SUSPENSIÓN EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 138, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO AL CONCEDERLA GOZA DE LA MÁS AMPLIA FACULTAD PARA IMPONER AL QUEJOSO LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA PARA RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD DE ESA MEDIDA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 63/2000-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL ANTES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO, AHORA SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL MISMO CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIA: ROSALBA RIVERA SALCEDO.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver la queja 2/2000 interpuesta por ... el siete de marzo de dos mil, en la parte que interesa, sostuvo:
"Ahora bien, como se desprende de la lectura de los textos de la exposición de motivos y del dictamen antes transcritos, la intención de la reforma consistente, entre otras cosas, en la adición del segundo párrafo del artículo 138 de la Ley de Amparo, en 'garantizar la continuación del proceso penal y evitar que los inculpados se sustraigan a la acción de la justicia' y aun cuando en dicha exposición de motivos también se habla de una reforma al primer párrafo del artículo 136 de la misma ley, que finalmente no fue llevada a cabo, las razones expresadas en torno a que el efecto de la suspensión provisional concedida contra la orden de aprehensión que no ha sido ejecutada, consistirá en que el inculpado comparezca ante la autoridad que deba juzgarlo en un término de tres días a fin de que rinda su declaración preparatoria, deben prevalecer, porque fueron expuestas en uno de los criterios jurisprudenciales sustentados por el Poder Judicial de la Federación recogidos por la reforma al citado artículo 138 de la Ley de Amparo, a los que se refiere la mencionada exposición de motivos como sin duda lo es la jurisprudencia número 16/97, establecida por la Primera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 33/96, que aparece publicada en la página doscientos veintiséis del Tomo V, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y siete, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el título y texto siguientes: 'SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL.' (la transcribe).-En efecto, en el considerando séptimo de la resolución mediante la cual la Primera Sala del más Alto Tribunal del país estableció esta jurisprudencia por contradicción de tesis, se expone: 'SÉPTIMO. ...' (la transcribe).-Así, tomando en consideración todo lo expuesto queda claro que el Juez de Distrito puede imponer al quejoso la obligación de presentarse ante el Juez de la causa de la que emana la orden de aprehensión que reclama para que rinda su declaración preparatoria, como uno de los requisitos de efectividad de la suspensión provisional que le conceda contra dicho mandamiento, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 136 de la Ley de Amparo para dictar las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del agraviado con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediere el amparo que solicitó y atendiendo también a lo dispuesto por el diverso artículo 138 de la misma ley, en cuanto establece que cuando la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado; y que en los procedimientos penales el quejoso tendrá la obligación de comparecer dentro del término de tres días ante el Juez de la causa o el Ministerio Público y, en caso de no hacerlo, dejará de surtir efectos la suspensión concedida, sin que ello implique la 'desnaturalización de la institución de la suspensión del acto reclamado', como equivocadamente lo aprecia el recurrente, pues no debe perderse de vista que de conformidad con lo previsto por el artículo 130 de la ley de la materia, la suspensión provisional del acto reclamado se decreta para que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva.-Cabe agregar, que el hecho de que se constriña al quejoso a rendir su declaración preparatoria como una medida de eficacia de la suspensión provisional que le fue concedida, no vulnera en su perjuicio la garantía individual consagrada en la fracción II del artículo 20 constitucional, porque en realidad al comparecer ante el Juez del proceso en la diligencia en la que éste habrá de tomar dicha declaración, el inculpado de mérito puede abstenerse de declarar, precisamente con fundamento en esa disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
El mismo tribunal, al resolver el día nueve de marzo de dos mil el incidente en revisión 35/2000 interpuesto por ... en la parte conducente, sostuvo:
"Ahora bien, en principio, debe dejarse perfectamente establecido que conforme a la legislación de amparo, en específico el capítulo que regula la medida suspensional, el Juez de amparo goza de las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias tendientes al aseguramiento del quejoso con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo en vigor, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, amén de que en su segundo párrafo, expresamente señala: 'Cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el quejoso tendrá la obligación de comparecer dentro del plazo de tres días ante el Juez de la causa o el Ministerio Público y, en caso de no hacerlo, dejará de surtir efectos la suspensión concedida.'. Por lo anterior se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión, ya que no puede sostenerse que la preservación de la materia suspensiva a que se refiere la parte final del numeral 124 de la legislación de amparo pugna directamente con lo antes transcrito, ya que los dos preceptos legales de que se habla deben ser vistos y acatados en perfecta armonía, pues esa exigencia en realidad tiende a la preservación y observancia del interés social, que en el caso se manifiesta a través de la continuidad de las causas criminales y la garantía de que el quejoso no se sustraerá a la acción de la justicia. Sobre este tópico, resulta aplicable al caso la jurisprudencia número 1a./J. 16/97 surgida de la contradicción de tesis 33/96 de la Primera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos veintiséis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: 'SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL.'. No sobra agregar que el criterio jurisprudencial antes invocado, por surgir de una resolución que dilucidó la contradicción de tesis de Tribunales Colegiados conforme al numeral 192 de la Ley de Amparo, constituye jurisprudencia firme misma que, en el presente caso, resultaba obligatoria para el Juez de amparo (que incluso con acierto la invocó), amén de que esa jurisprudencia con su obligatoriedad vino a trazar una directriz unificada sobre el manejo y necesidad de fijar el requisito que constituye tema de debate en este recurso, volviéndose anacrónicos y desusuales los criterios que sobre el tema invocó en sus agravios la recurrente.-En lo referente al motivo de queja en el que se argumenta que la exigencia legal es la de comparecer ante el Juez emisor del mandato de captura, pero no la de ponerse a disposición de éste, cabe decir que resulta desacertado lo que sobre el particular se dice, ya que ese requisito, aun cuando literalmente se plasma como 'la obligación de comparecer' ante el Juez de la causa dentro de un plazo determinado, no tiene otro sentido más que el de someterse a su jurisdicción para la continuación del procedimiento que, en casos como el presente en el que se reclama una orden de aprehensión, tiene como consecuencia el quedar sub júdice del Juez emisor de ese mandato restrictivo de la libertad para la resolución de la situación jurídica en la dilación constitucional, pues con ello es con lo que en todo caso se tendría la preservación y observancia del interés social, al lograrse que el procedimiento en las causas criminales no se paralice y garantizar que el quejoso no se sustraerá a la acción de la justicia ... Ahora bien, como se desprende de la lectura de los textos de la exposición de motivos y el dictamen antes transcritos, la intención de la reforma consistente, entre otras cosas, en la adición del segundo párrafo del artículo 138 de la Ley de Amparo, es 'garantizar la continuación del proceso penal y evitar que los inculpados se sustraigan a la acción de la justicia', y aun cuando en dicha exposición de motivos también se habla de una reforma al primer párrafo del artículo 136 de la misma ley, que finalmente no fue llevada a cabo, las razones expresadas en torno a que el efecto de la suspensión concedida contra la orden de aprehensión que no ha sido ejecutada, consistirá en que el inculpado comparezca ante la autoridad que deba juzgarlo, en el término de tres días a fin de que rinda su declaración preparatoria, deben prevalecer, porque fueron expuestas en uno de los criterios jurisprudenciales sustentados por el Poder Judicial de la Federación, recogidos por la reforma al citado artículo 138 de la Ley de Amparo, a los que se refiere la mencionada exposición de motivos, como sin duda lo es la jurisprudencia 16/97, establecida por la Primera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 33/96 que aparece publicada en la página doscientos veintiséis del Tomo V, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y siete, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el título y texto siguientes: 'SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL.' (la transcribe).-En efecto, en el considerando séptimo de la resolución mediante la cual la Primera Sala del más Alto Tribunal del país estableció esta jurisprudencia por contradicción de tesis, se expone: 'SÉPTIMO. ...' (la transcribe).-Por último, en cuanto a la alegada inobservancia de la jurisprudencia, debe precisarse que lo desacertado de ese agravio está en el hecho de que los criterios invocados en los agravios datan de fechas anteriores a la emisión de la jurisprudencia invocada en párrafos precedentes, pero se debe atender también, de manera preponderante que esos criterios son de fecha anterior a la última reforma sufrida por el numeral 138 de la Ley de Amparo (en vigor desde el nueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, cuando aún no se iniciaba el trámite del juicio de amparo del que derivó el incidente de suspensión), en la que se agregó un segundo párrafo que ya fue objeto de transcripción en esta resolución, en donde se estableció la comparecencia de que se habla como una obligación impuesta por la propia legislación y no como una simple potestad del Juez de amparo; de ahí que esa reforma legal influya para que los criterios objeto de mención en los agravios hubieran quedado en desuso."
Por último, al resolver la queja 8/2000 interpuesta por ... con fecha tres de mayo de dos mil, el tribunal de mérito sostuvo, en lo conducente, lo siguiente:
"Ahora bien, como se desprende de la lectura de los textos de la exposición de motivos y del dictamen antes transcritos, la intención de la reforma consistente, entre otras cosas, en la adición del segundo párrafo del artículo 138 de la Ley de Amparo, es 'garantizar la continuación del proceso penal y evitar que los inculpados se sustraigan a la acción de la justicia', y aun cuando en dicha exposición de motivos también se habla de una reforma al primer párrafo del artículo 136 de la misma ley, que finalmente no fue llevada a cabo, las razones expresadas en torno a que el efecto de la suspensión provisional concedida contra la orden de aprehensión que no ha sido ejecutada, consistirá en que el inculpado comparezca ante la autoridad que deba juzgarlo, en el término de tres días, a fin de que rinda su declaración preparatoria, deben prevalecer, porque fueron expuestas en uno de los criterios jurisprudenciales sustentados por el Poder Judicial de la Federación recogidos por la reforma al citado artículo 138 de la Ley de Amparo, a los que se refiere la mencionada exposición de motivos, como sin duda lo es la jurisprudencia número 16/97 establecida por la Primera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 33/96, que aparece publicada en la página doscientos veintiséis del Tomo V, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y siete, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el título y texto siguientes: 'SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL.' (la transcribe).-En efecto, en el considerando séptimo de la resolución mediante la cual la Primera Sala del más Alto Tribunal del país estableció esta jurisprudencia por contradicción de tesis, se expone: 'SÉPTIMO. ...' (la transcribe).-Así, tomando en consideración todo lo expuesto queda claro que el Juez de Distrito debe imponer al quejoso la obligación de presentarse ante el Juez de la causa de la que emana la orden de aprehensión que reclama, para que rinda su declaración preparatoria, como uno de los requisitos de efectividad de la suspensión provisional que le conceda contra dicho mandamiento, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 136 de la Ley de Amparo para dictar las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del agraviado con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediere el amparo que solicitó, y atendiendo también a lo dispuesto por el diverso artículo 138 de la misma ley, en cuanto establece que cuando la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, y que en los procedimientos penales el quejoso tendrá la obligación de comparecer dentro del término de tres días ante el Juez de la causa o el Ministerio Público y, en caso de no hacerlo, dejará de surtir efectos la suspensión concedida, sin que ello implique la desnaturalización de la institución de la suspensión del acto reclamado, pues no debe perderse de vista que de conformidad con lo previsto por el artículo 130 de la ley de la materia, la suspensión provisional del acto reclamado se decreta para que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva.-Cabe agregar que el hecho de que se constriña al quejoso a rendir su declaración preparatoria como una medida de eficacia de la suspensión provisional que le fue concedida, no vulnera en su perjuicio la garantía individual consagrada en la fracción II del artículo 20 constitucional, porque en realidad al comparecer ante el Juez del proceso en la diligencia en la que éste habrá de tomar dicha declaración, el inculpado de mérito puede abstenerse de declarar, precisamente con fundamento en esa disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Dichas ejecutorias dieron origen a la siguiente tesis:
"SUSPENSIÓN PROVISIONAL, EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE IMPONER LEGALMENTE AL QUEJOSO LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE LA RESPONSABLE PARA RENDIR DECLARACIÓN PREPARATORIA, COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD DE LA.-Atento el contenido de la exposición de motivos de la iniciativa del Ejecutivo Federal que propuso la última reforma a los artículos 73, fracción X, 138 y 155 de la Ley de Amparo -en vigor a partir del día nueve de enero de mil novecientos noventa y nueve-; del dictamen correspondiente de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, y de la jurisprudencia por contradicción de tesis número 16/97, establecida por la Primera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo título es: 'SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DEL AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL.', el Juez de Distrito puede legalmente imponer al quejoso la obligación de presentarse ante el Juez de la causa de la que emana la orden de aprehensión que reclama, para que rinda su declaración preparatoria, como uno de los requisitos de efectividad de la suspensión provisional que le conceda contra dicho mandamiento, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 136 de la Ley de Amparo, para dictar las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del agraviado, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediere el amparo que solicitó, y atendiendo también a lo dispuesto por el diverso artículo 138 de la misma ley, en cuanto establece que cuando la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, y que en los procedimientos penales, el quejoso tendrá la obligación de comparecer dentro del término de tres días ante el Juez de la causa o el Ministerio Público, y en caso de no hacerlo dejará de surtir efectos la suspensión concedida."
QUINTO.-Por su parte, el antes Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Cuarto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito, al resolver las quejas 15/2000, 75/2000, 82/2000, 91/2000 y 99/2000 determinó, esencialmente, lo siguiente:
En la queja 15/2000, interpuesta por ... resuelta el tres de febrero de dos mil, las consideraciones que al caso interesan, son del tenor siguiente:
"... En el auto recurrido se determinó conceder a los quejosos la suspensión provisional respecto a la orden de captura para el efecto de que no se les prive de su libertad, quedando a su disposición, en cuanto a su libertad personal, hasta que las responsables reciban la notificación sobre la suspensión definitiva, en la inteligencia de que si la orden de aprehensión se refiere a aquellos delitos en los que la ley prohíbe expresamente conceder la libertad provisional bajo caución, por considerarse como delitos graves, la suspensión sólo producirá el efecto de que una vez que sean aprehendidos, queden a su disposición, por cuanto hace a su libertad personal, y a disposición del Juez de la causa por lo que hace a la secuela del procedimiento, en el concepto de que dicha suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si los quejosos no otorgan dentro del término de cinco días garantía por la cantidad de cinco mil pesos, en cualquiera de las formas previstas por la ley debiendo, además, presentarse ante las autoridades judiciales señaladas como responsables a rendir su declaración preparatoria dentro del término de tres días, conforme a lo dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Amparo, así como cuantas veces sean requeridos, apercibiéndolos que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo señalando, la medida cautelar dejará de surtir efectos ... el Pleno de este Tribunal Colegiado estima incorrecta esa medida de aseguramiento en la parte que obliga a los quejosos a presentarse ante las autoridades judiciales que señalaron como responsables a rendir su declaración preparatoria, como medida de eficacia para que surta efectos la suspensión provisional, esto porque, por un lado, el artículo 138 de la Ley de Amparo no establece expresamente tal obligación, sino únicamente la de comparecer ante el Juez de la causa dentro del plazo de tres días, pero sin constreñirlos a que rindan su declaración preparatoria y, por el otro, porque tal condición contraviene lo dispuesto por los artículos 124, fracción III, 136, primer párrafo, y el propio 138 de la ley de la materia, en virtud de que la condición de que el agraviado acuda ante la responsable a declarar en vía de preparatoria, provoca que se agote irremediablemente la materia del juicio en lo principal y se le ocasionen daños y perjuicios de imposible reparación, lo cual pugna con los preceptos invocados; pues, mientras que el primero de ellos impone al juzgador constitucional la obligación de tomar las medidas pertinentes a fin de conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio; el segundo establece que si el acto reclamado afecta la libertad personal, como ocurre en la especie, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito únicamente en cuanto a ella se refiera, y a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, cuando el acto emane de un procedimiento del orden penal por lo que hace a su prosecución; en tanto que el tercero de los numerales establece el imperativo de que la suspensión no debe impedir la continuación del procedimiento generador de los actos reclamados, excepción hecha de aquellos casos en que ello deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pudiere ocasionar al quejoso; luego entonces, no debe condicionarse a los aquí quejosos a presentarse ante el Juez del proceso a rendir su declaración preparatoria como medida de eficacia para que surta efectos la suspensión, toda vez que de hacerse así, la consecuencia legal sería un cambio en su situación jurídica al pronunciarse, en su caso, auto de formal prisión o de sujeción a proceso, o bien, de dictarse auto de libertad cesarían los efectos del acto reclamado, lo que provocaría la configuración de la causal de improcedencia prevista por la fracción X, segundo párrafo del artículo 73, de la Ley de Amparo, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, y que entró en vigor al día siguiente, para el primer caso, y la prevista por la fracción XVI del propio numeral, para el segundo supuesto, lo que en su caso originaría el sobreseimiento en el juicio de garantías en términos del artículo 74, fracción III, de la propia ley, todo lo cual impediría que hubiere un pronunciamiento de la Justicia Federal respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la orden de captura impugnada, vulnerándose con ello los principios esenciales de la suspensión en el juicio de amparo cuyo principal objetivo es conservar la materia del mismo y no acabar con ella.-Por último, cabe advertir que si bien es cierto que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia, también lo es que la obligación que se impuso a los quejosos de presentarse ante el Juez de la causa a rendir declaración preparatoria, no constituye una medida de aseguramiento, sino un acto procesal el cual no puede ser impuesto por una autoridad de amparo al Juez de la causa."
Asimismo, con fecha veinte de junio de dos mil, al resolver la queja 75/2000 interpuesta por ... el mismo tribunal, esencialmente consideró:
"... Se sigue de lo anterior que, contrario a lo expuesto por la autoridad recurrente, el párrafo segundo de la disposición legal transcrita no tiene el alcance jurídico de imponer a ... la obligación de acudir ante el Juez del proceso dentro del término de tres días a rendir su declaración preparatoria y, en caso de no hacerlo, deje de surtir efectos la suspensión provisional concedida, pues la lectura de dicha norma jurídica indica que éste solamente tiene obligación de comparecer en tal plazo ante el Juez de la causa, sin que ello implique ineludiblemente que deba rendir en ese momento declaración preparatoria, como lo pretende hacer valer la autoridad recurrente, toda vez que sobre el particular, el precepto en comento no impone en forma expresa dicha obligación al indiciado, de ahí que al carecer de sustento jurídico el argumento de la responsable recurrente, en el sentido de que para surtir efectos la suspensión provisional concedida a ... debió imponérsele la obligación de rendir declaración preparatoria ante el Juez del proceso dentro del término de tres días, deviene infundado el agravio que se examina ..."
El citado tribunal, en la resolución dictada el seis de julio de dos mil, en la queja 82/2000, interpuesta por ... determinó en lo que al presente caso interesa, lo siguiente:
"... Así las cosas, en esencia, sostiene el inconforme que la condición impuesta consistente en la obligación de presentarse ante la autoridad responsable a rendir su declaración preparatoria, para que surta efectos la suspensión provisional, es contraria a lo dispuesto por los artículos 124, fracción III, 126 y 130 de la Ley de Amparo.-En efecto, asiste razón al recurrente, pues este órgano colegiado estima que en el caso es incorrecta la medida de aseguramiento en la parte que obliga al quejoso, ahora recurrente, a presentarse ante el Juez de la causa a rendir su declaración preparatoria como medida para que surta efectos la suspensión provisional. ... Lo anterior, porque el artículo 138 de la Ley de Amparo no faculta al Juez Federal a imponer la obligación en comento, sino que dicho numeral únicamente señala en forma expresa que deberá constreñirse al quejoso a comparecer ante el Juez de la causa en un plazo de tres días, pero sin imponer la obligación de que rinda su declaración preparatoria, de ahí que resulta errónea la consideración de la Juez Federal.-Por otra parte, es menester destacar que la condición en comento contraviene lo dispuesto por los artículos 124, fracción III, 136, primer párrafo, y el propio 138 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Ley Suprema, en virtud de que la condición en el sentido de que el agraviado acuda ante el Juez instructor a declarar en vía de preparatoria, provoca que se agote irremediablemente la materia del juicio en lo principal y se le ocasionen daños y perjuicios de imposible reparación, lo cual pugna con los preceptos invocados; pues, mientras que el primero de ellos impone al juzgador constitucional la obligación de tomar las medidas pertinentes a fin de conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio; el segundo establece que si el acto reclamado afecta la libertad personal (como ocurre en la especie), la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito, únicamente en cuanto a ello se refiera y a disposición de la autoridad que deba juzgarlo cuando el acto reclamado emane de un procedimiento del orden penal, por lo que hace a su prosecución; en tanto que el tercero de los numerales establece el imperativo de que la suspensión no debe impedir la continuación del procedimiento generador de los actos reclamados, excepción hecha de aquellos casos en que ello deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pudiere ocasionar al quejoso; luego, no debe condicionarse al quejoso a presentarse ante el Juez del proceso a rendir su declaración preparatoria como medida de eficacia para que surta efectos la medida cautelar, toda vez que de hacerse así, la consecuencia legal sería un cambio de situación jurídica al pronunciarse, en su caso, auto de formal prisión o de sujeción a proceso; o bien, de dictarse auto de libertad cesarían los efectos del acto reclamado, lo que provocaría la configuración de la causal de improcedencia prevista por la fracción X, segundo párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, reformada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, y que entró en vigor al día siguiente, para el primer caso, y la prevista por la fracción XVI del propio numeral, para el segundo supuesto, lo que en su caso originaría el sobreseimie
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7516-2b3f4cdb/suspension-en-contra-de-una-orden-de-aprehension · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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