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Modo: Corpus Pro

DELITOS ELECTORALES. LA CONDUCTA DEL CIUDADANO CONSISTENTE EN PROPORCIONAR, CON CONOCIMIENTO DE QUE ES FALSO, UN NUEVO DOMICILIO A LA AUTORIDAD, LA CUAL OMITE VERIFICAR SU AUTENTICIDAD, ACTUALIZA LA CONDICIÓN NECESARIA PARA QUE SE PRODUZCA LA ALTERACIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 411 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 72/98. · Registro digital (IUS): 7510
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL MISMO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIR
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Diciembre de 2001, , Pág. 546.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 72/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL MISMO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO, ACTUALMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL MISMO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.

SECRETARIA: ROSAURA RIVERA SALCEDO.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:

El entonces Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del mismo circuito, al resolver el amparo en revisión número 384/97, el diez de diciembre de mil novecientos noventa y siete, en lo que interesa, sustentó lo siguiente:

"TERCERO. Dado que los agravios expresados por las dos autoridades recurrentes se encuentran íntimamente ligados entre sí, por atacar la apreciación del Magistrado resolutor acerca de que las conductas desarrolladas por los quejosos no son configurativas del delito previsto por el artículo 411 del Código Penal Federal, el estudio de los mismos se hará en forma conjunta y en la medida que más adelante se puntualizará, por lo que en ese sentido se estiman infundados dichos motivos de inconformidad. De la demanda de garantías se desprende que el acto reclamado por las quejosas ... se hace consistir en la resolución del 26 de agosto de 1997, pronunciada por el Magistrado del Primer Tribunal Unitario de este Cuarto Circuito, dentro del toca número 281/97, por la cual confirma el auto de formal prisión que se les decretó en el proceso penal No. 55/97, por el delito previsto por el artículo 411 del Código Penal Federal. De las constancias conducentes que obran en la causa penal y que fueron sintetizadas por las autoridades recurrentes en sus agravios, particularmente por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Segundo Tribunal Unitario del Cuarto Circuito, quien reseña más actuaciones que la otra autoridad recurrente, se advierte que la mecánica de los hechos que dieron origen al proceso penal esencialmente fue: Que la quejosa ... el 14 de enero de 1997, mientras que la coagraviada ... el día siguiente, esto es, el 15 de enero del mismo año, acudieron al módulo del Instituto Federal Electoral, ubicado en el Municipio de Melchor Ocampo, Nuevo León, donde solicitaron el trámite de cambio de sus domicilios al Municipio de Parás del mismo Estado, específicamente a la localidad de Cinco de Mayo, y que eso obedeció porque, a la primera quejosa, Rosa Nelly Martínez, quien vive en dicha comunidad, le pidió que si quería ir a votar a Parás, a cambio de darle unas despensas, pero que en realidad no tenía intención de cambiar de residencia, pues radica en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, donde cuenta con casa propia; y la coagraviada ... porque dijo que se vio en la necesidad de declarar un domicilio distinto al que habita, que es en Palo Alto del Municipio de Vallecillo, Nuevo León, para tramitar la tarjeta local ante las autoridades migratorias y poder internarse en los Estados Unidos de Norteamérica a visitar a sus hermanos que radican en San Antonio, Texas. Esos hechos, el Magistrado resolutor en la resolución aquí recurrida, los consideró no constitutivos del delito previsto por el artículo 411 del Código Penal Federal, porque en su opinión la conducta desplegada por las quejosas es permitida por la ley de la materia, según el informe rendido por el vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado, y que estimar lo contrario implicaría atribuir dicho antisocial a todos los ciudadanos que hubieran inscrito o realizado una variación a los datos registrados ante el Instituto Federal Electoral, lo que en su concepto es jurídicamente inadmisible. Ahora bien, los agravios de las autoridades recurrentes, encaminados a controvertir tal estimativa del Magistrado resolutor y, por ende, a evidenciar la configuración del delito de que se trata, resultan infundados, puesto que es correcta la conclusión del Magistrado a quo, acerca de que el proceder de las quejosas no integra el delito previsto por el artículo 411 del Código Penal Federal, aunque no por las razones que menciona, sino por las consideraciones siguientes: En efecto, el artículo 411 del Código Penal Federal estatuye: 'Se impondrá de setenta a doscientos días multa y prisión de tres a siete años, a quien por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, de los listados nominales o en la expedición ilícita de credenciales para votar.'. Por otra parte, precisa transcribir algunos preceptos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en la especie resultan ilustrativos para una mejor comprensión del presente asunto que nos ocupa; así, tenemos los siguientes artículos: Artículo 92, apartado 1, inciso c): '1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene las siguientes atribuciones: ... c) Aplicar la técnica censal en forma parcial en el ámbito territorial que determine la Junta General Ejecutiva.'. Artículo 141, apartado 2, inciso b): '2. La técnica censal es el procedimiento que se realiza mediante entrevistas casa por casa, a fin de obtener la información básica de los mexicanos mayores de 18 años, consistente en: ... b) Lugar y fecha de nacimiento.'. 'Artículo 150. 1. Es obligación de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral dar aviso de su cambio de domicilio ante la oficina del Instituto Federal Electoral más cercana a su nuevo domicilio. 2. En los casos en que un ciudadano solicite su alta por cambio de domicilio, deberá exhibir y entregar la credencial para votar con fotografía correspondiente a su domicilio anterior, o aportar los datos de la misma en caso de haberla extraviado, para que se proceda a cancelar tal inscripción, a darlo de alta en el listado correspondiente a su domicilio actual y expedirle su nueva credencial para votar con fotografía. Las credenciales sustituidas por el procedimiento anterior serán destruidas de inmediato.'. Artículo 151, apartados 4, 5 y 6: '4. En las oficinas del Registro Federal de Electores, existirán a disposición de los ciudadanos los formatos necesarios para la presentación de la solicitud respectiva. 5. La oficina ante la que se haya solicitado la expedición de credencial o la rectificación resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la misma dentro de un plazo de veinte días naturales. 6. La resolución que declare improcedente la solicitud de expedición de credencial o de rectificación o la falta de respuesta en tiempo, serán recurribles ante el Tribunal Federal Electoral. Para tal efecto, los ciudadanos interesados tendrán a su disposición en las oficinas del Registro Federal de Electores los formatos necesarios para la interposición del recurso respectivo.'. Artículo 152, apartado 2: '2. La técnica censal parcial tendrá por objeto recabar la información básica de los ciudadanos no incluidos en el Catálogo General de Electores o, en su caso, verificar los datos contenidos en el mismo, mediante visitas casa por casa.'. 'Artículo 153. Las comisiones de vigilancia podrán solicitar a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores o a las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, según corresponda, sometan a consideración de la Junta General Ejecutiva el acuerdo para que se aplique en una sección o distrito electoral la técnica censal parcial.'. Artículo 166, apartado 1, inciso a): '1. Las comisiones de vigilancia tienen las siguientes atribuciones: a) Vigilar que la inscripción de los ciudadanos en el Padrón Electoral y en las listas nominales de electores, así como su actualización, se lleven a cabo en los términos establecidos en este código.'. De los preceptos anteriormente transcritos, se advierte objetivamente que el tipo penal que nos ocupa consiste en la alteración que se haga del Registro Federal de Electores, por una parte y, por otro lado, que es obligación de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral dar aviso a la oficina correspondiente de su cambio de domicilio, realizándolo por medio del formato que para tal fin proporciona el Instituto Federal Electoral; que sobre la solicitud de rectificación, la oficina ante la que se haya presentado resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la misma dentro de un plazo de veinte días naturales, empero, si se declara improcedente la solicitud de rectificación, su resolución podrá ser recurrida ante el Tribunal Federal Electoral, por medio de los formatos que también se proporcionan; que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene dentro de sus atribuciones aplicar la técnica censal en forma parcial, la que consiste en el procedimiento que se realiza mediante entrevistas casa por casa, a fin de obtener la información básica de los mexicanos mayores de 18 años, relativa entre otras cosas a su domicilio actual y tiempo de residencia; que la técnica censal parcial tiene por objeto, entre otros, el verificar los datos contenidos en el Catálogo General de Electores, mediante visitas casa por casa; que las comisiones de vigilancia tienen dentro de sus facultades vigilar que la inscripción de los ciudadanos en el Padrón Electoral y en las listas nominales de electores, así como su actualización, se lleven a cabo en los términos establecidos por el código de la materia, como también la de solicitar a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores o a las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, según corresponda, sometan a consideración de la Junta General Ejecutiva el acuerdo para que se aplique en una sección o distrito electoral la técnica censal parcial. En esa tesitura, cabe decir que la conducta desplegada por las quejosas no configura el delito previsto en el artículo 411 del Código Penal Federal, en virtud de que el Registro Federal de Electores no fue alterado por ellas, dado que se limitaron únicamente a proporcionar una información falsa a una autoridad no judicial, y por ese solo dato no se vio reflejada directa e inmediatamente una alteración en el registro. Dicho en otras palabras, el hecho de que las quejosas suministraran el dato falso del domicilio no provocó que el registro fuera modificado, alterado o que se cambiara, pues para que esto sucediera, en este caso tuvo forzosamente que intervenir la propia autoridad federal electoral que tiene a su cargo dicho instrumento, la que captó la información proporcionada y la reflejó en el registro, omitiendo así el cumplimiento de la obligación derivada de la ley, de vigilar y verificar por los medios pertinentes la veracidad de los datos aportados, la que incluso está en plena aptitud de no dar curso a la solicitud planteada, si así lo considera pertinente, después de verificar los datos que se le proporcionan. Por consiguiente, la alteración que sufrió el Registro Federal Electoral no es ni debe ser atribuible a las quejosas, las que únicamente se limitaron a proporcionar datos falsos, pero esa información falsa no genera por sí sola una alteración en el Registro Federal Electoral, ya que necesariamente se requirió de la intervención de la autoridad electoral, quien de haber cumplido con sus obligaciones legales que le imponen los preceptos anteriormente transcritos hubiera impedido que los datos que a la postre resultaron falsos se reflejaran en el Registro Federal Electoral. Es decir, el alcance de la conducta de las quejosas en realidad fue aumentado en su magnitud y trascendencia por la autoridad electoral correspondiente, de tal suerte que no puede reprochárseles a las quejosas un proceder que no ejecutaron, ya que ellas con su actuar no alteraron el aludido registro, sino que fue la propia autoridad electoral. Atento lo expuesto, lo procedente es confirmar la resolución protectora del amparo, no sin antes precisar que la conducta desplegada por las quejosas pudiera, en todo caso, ser configurativa de diverso ilícito, respecto de la cual no es dable legalmente precisarla, por las razones que en ese sentido esgrime el Magistrado resolutor." (fojas 70 a 75 del toca).

Por otra parte, el entonces Quinto Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito, con fecha cinco de mayo de mil novecientos noventa y ocho, resolvió el amparo en revisión 34/98, promovido por ... que en la parte que interesa es del tenor siguiente:

"CUARTO. Los conceptos de agravio vertidos por la fiscalía federal recurrente resultan esencialmente fundados. En efecto, para conceder el amparo en contra del auto de formal prisión reclamado, el juzgador federal consideró toralmente que la conducta imputada al quejoso ... no resulta configurativa del delito previsto en el artículo 411 del código punitivo federal, en atención a que, señala, el Registro Federal de Electores no fue alterado por aquél, ya que delimitando en su exacta dimensión la acción que ejecutó, ésta consistió solamente en proporcionar una información falsa a una autoridad no judicial, conducta que por sí misma no se vio reflejada directa o indirectamente en dicho registro. Esto es, el suministrar el dato falaz del domicilio no provocó la alteración del aludido medio de control electoral, pues para que esto sucediera, tuvo necesariamente que intervenir la propia autoridad federal electoral, que tiene a su cargo dicho instrumento, quien captó la información proporcionada y la reflejó en el registro, omitiendo así el cumplimiento de la obligación derivada de la ley, de vigilar y verificar, por los medios pertinentes, la veracidad de los datos aportados, cuya autoridad está en aptitud de no dar curso a la solicitud presentada. A efecto de combatir este razonamiento, la institución recurrente expone sustancialmente en su tercer concepto de agravio que el Juez de amparo dejó de considerar que el tipo penal que prevé el artículo 411 del Código Penal Federal se actualizó con la participación de ... conjuntamente con los funcionarios del Instituto Federal Electoral, a quienes también se consignó en la misma indagatoria, porque en su calidad de empleados del módulo de atención ciudadana procedieron a requisitar, entre otros, los formatos de actualización de domicilio con los datos falsos que los acompañantes del ahora quejoso proporcionaron, contribuyendo así con el aporte delictivo necesario para producir la alteración del Registro Federal de Electores, dejando el juzgador federal de tomar en cuenta, además, que la representación social de la Federación precisó, desde el pliego de consignación, la hipótesis relativa a: '... quienes por cualquier medio participen en la alteración del Registro Federal de Electores'. Aduce por otra parte la recurrente, respecto a la afirmación que efectúa el Juez de amparo en el sentido de que con el actuar de ... '... no alteró el mencionado registro, sino lo efectuó la propia autoridad electoral ...'; que no obstante que ... quienes también fueron consignados, fueron quienes materializaron la alteración del registro de electores, ese resultado material no se hubiese producido sin la participación necesaria del quejoso ... consistente en haber aceptado que a su nombre se asentaran datos que sabía eran falsos, y no obstante ese conocimiento, aceptó signar los formatos de actualización de domicilio, estampando su huella digital, haciendo suya la conducta ilícita (equivalente de las condiciones). Ahora bien, le asiste razón a la institución recurrente, puesto que el tipo penal previsto y sancionado por el artículo 411 del Código Penal Federal contempla como la correspondiente 'acción' a que se refiere el artículo 168 del Código de Procedimientos Penales (cuyo precepto establece las reglas para la comprobación de los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad): '... a quien por cualquier medio altere o participe en la alteración ...', respecto del Registro Federal de Electores. Y en estas condiciones, es indiscutible que la conducta punible prevista por la ley penal comprende, como lo sostiene la fiscalía federal, no sólo la alteración directa, sino cualquier participación que redunde en la alteración del registro aludido, con independencia del grado y forma de participación, la que puede darse, por disposición expresa del tipo penal en mención, en cualquiera de las hipótesis que señala el artículo 13 del código punitivo federal. En este orden de ideas, encontrándose probado en autos que el quejoso ... formuló solicitud de cambio de domicilio ante el módulo de atención ciudadana del Registro Federal de Electores, para que se asentara como suyo un domicilio que en realidad no le correspondía, cuya ubicación proporcionó, firmando y digitando la solicitud respectiva, es inconcuso que ello constituye participación en los hechos que tiene relevancia penal, pues no debe desconocerse que nuestra legislación punitiva federal recoge en sus distintos supuestos la denominada teoría de la equivalencia de las condiciones, al considerar como responsables de los delitos a todos aquellos que pongan culpablemente una condición para el resultado típico. Esto es así, ya que con independencia de que también participaron en los hechos los funcionarios del módulo electoral, a quienes el Juez de Distrito atribuye la alteración material del registro de electores, mediante la inclusión en él de datos contrarios a la realidad por falta de verificación de la certeza de los mismos, no puede soslayarse la particularidad de que sin la intervención del quejoso, consistente en permitir que a su nombre se asentaran los datos falsos, no se habría producido el resultado previsto por el tipo penal (la alteración del Registro Federal de Electores), dándose, por tanto, el nexo de causalidad entre la conducta desplegada por el peticionario de garantías y el resultado típico. Es aplicable al respecto la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 134 del Tomo XXVI, Segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, del tenor literal siguiente: 'RESPONSABILIDAD PENAL. NEXO CAUSAL.' (la transcribe). Luego, toda vez que contrariamente a lo razonado por el Juez de Distrito, la conducta desplegada por el quejoso ... sí es configurativa del delito por el cual se dictó el auto de formal prisión en su contra, debe señalarse que tiene razón el Ministerio Público Federal en cuanto a que se encuentran satisfechos los elementos del tipo correspondientes al delito por el cual se ejerció la acción penal, al haberse acreditado en autos de la causa generadora del acto reclamado, en términos del artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, la correspondiente acción consistente en la participación en la alteración del Registro Federal de Electores, con lo que se afectó el bien jurídico tutelado por la norma, que en el caso es el adecuado desarrollo de la función pública electoral, evidenciándose asimismo la forma de intervención de los sujetos activos, quienes actuaron conjuntamente (artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal), mismo comportamiento que se verificó en forma dolosa, pues de los hechos probados se advierte que en el caso específico del reclamante de amparo 'el solicitante' de cambio de domicilio aceptó el resultado típico, al consentir la formulación a su nombre de tal petición, participando en la alteración del Padrón Electoral del Registro Federal de Electores, al dejar que se asentaran datos falsos en la referida solicitud, la cual aun así firmó y digitó, por lo que debe decirse que en la especie se actualizaron los elementos constantes del tipo penal del delito previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal Federal. Por otra parte, también se surten los elementos contingentes requeridos por el tipo penal en mención, pues se justificó en autos el resultado y su atribuibilidad a la acción, ya que la alteración del Padrón Electoral del Registro Federal de Electores se debió al comportamiento realizado por los sujetos activos, quienes con sus respectivas actitudes determinaron la afectación al bien jurídico tutelado por la norma, y por lo que toca al objeto material (persona o cosa sobre la que recae la acción), es innegable que la conducta ilícita recayó en el Registro Federal de Electores, por ser este medio de control el que resultó alterado con la inscripción de datos falaces en su Padrón Electoral, cuyo objeto material (Registro Federal de Electores), contiene a la vez un elemento normativo de valoración jurídica, pues el Registro Federal de Electores comprende, en términos del artículo 136 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tanto el Catálogo General de Electores como el Padrón Electoral. Consecuentemente, ante lo fundado del agravio analizado, al quedar acreditados los elementos del tipo penal previsto por el artículo 411 del Código Penal Federal, y toda vez que el Juez de Distrito no se ocupó de ello, es el caso atender si los elementos de prueba rendidos en el juicio natural revelan la probable responsabilidad del peticionario de garantías en la comisión del citado delito, por ser este requisito indispensable que debe reunir el auto de formal prisión en los términos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al efecto y en lo que hace a la manifestación hecha por el fiscal federal recurrente, en el segundo punto de agravio, en el sentido de que de la declaración ministerial rendida por el quejoso se demuestra su participación en el delito en comento, al particular tenemos que en dicha declaración (fojas de la 859 a la 864 de la certificación acompañada al informe justificado por la responsable), se advierte que el peticionario de garantías ... admite que el día quince de enero de mil novecientos noventa y siete compareció al módulo de atención ciudadana del Registro Federal de Electores, a solicitar cambio de domicilio en el Municipio de Parás, Nuevo León, no obstante no vivir en ese lugar, declaración que ratificó al rendir la preparatoria (fojas 2653 a 2657) y que adquiere el rango de confesión al reunir los requisitos que exige el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Penales, pues fue hecha por persona mayor de dieciocho años de edad, con pleno conocimiento, sin que existan elementos que permitan apreciar se haya utilizado coacción o violencia física o moral, con asistencia de su abogado defensor, licenciado Héctor Guerra Ramírez, ante autoridad competente y sin que existan datos que la hagan inverosímil; por el contrario, se robustece con el formato único de actualización que obra glosado a foja 145, que contiene la solicitud de cambio de domicilio apuntada, así como la copia certificada por el licenciado Roberto Villarreal Roel, como vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León del Instituto Federal Electoral, que obra a fojas de la 1285 a la 1311 de los anexos exhibidos por la responsable en el informe justificado, que refleja la variación del Padrón Electoral con motivo del cambio de domicilio efectuado por el quejoso. Luego, al ser fundados los agravios planteados por la fiscalía federal y cumplir el auto de formal prisión que constituye el acto reclamado, con los requisitos que exige el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede revocar la resolución que se impugna y negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita por ..." (fojas 34 a 38 del toca).

SEXTO. Precisado lo anterior, por cuestión de orden sistemático, antes de proceder al análisis correspondiente es oportuno establecer si en el caso sujeto a estudio existe contradicción entre los criterios sustentados por los actuales Tribunales Colegiados Primero en Materia de Trabajo y Segundo en Materia Civil, ambos del Cuarto Circuito, al resolver el primero el amparo en revisión 384/97, y el segundo de los antes mencionados el amparo en revisión 34/98, cuyas consideraciones esenciales se transcribieron en el considerando quinto de esta resolución, ya que sólo bajo ese supuesto es posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar cuál es el criterio que debe prevalecer.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comparte el criterio de la extinta Cuarta Sala del mismo tribunal, en cuanto a que, para que exista materia a dilucidar respecto del criterio que debe prevalecer, debe darse, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión, es decir, para que se surta su procedencia la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidos dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, aun cuando los órganos jurisdiccionales no hayan formulado tesis al respecto.

En efecto, se da la contradicción de criterios cuando concurren los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los asuntos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

La tesis de jurisprudencia que apoya lo anterior es la siguiente:

"Octava Época

"Instancia: Cuarta Sala

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 58, octubre de 1992

"Tesis: 4a./J. 22/92

"Página: 22

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicción de tesis 76/90. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Cuarto Circuito y Primero del Décimo Noveno Circuito. 12 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Néstor Gerardo Domínguez.

"Contradicción de tesis 30/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Primer Circuito en Materia de Trabajo. 2 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Pablo Jesús Hernández Moreno.

"Contradicción de tesis 33/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el actual Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 16 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Ramón Gopar Aragón.

"Contradicción de tesis 71/90. Sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 30 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.

"Contradicción de tesis 15/91. Sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres."

Igualmente cobra aplicación la siguiente tesis:

"Octava Época

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: XI, febrero de 1993

"Tesis: 3a. XIII/93

"Página: 7

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Los artículos 107 fracción XIII constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, previenen la contradicción de tesis como una forma o sistema de integración de jurisprudencia. Así, siendo la tesis el criterio jurídico de carácter general que sustenta el órgano jurisdiccional al examinar un punto de derecho controvertido en el asunto que se resuelve, para que exista dicha contradicción es indispensable que se presente una oposición de criterios en torno a un mismo problema jurídico, de tal suerte que, interpretando y fundándose los tribunales en iguales o coincidentes disposiciones legales, uno afirme lo que otro niega o viceversa. De no darse estos supuestos es manifiesta la improcedencia de la contradicción que al respecto se plantee.

"Contradicción de tesis 5/92. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto, Segundo y Cuarto, los tres en Materia Civil del Primer Circuito. 1o. de febrero de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Trinidad Lanz Cárdenas. Secretario: Arturo García Torres."

Sentado lo anterior, es procedente examinar si en la especie se presenta o no la contradicción de criterios entre los Tribunales Colegiados mencionados.

Así tenemos que el actual Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, anteriormente Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito, al resolver el amparo en revisión 384/97, consideró que la conducta desplegada por las quejosas, en su calidad de ciudadanas, que informaron falsamente al Instituto Federal Electoral sobre el cambio de domicilio de ambas a un Municipio diverso dentro del mismo Estado (cambios de domicilio falsos que fueron registrados en la información básica de las quejosas, en sustitución de los anteriores u originales domicilios con que fueron incorporadas al Regist

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7510-b6993042/delitos-electorales-la-conducta-del-ciudadano-consistente-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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