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RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. ES PROCEDENTE CUANDO SE INTERPONE EN CONTRA DEL AUTO POR EL CUAL EL JUEZ DE DISTRITO NO ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA POR UN DIVERSO ÓRGANO JURISDICCIONAL Y ORDENA DEVOLVERLE EL EXPEDIENTE DE AMPARO, INDICANDO QUE NO ES EL CASO DE PRONUNCIARSE RESPECTO DE LA SUSPENSIÓN SOLICITADA POR LOS QUEJOSOS, AL NO UBICARSE EL ACTO RECLAMADO EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 48 DE LA REFERIDA NORMATIVIDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2019. · Registro digital (IUS): 30033
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-08-20
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO SEXTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo IV, Pág. 4429.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO SEXTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 21 DE JUNIO DE 2021. UNANIMIDAD DE DIECISÉIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JORGE RAFAEL OLIVERA TORO Y ALONSO, ARTURO CEDILLO OROZCO, OSIRIS RAMO´N CEDEN~O, MARI´A EUGENIA OLASCUAGA GARCI´A, ROBERTO RUIZ MARTÍNEZ, LAURA SERRANO ALDERETE, MARTÍN UBALDO MARISCAL ROJAS, EMILIO GONZÁLEZ SANTANDER, TOMÁS MARTÍNEZ TEJEDA, A´NGEL PONCE PEN~A, VÍCTOR AUCENCIO ROMERO HERNÁNDEZ, FERNANDO SILVA GARCÍA, JUAN ALFONSO PATIN~O CHA´VEZ, ARMANDO ISMAEL MAITRET HERNÁNDEZ, ALICIA RODRI´GUEZ CRUZ Y PRESIDENTA HERLINDA FLORES IRENE. AUSENTE: NELDA GABRIELA GONZÁLEZ GARCÍA. PONENTE: FERNANDO SILVA GARCÍA. SECRETARIO: JOSÉ SEBASTIÁN GÓMEZ SÁMANO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno de Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 1 y 3 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito y su anexo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince; en virtud de tratarse de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados del mismo Circuito, en un tema que corresponde a la materia de trabajo, de la especialidad de este Pleno.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, en términos de los preceptos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Pleno del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

TERCERO.—Criterios contendientes. Las consideraciones de los criterios que el denunciante estima forman parte de la contradicción que nos ocupa, se relacionan a continuación:

Primer criterio contendiente. El Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que constituye el órgano denunciante, en sesión extraordinaria de siete de enero de dos mil diecinueve, resolvió el recurso de queja QT. 10/2019, en el cual se consideró, en la parte que interesa, lo siguiente:

"Ahora bien, cabe precisar que los quejosos promovieron diversos juicios de amparo indirecto contra los actos reclamados a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras, consistentes en la discusión, aprobación, expedición y órdenes de publicación del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y se adiciona el Código Penal Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018.

"Asimismo, solicitaron la suspensión de tales actos para el efecto de que en la elaboración y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019 se abstenga de aplicar el acto reclamado y no se imponga como límite de las remuneraciones de la parte quejosa el salario que se determine para el presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019, debiendo incorporar un monto no menor al ya previsto en el ejercicio fiscal 2018.

"Por razón de turno, correspondió conocer de las demandas de amparo al Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien por auto de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, las registró con los números 1623/2018 y 1635/2018, ordenó su acumulación, para evitar el dictado de resoluciones contradictorias de una misma resolución litigiosa y dilaciones judiciales innecesarias, y se declaró incompetente por razón de materia para conocer del juicio al considerar que la ley reclamada regula la relación laboral de secretario y secretarios particulares, con los Jueces y Magistrados respecto a los que se encuentran subordinados, en razón de que la legislación controvertida tiene una naturaleza laboral, no así administrativa, toda vez que las normas cuya inconstitucionalidad se impugnan afectan la remuneración o salario que perciben los quejosos con motivo de la relación laboral que guardan con su superior jerárquico.

"En consecuencia, determinó declinar la competencia sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión por no reclamarse alguno de los actos de excepción, relativos a la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, y remitió los autos al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno.

"Posteriormente, el conocimiento de la demanda de amparo correspondió, por razón de turno, al secretario encargado del despacho del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, quien por auto de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, la registró con el número 2530/2018 y determinó su incompetencia para conocer del asunto por razón de materia al estimar que la ley reclamada regula un ámbito general a los Poderes de Unión y de la administración pública centralizada, descentralizada y organismos autónomos, en relación a las remuneraciones de los servidores públicos de los mismos, y los límites que deberán aplicarse en el momento en que se efectúe el procedimiento de programación y presupuestada, todo ello en el ámbito administrativo.

"En ese tenor, estimó improcedente proveer respecto de la suspensión provisional solicitada, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 48 de la Ley de Amparo, al señalar que la declaración de incompetencia para conocer de una demanda, solamente faculta para otorgar de plano la suspensión cuando los actos reclamados importen peligro a la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En consecuencia, ordenó la devolución de la demanda al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

"...

"CUARTO.—Improcedencia. Se estima innecesario analizar los agravios formulados por los recurrentes y el acto recurrido, toda vez que el presente recurso es improcedente.

"Para explicar lo anterior, es necesario precisar que los recurrentes interponen el presente recurso de queja con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente:

"‘Artículo 97. El recurso de queja procede:

"‘I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones:

"‘...

"‘b) Las que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional.’

"El precepto transcrito establece las hipótesis de procedencia del recurso de queja, el cual en amparo indirecto, el que nos interesa, se actualiza contra las determinaciones que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional.

"Asimismo, debe decirse que si bien existen criterios relativos a la procedencia del recurso de queja respecto a actos que produzcan los mismos efectos que la negativa a la suspensión, como en su caso puede ser el auto inicial que declara sin materia el incidente de suspensión, hipótesis abordada en la tesis de jurisprudencia señalada por los recurrentes en su escrito de agravios, cuyos datos de localización son PC.I.P. J/44 K (10a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, de la Décima Época, publicada con el registro digital: 2017944 en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro (sic) y texto siguientes:

"‘RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CONTRA EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE, DESDE UN INICIO, DECLARA SIN MATERIA EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. El auto inicial del Juez de Distrito que declara sin materia el incidente de suspensión derivado de un juicio de amparo indirecto, causa perjuicio al quejoso y se traduce, materialmente, en que no obtendrá la suspensión provisional del acto reclamado; por ende, esa decisión del órgano de amparo puede equipararse, desde un punto de vista jurídico formal, al auto que niega la suspensión provisional, por lo que, dada la naturaleza de la medida cautelar y su fin (mantener viva la materia del amparo), no es dable posponer el análisis de su legalidad, de ahí que, en su contra, procede el recurso de queja conforme al inciso b) de la fracción I del artículo 97 de la Ley de Amparo, pues sólo así se salvaguarda la interpretación más favorable a la plena efectividad del ejercicio de la acción o principio pro actione, respecto de la interposición del recurso, privilegiando los derechos humanos de acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva, en pleno reconocimiento al principio pro persona.’

"...

"No obstante lo anterior, en el caso en concreto la resolución impugnada no puede ser equiparada a la que niega la suspensión, porque en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México no podía pronunciarse respecto de la suspensión provisional por haber haberse considera (sic) incompetente para conocer del juicio de amparo. Se explica lo anterior.

"El artículo 48 de referencia establece a la letra lo siguiente:

"‘Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al Juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.’

"Ahora bien, cabe precisar que los quejosos promovieron diversos juicios de amparo indirecto contra los actos reclamados a la Cámara de Diputados del Congreso de Unión y otras, consistente en la discusión, aprobación, expedición y órdenes de publicación del Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y se adiciona el Código Penal Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018.

"Asimismo, solicitaron la suspensión de tales actos para el efecto de que en la elaboración y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019 se abstenga de aplicar el acto reclamado y no se imponga como límite de las remuneraciones de la parte quejosa el salario que se determine para el presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019, debiendo incorporar un monto no menor al ya previsto en el ejercicio fiscal 2018.

"Por razón de turno, correspondió conocer de las demandas de amparo al Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien por auto de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, las registró con los números 1623/2018 y 1635/2018, ordenó su acumulación, para evitar el dictado de resoluciones contradictorias de una misma resolución litigiosa y dilaciones judiciales innecesarias, y se declaró incompetente por razón de materia para conocer del juicio al considerar que la ley reclamada regula la relación laboral de secretario y secretarios particulares, con los Jueces y Magistrados respecto a los que se encuentran subordinados, en razón de que la legislación controvertida tiene una naturaleza laboral, no así administrativa, toda vez que las normas cuya inconstitucionalidad se impugna afectan la remuneración o salario que perciben los quejosos con motivo de la relación laboral que guardan con su superior jerárquico.

"En consecuencia, determinó declinar la competencia sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión por no reclamarse alguno de los actos de excepción, relativos a la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo; y remitió los autos al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno.

"Posteriormente, el conocimiento de la demanda de amparo correspondió, por razón de turno, al secretario encargado del despacho del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, quien por auto de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, la registró con el número 2530/2018; y determinó su incompetencia para conocer del asunto por razón de materia al estimar que la ley reclamada regula un ámbito general a los Poderes de (sic) Unión y de la administración pública centralizada, descentralizada y organismos autónomos, en relación a las remuneraciones de los servidores públicos de los mismos, y los límites que deberán aplicarse en el momento en que se efectúe el procedimiento de programación y presupuestación, todo ello en el ámbito administrativo.

"En ese tenor, estimó improcedente proveer respecto de la suspensión provisional solicitada, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 48 de la Ley de Amparo, al señalar que la declaración de incompetencia para conocer de una demanda, solamente faculta para otorgar de plano la suspensión cuando los actos reclamados importen peligro a la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En consecuencia, ordenó la devolución de la demanda al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

"Como se advierte de lo anterior, el acto reclamado no puede equipararse a la negativa de suspensión solicitada en razón de que en el auto recurrido no se emitió pronunciamiento en cuanto a su procedencia, pues se desprende que el secretario encargado del despacho del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, antepuso no aceptar la competencia declinada, y en ese supuesto, de conformidad con lo dispuesto (sic) al artículo 48 de la ley de la materia, precepto que establece expresamente que el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito, que conozca de la demanda y estimen carecer de competencia para conocerlo, la remitirán de plano, con sus anexos, al Juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión.

"De ahí que, el a quo al declararse incompetente no podía pronunciarse respecto a la suspensión solicitada, máxime que estimó que los actos reclamados no eran de los previstos en el artículo 22 constitucional, supuesto en el cual podría haberse pronunciado respecto a la suspensión de plano; de ahí que no exista ni admisión ni pronunciamiento alguno respecto de la suspensión solicitada, por ello es que no procede el recurso de queja dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.

"Es aplicable a lo anterior, a contrario sensu, la jurisprudencia 2a./J. 177/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, en la Novena Época, con registro digital: 165981, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"‘INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE AMPARO QUE DETERMINA QUE NO HA LUGAR A TRAMITARLO PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO, Y NO EL DE LA FRACCIÓN XI. La indicada fracción XI prevé la procedencia del recurso de queja contra las resoluciones del Juez de Distrito o del superior del tribunal responsable que concedan o nieguen la suspensión provisional. Ahora bien, atento a la interpretación restrictiva que generalmente debe hacerse de los supuestos de procedencia de los recursos en la Ley de Amparo, así como a la evolución legislativa de su artículo 95, se advierte la intención del legislador de que el señalado recurso de queja sólo proceda contra las resoluciones que expresamente consigna, por lo que ese medio de defensa no es idóneo para combatir la resolución donde el juzgador de amparo determina que no ha lugar a tramitar el incidente de suspensión. Así, contra esa resolución procede el recurso de queja previsto en la fracción VI del mismo artículo, pues si aquélla se dicta antes de la celebración de la audiencia constitucional, es un proveído de trámite que no admite expresamente el recurso de revisión y que, por su naturaleza trascendental y grave, puede causar daño o perjuicio a la parte quejosa no reparable en la sentencia definitiva, ya que el juicio de amparo podría quedar sin materia; y si se emite después de fallado el juicio, el daño o perjuicio tampoco podría repararse por el tribunal de alzada.’

"...

"La jurisprudencia de mérito se estima aplicable a contrario sensu al caso, pues si bien versa sobre la procedencia del recurso de queja contra las resoluciones en las que se conceda o niegue la suspensión provisional; lo cierto es, que la misma resulta ilustrativa para el caso en que se actúa, pues precisamente, establece que el recurso de queja es procedente únicamente respecto de los supuestos que expresamente se consignan en el numeral que la regula; además, si bien versa respecto de la Ley de Amparo abrogada, es aplicable, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia en vigor, en virtud de que dicho numeral dispone que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la vigente.

"En mayor abundamiento, debe señalarse que si bien el artículo 48 de la Ley de Amparo establece la potestad para conceder la suspensión aun cuando el Juez de Distrito carezca de competencia, esta sólo procede en los supuestos que expresamente refiere el propio artículo, consistentes en aquellos que importen peligro a la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; actos que no corresponden a los reclamados en el juicio de amparo.

"Asimismo, debe plantearse que lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, es claro en cuanto a las directrices para la procedencia de la medida cautelar, de ello es que no se advierte ninguna laguna, ni interpretable (sic) distinta, pues evidentemente define que al tratarse de los actos señalados en el párrafo anterior, procede la suspensión aun sin competencia. De no tratarse de alguno de ellos, es inviable proveer sobre la suspensión.

"En ese tenor, el precepto analizado menos aún puede ser interpretado con arreglo al principio pro persona, porque dicho principio es una herramienta que permite optar entre dos o más interpretaciones que más favorezcan a la protección de los derechos humanos; además, dicho artículo no es norma de derechos humanos, sino una norma procedimental.

"Establecido lo anterior, debe decirse que los recurrentes no están desprotegidos en cuanto a la aplicación del acto reclamado porque no se haya proveído sobre la medida cautelar solicitada al respecto para el efecto de que no se vea disminuido su salario y demás prestaciones que percibían, para que cubran sus gastos y los de sus dependientes económicos, para que no encuadren en los supuestos de comisión de un delito, entre otros; en razón de que es un hecho notorio que mediante resolución de siete de diciembre de dos mil dieciocho, emitida por el Ministro instructor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el incidente de suspensión derivado de la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y diversos senadores integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso de la Unión, respectivamente, se determinó lo siguiente:

"‘... Precisado lo anterior, con el fin de preservar la materia del juicio y evitar que se cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los Poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio de 2019, no sean fijadas en términos de la ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia, sino exclusivamente por lo dispuesto en los artículos 75, 94 y 127 de la Constitución Federal, así como tercero transitorio del decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de agosto de dos mil nueve, disposiciones que son del tenor siguiente: (Se transcribe)

"‘Lo anterior es así, porque con este pronunciamiento no se pone en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, ni se afecta gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudieran obtener los promoventes de la acción; por el contrario, de no concederse la medida solicitada se afectarían irreparablemente los derechos fundamentales que se aducen como vulnerados, ocasionando con ello daños irreversibles para los servidores públicos y la sociedad, pues de acuerdo con el penúltimo párrafo del artículo 105 de la Constitución Federal, de ser fundados los conceptos de invalidez, la declaración de inconstitucionalidad que se solicita, no tendría efectos retroactivos, ya que éstos sólo se permiten para la materia penal, al disponer tal ordenamiento lo siguiente: (Se transcribe)

"‘Atento a ello, en cumplimiento a sus atribuciones constitucionales, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión deberá fijar las remuneraciones que correspondan a los empleos establecidos por ley, específicamente el del presidente de la República, para los efectos de los artículos 75 y 127 ya referidos, con apoyo únicamente en las bases que el propio Texto Fundamental previene para tales casos.’

"Como se aprecia, en el referido incidente de suspensión relativo a las acciones de inconstitucionalidad aludidas, se decretó la suspensión para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los Poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio de dos mil diecinueve, no sean fijadas en términos de la ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia; suspensión que se decretó con apoyo en lo dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución Federal, con el fin de prevenir un daño trascendente que se pudiera causar no sólo a las partes, sino también a la sociedad en general; y, con la finalidad de preservar la materia del juicio y evitar un daño irreparable en relación con las percepciones de los servidores públicos de los Poderes de la Unión y demás entes públicos. De ahí que los recurrentes no se encuentran desfavorecidos, pues cuentan con una tutela precautoria y tutelar respecto del acto reclamado.

"En conclusión, sentadas las consideraciones previamente reseñadas es que se estima que el asunto no encuadra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, es por ello que el recurso en que se actúa es improcedente.

"En mérito de lo expuesto, lo procedente es declarar improcedente el recurso de queja interpuesto por los quejosos.

"No es obstáculo a la conclusión alcanzada que, por auto de presidencia de tres de enero de dos mil diecinueve, se haya admitido el medio de impugnación, pues esa determinación no causa estado ya que únicamente se pronuncia para efectos de trámite.

"Es aplicable a lo expuesto, en lo conducente, la tesis jurisprudencial 4a./J. 34/94 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación (sic), con el registro: 207683, de la Octava Época, de rubro y texto:

"‘RECURSO ADMITIDO POR AUTO DE PRESIDENCIA. LA SALA PUEDE DESECHARLO SI ADVIERTE QUE ES IMPROCEDENTE. Tomando en consideración que en términos de los artículos 20 y 29, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tratándose de los asuntos de la competencia de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus respectivos presidentes sólo tienen atribución para dictar los acuerdos de trámite, correspondiendo a dichos órganos colegiados decidir sobre la procedencia y el fondo de tales asuntos, resulta válido concluir, por mayoría de razón, que siendo el auto de presidencia que admite un recurso un acuerdo de trámite derivado del examen preliminar de los antecedentes, éste no causa estado y, por lo mismo, la Sala puede válidamente reexaminar la procedencia del recurso y desecharlo de encontrar que es improcedente.’."

Segundo criterio contendiente. El Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en sesión de cuatro de enero de dos mil diecinueve, resolvió el recurso de queja QT. 1/2019, en el cual se determinó, en lo que aquí importa, lo siguiente:

"IV. Normas y actos reclamados

"El decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75 y 127 constitucionales; así como sus artículos transitorios primero a quinto del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009.

"El decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; particularmente los artículos 1o. al 17 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y adiciona un Capítulo V Bis al título décimo, libro segundo, del Código Penal Federal, con la denominación ‘Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos’, con los artículos 217 Bis y 217 Ter, así como sus artículos primero y segundo transitorios.

"SEGUNDO.—Mediante acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 1073 a 1090 de las copias certificadas del cuaderno de amparo indirecto) el secretario del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en funciones de Juez de Distrito, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, determinó registrar el cuaderno de amparo indirecto bajo el número 1681/2018-I, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo y ordenó remitirla al Juez de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México, en turno.

"Posteriormente, mediante acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 1092 a 1098 de las copias certificadas del cuaderno de amparo indirecto), la Juez Quinto de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, determinó registrar el cuaderno de amparo indirecto bajo el número 2467/2018-VII y finalmente no aceptó la competencia propuesta; y sobre la suspensión, consideró que no era el caso pronunciarse al no actualizarse las hipótesis de los artículos 48, 126 y 127 de la Ley de Amparo.

"SEGUNDO.—Es procedente el presente recurso de queja, por ubicarse en la hipótesis a que alude el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.

"Lo anterior es así, porque la decisión tomada por la Juez Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México en torno a la suspensión pedida por los quejosos (no pronunciarse por estimar que no se reunieron los supuestos de los artículos 48, 126 y 127 de la ley de la materia), se equipara, desde un punto de vista jurídico formal, al auto que niega la suspensión provisional, dados los efectos que produce, puesto que con lo dicho por la Juez de amparo, los actos reclamados por los titulares de la acción de amparo pudieran seguir produciendo consecuencias que afectarían su esfera de derechos.

"Esto es, ante la existencia de un pronunciamiento en el sentido de que no se actualizaron diversas hipótesis de la Ley de Amparo para decidir provisionalmente sobre la medida cautelar solicitada por los quejosos, en sí mismo, implica negar tal medida, dado que materialmente se permite la ejecución de los actos que se reclaman, lo cual podría dejar sin materia el juicio, o bien, causar daños de difícil reparación a los gobernados, situación que no es permisible; máxime que acorde con lo dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución Federal, se debe velar por la protección y garantía de los derechos humanos de las personas, favoreciendo su protección más amplia.

"Por tanto, toda vez que lo dicho por la Juez Federal permitiría la ejecución y aplicación de las normas reclamadas por los quejosos, es que se estima que se está frente a una negativa de la suspensión provisional; de ahí la procedencia del presente recurso.

"Cabe precisar que la procedencia del presente medio de impugnación que se determina, se da porque en la especie se colman los requisitos formales que permiten realizar el pronunciamiento en torno al tema de la suspensión, lo cual no supone que en todos los casos en que los Juece

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30033-6dba30a1/recurso-de-queja-previsto-en-el-articulo-97 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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