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Modo: Corpus Pro

DERECHOS POR SERVICIOS REGISTRALES. LAS RAZONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RELATIVA A LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 254/2023 DE LA EXTINTA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, NO SON APLICABLES PARA ANALIZAR LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN I, DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS DE CHIHUAHUA, CUANDO SE CUESTIONA LA RELACIÓN ENTRE LA CUOTA Y EL COSTO DEL SERVICIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 106/2026. · Registro digital (IUS): 34329
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-10-23
Promovente: Entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado y el Segundo Tribunal Colegiado, ambos del Décimo Séptimo Circuito.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Octubre de 2026.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 106/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 3 DE SEPTIEMBRE DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MAYRA SANDOVAL MENDOZA, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MÓNICA SALOMA PALACIOS. PONENTE: MAYRA SANDOVAL MENDOZA. SECRETARIO: ÓSCAR JAIME CARRILLO MACIEL.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al tres de septiembre de dos mil veintiséis, emite la siguiente sentencia:

I. Antecedentes

1. Presentación de la denuncia. Por oficio 116/2026/ACT/2TC recibido vía interconexión el veintitrés de junio de dos mil veintiséis en este pleno, las personas titulares integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito denunciaron la posible contradicción de criterios.

2. Criterios denunciados. La posible contradicción de criterios se denunció entre el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 358/2025, en sesión de nueve de abril de dos mil veintiséis y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito al fallar el amparo en revisión 380/2025, en sesión de diez de junio de dos mil veintiséis.

3. Radicación en el pleno regional. Por acuerdo de presidencia de veinticinco de junio de dos mil veintiséis, se radicó el asunto con el número de expediente 106/2026, con el tema: “determinar si cuando se reclama la inconstitucionalidad de los decretos LXVIII/APLIE/0169/2024 y LXVII/EXLEY/0107/2021 —en la parte en que establecen derechos registrales, específicamente el artículo 29, fracción I, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, y el artículo primero, en relación con el punto 4.3.2.3 del apartado de derechos de la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua—, resulta aplicable la jurisprudencia 2A./J. 57/2024 (11A.), derivada de la contradicción de criterios 254/2023, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, y se requirió a los tribunales colegiados cuyos criterios se denunciaron que informaran si estos subsistían; de igual forma se pidió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación su informe sobre la existencia de alguna contradicción radicada en ese Alto Tribunal en la que el tema a dilucidar guarde relación con el planteado en la presente contienda y se turnó el expediente para su estudio a la ponencia de la Magistrada Mayra Sandoval Mendoza.

4. Informes. Los informes solicitados en el auto de radicación de la contradicción se recibieron de la siguiente manera:

• El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, por oficio 8430/2026 de primero de julio de dos mil veintiséis, informó que su criterio sigue vigente.

• El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Séptimo Circuito, por oficio 7319/2026 de veintinueve de junio de dos mil veintiséis, informó que su criterio sigue vigente.

• En oficio CCST/X/417/07/2026 de siete de julio de dos mil veintiséis, el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que no hay contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal relacionada con el tema en disputa.

5. Confirmación de turno. Por acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintiséis, según constancia de autos.

6. Amicus curiae. No se hizo valer hasta la fecha en que se incluyó en la lista este asunto.

II. Competencia

7. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 38, primer párrafo, y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro;(1) así como lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) en los artículos 6, fracción I, 7, 9, y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(4) publicados en el mismo medio oficial de difusión el trece y dieciséis de enero y el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés,(5) respectivamente, por derivar de criterios sostenidos por los tribunales colegiados Primero y Segundo ambos del Décimo Séptimo Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional al ser materia administrativa.

III. Legitimación

8. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente al momento de la denuncia, al haber sido formulada por las personas magistradas integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito.

IV. Criterios denunciados

9. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 358/2025.

10. Una persona física promovió demanda de amparo indirecto en contra de la discusión, aprobación y expedición de los decretos LXVIII/APLIE/0169/2024 I.P.O (que contiene la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua, específicamente respecto del artículo primero en relación con el apartado de derechos 4.3. y 4.3.2.3.) y LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O (en la parte que se reformó la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, específicamente el artículo 29 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X y XXVI) con motivo de su primer acto de aplicación.

11. Por turno correspondió conocer del asunto al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien lo registró con el número de expediente 559/2025 y seguido el trámite correspondiente el diecinueve de mayo de dos mil veinticinco celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia en la que determinó, sobreseer por una parte (respecto de las fracciones II, III, IV, V, VI, VII, X y XXVI del artículo 29, reclamado al no acreditar interés jurídico o legítimo) y amparar por otra (únicamente respecto del numeral 29, fracciones I y IX, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua y artículo primero, apartado 4.3.2.3 de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés).

12. Inconforme con dicha determinación el Consultor Jurídico adscrito al Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Estado, en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua interpuso recurso de revisión que por razón de turno le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, quien lo registró con el número de toca 385/2025.

13. El tribunal colegiado resolvió el asunto con base en las siguientes consideraciones:

SEXTO. Causal de improcedencia advertida de oficio.

Este órgano colegiado advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto de la fracción IX del artículo 29 de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, la cual debe ser analizada de manera oficiosa por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 62 y 93, fracción III, de la Ley de Amparo.

Con el objeto de dar sustento a la anterior, es importante mencionar que de los artículo 5, 6 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo; lo que implica que únicamente las personas que se ubiquen en los supuestos de la norma tendrán legitimación para promover el juicio de amparo, ya sea porque les asiste interés jurídico o legítimo.

En ese sentido, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la autoridad que lo emite, la parte quejosa debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello, el cual no puede inferirse con base en presunciones.

En la especie, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso acudió a impugnar diversas fracciones del artículo 29 de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, entre ellas la IX, con motivo de su primer acto de aplicación, esto es, con el carácter de heteroaplicativos; lo que significa que adujo una afectación a su interés jurídico, no legítimo ni simple; por ende, para acreditar una afectación al mismo, que lo legitime para impugnar esa disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, resultaba necesario que comprobara —como se anotó anteriormente—, de manera fehaciente, que a través de dicho acto la referida hipótesis normativa se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio, lo cual no puede derivarse de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de amparo o en los diversos documentos presentados durante la tramitación del juicio sino, en todo caso, del contenido del supuesto acto de aplicación.

Orienta al respecto, en lo conducente, la tesis de 2a./J. 43/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 191786, que establece: “LEYES TRIBUTARIAS. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE SUS HIPÓTESIS NORMATIVAS Y LA CONSECUENTE AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO, SE PUEDE ACREDITAR CON LA RESPECTIVA DECLARACIÓN DE PAGO, SI LOS RESULTADOS PLASMADOS EN ELLA SE SUSTENTAN INDEFECTIBLEMENTE EN LO PREVISTO EN AQUÉLLAS” (se transcribe)

Ahora, de la factura que anexó a su demanda, expedida por el Gobierno del Estado de Chihuahua, relativa a la operación (...), de trece de mayo de dos mil veinticinco, la cual goza de eficacia probatoria en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en el apartado correspondiente a la descripción del pago se asentó lo siguiente: (se inserta tabla).

Lo que resulta relevante, porque los conceptos descritos no encuadra en lo previsto en la fracción IX del artículo 29 de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, sino en los supuestos contemplados en las diversas fracciones I y X de dicho precepto, como se muestra a continuación: (se transcribe)

Luego, si la citada factura no revela la aplicación de la diversa fracción IX del aludido artículo 29, como injustificadamente lo consideró el juzgado de distrito; entonces, es indudable que respecto de dicha porción normativa se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.

En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio respecto de la fracción IX del artículo 29 de la Ley Estatal de Derecho de Chihuahua, y adicionarlo al establecido en el resolutivo primero de la sentencia impugnada.

Es aplicable al respecto la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 240499, de rubro y contenido siguientes: “LEYES HETEROAPLICATIVAS, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LAS” (se transcribe)

Séptimo. Estudio de los agravios.

I. Consideraciones previas.

Previo a emitir algún pronunciamiento en torno a los agravios, es necesario precisar que en este recurso no es dable suplir su deficiencia, ya que quien acude a impugnar lo hace en representación de los intereses de una autoridad señalada como responsable en el juicio de amparo de origen; por lo que, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo, se impone examinarlos a la luz del principio de estricto derecho.

Orienta al respecto, por las razones que informa, la tesis P. CXLVII/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación con el registro digital 191122, de rubro y texto siguientes:

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. NO OPERA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE RESPECTO DE LOS FORMULADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CONTRA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO QUE DETERMINÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, AUN CUANDO EXISTA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE DECLARE SU CONSTITUCIONALIDAD” (se transcribe)

Asimismo, es importante mencionar que los motivos de inconformidad serán analizados de manera conjunta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Amparo, ya que se refieren a un mismo tema.

II. Antecedentes de la resolución impugnada.

Para mejor comprensión del asunto, es importante relacionar algunos antecedentes que destacan del expediente de amparo, a saber:

1. (...), por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso y de la Gobernadora del Estado de Chihuahua, de quienes reclamó la aprobación, expedición y promulgación del Decreto LXVIII/APLIE/0169/2024 I P.O., que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, concretamente su artículo Primero, apartados 4.3 y 4.3.2.3; así como del diverso Decreto LXVII/EXLEY/0107/2021 I.P.O., por el que se expidió la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, específicamente su artículo 29, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X y XXVI.

En su demanda, el quejoso señaló como primer acto de aplicación de las normas impugnadas, el pago efectuado el siete de mayo de dos mil veinticinco, ante la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, por un monto de (...), moneda nacional, correspondiente al cobro de derechos registrales; argumentando que transgredía sus derechos consagrados en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por contravenir los principios de justicia tributaria.

2. El Congreso del Estado de Chihuahua omitió rendir su informe justificado; lo que motivó que se presumiera la existencia de los actos que se le atribuyeron.

3. Por otra parte, el Ejecutivo estatal señaló —en su informe justificado— que la fracción I del artículo 29 de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, no viola los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, debido a que su texto se ajusta a los criterios que en torno a dichos principios ha establecido la (extinta) Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a que tratándose del pago de derechos las cuotas deben ser fijas y aplicarse de manera uniforme a todos los beneficiarios de los mismos servicios.

Asimismo, precisó que la aludida Segunda Sala estableció que la inscripción de actos idénticos a los previstos en la porción normativa impugnada implica una mayor complejidad, al involucrar la adquisición, transmisión, modificación o extinción de derechos sobre bienes inmuebles; tal como quedó reflejado —dijo— en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 57/2024 (11a.), localizable en el Semanario Judicial de la Federación con el registro digital 2029471, de rubro: “DERECHOS. LA CUOTA POR INSCRIPCIÓN O REGISTRO DE TÍTULOS ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE DURANGO NO VIOLA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD”.

4. El diecinueve de mayo de dos mil veinticinco, el juzgado de distrito celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia, en la cual decretó el sobreseimiento respecto de las fracciones II, III, IV, V, VI, VII, X y XXVI del artículo 29 de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, y del artículo décimo tercero de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco; así como por la promulgación de los decretos combatidos.

No obstante, concedió la protección de la Justicia Federal por cuanto hace al artículo 29, fracciones I y IX, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, por considerar que dicha norma transgrede el principio de proporcionalidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Consideraciones sustentadas en la sentencia recurrida.

Para arribar a la conclusión previamente señalada, esto es, para conceder la tutela constitucional, el a quo expuso, en esencia, que:

a) El artículo 38 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, establece que “Derechos: Son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes fiscales respectivas.

También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado”.

b) Como lo expuso la parte quejosa, las normas impugnadas violan el derecho de proporcionalidad tributaria porque la cuota o precio cobrado es incongruente con el costo que para el Estado tiene la prestación del servicio atinente a la inscripción registral, la cual implica la concreta obligación de inscribir o registrar en las actas y libros los movimientos relacionados con los bienes inmuebles respectivos; en el caso en particular, la inscripción o registro de títulos, ya sea de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier otra naturaleza por virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, lo que, por su naturaleza, no es más que un acto instantáneo al agotarse en el propio acto en que se efectúa sin prolongarse en el tiempo.

c) Con relación al tema de derechos por servicios, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que tratándose de los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, previstos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, al grado de resultar interdependientes, puesto que esa contribución tiene como hecho generador, precisamente, la prestación del servicio.

d) Para tener por satisfechos los requisitos de proporcionalidad y equidad, es necesaria la existencia de un “razonable equilibrio” entre la cuota y la prestación, y otorgarse un mismo trato fiscal a quienes reciben igual servicio, para lo cual se debe tener en cuenta, ordinariamente, el costo que para el Estado representa la ejecución de ese servicio; sin dejar de lado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que no es indispensable que la correspondencia entre ambos términos deba entenderse como en derecho privado, esto es, que el precio corresponda exactamente al valor de aquel, ya que los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares.

e) En lo atinente al principio de proporcionalidad en materia de derechos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cuando se reclame la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, alegando para ello violación al principio de proporcionalidad tributaria, específicamente porque se considere que el monto por el servicio recibido es muy superior al costo que tiene en el mercado, como en el caso en particular, no basta sólo alegarlo para que el juzgador de amparo haga un estudio de mercado a fin de determinar el costo promedio del servicio, al no ser esto último acorde con la función jurisdiccional; por tanto, inicialmente le corresponde al quejoso aportar los elementos, datos o pruebas, que sustenten sus argumentos, ya que estos servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo.

Sin embargo —dijo—, ello no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, por lo que, a partir de las pruebas aportadas por la parte quejosa le corresponderá la carga de desvirtuar lo afirmado por ésta, ya sea a través de su informe justificado o de los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en el precepto tildado de inconstitucional cumple con los principios que le rigen.

f) En el particular, era posible tomar en cuenta la pericial contable desahogada en el expediente 1090/2016, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua, ya que constituye un hecho notorio por haberse desahogado en dicho juicio de amparo y estar capturado en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes (SISE), el cual merecía pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; suficiente para tener por satisfecha la carga atribuida al quejoso respecto de la demostración inicial de los hechos, específicamente que el costo del servicio es desproporcional e injustificadamente elevado.

g) Debido a que el particular cumplió con la carga que se le impuso, le correspondía al Estado desvirtuar las probanzas ofrecidas por aquél y acreditar la razonabilidad del costo que se proponía cobrar, a fin de acreditar la constitucionalidad de la norma impugnada. No obstante, incumplió con dicho débito.

h) Ya que no existe obligación de llevar un registro que proporcione información respecto del costo exacto que le genera al Estado la prestación de un servicio público concreto, la única forma en que es posible medirlo, para poder individualizarlo, es mediante parámetros de razonabilidad, relacionados con el tipo del servicio y las actividades que se desarrollan para prestarlo.

i) Por tanto, era necesario que la autoridad responsable en forma motivada expusiera los parámetros de razonabilidad que permitieran analizar la eventual justificación constitucional del costo de prestar el servicio y, desde luego, que ofreciera las probanzas que considerara pertinentes para desvirtuar lo alegado por el solicitante del amparo. Lo cual no hizo.

j) El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, estableció que para cumplir con la carga probatoria de demostrar la inconstitucionalidad de un derecho por violar el principio de proporcionalidad, no es necesario que en todos los casos la parte quejosa ofrezca pruebas o indicios distintos del propio texto de la ley, como serían otras relacionadas con el costo del servicio, ya que es posible que del propio texto se desprenda información que por su claridad y sentido, acompañada de una debida argumentación, baste para acreditar tal extremo, siempre y cuando ésta se encuentre soportada en datos duros o información precisa obtenida a través de ejercicios como el consistente en el análisis comparativo de los derechos previstos en supuestos análogos, de la evolución de la norma, de datos arrojados por otros cuerpos normativos de naturaleza presupuestal, financiera o estadística, entre otros.

k) A la luz de esos criterios, resultaba fundado lo alegado por la quejosa, en el sentido de que el cuerpo normativo reclamado evidenciaba, al menos de forma indiciaria, la desproporcionalidad entre el cobro y el servicio prestado por inscripciones ante el Registro Público de la Propiedad, ya que:

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Chihuahua, el procedimiento para realizar una inscripción en el Registro Público de la Propiedad no representa una alta complejidad, ni requiere de elementos técnicos de ejecución complicada o especializada; por lo que, correlacionado con el monto del cobro arroja un indicio de desproporcionalidad entre el cobro y el servicio prestado.

2. Si de la prueba aportada por la parte quejosa se advierten parámetros según los cuales el cobro del derecho sería injustificadamente mayor al gasto generado por la prestación del servicio de registro, y la autoridad responsable no la desvirtuó; entonces, se podía concluir que no se demostró que en el artículo 29, fracción I, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, existe un razonable equilibrio entre la cuota de 167.3734 Unidades de Medida y Actualización, que establece para el cobro de la inscripción registral y el costo que para el estado representa la prestación de ese servicio.

l) Lo que resultaba suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal y declarar la inconstitucionalidad de las normas reclamadas.

m) Al resolver la contradicción de criterios 254/2023, la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizó la distinción realizada por el legislador de las cuotas que deben de pagar las personas por derechos de inscripción y demás servicios en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Durango, y estableció que la inscripción o registro de títulos, ya sea de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier otra naturaleza por virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, sí genera una complejidad mayor al resto de los supuestos previstos en el citado numeral, debido a que la inscripción de un acto jurídico de esa naturaleza implica un mayor estudio, de conformidad a lo previsto en los artículos 2888 al 2900 del Código Civil del Estado de Durango, y 28 al 36 de la Ley Reglamentaria del Registro Público de la Propiedad del Estado de Durango, de los cuales se desprendía que no se trataba simplemente de sólo un acto físico de anotar, sino que conlleva la verificación de aspectos determinados, específicos, cualitativos, cuantitativos y precisos en relación con las diferentes variables que puedan presentarse en un título para su inscripción.

Lo que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 57/2024 (11a.), con registro digital 2029471, de título: “DERECHOS. LA CUOTA POR INSCRIPCIÓN O REGISTRO DE TÍTULOS ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE DURANGO NO VIOLA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD”.

n) Sin embargo, pese a que dicho criterio era obligatorio para el Estado de Durango, no resultaba aplicable al caso concreto, ya que en dicha ejecutoria se analizó de manera detallada el procedimiento y legislación de esa entidad federativa, pero no partió de la premisa, como en el asunto en particular, que existe información pública en las páginas del Estado de Chihuahua, que reflejan una desproporción entre el costo que representa para el Estado la prestación del servicio y el ingreso que obtiene por ese rubro, la cual es desproporcional. Máxime, que en el Estado de Chihuahua ya existe jurisprudencia temática.

ñ) Si bien el procedimiento establecido en el Estado de Durango es similar al previsto en Chihuahua, lo que pudiera llevar a advertir la complejidad que conlleva la inscripción o registro de títulos, públicos o privados por virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles; lo cierto es, que la Segunda Sala no analizó la desproporcionalidad entre la cuota establecida en el numeral impugnado y el servicio que presta el Estado, es decir, la correlación entre la inversión que realiza para prestar ese servicio y el monto que capta por el mismo, pues únicamente se avocó a los actos que conllevan la verificación de aspectos determinados, específicos, cualitativos, cuantitativos y precisos en relación con las diferentes variables que puedan presentarse en un título para su inscripción.

o) Aunado a que lo que combatió la quejosa fue la desproporción entre el monto que le representa para el Estado la prestación de ese servicio y la cantidad que capta por el mismo, pues de la información proporcionada por la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia del sistema electrónico INFOMEX1CHIHUAHUA, mediante solicitud folio (...), la cual constituye un hecho notorio, se desprende que el ingreso total devengado por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, para dos mil veintitrés, fue de $472,599,338.19 (cuatrocientos setenta y dos millones quinientos noventa y nueve mil trescientos treinta y ocho pesos 19/100), moneda nacional, y del Decreto LXVIII/APPEE/0171/2024 I P.O., que contiene el Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, se advierte que por los servicios registrales de la propiedad y del notariado se gastará la cantidad de $92,351.644 (noventa y dos millones trescientos cincuenta y un mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos), mientras que la ley de ingresos para el mismo ejercicio fiscal arroja una r

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34329-d6e73ba5/derechos-por-servicios-registrales-las-razones-contenidas-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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