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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN. MONTO DE LA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES SOBRE CONTROVERSIAS DE ARRENDAMIENTO QUE CONTENGAN CANTIDAD LÍQUIDA O DE FÁCIL CUANTIFICACIÓN Y CONDENA A PRESTACIONES DE TRACTO SUCESIVO POR VENCER.

Tipo de asunto: QUEJA 114/2020. · Registro digital (IUS): 29790
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2021-05-14
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo III, Pág. 2334.

QUEJA 114/2020. 10 DE DICIEMBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GONZALO HERNÁNDEZ CERVANTES. SECRETARIO: SALVADOR PAHUA RAMOS.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—El recurrente afirma, como primer agravio, que la Sala responsable omite realizar la certificación a que se refiere el artículo 178 de la Ley de Amparo, además, que le causa agravio que no ha emplazado al juicio de amparo directo a la tercero interesada **********, ni ha remitido el informe justificado ante el Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil, como lo dispone el artículo citado.

Este agravio es infundado.

Esto es así, pues de la demanda de amparo directo promovida por **********, contra el acto reclamado consistente en la sentencia de diez de marzo de dos mil veinte (del cual se concedió la suspensión del auto recurrido en este recurso de queja), correspondió conocer a este Tribunal Colegiado, el que la registró con el número DC. 406/2020 y de cuyo expediente físico y electrónico, se aprecia que la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México realizó lo siguiente:

• Rindió su informe justificado; (foja 3 del cuaderno de amparo)

• Realizó la certificación al pie de la demanda, la fecha (sic) de notificación al quejoso de la resolución reclamada, la de su presentación y los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas; e, (foja 13 del cuaderno de amparo)

• Informó que no fue posible emplazar a la tercero interesada **********, por tanto, dio vista al quejoso para que en un término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera, por consiguiente, por escrito presentado el nueve de septiembre del año en curso, el inconforme proporcionó un posible domicilio para emplazar a la tercero interesada ubicado en la ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos; en consecuencia, se ordenó enviar atento exhorto al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, para que por su conducto se sirviera ordenar al Juez competente de esa jurisdicción donde se encuentra el domicilio de la buscada y se realizara la diligencia ordenada, requiriendo al quejoso para que en un término de tres días, compareciera a recibir el exhorto referido y en un término de seis días, lo exhibiera debidamente tramitado. En comparecencia de cinco de octubre del presente año **********, autorizado del quejoso, recibió el original y copia del exhorto para presentarlo ante la autoridad exhortada.

En auto de quince de octubre de dos mil veinte, este Tribunal Colegiado requirió a la Sala responsable para que en el término de cinco días contados a partir de su legal notificación, remitiera el emplazamiento realizado a la tercero interesada, o bien, informara la imposibilidad que tuviera para hacerlo.

Mediante oficio 3153, la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México reiteró que se tuvo al quejoso exhibiendo la minuta sellada del oficio 2715, relativo al exhorto presentado ante la autoridad en el Estado de Morelos para llevar a cabo la diligencia de emplazamiento y comunicó que, una vez que se reciba la constancia respectiva, se remitiría en forma inmediata.

De lo anterior, se aprecia que la Sala responsable sí rindió su informe justificado, realizó la certificación al pie de la demanda y comunicó las diligencias que ha realizado para emplazar a la tercero interesada, por lo que, contrario a lo que refiere el quejoso, la autoridad responsable, como auxiliar de la Justicia Federal, dio trámite a la demanda de amparo; por tanto, no incumplió lo previsto en el artículo 178 de la Ley de Amparo; de ahí que deba desestimarse la inconformidad respectiva.

En el segundo agravio se plantean diversos argumentos, los que se estudian de manera conjunta por estar estrechamente relacionados y por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo, en los cuales se alega, sustancialmente que:

El auto recurrido le causa perjuicio, porque le concede la suspensión del acto reclamado sin fundar ni motivar debidamente el auto de veintiséis de agosto de dos mil veinte, en razón de que omite mencionar lo establecido en los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo; además de que no invocó jurisprudencia o tesis alguna para fijarle la garantía que debe otorgar para que surta efectos la suspensión que le concedió respecto del acto reclamado, a pesar de que se trata de una condena en cantidad líquida.

Precisa que la autoridad responsable no da cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo, pues no argumenta por qué puede ocasionarse daño o perjuicio a la tercero interesada, además de que no precisa bajo qué argumento la cantidad que le fijó es bastante para reparar el daño e indemnizar de los perjuicios a la tercero interesada, así como por qué debe exhibirla dentro de cinco días, para que la medida cautelar concedida siga surtiendo sus efectos.

Son infundados los motivos de disenso.

Se dice que son infundados, porque contrario a lo que aduce, la Sala responsable, para fijar el monto de la garantía que debe exhibir el quejoso, aquí recurrente, por la suspensión del acto reclamado, legalmente tomó en consideración las cantidades líquidas a las que fue condenado en la sentencia definitiva emitida en los autos del juicio de arrendamiento inmobiliario promovido por **********, en contra de éste, por el tiempo probable que tardará en pronunciarse la resolución del juicio constitucional.

En principio, debe establecerse el contenido de los artículos 132 y 190 de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo que sigue:

"Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo.

"Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía.

"La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos."

"Artículo 190. La autoridad responsable decidirá, en el plazo de veinticuatro horas a partir de la solicitud, sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad.

"Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia.

"Son aplicables a la suspensión en amparo directo, salvo el caso de la materia penal, los artículos 125, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 154 y 156 de esta ley."

De una interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos se advierte que la garantía que se fija para la eficacia de la suspensión decretada en un juicio de amparo directo, sólo debe garantizar las consecuencias derivadas del otorgamiento de esa medida, esto es, los daños y perjuicios que se puedan causar al tercero interesado, por no encontrarse en aptitud de incorporar, durante la vigencia de la suspensión, los derechos que le confiere la sentencia reclamada, lo que genera que los daños y perjuicios no se asimilen al monto total del numerario que se integraría al patrimonio del tercero interesado, dado que dicha medida cautelar no incide en el derecho de fondo al pago de las prestaciones, sino a la suma que correspondería al rendimiento que legalmente produciría tal prestación durante ese lapso.

Ahora bien, tratándose de controversias de arrendamiento, en las que las prestaciones, por regla general, son periódicas y de tracto sucesivo, es menester precisar que la suspensión de la ejecución de la sentencia definitiva incide en la no materialización de dos tipos de derechos:

1. La no obtención de las cantidades líquidas objeto de la condena que ya están precisadas en la sentencia definitiva, así como la imposibilidad de liquidación de las rentas liquidables en el periodo acaecido entre la sentencia de primer grado y la que la confirma en la segunda instancia; y,

2. La no obtención de las rentas que se generen, si el inquilino sigue en el inmueble, en tanto dure el juicio de amparo promovido en contra de la sentencia de segundo grado.

Esto es, en caso de decretarse la suspensión de la ejecución de dicha sentencia tratándose de arrendamiento inmobiliario, el beneficiado no podrá obtener la cantidad fijada como líquida en el fallo definitivo –acto reclamado– ni proceder al cobro de las cantidades fácilmente cuantificables, ni cobrar las rentas subsecuentes, lo que debe tomarse en consideración para fijar el monto de la garantía al concederse la suspensión solicitada.

En ese contexto, si la sentencia contiene cantidad cierta y líquida o de fácil cuantificación, este tipo de derechos que son fácilmente cuantificables con simples operaciones aritméticas, constituyen las bases para fijar los posibles daños y perjuicios derivados de la suspensión durante el lapso de seis meses, tiempo probable de duración del juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 183 de la Ley de Amparo, que establece que el Tribunal Colegiado deberá resolver el juicio de amparo directo dentro de los noventa días siguientes, los cuales se computan en días hábiles de conformidad con el artículo 22 de la citada ley.

Cabe precisar, que en cuanto al tiempo probable de duración del juicio de amparo directo para fijar el monto de la garantía para que surta efectos la suspensión del acto reclamado, este Tribunal Colegiado en la jurisprudencia I.9o.C. J/2 (10a.), ha sostenido que a efecto de fijar la garantía que deberá otorgar el quejoso, debe atenderse a los diversos plazos señalados para el trámite y el dictado de la resolución respectiva, contenidos en los artículos 177, 178, 179, 181 y 183 de la Ley de Amparo, por lo que el plazo de seis meses es un término general que debe atenderse para fijar la garantía y que siga surtiendo efectos la suspensión concedida.

Dicho criterio se encuentra visible en la página 2755 del Libro 43, Tomo IV, junio de 2017 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro digital: 2014598 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 23 de junio de 2017 a las 10:29 horas», que es del tenor siguiente:

"SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO. PLAZO PROBABLE EN QUE DEBERÁ RESOLVERSE PARA FIJAR LA GARANTÍA CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE. Cuando el juicio de amparo de donde deriva el recurso de queja, se tramita en términos de la Ley de Amparo vigente, para establecer el plazo probable en que habrá de resolverse, a efecto de fijar la garantía que deberá otorgar el quejoso por la suspensión del acto reclamado, debe atenderse a los diversos plazos señalados para el trámite y el dictado de la resolución respectiva, que son: cinco días para el trámite ante la autoridad responsable (artículo 178), tres días para la admisión de la demanda (artículo 179), quince días para alegar o promover amparo adhesivo (artículo 181), tres días para turnar el expediente (artículo 183), éstos en cuanto al trámite, y para el pronunciamiento de la sentencia noventa días siguientes al auto de turno que hará las veces de citación para sentencia, de conformidad con el mencionado artículo 183, aclarando que todos los términos se deben computar en días hábiles (artículo 22). Así, por regla general y en atención a los plazos que la ley establece para el trámite del juicio de amparo en la vía directa, la suma de éstos, arroja la cantidad de 116 días hábiles, que divididos entre los días hábiles del mes calendario que en términos generales son 22 días por mes, dan un aproximado de cinco meses, plazo al que se le debe agregar un mes más, pues es un hecho notorio que existen cuestiones extraordinarias que generalmente se suscitan en el trámite, como puede ser, a manera de ejemplo, el retardo en el emplazamiento al tercero interesado derivado de la falta de localización, o la necesidad de emplazarlo mediante exhorto, o el hecho de que tenga que prevenirse al promovente del amparo en términos del artículo 177, por lo que el plazo de seis meses es un término general que debe atenderse para fijar la garantía y siga surtiendo efectos la suspensión concedida; en la inteligencia de que con motivo del establecimiento en la Ley de Amparo vigente, de los plazos tanto para tramitar, como para resolver el juicio de amparo directo, se supera el criterio basado en el cálculo que se establecía de conformidad con las cargas de trabajo que tuvieran los órganos jurisdiccionales en donde se tramitaba el juicio correspondiente, que se encuentra contenido en la jurisprudencia por contradicción número 1a./J. 46/2012, que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI, Tomo 1, agosto de 2012, página 363, de rubro: ‘GARANTÍA PARA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO INDIRECTO. PLAZO TENTATIVO PARA EL CÁLCULO DEL TIEMPO DE DURACIÓN DEL JUICIO CUANDO SEA NECESARIO PARA FIJAR EL MONTO DE LA CAUCIÓN.’."

Ahora bien, la garantía para que surta efectos la suspensión del acto reclamado deberá estar referida a dos conceptos:

• Daños:

Entendido como el menoscabo en el patrimonio por el incumplimiento de la obligación; lo constituye la pérdida del poder adquisitivo o depreciación del monto que esté determinado en cantidad líquida o fácilmente liquidable.

• Perjuicios:

Es el interés que como ganancia lícita generan las cantidades líquidas o fácilmente liquidables, así como el monto de las rentas que como ganancia lícita se causen en el tiempo que dure el amparo.

Conforme a lo anterior, en el caso deben tomarse en cuenta las prestaciones a las que fue condenado el enjuiciado, aquí inconforme, cuyo conocimiento se obtiene de las constancias remitidas por la autoridad responsable con su informe materia de la queja, de las cuales se advierte que el peticionario del amparo reclama la sentencia de diez de marzo de dos mil veinte, emitida en el toca 203/2020, en la que se confirmó la sentencia definitiva de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en la que se le condenó a pagar las rentas adeudadas a partir del mes de agosto de dos mil dieciocho, a razón de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.), más las que se sigan generando hasta la entrega del bien inmueble arrendado.

Ahora bien, desde la fecha en que se le condenó al inconforme a pagar las rentas adeudadas, esto es, agosto de dos mil dieciocho, hasta la fecha que constituye el acto reclamado en el amparo directo –diez de marzo de dos mil veinte– transcurrieron veinte meses, los que multiplicados por la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.), que equivale a la renta mensual del inmueble materia de la litis, se obtiene que al momento de la sentencia objeto del juicio de amparo, el inconforme adeuda una cantidad de $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 M.N.).

Por otra parte, como la probable duración del juicio de amparo directo es de seis meses y no de tres como lo consideró la Sala responsable, entonces debe ponderarse que en esos seis meses se seguirán generando rentas.

En consecuencia, por la naturaleza del caso, los daños se calcularán a partir de la depreciación que en seis meses pudiera tener la cantidad de $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 M.N.), y los perjuicios corresponderán a los intereses que de esa cantidad pudieran generarse, más las mensualidades rentísticas que se generen en ese lapso de interrupción de no llegarse a conceder el amparo solicitado.

Al respecto es aplicable, en lo conducente, la tesis I.9o.C.142 C, sustentada por este Tribunal Colegiado, visible en la página 2827 del Tomo XXVII, enero de 2008, materia civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro digital: 170433, que a letra dice:

"SUSPENSIÓN. MONTO DE LA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES SOBRE CONTROVERSIAS DE ARRENDAMIENTO QUE CONTENGAN CANTIDAD LÍQUIDA, O DE FÁCIL LIQUIDACIÓN, Y CONDENA A PRESTACIONES DE TRACTO SUCESIVO, POR VENCER. Atendiendo a los criterios establecidos en la jurisprudencia sentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO. PARA QUE SURTA EFECTOS LA CAUCIÓN, SU MONTO DEBE RESPONDER ÚNICAMENTE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN CAUSARSE AL TERCERO PERJUDICADO CON ESA MEDIDA.’, y en la tesis aislada de la Segunda Sala de ese Alto Tribunal, de rubro: ‘SUSPENSIÓN EN AMPARO. EL MONTO DE LA CAUCIÓN QUE SE FIJA AL QUEJOSO PARA QUE SURTA EFECTOS, DEBE RESPONDER ÚNICAMENTE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUEDEN CAUSARSE AL TERCERO PERJUDICADO COMO CONSECUENCIA JURÍDICA DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO.’, la caución que se fija para la eficacia de la suspensión decretada en un juicio de amparo directo, sólo debe garantizar las consecuencias derivadas del otorgamiento de esa medida, esto es, los daños y perjuicios que se puedan causar al tercero perjudicado, por no encontrarse en aptitud de incorporar, durante la vigencia de la suspensión, los derechos que le confiere el acto reclamado, y que los daños y perjuicios no se asimilan al monto total del numerario que se integraría al patrimonio del tercero perjudicado, dado que la suspensión no incide en el derecho de fondo al pago de esas prestaciones, sino a la suma que correspondería al rendimiento que, legalmente, produciría tal prestación durante ese lapso. Ahora bien, tratándose de controversias de arrendamiento, en las que las prestaciones, por regla general, son periódicas y de tracto sucesivo, es menester precisar que la falta de posesión del inmueble, en perjuicio del demandante, deriva, en principio, de la causa generadora del litigio natural; sin embargo, una vez dictada la sentencia, el conflicto se resuelve y si la resolución es favorable, se está en aptitud de recuperar dicha posesión y obtener el pago de las rentas vencidas; en esas condiciones, en caso de decretarse la suspensión de la ejecución de dicha sentencia, el accionante no podrá obtener la posesión del inmueble en disputa, ni proceder al cobro de las cantidades líquidas o liquidables, habida cuenta que la medida cautelar decretada impide promover la ejecución de esa determinación. En ese contexto, si la sentencia contiene cantidad cierta o de fácil cuantificación, como sería el caso de rentas vencidas, en que su monto podría establecerse desde el incumplimiento hasta la fecha de emisión del acto reclamado, los posibles daños y perjuicios derivados de la suspensión corresponderán, por cada concepto, al interés legal que se cauce al quejoso por el otorgamiento de la medida, durante el lapso de seis meses, tiempo probable de duración del juicio de amparo, pues como ya se estableció, la medida cautelar no incide en las prestaciones ya obtenidas, pues ese aspecto no es materia de estudio en la resolución suspensional. En cambio, respecto de las prestaciones que aún no se generan, pero que se seguirán produciendo por la posesión del bien, cuya entrega precisamente habrá de impedirse temporalmente con motivo de la suspensión, la garantía por concepto de daños, deberá estar referida a las cantidades que se dejen de percibir por concepto de rentas durante el periodo de resolución del juicio de amparo; y como perjuicios, los intereses legales que se originen durante el propio periodo, pues, la falta de disposición del bien, y por tanto el ingreso patrimonial referido, será en razón de la suspensión del acto reclamado."

Ahora bien, el inconforme sustancialmente se queja de que el importe de $24,540.00 (veinticuatro mil quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), que se le exigió como garantía para que siguiera surtiendo efectos la suspensión concedida es excesivo, lo cual, como se verá a continuación es infundado.

En efecto, cabe señalar que la Sala responsable, para cuantificar los daños y perjuicios que podría resentir la tercero interesada con la suspensión del acto reclamado solicitada por el inconforme, debió basarse en los lineamientos establecidos en la tesis de jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no así en los intereses legales a que hace referencia el artículo 2395 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, pero lo cierto es que de atender a la misma, daría una cantidad mayor a la fijada por aquélla.

Lo anterior, porque siguiendo los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 42/2014, que dio origen a la jurisprudencia antes referida, se advierte que para fijar el monto de la garantía al concederse la suspensión en el juicio de amparo, cuando el objeto de la suspensión es impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor de la tercero interesada, por concepto de los posibles daños, debe tomarse como referencia el porcentaje inflacionario por el tiempo probable de duración del juicio, lo que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación.

Por su parte, por lo que hace a la cuantificación de los perjuicios, se indicó que son las ganancias lícitas que el tercero obtendría de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo que dure el juicio de amparo, lo que equivale al rendimiento que produciría esa cantidad conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, siendo el parámetro la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de veintiocho días, publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Dicho criterio se encuentra visible en la página 5 del Libro 14, Tomo I, enero de 2015 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro digital: 2008219 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 16 de enero de 2015 a las 9:00 horas», que a la letra dice:

"DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA. Los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado; en tal contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, para calcular los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación."

Así, aplicando lo anterior al caso concreto, se debe considerar que tratándose de los daños, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, índice general, desde la fecha en que el quejoso está obligado a pagar la renta vencida (agosto de dos mil dieciocho), hasta la fecha en que se dictó el acto reclamado (diez de marzo de dos mil veinte), fijado mensualmente, fue de 0.32% (cero punto treinta y dos por ciento),(2) el que multiplicado por seis meses da un total de 1.92% (uno punto noventa y dos por ciento) de depreciación, el que multiplicado por $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 M.N.), da un total de $3,072.00 (tres mil setenta y dos pesos 00/100 M.N.), por concepto de daños que con motivo de la suspensión podrían ocasionarse a la tercero interesada.

En cuanto a los perjuicios, si la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a veintiocho días, publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, al diez de marzo de dos mil veinte, fecha en que dictó el acto reclamado en el amparo directo, era de 7.2275% (siete punto dos mil doscientos setenta y cinco por ciento),(3) y esa tasa es anualizada, se observa que si se divide entre dos (porque el tiempo probable del amparo son seis meses), la tasa aplicable es del 3.61375% (tres punto sesenta y un mil trescientos setenta y cinco por ciento), el que se multiplica por $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 M.N.), lo que da un total de $5,782.00 (cinco mil setecientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), que por concepto de perjuicios podrían ocasionarse a la tercero interesada con motivo de la suspensión concedida.

Ahora bien, como la ganancia lícita en el caso, también es el importe de la renta de los siguientes seis meses y ésta se obtiene de multiplicar la renta mensual del inmueble materia de la litis a razón de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.) por seis meses como tiempo probable en que se resolverá el juicio de amparo, da un total de $48,000.00 (cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.).

De manera que sumadas las cantidades anteriormente calculadas arroja un total de $56,854.00 (cincuenta y seis mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), que por concepto de daños y perjuicios debió exhibir el quejoso como monto de la garantía por la suspensión del acto reclamado solicitado, lo cual, es mayor a la fijada por Sala responsable.

Sin embargo, no es factible modificar la resolución recurrida, porque de atender al cálculo que debe realizarse de conformidad con los lineamientos establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para fijar los daños y perjuicios que pudiera ocasionarse a la tercero interesada la suspensión del acto reclamado, se actuaría en perjuicio de los intereses del quejoso, aquí recurrente.

Por otro lado, es infundado lo demás alegado con relación a que la Sala responsable omitió señalar por qué debe exhibir la garantía fijada, dentro del plazo de cinco días, para que siga surtiendo efectos la suspensión del acto reclamado.

Ello, porque si bien la Sala responsable no explicó el motivo por el cual debe exhibir la garantía fijada dentro del plazo de cinco días siguientes al que surta sus efectos la notificación del proveído recurrido, también lo es que la Sala responsable realizó ese argumento con base en lo previsto en el artículo 136 de la Ley de Amparo, el cual prevé que los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada.

Razones por las cuales, se estiman infundados los agravios esgrimidos por el inconforme.

Consecuentemente, al ser infundados los agravios y toda vez que no se aprecia que exista queja deficiente que suplir, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, procede declarar infundado el presente recurso de queja.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.—Es infundado el recurso de queja interpuesto por **********, por propio derecho, contra el auto de veintiséis de agosto de dos mil veinte, dictado por la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el cuaderno de amparo derivado del toca 203/2020, mediante el cual fijó una garantía para que surtiera efectos la suspensión de la ejecución del acto reclamado.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los legajos en copias certificadas a la autoridad que los envió y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Gonzalo Hernández Cervantes, Ana María Serrano Oseguera y la licenciada Emma Rivera Contreras, secretaria de este Tribunal autorizada mediante oficio CCJ/ST/2872/2020, para desempeñar las funciones de Magistrada de Circuito, por el Consejo de la Judicatura Federal, hasta en tanto la Comisión de Carrera Judicial lo determine o el Pleno del Consejo adscriba Magistrado que integre este tribunal, siendo presidente y ponente el primero de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 3, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: La sentencia relativa a la contradicción de tesis 42/2014 citada en esta ejecutoria, aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, Tomo I, febrero de 2015, página 5, con número de registro digital: 25503.

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2. https://www.inegi.org.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29790-aeb5aaf8/suspension-monto-de-la-garantia-tratandose-de-resoluciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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