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COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF). ANTES DE LA REFORMA A LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, PUBLICADA EL 24 DE ENERO DE 2024, YA CONTABA CON FACULTADES PARA REGULAR LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS DE SUS ACTOS, POR LO QUE LA DISPOSICIÓN EN MATERIA DE REGISTROS ANTE ELLA Y SU ACUERDO MODIFICATORIO NO VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY Y DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 98/2026. · Registro digital (IUS): 34381
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-11-06
Promovente: Entre los sustentados por el Cuarto y el Décimo Noveno Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Noviembre de 2026.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 98/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL CUARTO Y EL DÉCIMO NOVENO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MAYRA SANDOVAL MENDOZA, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MÓNICA SALOMA PALACIOS. PONENTE: VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA. SECRETARIO: ALEJANDRO LUCERO DE LA ROSA.

Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión del día diez de septiembre de dos mil veintiséis, y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO. Denuncia de contradicción. Por oficio recibido el dieciséis de junio de dos mil veintiséis en este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, la magistrada adscrita a la Primera Sala Especializada en Materia Ambiental y Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre el Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 30/2026 y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el amparo directo 113/2025, del cual derivó la tesis I.4o.A.49 A (11ª.), de rubro: “DISPOSICIONES GENERALES EMITIDAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF). LAS EMITIDAS PARA REGULAR LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY Y DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA (NORMATIVA VIGENTE HASTA EL 24 DE ENERO DE 2024).”(1)

2. El tema de la posible contradicción de criterios, de conformidad con la denuncia formulada, consiste en: “determinar si con anterioridad a la reforma publicada el veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la CONDUSEF contaba con facultades jurídicas suficientes para emitir disposiciones administrativas de carácter general destinadas a regular el sistema de notificaciones electrónicas, a partir de las atribuciones de organización, funcionamiento y desarrollo normativo conferidas a dicho organismo, o bien, si por el contrario, la ausencia de una habilitación legal expresa le impedía el ejercicio de tales facultades, por contravenirse los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica?.

3. SEGUNDO. Radicación, admisión, requerimiento y turno provisional. Por acuerdo de presidencia de dieciocho de junio de dos mil veintiséis se radicó el expediente, el cual se registró con el número de contradicción de criterios 98/2026. En la misma actuación se requirió a los tribunales colegiados contendientes que informaran si los criterios en contradicción seguían vigentes o no, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.

4. De igual forma, se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que rindiera el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante el alto tribunal, relacionada con la temática a dilucidar, la cual de manera preliminar se precisó en los siguientes términos: “DETERMINAR SI CON ANTERIORIDAD A LA REFORMA PUBLICADA EL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO A LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, LA CONDUSEF CONTABA CON FACULTADES JURÍDICAS SUFICIENTES PARA EMITIR DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL DESTINADAS A REGULAR EL SISTEMA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS, A PARTIR DE LAS ATRIBUCIONES DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO NORMATIVO CONFERIDAS AL ORGANISMO, O SI, POR EL CONTRARIO, LA AUSENCIA DE UNA HABILITACIÓN LEGAL EXPRESA LE IMPEDÍA EL EJERCICIO DE TALES FACULTADES, POR CONTRAVENIR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE RESERVA DE LEY Y SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA”

5. Asimismo, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito y se turnó el asunto a la ponencia de la magistrada Virginia Pétriz Herrera para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite e integración del expediente.

6. TERCERO. Ampliación de denuncia. Por auto de veintiséis de junio de dos mil veintiséis, el Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, rindió el informe mediante el cual hizo del conocimiento que el criterio sustentado en el amparo directo administrativo 30/2026 se encuentra vigente, precisando que en esa resolución no realizó pronunciamiento alguno respecto al tema a dilucidar en la presente contradicción; sin embargo, mencionó que en el diverso amparo directo 329/2025, se abordó expresamente dicha problemática. En consecuencia, se dio vista a la autoridad denunciante, a efecto de que manifestara si era su deseo adicionar como criterio contendiente la referida ejecutoria.

7. En ese sentido, por auto de tres de julio de dos mil veintiséis se tuvo a la magistrada adscrita a la Primera Sala Especializada en Materia Ambiental y Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ampliando su denuncia de contradicción de criterios, por lo que hace al criterio contenido en la sentencia que resolvió el amparo directo 329/2025, del índice del Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a quien se le requirió para que informara si dicho criterio se encontraba vigente; o en su caso, las causas para tenerlo por superado o abandonado.

8. CUARTO. Informe. Mediante proveído de catorce de julio de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el informe solicitado por parte del Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el sentido de que el criterio sustentado en el amparo directo 329/2025 continúa vigente, al no haber emitido alguno en sentido contrario.

9. QUINTO. Informe de la Dirección General de Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y confirmación de turno. Por auto de trece de julio de dos mil veintiséis, se tuvo a la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar guardara relación con la temática del presente asunto.

10. Confirmación de turno. Por acuerdo de catorce de julio de dos mil veintiséis, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa y se reiteró la orden de turno del expediente virtual a la magistrada Virginia Pétriz Herrera, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo, con fundamento en el artículo 41, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.(2)

11. Cabe precisar que, no obstante que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito no rindió el informe requerido respecto del amparo directo 113/2025 de su índice, de la consulta realizada por este Pleno Regional al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que el recurso de referencia fue vinculado al expediente electrónico de la presente contradicción de criterios, lo cual constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2º; sin que exista elemento probatorio alguno que indique que el referido órgano jurisdiccional ha cambiado de criterio.(3)

12. SEXTO. Amicus curiae. Por acuerdo de presidencia de veintiuno de agosto de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido un escrito firmado por quien se ostenta como representante de la persona moral denominada **********, Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, mediante el cual realizó diversas manifestaciones de derecho en relación con la materia de la presente contradicción, a través de la figura del amicus curiae; mismas que se tienen por formuladas y son tomadas en cuenta por este órgano jurisdiccional, debiendo el promoverse estarse al sentido del fallo.

13. Lista del asunto. La presente contradicción de criterios se incluyó en la lista de asuntos para ser resueltos en sesión de veinticuatro de agosto de dos mil veintiséis, fecha en la cual se dejó el asunto en lista para ser visto en una sesión posterior.

C O N S I D E R A N D O:

14. PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(4) 1, fracción III; 39, fracción I, así como los numerales primero, séptimo y décimo noveno transitorios de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro;(5) 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(6) así como lo establecido en los diversos numerales 6°, fracción I, 7°, 9°, 10, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del extinto Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales;(7) 1º, fracción I, punto 2, y 2º del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del antes Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia y jurisdicción territorial,(8) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, y reformados mediante el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés.

15. El presente asunto se ubica en los supuestos de las normas invocadas, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, los cuales se encuentran dentro de la demarcación territorial y respecto de la especialidad sobre la que este Pleno ejerce jurisdicción para unificar criterios.

16. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por la Magistrada Instructora adscrita a la Primera Ponencia de la Primera Sala Especializada en Materia Ambiental y Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien fungió como autoridad responsable en el juicio de amparo directo 30/2026, del índice del Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en que se dictó una de las resoluciones denunciadas en contradicción;, esto es, fue parte en dicho asunto; lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(9)

17. TERCERO. Criterios denunciados. Previo a determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, si se emite o no pronunciamiento respecto del fondo para unificar los criterios, se estima necesario preciar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados de Circuito para emitirlas.

A. Ejecutoria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo administrativo 113/2025, en sesión de treinta de abril de dos mil veinticinco.

18. Antecedentes. Juicio de nulidad. Por escrito presentado el dos de julio de dos mil veinticuatro en la Oficialía de Partes de la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación, una persona moral promovió juicio contencioso administrativo contra los actos y autoridades siguientes:

“II. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE SE IMPUGNA

Las resoluciones de imposición de sanción de carácter administrativo, que a continuación se señalan:

Ver cuadro 1

Lo anterior, siendo que las referidas resoluciones, resultan completamente desconocidas por quien promueve el presente juicio, no sólo por lo que hace al contenido y origen de las mismas, sino también por lo que respecta a su notificación.

II. AUTORIDADES DEMANDADAS

a) Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), autoridad presuntivamente emisora de las resoluciones impugnadas.

b) La Dirección General de Verificación y Sanciones emisora de las resoluciones que desconozco...”

19. En la demanda de nulidad, la actora manifestó desconocer el contenido de las resoluciones sancionatorias impugnadas, así como de sus notificaciones.

20. Resolución del juicio de nulidad. Conoció del asunto la Primera Ponencia de la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien por auto de nueve de julio de dos mil veinticuatro admitió a trámite la demanda en la vía sumaria, y tuvo como autoridad demandada a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF por sus siglas).

21. Una vez cerrada la instrucción, el treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro, la magistrada instructora dictó sentencia, en el sentido de sobreseer en el juicio de nulidad al considerar que la demanda se promovió de forma notoriamente extemporánea.

22. Amparo Directo. Inconforme, la actora promovió juicio de amparo directo, del que tocó conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuya presidencia, en proveído de veintinueve de enero de dos mil veinticinco, lo admitió y ordenó su registro con el número de expediente D.A. 113/2025.

23. Sentencia. En sesión celebrada el treinta de abril de dos mil veinticinco, dicho órgano colegiado concedió el amparo. En lo que atañe al tema materia de la presente contradicción, expuso las siguientes consideraciones:

“6.4 Estudio de los conceptos de violación

Por cuestión de método y atento a las facultades que otorga el artículo 76 de la Ley de Amparo, los argumentos se estudiarán temáticamente, sin que ello cause algún perjuicio a la parte quejosa, al resolverse todos los puntos en controversia. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o.C.J/30412, de rubro: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO.’

I. Planteamiento de inconstitucionalidad (principios de reserva de ley y subordinación jerárquica)

Las jurisprudencias 2a./J. 152/2002 y 2a./J. 53/2005, disponen que, para realizar un estudio de constitucionalidad en amparo directo deberán satisfacerse los requisitos siguientes:

1) Se haya aplicado la norma controvertida;

2) Cause perjuicio directo y actual a la esfera jurídica del quejoso y se formulen conceptos de violación; y,

3) Se trate del primer acto de aplicación, o uno posterior, distinto de las aplicaciones que realice la autoridad jurisdiccional durante el procedimiento natural, siempre que no exista consentimiento, por aplicaciones anteriores a la emisión de la resolución o acto impugnado en el juicio contencioso administrativo.

En una parte de los conceptos de violación, la parte quejosa aduce que el artículo 28 de la Disposición en Materia de Registros ante la CONDUSEF, vulnera los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica.

El artículo 28 de la Disposición en Materia de Registros ante la CONDUSEF, se aplicó en el acto reclamado en el considerando tercero con la finalidad de sostener la legalidad de las constancias de las notificaciones electrónicas a través de las cuales se notificaron las multas impugnadas.

Causa perjuicio a la esfera jurídica de la parte quejosa porque la autoridad responsable señaló que las constancias de notificación de las resoluciones impugnadas fueron legales al cumplir con los requisitos previstos en dicho numeral sin que la fecha y hora de apertura del documento sea un requisito incluido en la legislación vigente en la época en que se llevó a cabo la diligencia, las cuales acataron las disposiciones que emite la CONDUSEF quien se encuentra habilitada para expedir dichas disposiciones de carácter general —a decir del instructor— con base en el artículo 11, fracciones XXXIV, XXXV, XLI, XLIII, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, así como 92 Bis 1 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

No se advierte que exista consentimiento en su aplicación, pues se formulan conceptos de violación encaminados a demostrar su inconstitucionalidad, al señalarse que su contenido atenta contra los principios reserva de ley y subordinación jerárquica.

En la parte conducente de sus conceptos de violación la parte quejosa refiere, en esencia, que el instructor señaló, erróneamente, que el artículo 11, fracciones XXXIV y XXXV, de la Ley de Protección y Defensa a Usuario de Servicios Financieros, faculta a la CONDUSEF para emitir la regulación de carácter general a la cual se sujetarán las instituciones financieras; en cambio, es el artículo 7 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, el precepto que regula lo relativo a la práctica de notificaciones efectuadas por la CONDUSEF, el cual se reformó hasta el veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro, con motivo del ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas leyes financieras en matera de procedimiento administrativo’ que, hasta ese momento, habilitó de forma específica a la CONDUSEF a emitir disposiciones de carácter general en lo relativo a la práctica de notificaciones electrónicas, por lo que el artículo 28, fracción I, de la Disposición en Materia de Registros ante la CONDUSEF, reformado mediante el acuerdo por el que se modifican los Anexos I, II y IV de la Disposición en materia de registros ante la CONDUSEF, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, al haberse emitido con anterioridad a dicha cláusula habilitante, vulnera los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica.

De lo narrado, se advierte que la litis a dilucidar consiste en determinar si:

¿Las disposiciones generales emitidas por el Presidente de la CONDUSEF con la finalidad de regular la práctica de las notificaciones electrónicas para dar a conocer los actos dictados por dicha Comisión —como son i) la ‘DISPOSICIÓN en Materia de Registros ante la CONDUSEF’ publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de octubre de dos mil veintidós y ii) el ‘ACUERDO por el que se modifican los Anexos I, II y IV de la Disposición en materia de registros ante la CONDUSEF’ publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés—, transgreden los principios de supremacía de ley y de subordinación jerárquica?

Los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica imponen límites a la facultad reglamentaria del Presidente de la República. El primero, alude a que el reglamento o, en su caso, disposiciones de igual o menor jerarquía normativa, no aborden materias reservadas en exclusiva a las leyes del Congreso de la Unión y, el segundo, exige que el reglamento o las citadas disposiciones normativas estén precedidas por una ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente o pormenorice y en las que encuentre su justificación y medida sin que pueda contrariarlas. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de rubro: ‘FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN’.

En la jurisprudencia P./J. 30/20072, de rubro “FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES” el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el principio de reserva de ley consiste en que un precepto constitucional reserva expresamente a la ley la regulación de una determinada materia, por lo que excluye la posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean abordados por disposiciones de naturaleza distinta; mientras que, el diverso principio de subordinación jerárquica se traduce en que la disposición reglamentaria, al tratarse de un ordenamiento de rango inferior, no puede regular aspectos no previstos o respecto de los cuales no se haga remisión en la ley, ni puede modificar o alterar su contenido, por tener como límite las disposiciones que reglamenta.

Con relación a la facultad de la CONDUSEF para emitir disposiciones generales con la finalidad de regular la práctica de las notificaciones electrónicas para dar a conocer sus actos, es pertinente resaltar los siguientes puntos:

• El catorce de octubre de dos mil veintidós, el Presidente de la CONDUSEF emitió la ‘DISPOSICIÓN en Materia de Registros ante la CONDUSEF’ publicada en el Diario Oficial de la Federación, en cuya parte considerativa, entre otros aspectos, precisó que su actuar se sustentó con base en la facultad conferida en el artículo 26, fracción VIII de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros dada la importancia de incorporar en un solo documento las obligaciones de las Instituciones Financieras en materia de registros ante la CONDUSEF.

• En la Disposición precisada en el punto que antecede se plasmaron disposiciones generales emitidas por el Presidente de la CONDUSEF, entre otras, con la finalidad de regular la práctica de las notificaciones electrónicas para dar a conocer los actos de la Comisión, lo cual se refleja en su artículo 28, cuya redacción integral establecía:

“Artículo 28. Las Notificaciones Electrónicas se efectuarán conforme a lo siguiente:

I. La CONDUSEF generará un Acuse de Recibo Electrónico, en el que conste el nombre del documento objeto de la notificación y de sus anexos, el número de folio o expediente, número de oficio, el tipo de proceso, la Unidad que notifica, fecha y hora de la notificación, el tamaño y formato electrónico de los documentos, el día y hora de la apertura del documento, así como el nombre de la Institución Financiera objeto de la notificación;

II. Los Registros y sistemas harán constar la fecha y hora hábil en que se efectúe la Notificación Electrónica; y

III. Se tendrá como legalmente practicada la notificación cuando los Registros o sistemas generen el Acuse de Recibo Electrónico respectivo.

Las Notificaciones Electrónicas realizadas por CONDUSEF, se regirán por las formalidades seguidas en el artículo 35, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 321 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Las Notificaciones Electrónicas relacionadas con el procedimiento sancionador que se realicen en términos de la Ley de Instituciones de Crédito, se regirán por las formalidades previstas en dicho ordenamiento.

Asimismo, el procedimiento sancionador, derivado de los procesos de los Registros RECA, RECO, por lo que hace al registro de Comisiones, y REDECO se regirán por las formalidades de los artículos 134, 135, 136 y 140 del Código Fiscal de la Federación, en términos del artículo 27 de la LTOSF y surtirán efectos al día hábil siguiente en que fueron hechas y los plazos comenzarán a correr al día siguiente en que surta efectos.”

El propósito del Presidente de la CONDUSEF para que, en la ‘DISPOSICIÓN en Materia de Registros ante la CONDUSEF’ se establecieran los parámetros de operación y funcionamiento de las notificaciones electrónicas se corrobora de la lectura del artículo 1°, fracción VI de la Disposición, que establece:

‘Artículo 1.- La presente Disposición tiene por objeto

(...)

VI. Determinar la operación y funcionamiento de las Notificaciones Electrónicas (SINE) y de la Gestión Electrónica (SIGE); y...’

En esa medida, la redacción del artículo 28, de la Disposición en cita, tuvo la siguiente modificación:

Ver modificación

• La Disposición de referencia y el acuerdo de mérito fueron emitidos en el marco de la vigencia de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, con última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de marzo de dos mil dieciocho.

Dicha normativa, facultaba al Presidente de la CONDUSEF para solicitar la aprobación de la Junta para todas las disposiciones de carácter general que estimara pertinentes —artículo 26, fracción VIII—; sin embargo, contemplaba normativa específica relativa a la práctica de notificaciones efectuadas por la CONDUSEF, en términos de su artículo 7, que establecía:

‘ARTÍCULO 7o.- Para efecto de las notificaciones de los actos administrativos que emita la Comisión Nacional, a falta de norma que provea un procedimiento específico, se aplicará lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Esta disposición no será aplicable a las notificaciones y resoluciones dictadas dentro del procedimiento de arbitraje seguido conforme a lo previsto en esta Ley’.

Los puntos resaltados desprenden que el Presidente de la CONDUSEF emitió i) la ‘DISPOSICIÓN en Materia de Registros ante la CONDUSEF’ publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de octubre de dos mil veintidós y ii) el ‘ACUERDO por el que se modifican los Anexos I, II y IV de la Disposición en materia de registros ante la CONDUSEF’ publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, con el objeto de —entre otros— establecer los parámetros de operación y funcionamiento de las notificaciones electrónicas.

Ello, cuando se encontraba vigente la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, con última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de marzo de dos mil dieciocho, la cual establecía, específicamente, determinado proceder con relación a la práctica de las notificaciones de los actos administrativos que emitiera la CONDUSEF, en el sentido de que, respecto de las notificaciones de los actos administrativos que emitiera la CONDUSEF, a falta de norma que proveyera un procedimiento específico, se aplicaría lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

No obstante, el Presidente de la CONDUSEF al emitir i) la ‘DISPOSICIÓN en Materia de Registros ante la CONDUSEF’ aludidas y ii) el ‘ACUERDO por el que se modifican los Anexos I, II y IV de la Disposición en materia de registros ante la CONDUSEF’ de referencia, introdujo disposiciones de carácter general en lo relativo a la práctica de notificaciones electrónicas de los actos administrativos que emitiera dicha Comisión.

Es cierto que el Presidente de la CONDUSEF emitió la Disposición y acuerdo relativos con base en la facultad conferida en el artículo 26, fracción VIII, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros —que alude a solicitar la aprobación de la Junta para todas las disposiciones de carácter general que crea pertinentes—; sin embargo, no debe soslayarse que la ley de referencia —en ese momento aplicable— contemplaba reglas específicas para que la CONDUSEF practicara las notificaciones de sus actos, las cuales no concedían a la CONDUSEF la atribución de expedir disposiciones de carácter general necesarias para practicar las notificaciones correspondientes, sino que la CONDUSEF, a falta de norma que proveyera un procedimiento específico, debía aplicar lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

En esa medida, el Presidente de la CONDUSEF al emitir i) la ‘DISPOSICIÓN en Materia de Registros ante la CONDUSEF’ publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de octubre de dos mil veintidós y ii) el ‘ACUERDO por el que se modifican los Anexos I, II y IV de la Disposición en materia de registros ante la CONDUSEF’ publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, con el objeto de —entre otros— establecer los parámetros de operación y funcionamiento de las notificaciones electrónicas, derogó lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, con última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de marzo de dos mil dieciocho, que al momento de emitir las disposiciones de observancia general de mérito, se encontraba vigente.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver por unanimidad de votos la contradicción de tesis **********, en sesión de seis de agosto de dos mil cuatro, explicó que las disposiciones de observancia general son actos materialmente legislativos cuyo dictado encuentra fundamento en una cláusula habilitante prevista en una ley o en un reglamento al tenor de la cual una autoridad diversa al Presidente de la República es dotada de la atribución para emitir disposiciones generales cuya finalidad es pormenorizar lo previsto en una ley o en un reglamento,

Las reglas generales administrativas se ubican por debajo de las leyes del Congreso de la Unión y de los reglamentos del Presidente de la República. Son emitidas por autoridades administrativas diversas al titular del Ejecutivo Federal con base en una disposición de observancia general formalmente legislativa o formalmente reglamentaria que contiene una cláusula habilitante que, a su vez, se sustent

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34381-799bb7c0/comision-nacional-para-la-proteccion-y-defensa-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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