INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA EN PROCESOS JURISDICCIONALES. CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA VÁLIDA PARA CALCULAR EL MONTO DE LAS GARANTÍAS QUE SE FIJEN EN LOS JUICIOS DE AMPARO. INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA EN PROCESOS JURISDICCIONALES. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA SU USO ÉTICO Y RESPONSABLE CON PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS.
QUEJA 404/2025. 24 DE OCTUBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS JUAN CARLOS ORTEGA CASTRO Y ROSALBA AZUCENA GIL MEJÍA, Y DE JOSÉ DEL CARMEN GUTIÉRREZ MENESES, SECRETARIO EN FUNCIONES DE MAGISTRADO. PONENTE: JOSÉ DEL CARMEN GUTIÉRREZ MENESES. SECRETARIA: ROCÍO CASTILLO GARCÍA.
Toluca, Estado de México. Sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, correspondiente a la sesión de virtual de veinticuatro de octubre de dos mil veinticinco.
VISTOS para resolver el recurso de queja 404/2025, interpuesto por **********, contra el auto de diecisiete de octubre de dos mil veinticinco, dictado por el Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto *********;
RESULTANDO:
ÚNICO. Mediante escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil veinticinco, en la Oficialía de partes del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, la quejosa **********, interpuso recurso de queja contra el auto de diecisiete de octubre de dos mil veinticinco, dictado por el Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto **********.
Por razón de turno correspondió conocer a este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien por acuerdo de presidencia de veintitrés de octubre de dos mil veinticinco admitió el recurso de referencia, y en el mismo proveído se ordenó turnar los autos al Licenciado José del Carmen Gutiérrez Meneses, Secretario en funciones de Magistrado para que formulara el proyecto de sentencia respectivo.
Por virtud del Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial, se informó la determinación aprobada por el Pleno en sesión ordinaria de doce de septiembre del presente año, en la que designó a JOSÉ DEL CARMEN GUTIÉRREZ MENESES, como Secretario en funciones de Magistrado, en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, en sustitución del Magistrado Juan Jaime González Varas, para los efectos legales a que haya lugar.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de queja, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97 fracción I, inciso b), y 98 fracción I de la Ley de Amparo; 35, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro; y, el punto Tercero, Apartado II, del Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; debido a que se interpuso contra un auto dictado por el titular de un juzgado de distrito que tiene su residencia en el ámbito territorial en que este órgano colegiado ejerce jurisdicción.
SEGUNDO.- El término para la interposición de la queja, que es de dos días, se encuentra previsto en el artículo 98, inciso I de la Ley de Amparo; mismo que debe computarse conforme a lo dispuesto en el numeral 22 de la propia ley, del cual se advierte que los plazos contarán por días hábiles y, comenzaran a correr a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación.
Conforme con las actuaciones del amparo indirecto ********* del cual deriva el presente recurso de queja, el auto recurrido fue notificado por medio de lista a la recurrente, el lunes veinte de octubre de dos mil veinticinco; de ahí que si la aludida notificación surtió efectos al día siguiente, es decir, el martes veintiuno de octubre del referido año, se considera que el término para la interposición del citado recurso, transcurrió del miércoles veintidós al jueves veintitrés de octubre del año en curso.
Por tanto, si el recurso de que se trata se presentó en la Oficialía de partes del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el veintidós de octubre de dos mil veinticinco, como consta en la primer foja del escrito de agravios, es claro que el referido medio de impugnación se interpuso de manera oportuna.
TERCERO.- Las consideraciones en que se sustentó el auto recurrido que ahora se combate, consta en el expediente electrónico del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto ***********, del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, consultado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que por razones de obviedad y economía procesal no se transcribe, pero se tiene aquí por reproducido; asimismo, se ordena formar legajo de constancias con aquél y agregarlo certificado al expediente electrónico de este cuaderno de queja.
CUARTO.- Los agravios expuestos por la recurrente constan igualmente en el expediente electrónico del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, consultados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y se tienen aquí por reproducidos en su literalidad.
Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2a./J. 58/2010, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que dice:
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los “puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer”.
QUINTO.- Quedan intocadas las consideraciones en las que la juez de distrito negó la suspensión provisional respecto de la emisión de los autos de quince de febrero y veinte de mayo de dos mil veinticuatro, así como todo lo actuado en el juicio especial hipotecario **********, pues de la lectura íntegra del escrito de agravios se advierte que la recurrente no se inconforma respecto de dicha determinación.
SEXTO.- Son fundados pero inoperantes los agravios expresados.
Ciertamente, se concluye en ese sentido pues la ahora recurrente promovió amparo en la vía indirecta como tercera extraña por equiparación a un juicio especial hipotecario, y señaló como actos reclamados los autos de quince de febrero y veinte de mayo de dos mil veinticuatro, así como todo lo actuado en el juicio especial hipotecario **********, pues dijo que no fue emplazada conforme a derecho.
En los antecedentes expuso que el nueve de octubre del año en curso se enteró que una institución bancaria la demandó en la vía especial hipotecaria, que nunca tuvo conocimiento del procedimiento de origen, que se presentó ante la responsable quien le señaló los acuerdos de quince de febrero y veinte de mayo de dos mil cuatro dictados en el juicio de origen **********.
En los conceptos de violación esencialmente alegó que no fue debidamente emplazada al juicio de origen lo que dijo la dejó en estado de indefensión, que impugna de manera destacada el emplazamiento, porque se le llamó al juicio por medio de edictos de manera ilegal, y que los autos de los que tuvo conocimiento a la letra dicen:
“PUBLICACIÓN DEL 15 DE MARZO DE 2024
JUZGADO OCTAVO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA CON RESIDENCIA EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE “MÉXICO EDICTO En el expediente **********, relativo al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por ****************************, en contra **********, se demandó en su contra las siguientes prestaciones: PRESTACIONES. El pago de la cantidad de $********** (********** M.N) por concepto de CAPITAL VENCIDO hasta el día 12 DE MAYO DE 2022 derivado del Contrato de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria y acorde al estado de Cuenta Certificado de fecha 12 DE MAYO DE 2022, que se acompaña al presente escrito, mismo que cumple con todos y cada uno de los requisitos que señala el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, que hace prueba plena y da fe del saldo del deudor y soporta la cantidad reclamada. El pago de la cantidad $176,437.34 (Ciento setenta y seis mil cuatrocientos treinta y siete pesos 34/100 M.N.) por concepto de INTERESES ORDINARIOS al día 12 DE MAYO DE 2022, en términos de lo pactado el Contrato de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria que en original se presenta al presente escrito como documento base de la acción, acorde al estado de cuenta que se acompaña a este escrito, más los que se sigan generando hasta la total solución y pago del crédito en reclamo, mismos que serán cuantificados en ejecución de sentencia mediante el incidente de liquidación correspondiente. El pago de la cantidad $16,336.89 (dieciséis mil trescientos treinta y seis pesos 89/100 M.N.) por concepto de primas de seguro no cubiertos al del día 12 DE MAYO DE 2022 más lo que se sigan generando hasta la liquidación total del adeudo las cuales se cuantificaran en ejecución de sentencia, mediante el incidente “respectivo. El pago de la cantidad $465.00 (cuatrocientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.) por concepto de COMISIÓN no cubiertos al del día 12 DE MAYO DE 2022 más lo que se sigan generando hasta la liquidación total del adeudo las cuales se cuantificaran en ejecución de sentencia, mediante el incidente respectivo. El pago de la cantidad $74.40 (setenta y cuatro pesos 40/100 M.N.) por concepto de IVA DE COMISIÓN no cubiertos al del día 12 DE MAYO DE 2022 más lo que se sigan generando hasta la liquidación total del adeudo las cuales se cuantificaran en ejecución de sentencia mediante el incidente respectivo. Y en consecuencia de las prestaciones marcada en el número I a la IV y ante el incumplimiento se proceda en el momento procesal oportuno a LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL BIEN INMUEBLE HIPOTECADO. EI pago de gastos y costas con motivo de la tramitación del juicio hasta su total terminación, el cual será tramitado mediante el incidente respectivo. Y el Juez Octavo de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza Estado de México, en auto de fecha seis de diciembre de dos mil veintitrés y dieciocho de enero de dos mil veinticuatro, con fundamento en los artículos 1.134, 1.138 y 1.181 del Código de Procedimientos Civiles, tomando en consideración que se tiene desconocimiento de su domicilio, ante la falta de previsión de la ley sobre qué debe hacerse para el caso de que en ejecución del auto admisorio para los juicios Hipotecarios, se tenga que proceder al requerimiento de pago y demás cuestiones que fueron precisadas en el auto admisorio, que el artículo 1.181 del Código en consulta, no prevé nada sobre este particular, desde luego que como toda persona goza del derecho humano de un acceso efectivo a la “justicia, y con el propósito de no dejar en un estado de indefensión a la parte actora para ejecutar el auto admisorio que se ha dictado en el presente asunto, es por ello que el suscrito realizando una interpretación del numeral citado, así como los que rigen el requerimiento y emplazamiento dentro del procedimiento hipotecario, a la orden del citado numeral 1.181 de la Ley en cita, mediante NOTIFICACIÓN POR EDICTOS hágase saber a la demandada **********, que la diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento se llevara a cabo ante este órgano jurisdiccional que hoy actúa, de manera específica a las NUEVE HORAS 09:00 DEL (03) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO 2024, sin que ello implique una violación a los derechos humanos de la enjuiciada que la pueda dejar sin defensa, ya que es evidente que al estar en posibilidad de acudir ante éste órgano jurisdiccional para hacer vale sus derechos el día hora señalados, éste podrá hacerlo en virtud de que la diligencia se iniciará con el requerimiento de pago de la enjuiciada como lo establece el artículo 2391 de la legislación en consulta, de la cantidad reclamada y demás accesorios legales, y para el caso de no hacerlo entréguese un tanto de la Cédula Hipotecaria, debiendo también, en el mismo acto entregársele otro tanto a la parte actora. Se expide el día QUINCE (15) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. DOY FE. Córrase traslado a la demandada, emplazándola para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, produzca su contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibida que en caso de no hacerlo, se le tendrá por confesa afirmativamente de los hechos de la demanda si el emplazamiento se realiza en forma personal y directamente con la enjuiciada o su representante legal, quedando “a salvo sus derechos para probar en contra, pudiendo oponer las excepciones que establece el numeral 2.395 de la Ley en cita.
En caso de que el emplazamiento no sea entendido en la forma antes mencionada se tendrá por contestada en sentido negativo; asimismo prevéngasele para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones personales dentro de la colonia de ubicación de este Juzgado, apercibida que en caso contrario, las subsecuentes, aun las personales, se le harán por lista y boletín judicial, conforme a las reglas que señalan los artículos 1.170 y 1.182 del Código de Procedimientos Civiles A partir de que se haya realizado el emplazamiento, se tendrá por constituido el depósito judicial sobre la finca hipotecada, sus frutos y todos los objetos que conforme a la Escritura exhibida como base de la acción y al Código Civil vigente en el Estado de México deben considerarse inmovilizados e integrantes de la hipoteca. Se instruye a la Ejecutora para que forme el inventario respectivo y lo agregue en autos. Para el caso de que el deudor no acepte el carga de depositario en el acto de la diligencia o si dentro del plazo concedido para manifestar si lo acepta o no, es omiso al respecto; se tendrá como Depositario Judicial a quien designe la parte actora quien podrá aceptar y protestar el cargo al momento de ponerlo en posesión, reservándose lo relativo a la garantía que resulte necesaria.
Asimismo se le hace saber al depositario o al demandado que funja como tal, que deberá rendir cuenta mensual de su administración, en la forma que la Ley Adjetiva de la materia lo prevee para el embargo de inmuebles y sus rentas. Bajo ese discernir con fundamento en lo dispuesto por el ya precitado numeral 1.181 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, como se solicita procédase a citar a la “demandada **********, por edictos que se publicarán por tres veces de siete en siete días en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro de mayor circulación en esta región, así como en el Boletín Judicial, haciéndole saber que debe presentarse a este juzgado por sí o por apoderado, o gestor que pueda representarla, EL DÍA Y HORA ANTES CITADOS, fijando la secretaria una copia íntegra de la resolución por todo el tiempo del emplazamiento, en la puerta de este Tribunal, apercibiéndole a la demandada que de no comparecer, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones por medio de lista y boletín judicial. Se expide el día QUINCE (15) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO.- DOY FE.- SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN D. C. ISMAEL LAGUNAS PALOMARES.-RÚBRICA. Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación QUINCE (15) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO.- SECRETARIO DE ACUERDOS, M. EN D. C. ISMAEL LAGUNAS PALOMARES.-RÚBRICA.”
La quejosa ofreció como pruebas todo lo actuado en el juicio natural, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humano.
El juez de distrito le concedió la suspensión provisional para el efecto de que no se ejecute la sentencia que se haya dictado en el juicio de origen ni ninguna resolución que traiga aparejada ejecución, hasta en tanto las autoridades responsables sean notificadas de la suspensión definitiva.
Así, con fundamento en el diverso 132 de la ley de la materia, la juez de distrito fijó como garantía la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), de manera discrecional en términos del artículo 132 párrafo segundo de la Ley de Amparo, pues dijo no contaba con datos objetivos que permitieran determinar el monto de la misma, como pueden ser el estado procesal del juicio de origen y el importe de la condena en la sentencia, si es que ya fue emitida; ello dijo sin perjuicio de que pueda ser aumentada o disminuida al momento de resolver sobre la suspensión definitiva, con los datos que aporten las responsables al rendir sus informes previos.
Ahora, en los agravios la inconforme esencialmente aduce que la resolución recurrida es contraria a derecho porque si bien el juez de distrito le concedió la suspensión provisional para que no se ejecute la sentencia que se haya dictado en el juicio de origen ni ninguna resolución que traiga aparejada ejecución, también lo es que el juzgador federal fija el monto de la garantía es arbitrario sin señalar los motivo de esa decisión, que pudo haber fijado una cantidad menor y apegada a la realidad, para lo cual, “debió ser en base a parámetros de UMAS”
Que el juez federal no hace un análisis de las constancias que se indicaron en la demanda de amparo, que es excesiva la cantidad fijada para que surta efectos la medida cautelar, que además, ella es una persona con recursos limitados por la situación económica del país, y que se le pretende privar sus derechos de seguridad jurídica y de legalidad por los argumentos hechos valer en la demanda de amparo.
Como se anunció, son fundados pero inoperantes los agravios que expone la recurrente pues la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo tiene como finalidad paralizar el acto emanado de alguna autoridad, con la finalidad de conservar la materia del juicio constitucional y, en su caso, para que al quejoso no se le cause un perjuicio que sea de difícil reparación, es decir, el objeto primordial de esa providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio de amparo, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la justicia federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle; así, por virtud de la suspensión, el acto que se reclama queda en suspenso, mientras se decide si viola algún derecho fundamental.
La suspensión de los actos reclamados en materia de amparo tiene la naturaleza de medida cautelar, cuya esencia es la de servir de instrumento práctico de eficiencia del derecho alegado, entre tanto se resuelve el juicio constitucional; en algunos casos puede tener como efecto restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. Dicha medida cautelar opera sobre las consecuencias o efectos de los actos reclamados, para que el quejoso siga gozando del derecho fundamental que considera es afectado por la autoridad responsable, mientras se resuelve el juicio de amparo, impidiendo que, mientras éste se resuelve en definitiva, el acto reclamado pueda consumarse irreparablemente, pues en ese caso ya no habría probabilidades de protección.
Por lo tanto, para que la suspensión cumpla su finalidad protectora, y al mismo tiempo cuente con mecanismos que eviten y corrijan los abusos que se puedan cometer, el artículo 132 de la Ley de Amparo establece:
“Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se “causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo.
Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía.
La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos.”
Del artículo citado se desprende, que la parte quejosa debe otorgar garantía a efecto de reparar el daño e indemnizar los perjuicios que pudieran ocasionarse a la tercera interesada, por el hecho de suspenderse el acto reclamado en el caso de no obtener la protección constitucional; así por la garantía se entiende a los diferentes medios de aseguramiento referidos en la Ley de Amparo, tales como la caución, depósito, fianza, contrafianza y garantía hipotecaria, los cuales deben ser accesibles y otorgarse para que se mantenga la efectividad de la suspensión concedida.
Bajo la óptica jurídica anterior se sigue que, en sentido adverso a lo que pretende el recurrente, resultó apegado a derecho que el Juez de Distrito le fijara como garantía para que siguiera surtiendo efectos la medida cautelar, $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M. N.), ello porque el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado coloca al quejoso en una situación privilegiada respecto del tercero perjudicado, a quien, en su caso, se le impide gozar de un derecho o de una prestación a la cual tenía derecho de percibir, razón por la cual, si se concede la media cautelar, el quejoso debe garantizar los daños y perjuicios que se causen al tercero interesado, en caso de que no obtenga sentencia favorable en el juicio de amparo.
Se concluye en ese sentido pues si bien el Juez Federal fijó como garantía la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), también lo es que el juzgador federal solamente expuso que la fijaba de manera discrecional en términos del artículo 132 párrafo segundo de la Ley de Amparo, sin embargo, al realizar las operaciones correspondientes para calcular el monto relativo, se obtiene un monto superior por concepto de garantía.
Esto es, no resulta ajustada a derecho porque si bien, el precepto citado otorga al juzgador federal la facultad de fijar discrecionalmente la garantía, ello no significa que la determinación que se tome carezca de objetividad y de congruencia, pues deben tomarse en cuenta todos los elementos concretos y certeros que se desprendan de autos, como podrían ser el precio, la ubicación, o la superficie del inmueble cuestionado, si éste se encuentra destinado a casa habitación o comercio, o cualquier otro dato objetivo que influya al respecto.
Ahora bien, este Tribunal Colegiado estima que la concesión de la medida cautelar se está impidiendo la obtención de una cantidad líquida, en consecuencia, para hacer efectivo el texto del artículo 132 de la Ley de Amparo, que establece que el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo, se concluye que la garantía que se fije por esos conceptos debe atender al monto reclamado por el tercero interesado en el juicio natural.
Luego, para estar en condiciones de fijar el monto de la garantía que deberá constituir la peticionaria del amparo para reparar los posibles daños y perjuicios que se puedan causar al tercero interesado con la suspensión provisional, a fin de que pueda surtir efectos, debe atenderse a los datos que proporcionó la quejosa en su demanda de amparo.
Sirve de apoyo a la anterior determinación la jurisprudencia 2242, de este Tribunal Colegiado de Circuito, visible en la página 2612 del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Novena Sección - Suspensión del acto reclamado Subsección 2 Civil, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Registro digital 1012565, del contenido siguiente:
“SUSPENSIÓN. LA DISCRECIONALIDAD PARA FIJAR EL IMPORTE DE LA GARANTÍA DEBE SUSTENTARSE EN LOS ASPECTOS OBJETIVOS QUE CONSTEN EN AUTOS. De una debida interpretación de lo que establece el artículo 125 de la Ley de Amparo, en su párrafo segundo, se sigue que cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Ahora bien, en uso de esa facultad discrecional que se otorga al juzgador, deben tomarse en cuenta todos aquellos elementos que obren en el sumario a efecto de que el monto de dicha garantía asegure, en lo posible, los daños y perjuicios que podría resentir el tercero perjudicado con motivo de la suspensión decretada, en caso de negarse el amparo, por lo que si se trata de un inmueble, existe la posibilidad de considerar su ubicación y superficie, si está destinado a casa habitación o comercio, o cualquier otro dato objetivo que influya al respecto.”.
Sobre esa base, el juzgador federal estableció el monto de la garantía en uso de su facultad discrecional, pero dejó de analizar los datos que le informó la quejosa recurrente que permitan determinar a cuánto debe ascender su monto, como son la naturaleza del juicio de origen, si la quejosa es parte, las prestaciones reclamadas, el estado procesal en el que se encuentra, además de considerar como parámetros para establecerla, el tiempo probable de resolución que resuelva la suspensión definitiva, debe estimarse que su determinación es incorrecta porque no se encuentra debidamente fundada ni motivada.
En tal sentido, procede tomar en cuenta que en la demanda de amparo, en el capítulo de antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, la quejosa se ostentó tercera extraña por equiparación a un juicio especial hipotecario del que derivan los actos reclamados, en el que se le demandó como suerte principal “$3´263,040.50 (tres millones doscientos sesenta y tres mil cuarenta pesos 50/100 M.N) por concepto de CAPITAL VENCIDO”, y otras prestaciones accesorias.
Por tanto, en consideración a estos elementos referenciales, en uso de la facultad del prudente arbitrio se estima adecuado tomar en cuenta la última cantidad mencionada, como base para calcular el monto de los posibles daños y perjuicios que se lleguen a ocasionar al tercero interesado, esto es, 3´263,040.50 (tres millones doscientos sesenta y tres mil cuarenta pesos 50/100 M.N) por ser la cantidad reclamada a la quejosa como suerte principal.
Para lo cual procede aplicar la jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5 del Libro 14, Enero de 2015, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro digital 2008219, del texto siguiente:
“DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA. Los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado; en tal contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, para calcular los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible “computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación.”.
En dicho criterio jurisprudencial se estableció esencialmente que el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a la cantidad líquida de condena, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio de amparo, producto del proceso inflacionario, dato
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33790-adec97db/inteligencia-artificial-aplicada-en-procesos-jurisdiccionales-constituye-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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