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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, CUYO TRÁMITE Y RESOLUCIÓN ES URGENTE. PROCEDE CONTRA EL AUTO INICIAL EN QUE SE DECLARA SIN MATERIA EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 166/2019. · Registro digital (IUS): 29030
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-09-27
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, Pág. 389.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 166/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO. 14 DE AGOSTO DE 2019. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, EDUARDO MEDINA MORA I., JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK; VOTÓ CON RESERVA DE CRITERIO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: GUADALUPE MARGARITA ORTIZ BLANCO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre un Tribunal Colegiado y un Pleno de Circuito Especializado en Materia Penal, ambos de distinto Circuito, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los puntos primero y segundo, fracción VII y punto tercero, del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito que emitió uno de los criterios en oposición.

TERCERO.—Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe contradicción de tesis es preciso tener en cuenta las consideraciones esenciales que sustentan las posturas de los dos cuerpos colegiados.

I. Recurso de queja 104/2019, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito. Las consideraciones torales de la ejecutoria emitida por unanimidad de votos, son las siguientes:

"El recurso de queja interpuesto es improcedente.

"La demandante de la protección constitucional interpuso este recurso de queja contra el auto de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, que el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, dictó en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 71/2019, en el que, con base en las consideraciones y fundamentos que expuso, declaró sin materia el incidente de suspensión.

"Luego, resulta patente que el supuesto concerniente a declarar sin materia el incidente de suspensión, no encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, relativa a que procede el recurso de queja contra las resoluciones que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional, lo que impide que pueda aplicarse analógica o extensivamente a un caso distinto; pues si bien se formó el incidente de suspensión, pero con base en los fundamentos y motivos que expuso el Juez de Distrito lo declaró sin materia.

"Cabe destacar, que si bien, al declararse sin materia el incidente de suspensión, trae como consecuencia que ya no se pueda proveer la suspensión provisional ni la definitiva, pero no por ese hecho debe estimarse que sea aplicable analógicamente el supuesto del numeral 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; en la medida que, no hay una razón lógica que conlleve a equiparar esa declaratoria (sin materia el incidente de suspensión), con una negativa de la suspensión provisional, así como de la definitiva; ya que de proceder así, se daría a la norma una interpretación no permitida legalmente, y existe el riesgo de llegar a la inadmisible conclusión de que contra la resolución que declara sin materia el incidente de suspensión, puede interponerse tanto el recurso de queja, en términos del citado artículo 97, fracción I, inciso b); o bien, interponerse el recurso de revisión, en términos del numeral 81, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo.

"Robustece el criterio expuesto, con base en el principio de identidad jurídico sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 177/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: ‘INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE AMPARO QUE DETERMINA QUE NO HA LUGAR A TRAMITARLO PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO, Y NO EL DE LA FRACCIÓN XI.’ (se transcribe)

"Igualmente, con base en el principio de identidad jurídica sustancial, se considera ilustrativa la jurisprudencia P./J. 42/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: ‘SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE EL RECURSO DE QUEJA Y NO EL DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO.’ (se transcribe)

"Jurisprudencias aplicables al caso, aun cuando ahí se interpretó la Ley de Amparo abrogada, y en el caso a estudio rija la nueva Ley de Amparo, porque así se autoriza en el artículo sexto transitorio del decreto donde se publicó la Ley de Amparo vigente.

"En consecuencia, debe declararse improcedente el recurso de queja interpuesto."

II. Contradicción de tesis 13/2017, resuelta en sesión de tres de abril de dos mil dieciocho, por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, en la que por mayoría de seis votos contra cuatro, de quienes formularon voto de minoría conjunto, se consideró lo siguiente:

"Este cuerpo colegiado determina que el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo sí es procedente contra el auto que, de forma inicial, declara sin materia el incidente de suspensión derivado de un juicio de amparo indirecto.

"Previo asentar las razones de dicha aseveración, es importante destacar que una situación distinta es cuando tal determinación se emite en la audiencia incidental, porque en tal supuesto el medio de impugnación procedente está definido por la jurisprudencia sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal, en la que estableció que es el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo (abrogada), y no así el de revisión, de rubro: ‘SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE EL RECURSO DE QUEJA Y NO EL DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO.’ criterio que si bien fue emitido bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, se estima que tiene aplicabilidad para la vigente, mutatis mutandis, en lo relativo a las disposiciones aplicables al caso.

"Asimismo, se subraya que la jurisprudencia citada no resuelve de forma temática la presente contradicción de tesis, porque si bien podría considerarse que una resolución que declara sin materia el incidente de suspensión tiene la misma naturaleza, así sea decretada en audiencia o de forma inicial, debe observarse que lo que hizo el Alto Tribunal fue decidir si era el recurso de revisión o el de queja, el procedente para impugnar una decisión de tal índole dictada en la interlocutoria de la audiencia incidental.

"No se soslaya que la problemática es ciertamente similar, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que al no encontrarse ese supuesto expresamente consignado para los casos en que procede el recurso de revisión, la impugnación correspondiente debía ser a través de la queja prevista en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo abrogada [actualmente artículo 97, fracción I, inciso e) de la ley de la materia]; y que no podía existir analogía para recurrir la interlocutoria que declara sin materia el incidente, con la hipótesis de revisión prevista para la interlocutoria que niega la suspensión definitiva.

"Sentado lo anterior, el Pleno de Circuito estima que la contradicción debe ser resuelta atendiendo a los derechos humanos de acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva que toda persona tiene para acceder, de manera expedita dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, a tribunales independientes e imparciales a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión, esto es, en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas. Lo cual se encuentra consagrado en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

"La expresión de este derecho, impone al legislador que las normas relativas a la regulación de procesos judiciales, no deben contener límites irracionales o requisitos impeditivos u obstaculizadores que sean innecesarios, excesivos o carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Lo que implica que el legislador puede establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administra la justicia por parte del Estado, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan un mecanismo expedito, eficaz y confiable para dirimir cualquier conflicto judicial, siempre que las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento, idoneidad y proporcionalidad en los diversos principios o derechos consagrados en la Constitución General.

"Otra vertiente apunta hacia el deber de los juzgadores de buscar en cada caso la interpretación más favorable al ejercicio de la acción, por lo que ante la duda, los requisitos y presupuestos procesales deben interpretarse en el sentido más favorable a la plena efectividad de ese derecho, privilegiando la tramitación del proceso respectivo, lo que también se ha identificado como el principio pro actione.

"Ahora bien, el efecto protector del derecho humano a la tutela judicial efectiva, si bien importa de manera destacada obtener el inicio de un proceso, también tiene el alcance de prolongarse durante toda la tramitación del juicio para permitir a las partes que incorporen las cuestiones tendentes a nutrir, depurar, regularizar o corregir el procedimiento o las decisiones judiciales que lo integran, obtener la resolución firme correspondiente y, en su caso, ejecutar la decisión judicial fijada en sentencia ejecutoria.

"En relación con este último alcance el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido dos precisiones:

"• Uno. Respecto de las peticiones que ocurren dentro del proceso, la intensidad de la tutela judicial efectiva se encuentra matizada en relación con la trascendencia procesal de la solicitud, petición o incidencia respectiva.

"• Dos. La actividad de las partes queda enmarcada tanto por las normas procesales que dan unidad, orden, continuidad, sentido y certeza a la tramitación del proceso, como por las determinaciones judiciales que, de manera sucesiva, resuelven y provén sobre los planteamientos, solicitudes y promociones que hacen valer las partes durante el juicio, hasta el dictado de la resolución definitiva correspondiente.

"• Esta última condición permite afirmar que el deber de los juzgadores de buscar en cada caso la interpretación más favorable al ejercicio de la acción (principio pro actione), encuentra aplicación también respecto de las interposiciones de medios de impugnación y recursos para impugnar determinaciones tomadas por el juzgador durante el transcurso del proceso, aunque su intensidad sea razonablemente matizada, como ya se dijo.

"Lo anterior, también es acorde al principio pro persona o pro homine, que consiste en un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más limitada cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de derechos de suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental de la esencia de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor de la persona.

"Con base en la anterior definición, se puede distinguir que el principio pro persona tiene una doble dimensión: en primer lugar dispone el deber de aplicar la norma o la interpretación más favorable a la persona en el ejercicio de un derecho y, en segundo, el deber de acudir a la norma o interpretación que menos requisitos o restricciones imponga para el acceso o goce de un derecho.

"Y fue precisamente que dentro del conjunto de reformas de junio de dos mil once, que el principio pro persona fue incorporado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo primero, párrafo segundo, para quedar enunciado en los siguientes términos: ‘Artículo 1o.’ (se transcribe)

"En esa tesitura, si bien es cierto, que la Ley de Amparo prevé en su artículo 97, fracción I, inciso b), de manera clara como hipótesis específica de procedencia del recurso de queja, el caso de impugnar en amparo indirecto la resolución que concede o niega la suspensión de plano o provisional.

"También lo es que, el diverso 145 de la misma legislación, establece la posibilidad de declarar sin materia el incidente de suspensión, tal como se advierte a continuación: (se transcribe)

"Sin que se pierda de vista que, contra la determinación que declara sin materia el incidente de suspensión procede el recurso de queja previsto en la fracción VI del ordinal 95 –actualmente el artículo 97, fracción I, inciso e)–, pues así lo estableció nuestro Máximo Tribunal con la anterior Ley de Amparo; sin embargo, es dable destacar que tal como quedó asentado al inicio del presente estudio, el punto toral en dicha determinación lo fue el declarar procedente el recurso de queja en la aludida hipótesis para impugnar una decisión de tal índole dictada en la interlocutoria de la audiencia incidental, pues así lo señalaba el ordinal 134 de la legislación en comento, circunstancia diversa al tema que hoy nos ocupa, puesto que, la declaratoria sin materia que hizo el Juez de amparo fue en el auto inicial del incidente, esto es, ni siquiera se declaró abierto, lo que se traduce, materialmente, en que la parte quejosa no obtuvo la suspensión provisional del acto reclamado, hipótesis que no se encuentra regulada en la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 constitucionales.

"Circunstancia esta última que obliga a los juzgadores a buscar en cada caso la interpretación más favorable hacia la persona (principio pro persona) y a la plena efectividad del ejercicio de la acción o principio pro actione, respecto de la interpretación del recurso, privilegiando la tramitación del proceso respectivo.

"Por lo que, en el caso particular, es dable aplicar de manera análoga o extensiva dicho supuesto al diverso contenido en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, en el que se prevé el recurso de queja contra las resoluciones que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional.

"Ello es así, dado que este medio de defensa es de sustanciación urgente, como lo demuestra la brevedad de los plazos en los que debe interponerse (dos días hábiles) y resolverse (cuarenta y ocho horas), conforme a los artículos 98, fracción I, y 101, párrafo quinto, del citado ordenamiento.

"Se afirma lo anterior, pues no debe perderse de vista que, la suspensión tiene por objeto mantener viva la materia del amparo, es decir, trata de impedir que se consumen irreparablemente el acto o los actos reclamados, y de esta manera no llegue a resultar inútil para el quejoso la protección de la Justicia Federal que pretende, de donde se desprende la importancia de las determinaciones que el Juez de Distrito dicte respecto de la medida cautelar.

"De ahí que, la determinación en la que el juzgador de amparo en el auto que, de forma inicial, declara sin materia el incidente de suspensión derivado de un juicio de amparo indirecto, se traduce, materialmente, en que no obtiene la suspensión provisional del acto reclamado, por ende debe equipararse desde un punto de vista jurídico formal, al auto que niega la suspensión provisional, por lo que, dada la naturaleza de la medida cautelar y su fin, no es dable posponer el análisis de la legalidad de dicho pronunciamiento por parte del Juez de Distrito, por ende, procede su tramitación conforme al inciso b), fracción I, del artículo 97, de la Ley de Amparo, pues sólo así se salvaguarda el derecho humano de acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva.

"Puesto que, se itera, la importancia de la medida cautelar se refleja en la voluntad del legislador, al regular el medio de impugnación que nos ocupa, pues estableció plazos breves tanto para su presentación como para su resolución, esto es, ordenó que su presentación se lleve a cabo en un plazo de veinticuatro horas, adjuntando a éste las constancias pertinentes, y que el recurso se resuelva de plano dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes; de donde se entiende que dotó de un rasgo de urgencia a la realización de esos actos, pues tomó en cuenta que la suspensión provisional existe hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva, pero sobre todo, en atención a que con esos plazos se entiende que buscó crear las condiciones para que los fines de la medida cautelar se cumplieran y, por ende, se mantenga viva la materia del amparo.

"Estimar lo contrario, implicaría contrariar los fines que buscó el legislador para la resolución pronta y urgente de dicho medio de impugnación, con el consecuente riesgo de afectar la materia propia del juicio de amparo.

"Además, cabe destacar que la queja es un recurso que está expresamente reconocido en el artículo 80 de la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 constitucionales y, de acuerdo con el procesalista **********, es la acción de ‘recorrer’ para lograr el ‘regreso al punto de partida’ y, en el procedimiento del juicio de amparo, se instituyó como un medio de defensa que se interpone para desvirtuar un acto procesal que el recurrente considera lesivo e incorrecto. (sic) Dicho acto procesal que el recurrente considera lesivo e incorrecto. Dicho acto procesal es emitido por el juzgador que dirige la instancia relativa, sin que haya posibilidad de que el propio Juez, emisor del acto lesivo, pueda ‘regresar’ la actuación incorrecta al punto que se considera ‘correcto’, sino que siempre serán otros Jueces los que conozcan del recurso y lo fallen.

"Máxime que, la queja procede contra resoluciones que no admiten el recurso de revisión, dado que éste es un medio de impugnación restrictivo, puesto que, es puntual en señalar los supuestos sobre los cuales procede por ende, el recurso de queja es flexible en cuanto a las determinaciones que admitan el diverso de revisión.

"Por lo hasta aquí expuesto, el Pleno de este Circuito determinar que el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, es procedente contra el auto que, de forma inicial, declara sin materia el incidente de suspensión derivado de un juicio de amparo indirecto, pues con ello se privilegia una justicia eficaz, pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Federal.

"Así las cosas, las tesis que deberá prevalecer con el carácter de jurisprudencia es la siguiente: ‘RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CONTRA EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE, DESDE UN INICIO, DECLARA SIN MATERIA EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN.’ (se transcribe)." «publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 de septiembre de 2018 a las 10:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 58, Tomo II, septiembre de 2018, página 1777»

CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Se actualiza la oposición de criterios denunciada entre los órganos contendientes, pues fijaron una postura distinta sobre un mismo tema jurídico.

La figura de la contradicción de tesis fue establecida con el propósito de salvaguardar la seguridad jurídica ante criterios jurídicos opuestos y, así desarrollar una función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que se precisa de la reunión de los siguientes supuestos, para que exista contradicción de tesis:

a) La presencia de dos o más ejecutorias en las que se adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales; y,

b) Que la diferencia de criterios emitidos en esas ejecutorias, se presente en las consideraciones, razonamientos o respectivas interpretaciones jurídicas.

Es ilustrativa la jurisprudencia P./J. 72/2010 del Tribunal Pleno de este Tribunal, con registro digital: 164120 y de rubro:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES." «publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7»

Los dos tribunales se pronunciaron acerca de la procedencia del recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, interpuesto en contra del auto inicial dictado dentro del incidente de suspensión en amparo indirecto, en donde el Juez de Distrito declaró sin materia dicho incidente.

De modo que los contendientes interpretaron un mismo problema jurídico, pero adoptaron posturas distintas, al resolver dicha cuestión.

De un lado, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito consideró que era improcedente el recurso de queja intentado en contra del auto inicial dictado en el incidente de suspensión, en el cual se había declarado sin materia, pues, desde su apreciación, el medio de defensa no encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.

En razón de que, explicó, el supuesto de procedencia está delimitado al caso en que se concediera o negara la suspensión de plano o la suspensión provisional; por lo que no podía aplicarse por analogía a casos distintos, pues si bien éste traía como consecuencia que no se pudiera proveer sobre la suspensión provisional ni la definitiva, no por ese hecho, podía considerarse que existiera una razón lógica que conllevara a equiparar esa declaratoria sin materia a una negativa de la suspensión; pues de hacerlo, se daría una interpretación a la norma que no estaba legalmente permitida.

Inclusive, añadió que podría correrse el riesgo de interpretar que en contra de la resolución que declaraba sin materia el incidente de suspensión cabría tanto el recurso de queja previsto en el citado numeral 97, fracción I, inciso b); como el diverso de revisión establecido en el artículo 81, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo.

Por otra parte, el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito resolvió que es procedente el recurso de queja interpuesto en contra del auto inicial en que se declara sin materia el incidente de suspensión, en términos del artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.

Lo anterior, bajo una interpretación orientada por el derecho de acceso a la justicia y el principio pro persona, pues el Pleno consideró que se podía aplicar de manera análoga el supuesto previsto en el referido numeral, en virtud de que esa declaración "sin materia" se traducía materialmente en no obtener la suspensión provisional, de forma que se podía equiparar al auto en que se negaba dicha medida cautelar.

Para lo cual, consideró de suma importancia que la sustanciación urgente prevista en ese medio de impugnación tiende a evitar que el acto reclamado se consume de modo irreparable y ello se pueda traducir en una infructuosa protección constitucional; por lo cual, estableció que en esos casos no es dable posponer el análisis de legalidad de ese pronunciamiento, pues sólo de esa manera se podría salvaguardar el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva.

Las posiciones enfrentadas sobre un mismo problema exigen, por principio de certeza jurídica, resolver la siguiente incógnita: ¿Es procedente el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo contra el auto dictado al inicio del incidente de suspensión en amparo indirecto, en el que se declara sin materia éste?

Es necesario decir que la jurisprudencia P./J. 42/99 emitida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE EL RECURSO DE QUEJA Y NO EL DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO."(1) no impide considerar actualizada la presente contradicción.

En ese criterio, se reguló la procedencia del recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo abrogada, cuando la declaración "sin materia" del incidente de suspensión se había emitido en la interlocutoria tras la audiencia incidental con la que se ponía fin al incidente, no en el auto inicial.

Tampoco son obstáculo lo establecido en las jurisprudencias 1a./J. 24/2007 de rubro: "QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS RESOLUCIONES DE TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN LAS QUE SE OMITA ALGÚN PRONUNCIAMIENTO LEGAL, Y LAS DICTADAS DESPUÉS DE FALLADO EL JUICIO DE GARANTÍAS EN PRIMERA INSTANCIA, SIEMPRE QUE LA AFECTACIÓN QUE PRODUZCAN NO SEA REPARABLE POR LA AUTORIDAD QUE LAS PRONUNCIE O POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN."(2) y la jurisprudencia 2a./J. 177/2009 de rubro: "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE AMPARO QUE DETERMINA QUE NO HA LUGAR A TRAMITARLO PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO, Y NO EL DE LA FRACCIÓN XI.";(3) emitidas por la Primera y la Segunda Salas de este Alto Tribunal.

Ya que si bien en ambas se aborda el tema de la procedencia del recurso de queja, lo cierto es que se refieren a diferentes supuestos. En la primera jurisprudencia la hipótesis que interesa se acota a la existencia de una omisión en las resoluciones de trámite del incidente de suspensión. En el segundo criterio, el supuesto se ancla en que se haya determinado que no ha lugar a tramitar el incidente de suspensión; mientras que la incógnita aquí surge sobre un supuesto distinto, consistente en dilucidar si procede la queja contra el auto inicial dictado en el incidente de suspensión, en que éste se declara sin materia.

Además, la principal característica del problema que nos ocupa, surge de una distinción en los elementos fácticos que abarcan las reglas de esos precedentes; en particular si dicho supuesto encuadra en la procedencia del recurso de queja, cuyo rasgo particular es su trámite y resolución urgente; diferencia que es relevante para resolver la presente contradicción.

QUINTO.—Estudio de fondo. De acuerdo con lo que se responde enseguida, debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, en términos del artículo 225 de la Ley de Amparo, el criterio sustentado por esta Segunda Sala, por las siguientes razones:

A la pregunta ¿Es procedente el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo contra el auto dictado al inicio en el incidente de suspensión en amparo indirecto, en el que se declara sin materia éste?

La respuesta es afirmativa; es decir, sí es procedente dicho medio de impugnación en contra de tal determinación, bajo una interpretación de dicho precepto desde un enfoque constitucional y convencional de los derechos de acceso a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.

I. Importancia de la suspensión del acto reclamado. La suspensión del acto reclamado es una institución procesal del juicio de amparo, cuya importancia se enmarca en la posibilidad que tienen las personas de evitar que se materialicen en su perjuicio los efectos o consecuencias del acto que combaten; por ello, dicho mecanismo procesal tiene una vocación protectora o remedial de carácter inmediato y provisorio para los derechos sustantivos de las personas.

Su especial significado radica en que desde la promoción del juicio de amparo, las personas pueden obtener una protección anticipada en sus derechos, con la finalidad de evitar que las violaciones alegadas puedan consumarse de modo irreparable y que puedan hacer físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho defendido, de conformidad con lo previsto en los artículos 127, 128, 131, 133 y 139 de la Ley de Amparo.

El artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los actos reclamados pueden ser objeto de suspensión, en los casos y mediante las condiciones que establezca la ley de la materia, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.

La suspensión puede desdoblar sus efectos en dos sentidos: a) un efecto paralizante de los actos y sus consecuencias; o bien, b) un efecto restaurativo de dichos actos; de conformidad con los artículos 139 y 147 de la Ley de Amparo.

Los efectos provisorios de la medida cautelar, además de conservar la materia de la litis constitucional, buscan que no aumente la intensidad del daño en los derechos que defiende la parte quejosa, de suerte que se posponga o restaure la potencial lesión al derecho que se defiende.

La suspensió

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29030-1ef5b3c7/recurso-de-queja-previsto-en-el-articulo-97 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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