SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR LOS POSIBLES DAÑOS QUE PUDIERAN GENERARSE CON SU OTORGAMIENTO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONTIENE CONDENA LÍQUIDA, LA VARIACIÓN INFLACIONARIA BASE PARA CALCULAR SU MONTO DEBE OBTENERSE DE LA VARIACIÓN DEL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC) DEL NÚMERO DE MESES ANTERIORES A LA FECHA EN QUE SE FIJA, EQUIVALENTES A LOS QUE EL JUZGADOR CALCULA TARDARÁ LA TRAMITACIÓN DEL AMPARO [INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 71/2014 (10a.)].
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 7/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 30 DE AGOSTO DE 2022. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN MANUEL ARREDONDO ELÍAS, SAMUEL ALBERTO VILLANUEVA OROZCO, UBALDO GARCÍA ARMAS, ALMA ROSA DÍAZ MORA, PAULINO LÓPEZ MILLÁN Y JESÚS ANTONIO SEPÚLVEDA CASTRO (PRESIDENTE). PONENTE: SAMUEL ALBERTO VILLANUEVA OROZCO. SECRETARIA: LAURA ICAZBALCETA VARGAS.
Zapopan, Jalisco. Resolución del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, emitida en la sesión de treinta de agosto de dos mil veintidós.
VISTA, para resolver, la contradicción de criterios 7/2022; y,
RESULTANDO
PRIMERO.—Denuncia de contradicción de criterios. Mediante escrito presentado el dieciséis de marzo del año en curso, el presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Tercer Circuito denunció la posible contradicción entre el criterio sustentado por dicho órgano jurisdiccional, al resolver la queja 298/2021, y los Colegiados Primero, Segundo, Cuarto y Sexto del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 9/2021, la queja 26/2020, el amparo en revisión 129/2021, y las revisiones incidentales 154/2020 y 130/2020, respectivamente.
SEGUNDO.—Trámite. La denuncia fue registrada con el número de expediente 7/2022 y se admitió por auto de diecisiete de marzo de la anualidad que transcurre, en el que se ordenó recabar la información relativa a la vigencia de los criterios sostenidos por los tribunales contendientes, así como informar la radicación del asunto al director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al resto de los integrantes del Pleno.
TERCERO.—Recepción de información. Los respectivos presidentes del Primero, del Segundo, del Cuarto y del Sexto Tribunales Colegiados en cita hicieron saber que el criterio objeto de la denuncia no ha sido abandonado (oficios 1734/2022, 17, sin número y 6/2022, respectivamente). En tanto que el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis comunicó la ausencia de alguna contradicción de criterios en trámite ante el Alto Tribunal, sobre el tema de este asunto (oficio DGCCST/X/100/03/2022).
CUARTO.—Turno y aplazamiento. Al integrarse el expediente, en auto de diecisiete de marzo del año que transcurre, se ordenó turnar al Magistrado Samuel Alberto Villanueva Orozco, representante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, quien formuló el proyecto de resolución que fue listado para verse en sesión de doce de julio de la anualidad que transcurre, en la que se determinó aplazar su estudio.
CONSIDERANDO
PRIMERO.—Competencia del Pleno. Este Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41-Bis y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del mismo Circuito.
Es importante mencionar que los Plenos de Circuito continúan en sus funciones originales, de conformidad con lo establecido en la circular SECNO/17/2021, signada el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal;(1) así como en observancia del Acuerdo General 1/2021, de ocho del mes y año en cita, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación y se establecen sus bases. El cual, en su artículo quinto transitorio, precisó:
"QUINTO.—En tanto entran en funciones los Plenos Regionales del Poder Judicial de la Federación, atendiendo a lo previsto en los artículos transitorios segundo, tercero y quinto del decreto mencionado en el considerando primero de este acuerdo general, la jurisprudencia emitida por aquéllos a la que se refiere este instrumento normativo será la fijada por los Plenos de Circuito."
Aunado a que en el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre otras, de la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, prevé el comienzo del funcionamiento de los Plenos Regionales en un plazo no mayor a dieciocho meses, de acuerdo con lo estatuido en su artículo primero transitorio que, en lo conducente, dice:
"Primero. ...
"I. ...
"II. Las disposiciones relativas a los Plenos Regionales en sustitución de los Plenos de Circuito, entrarán en vigor en un plazo no mayor a 18 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, de conformidad con los acuerdos generales que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal."
SEGUNDO.—Legitimación del denunciante. La denuncia proviene de parte legítima,(2) como lo son los integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, quienes ordenaron su presentación al resolver el recurso de queja 298/2021, en sesión de dos de marzo de dos mil veintidós.
TERCERO.—Criterios contendientes.
A. Ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.
Revisión incidental 9/2021
Antecedentes.
Demanda de amparo indirecto:
********** promovió demanda de amparo indirecto en la que reclamó del Juez Noveno de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, los siguientes actos:
• La sentencia interlocutoria emitida el 12 (doce) de agosto del año 2020 (dos mil veinte), dentro del expediente civil sumario de división de cosa común, incoado en su contra **********, así como los actos de ejecución que puedan derivarse de dicha sentencia.
Actos respecto de los cuales solicitó al Juez de Distrito decretara la suspensión provisional y, posteriormente, la definitiva.
Suspensión definitiva:
El dieciséis de octubre de dos mil veinte, el Juez Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, a quien tocó conocer de la demanda de amparo reseñada, que originó el juicio de amparo indirecto 1040/2020-III concedió la suspensión provisional solicitada.
Posteriormente, en proveído de nueve de noviembre de dos mil veinte, se celebró la audiencia incidental y se dictó la interlocutoria respectiva, en la que se concedió la suspensión definitiva.
Trámite de revisión:
Inconforme con el monto de la garantía fijada, la quejosa **********, por conducto de su autorizado en términos amplios **********, interpuso revisión incidental, la cual fue registrada con el número de expediente 9/2021, admitida por acuerdo de presidencia de nueve de febrero de dos mil veintiuno.
Resolución del recurso:
El referido Primer Tribunal Colegiado estimó algunos de los agravios sustancialmente fundados para modificar la interlocutoria recurrida, con base a las consideraciones que enseguida se sintetizan:
a) De conformidad con lo previsto por el artículo 132(3) de la Ley de Amparo, en los casos en que sea procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, como en la especie, y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo.
b) Precepto que sólo prevé no se requiere la exhibición de una garantía cuando la suspensión sea concedida a los núcleos de población, supuesto que no se actualiza en el caso, dado que la quejosa es un particular que forma parte de una controversia del orden común en la que se dilucidan intereses privados. De ahí que la disconforme sí esté obligada a presentar la garantía correspondiente a fin de que pueda surtir efectos la medida cautelar relativa.
c) Por otra parte, tiene razón la disconforme en cuanto a que el cálculo efectuado en la interlocutoria que se analiza es inexacto.
d) La suspensión se concedió para el efecto de que se mantuvieran las cosas en el estado en que se encuentran y no se ejecute la interlocutoria reclamada hasta que se resuelva el fondo del amparo, por lo que los daños se traducen en la depreciación de la moneda durante ese lapso; mientras que los perjuicios son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena. Además, se tiene en cuenta que la garantía que se fije no está vinculada al cumplimiento de lo condenado, sino a resarcir posibles daños y perjuicios.
e) Siguiendo los lineamientos trazados en la jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.),(4) de rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA.", procede modificar la fianza.
f) De acuerdo con la información que se obtiene de la página de Internet https://www.banxico.org.mx/SiseInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CP154&locale=es del Banco de México, que coincide con el publicado en el Diario Oficial de la Federación, procede calcular la variación porcentual respecto del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), a que se refiere el criterio jurisprudencial citado párrafos atrás, a fin de determinar la depreciación de la moneda en el término de seis meses que corresponde al tiempo probable de solución del juicio de amparo y no tres, como se indicó en la interlocutoria, dado que así lo ha establecido el Máximo Tribunal del País.(5)
La fórmula para calcular la indicada variación porcentual es la siguiente:
Ver fórmula
De la tabla que antecede se advierte que la variación porcentual del Índice Nacional de Precios al Consumidor es del 1.97 %. Porcentaje que aplicado a la cantidad de $1'601,259.21 (un millón seiscientos un mil doscientos cincuenta y nueve pesos 21/100 moneda nacional), arroja un resultado de $31,544.80 (treinta y un mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 80/100 moneda nacional) como daños.
g) Para cuantificar los perjuicios que se generarán por el otorgamiento de una suspensión en un juicio de amparo, se debe recurrir a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de 28 días, publicada también en el Diario Oficial de la Federación, ya que es un indicador que refleja el rendimiento que cualquier persona recibiría al depositar su dinero en alguna institución de banca múltiple, durante seis meses, que es el tiempo probable para resolver el amparo indirecto.
Así tenemos que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) anual a 28 (veintiocho) días publicada al día en que se emitió la interlocutoria recurrida (nueve de noviembre de dos mil veinte) fue del 4.5030 % que dividida entre 12 (doce) meses arroja el .37525 % mensual, lo que al ser multiplicado por el tiempo estimado para la resolución del amparo (6 [seis] meses), da un interés de 2.2515 %, la que aplicada sobre la suerte principal de $1'601,259.21 (un millón seiscientos un mil doscientos cincuenta y nueve pesos 21/100 moneda nacional), da como resultado $36,052.35 (treinta y seis mil cincuenta y dos pesos 35/100 moneda nacional), monto que sumado al fijado por concepto de daños, da un total de $67,597.15 (sesenta y siete mil quinientos noventa y siete pesos 15/100 moneda nacional).
h) Por tanto, para que surta efectos la suspensión del acto reclamado, la quejosa deberá exhibir la cantidad de $**********, para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieren ocasionar a la tercera interesada con el otorgamiento de la medida cautelar.
Por consiguiente, se modificó la interlocutoria recurrida que concedió a la recurrente la suspensión definitiva solicitada.
A. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.
Queja 26/2020
Antecedentes:
Demanda de amparo directo:
La parte demandada **********, promovió demanda de amparo directo contra la sentencia de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio oral mercantil ********** del Juzgado Quinto Especializado en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Respecto de la cual solicitó la suspensión.
Suspensión:
El aludido Juez Quinto Especializado en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en auto de trece de diciembre de dos mil diecinueve, concedió la suspensión solicitada, sin embargo, negó fijar garantía como requisito de efectividad, con base en el numeral 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, siendo esto último la materia de impugnación, no así el otorgamiento de la suspensión.
Recurso de queja:
Inconforme con esa determinación, la tercera interesada **********, por conducto de su albacea **********, interpuso recurso de queja, en el que hizo valer como agravios, esencialmente:
Que el auto impugnado es ilegal, porque el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito es inaplicable para fundar la negativa a fijar la garantía a cargo de la quejosa, como requisito de efectividad de la suspensión decretada a su favor en amparo directo por la autoridad responsable, pues la única legislación aplicable para ello es la Ley de Amparo, por ser la norma rectora de la medida cautelar en el juicio de control constitucional.
Resolución del recurso:
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Tercer Circuito estimó sustancialmente fundado y suficiente el agravio para revocar el auto impugnado, con base en los siguientes argumentos jurídicos:
a) Contrario a lo considerado por la autoridad responsable en el auto recurrido, en términos de los numerales 132 y 190 de la Ley de Amparo, debió fijar garantía a cargo de la quejosa como requisito de efectividad de la medida cautelar; ello, porque por disposición constitucional, los actos reclamados sólo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones determinadas por la Ley de Amparo, al ser esta legislación la rectora del juicio de control constitucional, y no alguna otra, como lo es la Ley de Instituciones de Crédito distinta a la Ley de Amparo y, en ese sentido, esta última no exenta a las aseguradoras integrantes de grupos financieros, del otorgamiento de las garantías respectivas, como requisito de efectividad de la suspensión.
b) Dada la ausencia de reenvío, este Tribunal Colegiado procede a resolver sobre el monto de la garantía, con fundamento en el artículo 103 de la Ley de Amparo.
c) Para fijar la indicada garantía, deben considerarse tres parámetros:
• Existencia o no de cantidad líquida en la sentencia reclamada:
En la sentencia reclamada la cantidad líquida y susceptible de ser ejecutada asciende a $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 moneda nacional), a cargo de la peticionaria, derivado de lo pactado en dos pólizas de seguro.
De este modo, la paralización de la ejecución de esa sentencia pudiera generar daños y perjuicios a la tercera interesada, aquí disidente, al estar impedida para disponer de la cantidad líquida condenada a su favor y, por ende, debe fijarse garantía a cargo de la quejosa en términos del artículo 132 de la Ley de Amparo.
• Plazo probable de resolución del juicio de amparo directo:
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 35/2018 (10a.), estableció que, por lo general, el juicio de amparo puede demorar seis meses en resolverse, siendo este último parámetro el que debe observarse para fijar el monto de la garantía correspondiente, cuando la suspensión se solicita al promover el juicio de amparo.
• Índice Nacional de Precios al Consumidor y Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a veintiocho días, como base anual.
Como tercer aspecto a considerar para fijar el monto de la garantía, debe tomarse en cuenta que en aquellos casos donde en virtud del otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el tercero deja de percibir una suma de dinero que en apariencia le correspondía, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/2014, de la cual surgió la jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.), decretó que para calcular los daños, debe atenderse el Índice Nacional de Precios al Consumidor (inflación), y para los perjuicios, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de veintiocho días.
Habiéndose considerado por la superioridad ser el tiempo probable de duración del juicio de amparo, por regla general, seis meses, y que la suspensión se concedió el trece de diciembre de dos mil diecinueve, el periodo de seis meses por el que debe obtenerse el porcentaje inflacionario es el comprendido entre junio de dos mil diecinueve y diciembre del mismo año.
De acuerdo con la calculadora de inflación visible en: https://www.inegi.org.mx/app/indicesdeprecios/CalculadoraInflacion.aspx, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), organismo encargado de elaborar y publicar el Índice Nacional de Precios al Consumidor, la inflación en el periodo a considerar, esto es, de junio de dos mil diecinueve a diciembre del mismo año, asciende a 2.55 % (dos punto cincuenta y cinco por ciento); por tanto, ése es el porcentaje inflacionario a tomarse en cuenta para calcular los posibles daños en el caso.
d) De igual manera, tal como se señala en la jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.), los perjuicios son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena, durante el tiempo estimado para la resolución del juicio, esto es, el rendimiento susceptible de producir dicho monto en ese plazo; rendimiento que se debe calcular conforme a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de veintiocho días.
e) La Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de veintiocho días es un indicador de base anual, tal como se señala en la jurisprudencia 1a./J. 6/2017 (10a.),(6) del rubro siguiente: "PERJUICIOS. PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR LOS QUE PUEDAN OCASIONARSE AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA CIVIL, DEBE CONSIDERARSE LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (TIIE) COMO UN INDICADOR DE BASE ANUAL."
f) Consecuentemente, para calcular los perjuicios, se tomará en cuenta la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de veintiocho días, publicada el trece de diciembre de dos mil diecinueve (fecha de otorgamiento de la suspensión), pues no obstante al tratarse de una tasa susceptible de variar diariamente, se considera que si los perjuicios se equiparan al rendimiento o ganancia lícita que produciría el monto de la condena, y la tasa está diseñada para operaciones a plazo, en el caso a veintiocho días, debe aplicarse la tasa correspondiente a la fecha en que se otorga la suspensión, por ser el momento en el cual el tercero queda impedido de tener bajo su dominio el monto de la condena, y mantener esa tasa durante el plazo probable de duración del juicio de amparo directo.
g) De acuerdo con la publicación hecha en el Diario Oficial de la Federación el trece de diciembre de dos mil diecinueve, en la fecha de concesión de la suspensión del acto reclamado, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de veintiocho días, fue de 7.7425 (siete punto siete mil cuatrocientos veinticinco); por tanto, ésa es la tasa (expresada en por ciento anual), que se tomará en cuenta para calcular los posibles perjuicios en el caso. h) En consecuencia, el monto total que el Juez responsable deberá exigir a la peticionaria en concepto de garantía por la suspensión de la sentencia reclamada es de $19,263.75 (diecinueve mil doscientos sesenta y tres pesos 75/100, moneda nacional), de los cuales $7,650.00 (siete mil seiscientos cincuenta (sic) 00/100, moneda nacional) son para garantizar los daños, y $11,613.75 (once mil seiscientos trece pesos 75/100, moneda nacional) para garantizar los perjuicios, susceptibles de ocasionar a la tercera interesada, por el otorgamiento de la medida cautelar.
Razonamientos con base en los cuales, el aludido Segundo Tribunal Colegiado declaró fundado el recurso de queja a que se viene haciendo referencia.
C. Ejecutoria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.
Revisión incidental 129/2021
Antecedentes.
Demanda de amparo indirecto:
********** promovió demanda de amparo en la que reclamó del Juez Décimo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, los siguientes actos:
• El embargo, remate, adjudicación o cualquier acto tendente a privarlo o desapropiarlo de la titularidad de un inmueble de su propiedad; sin haber sido oído y vencido, ni emplazado o llamado a juicio, así como todo lo actuado.
Actos respecto de los cuales solicitó al Juez de Distrito decretara la suspensión provisional y, posteriormente, la definitiva.
Suspensión definitiva:
En auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, a quien tocó conocer de la demanda de amparo reseñada –que originó el juicio de amparo indirecto 1223/2020–, concedió la suspensión provisional solicitada.
Posteriormente, en proveído de seis de abril de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia incidental y se dictó la interlocutoria respectiva, en la que se concedió la suspensión definitiva y condicionó sus efectos a la exhibición de una garantía que fijó discrecionalmente.
Trámite de revisión:
Inconforme con el monto de la garantía en cita, la quejosa interpuso revisión incidental, la cual fue registrada con el número de expediente 129/2021 y admitida por acuerdo de presidencia de quince de junio de dos mil veintiuno.
Resolución del recurso:
El referido Cuarto Tribunal Colegiado estimó que los agravios, por un lado, resultan infundados y, por otro, fundados y suficientes para modificar la interlocutoria recurrida, con base en las consideraciones que enseguida se sintetizan:
a) En principio, es inexacto que el Juez Federal, al fijar la garantía para que siguiera surtiendo efectos la suspensión que decretó, tuviera que tomar en cuenta los ingresos o la capacidad económica del quejoso, dado que no se está en el caso de actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal.
Sino que la caución objeto del presente recurso, tiende a garantizar los daños y perjuicios que se pudieren generar (en el caso, por la demora ocasionada por la postergación del remate) en la entrega de las cantidades objeto de condena en la sentencia reclamada (cuya suspensión se otorgó), así como la privación de las ganancias lícitas que éstas pudieran generar.
b) Contrario a lo estimado por el Juez Federal, no se surte la hipótesis prevista por el segundo párrafo del artículo 132(7) de la ley de la materia, para fijar de manera discrecional la referida garantía, puesto que atendiendo a las constancias del juicio de origen que en vía del informe justificado le remitió el Juez responsable, se advierte que existe una sentencia que condena al quejoso al pago de una cantidad líquida y otra fácilmente calculable en parte, por concepto de daños ocasionados al inmueble, resultante del pago de nueve rentas vencidas y no cubiertas, sin incluir intereses moratorios.
c) Al ostentarse el quejoso, ahora recurrente, tercero extraño por equiparación, debe tomarse en cuenta dicha cantidad para calcular los daños y perjuicios que pueda sufrir el tercero interesado (actor), con la suspensión concedida, los que están representados por la pérdida o menoscabo que le ocasionará no disponer, durante el tiempo que dure el juicio de amparo, de las prerrogativas que le confiere la sentencia dictada a su favor, con motivo de la postergación de la audiencia de remate.
d) En ese contexto, lo procedente será modificar la interlocutoria recurrida, para el efecto de fijar de manera correcta dicho monto, el que deberá quedar por la cantidad de $21,987.17 (veintiún mil novecientos ochenta y siete pesos 17/100 moneda nacional), de la cual corresponde, por daños (que consisten en la pérdida o menoscabo que acarrea a la parte tercera interesada el no disponer, desde el momento en que se concede la suspensión y mientras se resuelve el juicio de amparo, de las prerrogativas que le confiere la sentencia condenatoria emitida en su favor), la suma de $13,253.08 (trece mil doscientos cincuenta y tres pesos 08/100 moneda nacional), que se obtiene, atendiendo al Índice Nacional de Precios al Consumidor, cuya actualización al mes de junio de dos mil veintiuno, tiene un valor de 113.018, la cual dividida entre la actualización del mes de diciembre de dos mil veinte, con un valor de 109.271 (tomando como parámetro seis meses, tiempo probable para la solución respectiva del juicio de amparo del que deriva este incidente) restándole al resultado una unidad, y finalmente multiplicándolo por cien, se obtiene el índice de inflación durante ese periodo de tiempo: 3.429 %; luego, aplicándolo a los $386,500.00 (trescientos ochenta y seis mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), a que fue condenado el quejoso y recurrente, arroja los aludidos $13,253.08 (trece mil doscientos cincuenta y tres pesos 08/100 moneda nacional).
e) Luego, el cálculo de los perjuicios, entendidos como las ganancias lícitas que obtendría el tercero interesado, de tener bajo su dominio durante el tiempo que dure la tramitación del juicio de amparo principal, la respectiva prestación pecuniaria, equivalente al rendimiento que en el mismo periodo produciría tal prestación, conforme a una tasa de interés que refleje las condiciones del mercado se fija aplicando la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, cuyo valor a veintiocho días al mes de julio es de 4.524, que dividido entre doce meses corresponde a 0.377, y multiplicado por 6 seis meses, da como resultado el 2.26 % (dos punto veintiséis por ciento); el que aplicado a la cantidad condenada en el juicio de origen, arroja la garantía relativa a los perjuicios, que asciende a $8,734.9 (ocho mil setecientos treinta y cuatro pesos 9/100 moneda nacional).
f) Tiene aplicación el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plasmado en la jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.), con número de registro digital: 2008219, publicada en la página 5, Libro 14, enero de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA."
g) El tiempo de seis meses se obtiene de los datos estadísticos que publica la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en su página de Internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx, que tiene como último indicador estadístico de productividad de los órganos jurisdiccionales, el correspondiente a dos mil diecinueve, respecto del tiempo promedio de los juicios de amparo indirecto en ambas instancias.
h) Sirve de apoyo, el criterio 1a./J. 46/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plasmado en la jurisprudencia visible en la página 363, Tomo I, Libro XI, agosto de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "GARANTÍA PARA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO INDIRECTO. PLAZO TENTATIVO PARA EL CÁLCULO DEL TIEMPO DE DURACIÓN DEL JUICIO CUANDO SEA NECESARIO PARA FIJAR EL MONTO DE LA CAUCIÓN."
Por consiguiente, declaró parcialmente fundados los agravios formulados, modificó la interlocutoria recurrida y concedió a la recurrente la suspensión definitiva solicitada.
D. Ejecutorias del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.
Revisión incidental 130/2020
Antecedentes.
Demanda de amparo indirecto:
********** promovió demanda de amparo indirecto en la que reclamó:
• Orden de desocupación de inmueble y falta de emplazamiento al juicio mercantil ordinario seguido en su contra.
Actos respecto de los cuales, solicitó al Juez de Distrito decretara la suspensión provisional y, posteriormente, la definitiva.
Suspensión definitiva:
En auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, la secretaria encargada del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, a quien tocó conocer de la demanda de amparo reseñada –que originó el juicio de amparo indirecto 2461/2020–, concedió la suspensión provisional solicitada.
Posteriormente, el veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia incidental y se dictó la interlocutoria respectiva, en la que se concedió la suspensión definitiva en la que se fijó garantía al quejoso para la efectividad de la medida.
Trámite de revisión:
Inconforme con el monto de la caución, el quejoso interpuso revisión incidental, la cual fue registrada con el número de expediente 130/2020, y admitida por acuerdo de presidencia de veintiocho de agosto de dos mil veinte.
Resolución del recurso:
El referido Sexto Tribunal Colegiado estimó que los agravios, por un lado, resultan infundados y, por otro, fundados y suficientes para modificar la interlocutoria recurrida, con base a las consideraciones que enseguida se sintetizan:
a) La materia de la revisión versará únicamente en lo concerniente a la fijación de la garantía que se estableció como requisito para la efectividad de la concesión de la suspensión definitiva, en el cuaderno incidental del juicio de amparo indirecto 2461/2019 del índice d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30987-aa5edd51/suspension-en-el-juicio-de-amparo-para-fijar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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