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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. SI AL OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN, EL JUZGADOR DE GARANTÍAS IMPUSO COMO MEDIDA DE EFECTIVIDAD QUE EL QUEJOSO COMPARECIERA ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA A PONERSE A DISPOSICIÓN, PARA LA CONTINUACIÓN DE ÉSTA, ESA COMPARECENCIA DEBERÁ SER FÍSICA Y PERSONAL, NO ASÍ VIRTUAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 138 DE LA LEY DE AMPARO).

Tipo de asunto: QUEJA 10/2011. · Registro digital (IUS): 23175
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3, Pág. 1755.

QUEJA 10/2011. **********. 10 DE MARZO DE 2011. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: HUGO RICARDO RAMOS CARREÓN. PONENTE: JOSÉ ALFREDO GUTIÉRREZ BARBA. SECRETARIO: FERNANDO CORTÉS DELGADO.

CONSIDERANDO:

V.-Los agravios resultan inoperantes, como se verá en el presente estudio.

Primeramente, debe precisarse que este recurso de queja es procedente, en atención a que la determinación que se recurre constituye un acuerdo en el que se hace la declaratoria de que la medida suspensional definitiva que fue concedida a los quejosos deja de surtir sus efectos por la insatisfacción de los requisitos de efectividad que se establecieron al ser otorgada (no cumplirse con la carga de presentarse ante el Juez de la causa para la prosecución del procedimiento), pues se trata de una determinación dictada por el Juez de Distrito durante la tramitación del incidente de suspensión, que no admite expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puede causar daño o perjuicio a la parte recurrente, no reparable en la sentencia definitiva.

En el tema, en cuanto a la procedencia del recurso es aplicable, en lo conducente, lo establecido en la tesis II.2o.C.219 C (bajo registro IUS 192041) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, que establece: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. REVISIÓN IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE DECLARA QUE HA QUEDADO SIN EFECTOS POR NO HABERSE OTORGADO LA GARANTÍA FIJADA.-Del análisis del artículo 139, en relación con el 83, fracción II, de la Ley de Amparo, se infiere que el auto mediante el cual el Juez de Distrito determinó que dejó de surtir efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados e hizo efectivo el apercibimiento con que conminó al quejoso si dentro del término de cinco días no exhibía la garantía para el pago de los posibles daños o perjuicios que se pudieran ocasionar a los terceros perjudicados con la medida cautelar concedida, no es de aquellos que la modifican o revocan, ya que en forma alguna altera el sentido o cambia los términos o requisitos de dicha concesión, sino que mediante él únicamente se hizo efectivo el apercibimiento decretado en la interlocutoria correspondiente; por lo tanto, en contra de aquel proveído resulta improcedente el recurso de revisión, por no estar en los supuestos que prevé el segundo de los numerales precitados, siendo impugnable mediante el diverso recurso de queja, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, fracción VI, del citado ordenamiento, el cual establece que será procedente este recurso contra aquellas resoluciones que emitan los Jueces de Distrito durante la tramitación del incidente de suspensión, siempre que no admitan expresamente el recurso de revisión, conforme al artículo 83 de la ley en consulta, y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a la parte quejosa."

Establecida la procedencia del recurso, conviene precisar que en el presente caso, como ya se dijo, se impugna específicamente el acuerdo de fecha treinta y uno de enero del año dos mil once, dictado en los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto número ********** del índice del Juzgado ********** de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en el que se decretó que dejaba de surtir sus efectos la suspensión definitiva previamente concedida a los quejosos, por la insatisfacción de los requisitos de efectividad a que se condicionó el otorgamiento de la medida paralizadora, como lo fueron las obligaciones de presentarse ante el Juez de su causa para la prosecución del procedimiento de origen y para los efectos precisados en el numeral 138 de la Ley de Amparo, así como de acudir cuantas veces fueran requeridos dentro del proceso que se instauró en su contra pues, en el caso, los disconformes acudieron al sumario de origen a ponerse a disposición del juzgador de instancia respectivo, mediante escrito presentado el veinticuatro de enero del presente año, no así de manera personal, por lo que el juzgador del proceso se pronunció en el sentido de no tenerlos como puestos a su disposición por esa inasistencia personal, quedando con ello insatisfecho el requisito fijado para la efectividad de la medida suspensional, lo que a su vez motivó el posterior dictado del acuerdo reclamado en queja, basado en esas circunstancias de inasistencia personal a ponerse a disposición para los efectos del referido numeral 138 de la Ley de Amparo, y de que debía acudir a las citas que se le hicieran.

Conforme a lo anterior, es preciso señalar que la decisión se estima acertada, ya que no puede tenerse por cumplido el primero de los requisitos invocados con antelación -el ponerse a disposición del Juez de su proceso para el seguimiento del mismo-, cuando no hay una presentación física y personal del procesado ya que, procesalmente, al reclamarse una orden de aprehensión y ponerse a disposición del Juez que la emitió (o su superior, como en el caso), con ese solo hecho se da automática apertura a la etapa de preinstrucción del proceso penal, en la que necesariamente debe ser tomada la declaración preparatoria de los inculpados, por lo que su presencia material y no virtual es indispensable e ineludible para colmar ese requisito fijado, ya que la imprecisión en cuanto a la finalidad de esa comparecencia ante el juzgador de su causa, para que surta efectos la suspensión concedida, aun sin la expresión clara, debe ser entendida como una determinación con tendencia a que la concesión de la suspensión no constituya un obstáculo para la continuación del procedimiento penal, en virtud de que, de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del propio artículo 138 de la Ley de Amparo, dicho procedimiento debe continuar para asegurar un equilibrio entre el interés particular del agraviado que solicita amparo en contra de un acto que afecta su libertad personal y el interés de la sociedad en general, pues a pesar de que el segundo párrafo del citado precepto no establece expresamente que la comparecencia de los quejosos ante el juzgado de la causa tenga por objeto que rinda su declaración preparatoria, la reflexión que se hace en cuanto a la necesidad de continuación procesal de la causa, lleva a concluir que, la rendición de la inquisitiva es, precisamente, la finalidad buscada, toda vez que, al ser dicha declaración parte de la preinstrucción, resulta necesaria para la continuación del proceso seguido en contra de los quejosos, quienes no pueden quedar eximidos de rendirlas por gozar de la suspensión, sin perjuicio de que los inculpados, por su voluntad, se abstengan de rendir sus preparatorias, en uso de su garantía prevista por la fracción II del artículo 20 constitucional, tal como lo previene la jurisprudencia 1a./J. 94/2001 (bajo registro IUS 188346) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligatoria para este Tribunal Colegiado en términos del numeral 192 de la Ley de Amparo, por haber surgido al resolverse la contradicción de tesis 63/2000-PS, la que se puede consultar en la página 26, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, que establece: "SUSPENSIÓN EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 138, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO AL CONCEDERLA GOZA DE LA MÁS AMPLIA FACULTAD PARA IMPONER AL QUEJOSO LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA PARA RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD DE ESA MEDIDA.-Del criterio sustentado por esta Primera Sala en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 16/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, página 226, así como de la exposición de motivos de la iniciativa que adicionó un segundo párrafo al artículo 138 de la Ley de Amparo, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, y de los preceptos de dicha ley que rigen la suspensión del acto reclamado, se desprende que el Juez de amparo cuenta con las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime pertinentes cuando conceda la suspensión tratándose de una orden de aprehensión emitida en contra del quejoso, entre ellas, la prevista en el citado párrafo, consistente en su comparecencia ante el Juez de la causa, como requisito para que surta efectos la suspensión concedida; medida que tiene como finalidad que el quejoso sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que le sea negado el amparo, que no se sustraiga a la acción de la justicia, y que la concesión de la suspensión no constituya un obstáculo para la continuación del procedimiento penal, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del propio artículo 138, dicho procedimiento debe continuar para asegurar un equilibrio entre el interés particular del agraviado que solicita amparo en contra de un acto que afecta su libertad personal y el interés de la sociedad en general. De manera que aun cuando el segundo párrafo del citado precepto, no establece expresamente que la comparecencia del quejoso ante el juzgado de la causa tenga por objeto que rinda su declaración preparatoria, del análisis de los elementos antes citados se advierte que esa es precisamente su finalidad, toda vez que al ser dicha declaración parte de la instrucción, resulta necesaria para la continuación del proceso seguido en contra del quejoso, quien no puede quedar eximido de rendirla por gozar de la suspensión. Lo anterior, sin menoscabo del beneficio que en favor del gobernado prevé la fracción II del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que no podrá ser obligado a declarar, prerrogativa que puede hacer valer en el momento en que comparezca ante el Juez de la causa, al desahogo de dicha diligencia."

Así, al evidenciarse la necesidad de una comparecencia física de los quejosos, para estar en condiciones de dar por cumplido ese requisito de efectividad de la medida suspensional, dado que así lo determina el criterio obligatorio antes invocado, se hace patente que la decisión tomada por el Juez de amparo en el sentido de declarar que la suspensión definitiva previamente otorgada dejó de surtir sus efectos, con base en el numeral 139 de la Ley de Amparo, por la insatisfacción de la aludida exigencia, es certera y apegada a la norma aplicable por lo que, al tomarse apoyo en un criterio jurisprudencial obligatorio que establece la finalidad de la comparecencia, lo argumentado por el recurrente para dar sustento a su recurso de queja, deviene inoperante, tal como lo previene la jurisprudencia 1a./J. 14/97 (bajo registro IUS 198920) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 21, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, abril de 1997, que previene lo siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA.-Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado.". Lo anterior, adicionalmente, evidencia la inaplicabilidad del criterio que en apoyo de sus consideraciones, invoca el autorizado recurrente, ya que no se tiene duda de que los quejosos debieron acudir ante el Juez de su causa a rendir sus inquisitivas para así dar por cumplido el requisito impuesto al serles otorgada la medida suspensional definitiva, máxime que ese criterio se refiere a la procedencia de la medida paralizadora en el caso de las órdenes de comparecencia, no así a la efectividad de ella y sus requisitos.

En virtud de lo anterior, al resultar inoperantes los agravios formulados por el recurrente en queja, lo procedente es declarar infundado el medio de impugnación sobre el que ahora se resuelve y a que se contrae el presente toca, así como confirmar el acuerdo recurrido, en el que se hizo la declaratoria de que la medida suspensional definitiva, previamente otorgada, dejó de surtir sus efectos por la insatisfacción de los requisitos de efectividad que se fijaron.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.-Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por **********, autorizado de los quejosos **********, los últimos cuatro de apellidos **********.

SEGUNDO.-Se confirma el acuerdo de fecha **********, dictado en los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto número **********, del índice del Juzgado ********** de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco.

Notifíquese; háganse las notas pertinentes en los registros respectivos; envíese testimonio de esta resolución al Juzgado ********** de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, adjuntándose los autos remitidos con motivo del recurso y, en su oportunidad, archívese este toca.

Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados José Alfredo Gutiérrez Barba, quien funge como presidente y ponente, y José Luis González, contra el voto particular del Magistrado Hugo Ricardo Ramos Carreón.

En términos de lo previsto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en ese supuesto normativo.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23175-868dc621/suspension-del-acto-reclamado-en-amparo-si-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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