegiado en la misma materia y del propio circuito al decidir el recurso de queja 164/2026.
2. Radicación en el pleno regional. Mediante acuerdo de presidencia de once de mayo de dos mil veintiséis, se ordenó registrar con el número de expediente 72/2026 la denuncia de contradicción entre los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con el tema determinar si debe concederse o negarse la suspensión provisional atendiendo al interés social y orden público cuando se reclaman actos de investigación con motivo de la reapertura de la investigación derivada de la denuncia de responsabilidad administrativa y se requirió a las presidencias de los tribunales contendientes que informaran si estos subsistían; de igual forma se pidió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el informe sobre la existencia de alguna contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal en la que el tema a dilucidar guarde relación con el planteado en la presente contienda, y se turnó el asunto a la Magistrada Mayra Sandoval Mendoza.
3. Informes de los Tribunales Colegiados.
• Mediante oficio 7845/2026 de dieciocho de mayo de dos mil veintiséis, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito informó que su criterio se encuentra vigente.
• Mediante oficio 4333/2026 de trece de mayo de dos mil veintiséis, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito informó que su criterio se encuentra vigente.
• No obra en el expediente electrónico informe del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.
• Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En oficio CCST/X/304/05/2026 de veintiuno de mayo de dos mil veintiséis, informó que no hay contradicción de criterios radicada es ese Alto Tribunal relacionada con el tema en disputa.
4. Confirmación de turno. Por acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintiséis según constancia de autos.
5. Amicus curiae. No se hizo valer hasta la fecha en que se incluyó en la lista este asunto.
II. Competencia
6. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 38, primer párrafo, y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro;(1) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del (entonces) Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del (entonces) Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del extinto Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(4) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés,(5) por derivar de criterios sostenidos por Tribunales Colegiados pertenecientes al Cuarto Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional al tratarse de materia administrativa.
III. Legitimación
7. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente en la época de la denuncia, ya que se formuló por Jonathan Daniel Martínez de la Rosa, en su carácter de Consejero General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León,(6) recurrente en dos de los asuntos de los que derivaron los criterios señalados en la denuncia como contendientes –recursos de queja 601/2025 y 184/2026, de los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa, ambos del Cuarto Circuito, respectivamente–.
IV. Criterios denunciados
8. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al resolver el recurso de queja 601/2025, en sesión de trece de octubre de dos mil veinticinco.
9. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al fallar el recurso de queja 184/2026, en sesión de veintinueve de abril de dos mil veintiséis.
10. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al fallar el recurso de queja 164/2026, en sesión de veinte de abril de dos mil veintiséis.
11. No es óbice que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito no haya rendido el informe sobre la vigencia del criterio que sostuvo al resolver el recurso de queja 164/2026, pues de las constancias que obran en el expediente de esta contradicción, no se advierten elementos para estimar que ha sido abandonado o superado.
V. Existencia de la contradicción de criterios
12. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(7)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
13. En el caso, debe tenerse por existente la contradicción de criterios entre el emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 601/2025; con lo sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en la referida materia y circuito, al resolver el recurso de queja 184/2026 y el Tercer Tribunal Colegiado en la misma materia y del propio circuito al decidir el recurso de queja 164/2026, para lo cual se expondrán los hechos relativos al tema en donde se estima la existencia de la contradicción en estudio.
14. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito analizó un asunto con las siguientes características:
Hechos. Una persona física promovió juicio de amparo, en contra de los actos reclamados siguientes:
a) De la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, reclamo: la sentencia interlocutoria de catorce de enero de dos mil veinticinco, que declaró procedente el recurso de inconformidad número 1319/2024.
b) De la Coordinación de Investigación de la Secretaría de la Contraloría de Transparencia del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, reclamo: la inminente resolución administrativa que decrete la presunta comisión de una falta administrativa grave o no grave por parte de la quejosa, en virtud de lo resuelto por dicha Sala, en el recurso de inconformidad 1319/2024.
c) De dichas autoridades reclamó todos y cada uno de los efectos y consecuencias directas o indirectas, mediatas o inmediatas derivadas de los actos anteriormente señalados.
En la demanda de amparo se solicitó la suspensión provisional, en los términos siguientes:
La parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en el que se encuentran y no se ejecute el cumplimiento de la sentencia de catorce de enero de dos mil veinticinco que se dictó dentro del recurso de inconformidad 1319/2024, es decir, que no se emita un nuevo acuerdo por parte de la autoridad investigadora dentro del procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa, que tenga por objeto establecer la presunta comisión de una falta grave o no grave, hasta en tanto no se resuelva el presente juicio de amparo.
Juzgado de Distrito.
Admitió la demanda de amparo indirecto y ordenó la apertura del cuaderno incidental, en el que concedió la suspensión provisional para el efecto de que no se ejecute la resolución dictada en el recurso de inconformidad 1319/2024, en la parte que instruye dejar sin efectos el archivo y reabrir (reponer) la investigación, por lo que, se ordenó a la autoridad investigadora abstenerse de emitir un nuevo acuerdo de inicio, practicar diligencias o desplegar actuaciones que implementen la reposición (o la reapertura) mientras dure la medida, sin que ello impida conservar e integrar documentación meramente administrativa que no constituya ejecución de la reposición, y precisó que dicho efecto era provisional y reversible, no prejuzgaba sobre el fondo del asunto y se mantendría hasta que se resuelva la suspensión definitiva.
Inconforme con esta determinación, el Consejero General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, en representación de la Coordinación de Investigación de la Unidad Anticorrupción de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia de San Pedro Garza García, Nuevo León, interpuso recurso de queja.
15. Consideraciones del Tribunal Colegiado de Circuito.
Quinto. Estudio de los agravios. Los agravios planteados por la autoridad recurrente son inoperantes.
En el primer agravio la autoridad recurrente sostiene, en lo esencial, que el auto recurrido contraviene los numerales 128, fracción II y 150 de la Ley de Amparo, porque el otorgamiento de la suspensión le impide continuar con el procedimiento de investigación, el cual no debe ser paralizado por tratarse de una cuestión de orden público e interés social.
Señala que el segundo de los preceptos legales invocados establece que en los casos en los que la suspensión sea procedente por reunirse los requisitos que exige el primero de ellos, dicha medida deberá concederse de tal manera que no se impida la continuación del procedimiento que motivó el acto reclamado hasta que se dicte resolución firme, de ahí que el artículo 150 referido es categórico en disponer que la medida cautelar debe otorgarse sin suspender el procedimiento del cual deriva el acto reclamado.
Dice que como excepción a esa regla el legislador precisó que si la suspensión puede tener el efecto de "paralizar el procedimiento", debe atenderse a "si el daño que pudiera ocasionarse a la parte quejosa es irreparable o no", sin que el juzgado de distrito tomara en cuenta esta circunstancia.
Aduce que en la resolución interlocutoria de catorce de enero de dos mil veinticinco, se determinó que "la autoridad investigadora deberá dar inicio a la investigación correspondiente", por lo que, si la medida suspensional fue concedida para que no se ejecutara esa resolución, entonces se le impide ejercer sus facultades de investigación.
Afirma que los actos de investigación no causan un daño irreparable a la quejosa, ya que son de naturaleza indagatoria y preliminar, es decir, no implica una afectación definitiva porque su objetivo es recabar información y elementos de prueba sin determinar si existe o no responsabilidad administrativa en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, de ahí que el otorgamiento de la suspensión sí contraviene disposiciones de orden público e interés social y, por ende, es contrario a lo establecido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, pues, reitera, restringe sus facultades de investigación.
Concluye diciendo que, en todo caso, la suspensión debió ser concedida para efecto de que se continuara con la investigación y no se dictara resolución en la cual se fincara responsabilidad administrativa a la quejosa, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo en lo principal.
En apoyo a sus argumentos cita las tesis de jurisprudencia 1a./J. 84/2019 (10a.) y XV.4o. J/3 (10a.), de rubros: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE EL FISCAL SE ABSTENGA DE HACER DEL CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE CONTROL QUE EXISTEN DATOS DE PRUEBA SUFICIENTES EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN PARA QUE CELEBRE LA AUDIENCIA INICIAL." e "INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS MIEMBROS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. QUIEN ES SUJETO DE ÉSTA, CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SALVO QUE SE DECRETE LA SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE SUS LABORES."
El agravio es inoperante.
De la lectura integral del auto impugnado se advierte que para conceder la medida cautelar solicitada por la quejosa, el Juzgado de Distrito se sustentó en las siguientes consideraciones:
a) La presunción de certeza de los actos reclamados se encontraba acreditada con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad expresadas en su demanda de amparo, las cuales constituían una confesión expresa con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
b) El acto reclamado es de naturaleza positiva, dado que conlleva un hacer de la autoridad, por lo que sí es factible pronunciarse respecto a la medida cautelar.
c) El interés suspensional se demostró de manera presuntiva al haberse exhibido las documentales consistentes en instructivo de veintitrés de abril de la presente anualidad, del cual se advertía el auto dictado el catorce de enero de dos mil veinticinco dentro del recurso de inconformidad con número de expediente 1319/2024, las que, adminiculadas con las manifestaciones que la promovente efectúo, bajo protesta de decir verdad, gozaban de valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
d) Se encontraban satisfechos los requisitos exigidos por artículo 128 de la Ley de Amparo, porque:
• La medida cautelar es solicitada por el directamente agraviado.
• Sobre las nociones de orden público y el interés social, establecidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 266/2007-SS, en el caso, no se advertía que con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada se siguiera perjuicio al interés social, ni se contravinieran disposiciones de orden público, pues al tener como efecto que no se materialicen los efectos para los que se resolvió la resolución definitiva de catorce de enero de dos mil veinticinco dictada dentro del recurso de inconformidad 1319/2024 del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, tal circunstancia únicamente repercute en su esfera jurídica, por lo que con ello no se priva a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes, o se le infiere un daño.
En caso de que se permita continuar con la ejecución de dicha determinación, puede dejar irreparablemente consumado un daño o perjuicio al quejoso, en virtud que conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, contra la resolución que se dicte en inconformidad no procede recurso alguno, y que la resolución del recurso consistirá en confirmar la calificación o abstención, o dejarla sin efectos, por lo que la autoridad estará facultada para recalificar el acto u omisión, o bien ordenar se inicie el procedimiento correspondiente.
Por lo que, la suspensión podría concederse para el efecto de interrumpir los efectos de la resolución motivo de litis, ya que ello no tendría como consecuencia la paralización de un procedimiento, sino la suspensión de los efectos de la sentencia emitida por la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, respecto de un procedimiento que concluyó en su etapa de investigación, con el archivo del expediente (que en su caso, el recurso de inconformidad ordena reaperturar).
• El acto reclamado consistente en la ejecución de la resolución dictada en el recurso de inconformidad 1319/2024, mediante la cual se ordena a la autoridad investigadora dejar sin efectos el archivo y reabrir el procedimiento de investigación en materia de responsabilidades administrativas, implica la materialización de una reposición procesal que, de continuar, retrotrae etapas ya agotadas e impone al quejoso cargas procesales y probatorias nuevas.
• Si bien la regla general desalienta suspender procedimientos Administrativos en curso, excepcionalmente procede la suspensión cuando lo impugnado es la reposición ordenada por una resolución definitiva cuya ejecución, de no detenerse, consumaría un estado de cosas difícilmente reparable.
• La diferencia es sustantiva: aquí la medida no paraliza un trámite en abstracto, sino que difiere la efectividad de la orden de reapertura hasta que se verifique su constitucional en el fondo del amparo.
• Existe apariencia del buen derecho porque la determinación combatida, en lugar de permitir la continuidad natural del expediente, anula lo actuado y ordena volver a empezar, ese efecto regresivo –si se ejecuta– vaciaría de contenido la eventual concesión del amparo, al imponer al quejoso cargas y consecuencias que, aun si después se declaran inconstitucionales, habrán operado y lo habrán gravado indebidamente.
• Se advierte el peligro en la demora, pues la autoridad investigadora, al ejecutar la reposición, puede emitir nuevo acuerdo de inicio, ordenar diligencias y reconstruir etapas, con lo cual la reposición quedaría consumada en sus efectos prácticos, aun cuando más tarde se decretaran insubsistencias, ello no revertiría plenamente el desgaste probatorio, reputacional y material ya causado, ni el costo operativo para las partes y la propia administración.
• La medida fortalece el orden público y el interés social, al asegurar que las investigaciones solo se reabran cuando la resolución que lo ordena resista el control constitucional; luego, el interés de la colectividad es que los procedimientos se conduzcan con regularidad y que no se rehagan etapas de manera inútil o inválida, la tutela cautelar preserva precisamente esa regularidad.
• La medida preserva la materia del juicio y es plenamente reversible, porque si el amparo se niega, la autoridad ejecutará la reposición en sus términos; si se concede, se habrá evitado el dispendio y el perjuicio de rehacer etapas indebidamente, entonces, la suspensión no decide sobre la validez de la resolución del recurso de inconformidad; únicamente pospone sus efectos ejecutivos hasta que exista un pronunciamiento definitivo.
Para no agotar la materia, el alcance de la suspensión se acota a impedir que la autoridad investigadora ejecute la reposición ordenada, no debe emitir nuevo acuerdo de inicio, ni practicar diligencias de investigación que deriven de la reapertura, ni dictar actos que implementen la reposición; pero sí puede conservar e integrar documentación estrictamente administrativa, siempre que ello no implique reponer fases procesales.
Este encuadre evita contradicciones con la regla general de no suspender procedimientos administrativos, porque la tutela cautelar no se dirige a la paralización del procedimiento en abstracto, sino a la suspensión de los efectos ejecutivos de una resolución definitiva que ordena reponer.
• Es procedente el otorgamiento de la suspensión como excepción a la regla general que no permite paralizar los procedimientos administrativos, porque aquí –distinción del caso respecto de la analogía– el acto impugnado es la ejecución de una resolución que ordena reponer etapas procesales; concederla no afecta el orden público ni el interés social, preserva la materia del juicio y evita perjuicios de difícil reparación, mediante efectos interinos, reversibles y precisos que únicamente impiden la reapertura hasta que se resuelva lo que en derecho corresponda.
Para sustentar sus argumentos, el Juzgado de Distrito citó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 21/2011 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE LOS JUICIOS EN QUE SE DECRETA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO."
Ahora bien, se sostiene la inoperancia de lo alegado por la autoridad recurrente en su primer agravio, pues como es fácil advertir parte de la premisa de que el otorgamiento de la suspensión contraviene el artículo 150 de la Ley de Amparo, en la medida de que le impide continuar con el procedimiento de investigación, el cual no debe ser paralizado por tratarse de una cuestión de orden público e interés social.
Sin embargo, el juzgado constitucional fue enfático en señalar que si bien por regla general el otorgamiento de la suspensión es improcedente cuando implique la paralización de un procedimiento administrativo (en trámite), en el caso operaba una excepción a esa regla, porque la resolución reclamada no implicaba la paralización de dicho procedimiento sino la materialización de una "reposición procesal", es decir, en el auto recurrido se partió del supuesto de que el procedimiento de investigación ya había concluido con el archivo del expediente, de tal suerte que la resolución dictada en el recurso de inconformidad ordenaba su reinicio, lo que implicaba, desde la óptica del juzgado de distrito, una reposición del procedimiento, sin que la inconforme cuestione ni siquiera con la causa de pedir la apreciación hecha por el juzgador federal ni la aplicabilidad de la jurisprudencia 1a./J. 21/2011 (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE LOS JUICIOS EN QUE SE DECRETA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO."
Más aún, la autoridad recurrente no controvierte las consideraciones con las que el juzgado de distrito respaldó su conclusión.
En efecto, no explica de manera razonada por qué, en oposición a lo resuelto en el auto impugnado, el otorgamiento de la medida no repercute únicamente en la esfera jurídica de la quejosa y sí se priva a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes, o sí se le infiere un daño; el procedimiento administrativo de origen no concluyó en su etapa de investigación con el archivo del expediente ni el recurso de inconformidad ordena su reapertura; el acto reclamado no ordenó reabrir el procedimiento de investigación ni implica la materialización de una reposición procesal; y, la resolución reclamada no anula lo actuado ni ordena volver a empezar y sí permite la continuidad natural del expediente.
Por lo contrario, la recurrente se limita a señalar que, en el caso, el procedimiento está en curso, por lo que no puede ser paralizado en términos del numeral 150 de la Ley de Amparo; sin embargo, como se ha dicho, el juzgado constitucional destacó que no operaba esa hipótesis.
Además, la autoridad tampoco cuestiona las argumentaciones del juzgado federal relacionadas con las consecuencias que, desde su perspectiva, producía el acto reclamado, como, por ejemplo, retrotraer etapas ya agotadas e imponer a la quejosa cargas procesales y probatorias nuevas; y, que con su ejecución quedaría consumada la "reposición" de manera que aun cuando más adelante se decretara su insubsistencia, no se revertiría plenamente el desgaste probatorio, reputacional y material ya causado, ni el costo operativo para las partes y la propia administración.
En ese contexto, al no controvertirse las consideraciones que sustentan el auto impugnado, al margen de que sean correctas o no, deben seguir rigiendo su sentido por falta de impugnación.
Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 3a. 30 (registro digital 207328) de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS." (se transcribe).
También es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 188/2009 (registro digital 166031), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN." (se transcribe).
En otro aspecto, en su segundo agravio, la autoridad disidente señala, en lo medular, que la suspensión se otorgó respecto de actos tendentes a cumplir una sentencia ejecutoriada.
El motivo de agravio es inoperante.
Esa calificativa estriba en que la autoridad recurrente sustenta su planteamiento en la hipótesis de que la resolución reclamada se encuentra firme, es decir, constituye cosa juzgada y, por ende, no puede ser objeto de impugnación por los medios ordinarios o extraordinarios de defensa, lo que no es así, pues, precisamente, la promoción del juicio de amparo indirecto, como medio extraordinario de defensa, revela el interés de la quejosa en que se decrete su insubsistencia, lo que le permite paralizar su ejecución a través de la figura jurídica de la suspensión que regula la Ley de Amparo.
De esta manera, si el agravio de la recurrente se sustenta en una premisa falsa debe desestimarse.
Sirve de apoyo, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.) (registro digital 2001825), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS." (se transcribe).
Por otro lado, no asiste razón a la autoridad recurrente cuando afirma que con la solicitud de la suspensión, la quejosa pretende evitar el cumplimiento de la resolución dictada el catorce de enero de dos mil veinticinco, por la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, en el recurso de inconformidad 1319/2024, siendo que la sociedad está interesada en que no se entorpezca la observancia de los fallos que establece la verdad legal, de ahí que la concesión de la medida sí vulnera el interés social; y, que no es factible considerar que el interés de la quejosa en impedir la ejecución de una sentencia dictada en su contra sea más importante que el interés de la comunidad en investigar los posibles actos de corrupción ocurridos en las administraciones de los municipios que habitan, pues de ser así se privilegiaría el interés particular sobre el colectivo.
En efecto, si bien debe considerarse de orden público el que se sigan los procedimientos previstos en las leyes, también es verdad que el juzgador debe vigilar que dichos procedimientos se sigan con el propósito y objetivo para el cual fueron implementados.
Ahora bien, en el caso, de la resolución de catorce de enero de dos mil veinticinco, dictada por la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, en el recurso de inconformidad 1319/2024, se obtiene que el objeto de dicho medio de impugnación fue el acuerdo de veinte de mayo de dos mil veinticuatro, mediante el cual se desechó el escrito de denuncia presentado por (...), con la consecuente orden de archivar y dar por concluido el asunto.
La referida Sala destacó que en dicha denuncia, (...) expresó que el quince abril (de dos mil veinticuatro) el comité de adquisici
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34175-e0e4d685/suspension-provisional-en-amparo-indirecto-procedencia-y-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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