INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES. EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN RELATIVA NO ESTÁ SUJETO A LA FIGURA JURÍDICA DE LA PRECLUSIÓN, SINO A LA DE LA PRESCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL). PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 92/2000-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, TERCERO, SÉPTIMO Y DÉCIMO SEGUNDO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIO: HERIBERTO PÉREZ REYES.
CONSIDERANDO:
CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver por mayoría de votos el veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y ocho el amparo en revisión RC. 4322/97, en lo conducente consideró:
"CUARTO. Los agravios aducidos resultan infundados. En efecto, en los agravios expresados por el recurrente se pretende evidenciar que el Juez de Distrito estimó en la sentencia reclamada que operó el principio de consumación, al haber ejercitado la hoy recurrente la acción incidental en la cual no se probaron los extremos de la misma, motivo por el cual ya se hizo valer su derecho que le otorgó la sentencia definitiva dentro de la oportunidad legal que procesalmente le confirió, precluyendo su derecho para intentar nuevamente la acción incidental de liquidación de intereses, argumentos que a su consideración no son procedentes en virtud de que su acción para promover el incidente de liquidación de intereses se encuentra fundada en la sentencia definitiva que causó ejecutoria por no haberse impugnado, por lo que resulta ilógico declarar improcedente la acción incidental intentada por haberse adjuntado al escrito relativo copia fotostática simple del costo porcentual promedio, toda vez que, se afirma, dicho documento no se anexó como prueba sino como un documento para ilustrar al juzgador, documento que al ser del dominio público, por publicarse mensualmente en el Diario Oficial de la Federación, no tenía obligación de acreditarlo; que es de explorado derecho que la ejecución de la sentencia puede plantearse dentro del término de diez años contados a partir de que se haga exigible el pago de las prestaciones condenadas y la ley no estipula la posibilidad de que precluya el derecho de ejecutar por algún motivo específico; argumentaciones que resultan ser infundadas. Ahora bien, para destacar por qué lo aducido por el recurrente es infundado, se procede a hacer relación de las siguientes constancias: 1. Escrito presentado el dieciséis de abril del año próximo pasado ante el Juez Cuadragésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante el cual el tercero perjudicado, Bancomer Sociedad Anónima, promovió incidente de liquidación de intereses ordinarios y moratorios en los siguientes términos: ‘... De conformidad con la cláusula quinta del documento base de la acción, se estipularon intereses ordinarios sobre saldos insolutos a razón de la tasa líder del mercado por el factor del 1.20 o tasa líder más 6 puntos porcentuales. El procedimiento anterior determinará la tasa base anual y la tasa base mensual; para calcular los intereses del mes será el resultado de dividir la tasa base anual entre 365 días y multiplicar el resultado por el número de días naturales que tenga el mes del cálculo. Respecto a los intereses moratorios se calcularán a razón de multiplicar la tasa líder anual aplicable por el factor de 2.0, en los términos de la cláusula novena del contrato base de la acción. La tasa que se tomó en consideración para realizar la presente planilla es el costo porcentual promedio de captación (CPP) ...’ (foja 459 del juicio de amparo). 2. Contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria de fecha veintiocho de junio de mil novecientos noventa y uno, celebrado entre Oralia Irene Maldonado y Calderón de Sanciprián y Bancomer Sociedad Anónima, documento en cuyas cláusulas quinta y novena se estipuló lo siguiente: ‘... Cláusula quinta. Las cantidades ejercidas por el acreditado, conforme a lo estipulado a las cláusulas segunda y cuarta de esta escritura, causarán intereses ordinarios sobre saldos insolutos en la siguiente forma: La tasa base anual aplicable de interés será la que determine «Bancomer», considerando para tal efecto la que resulte mayor de: Tasa líder del mercado, que enseguida se define, por el factor del uno punto veinte o tasa líder más seis puntos porcentuales. El procedimiento anterior determinará la tasa base anual y la tasa base mensual para calcular los intereses del mes será el resultado de dividir dicha tasa base anual entre trescientos sesenta días y multiplicar el resultado por el número de días naturales que tenga el mes del cálculo cerrándose a centésimas la tasa de interés del periodo en que se encuentre el crédito. La tasa líder será la que resulte mayor de los siguientes conceptos: a) El promedio aritmético de las tasas de rendimiento bruto de los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) de las cuatro últimas semanas anteriores al día veintiséis, inclusive, del mes inmediato anterior, a plazos de veintiséis, veintisiete, veintiocho o veintinueve días en colocación primaria. b) El promedio aritmético de rendimiento bruto en oferta pública de aceptaciones bancarias de las cuatro últimas semanas anteriores al día veintiséis, inclusive, del mes inmediato anterior, a plazo no mayor de treinta días ni inferior de veintiséis días de las siguientes instituciones bancarias «Bancomer», Sociedad Anónima; «Banco Nacional de México», Sociedad Nacional de Crédito y «Banca Serfín», Sociedad Nacional de Crédito. c) El costo porcentual promedio de captación (CPP) del mes inmediato anterior estimado por el Banco de México y publicado en el Diario Oficial de la Federación, y d) El rendimiento bruto de cualquier otro instrumento que emita el Gobierno Federal o las instituciones bancarias en México para allegarse recursos, llevados con curva de rendimiento a treinta días correspondientes hasta el día veintiséis, inclusive, del mes inmediato anterior. Por lo anterior, la tasa de interés inicial para el mes de julio del año en curso será del veintisiete punto setenta y nueve por ciento anual. A partir del mes siguiente la tasa de interés se determinará en la forma pactada en esta cláusula. En consecuencia, las partes convienen en que los intereses se ajustarán mensualmente, a la alza o a la baja, en la misma proporción en que fluctúe la tasa base respectiva. En el caso de que se suspenda o se suprima el sistema que el Banco de México proporciona respecto del costo porcentual promedio «Bancomer» hará la estimación de sus instrumentos de captación para el efecto de lo estipulado en esta cláusula. Los intereses que se devenguen serán pagaderos por mensualidades vencidas, a partir de la fecha de firma del presente instrumento, al día último calendario de cada mes. En caso de que alguna de esas fechas sea día inhábil bancario en el lugar de pago, el pago respectivo habrá de efectuarse el día hábil inmediato siguiente. ... Novena. En caso de que el «acreditado», no cubra oportunamente a «Bancomer», algún pago mensual o adicional pagará, en adición a los intereses previstos en las cláusulas quinta y sexta, intereses moratorios a razón de una tasa de interés anual que será resultado de multiplicar la tasa líder anual aplicable por el factor de dos puntos cero y que se causarán sobre el importe del abono no cubierto mientras dure la mora ...’. 3. Resolución de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y siete, dictada por el Juez Cuadragésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que declaró improcedente el incidente de liquidación de intereses hecho valer, dejando a salvo los derechos de Bancomer, Sociedad Anónima, para que los haga valer en la vía y forma que corresponda (fojas 50 a 57 en rojo). Lo anterior demuestra que contrariamente a lo afirmado, la copia simple del costo porcentual promedio que acompañó a su escrito de incidente de liquidación de intereses la hoy recurrente, no fue para ‘ilustrar al juzgador’, sino para pretender acreditar el cálculo de los intereses ordinarios y moratorios en la forma pactada por las partes, lo que se corrobora con su afirmación en el sentido de que la tasa que se tomó en consideración para realizar la planilla es el costo porcentual promedio de captación, misma que adjuntó en copia fotostática simple que carece de valor probatorio, sin que obste lo aseverado por el recurrente en el sentido de que el costo porcentual promedio es del conocimiento del dominio público por encontrarse publicado en el Diario Oficial de la Federación, en virtud de que si bien es cierto que dicho documento es del conocimiento público, también lo es que es obligación de las partes probar sus pretensiones, lo que no aconteció en la especie. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 728, localizable en la página 490, Tomo VI, Materia Común, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que a la letra dice: ‘COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, CARECEN DE VALOR PROBATORIO SI NO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON ALGUNA OTRA PRUEBA.’ (la transcribe). En mérito de lo precisado se estima acertado lo sostenido por la Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal en la resolución impugnada, en el sentido de que no se tenían que haber dejado a salvo los derechos del recurrente al no haber prosperado el incidente de liquidación de intereses hecho valer, por no cumplir la quejosa recurrente con la carga de la prueba que le correspondió y, por tanto, por precluido su derecho para ejercitarlo, sin que obste el hecho de que el artículo 529 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal preceptúe el término de diez años para la ejecución de una sentencia, toda vez que las omisiones precisadas no pueden suplirse a través de uno o varios incidentes que posteriormente se presentaran sobre el mismo tema, por haberse ejercitado el derecho conferido en la sentencia de primera instancia, operando por tal motivo el principio de consumación por preclusión, que no es otra cosa que el derecho que tiene la parte recurrente para ejercitar en forma legal sus derechos con la carga procesal correspondientes en los términos y formalidades establecidos por la ley."
QUINTO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el diecinueve de mayo de dos mil el amparo en revisión RC. 153/99, en lo que interesa consideró:
"QUINTO. Son fundados los conceptos de violación expresados por el apoderado de la parte recurrente. En la parte conducente señala que el Juez a quo sin fundamentar y motivar concluye que precluyó su derecho para realizar otro incidente de liquidación de intereses, toda vez que es ilegal e imposible que precluya su derecho cuando éste no ha prescrito, porque la ley no contempla tal posibilidad, pues el artículo 529 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, establece que la acción para pedir la ejecución de una sentencia durará diez años desde el día en que venció el término judicial para el cumplimiento voluntario de lo juzgado. El anterior argumento es fundado, porque en la resolución reclamada se comprueba que indebidamente el Juez de los autos, con fecha veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete (fojas 189 y 190 del cuaderno de amparo), consideró improcedente la planilla propuesta por no adaptarse a lo ordenado en la sentencia definitiva dictada en ese juicio, y dio por precluido su derecho. En esa consideración de la autoridad responsable se aplica indebidamente la figura jurídica de la preclusión prevista en el artículo 1078 del Código de Comercio, porque ésta se actualiza únicamente dentro del procedimiento propiamente dicho en relación con la diversidad de actos procesales que realizan las partes, y no después de pronunciada la sentencia en que se verifican los actos tendientes a su ejecución. De ahí que la planilla de liquidación de intereses materia de la controversia no puede ser objeto de la figura jurídica de la preclusión, por tratarse de un acto posterior a la emisión de la sentencia definitiva en el juicio de origen, toda vez que la única figura jurídica que comprende la pérdida del derecho para pedir la ejecución de una sentencia, no es otra sino la prescripción en términos de lo dispuesto en los artículos 1038 y 1047 del Código de Comercio. En esas condiciones, se hace evidente que no opera la preclusión en ejecución de sentencia por tratarse de un procedimiento autónomo. En tales términos, el derecho de la actora para exhibir la planilla de liquidación de intereses no se encuentra sujeto a la figura jurídica de la preclusión y que, en última instancia, la acción de ejecución se encuentra limitada por la prescripción en términos de lo dispuesto en los artículos 1038 y 1047 del Código de Comercio. En tal tesitura, procede revocar el sobreseimiento y conceder el amparo y protección federal que se solicita."
La ejecutoria de amparo dio origen a la siguiente tesis:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XII, julio de 2000
"Tesis: I.3o.C.185 C
"Página: 775
"INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES. EL DERECHO A EJECUTAR NO ES OBJETO DE PRECLUSIÓN. La figura jurídica de la preclusión, prevista en el artículo 1078 del Código de Comercio, se actualiza únicamente en relación con la diversidad de actos procesales que realizan las partes, y sólo extingue derechos de carácter procesal, y no puede comprender los de naturaleza sustantiva como el consistente en ejecutar la sentencia que es cosa juzgada. La única figura que por transcurso del tiempo comprende la pérdida del derecho para pedir la ejecución de una sentencia, es la prescripción en términos de lo dispuesto en los artículos 1038 y 1047 del Código de Comercio. En esas condiciones, el derecho de un actor para exhibir la planilla de liquidación de intereses no se encuentra sujeto a la figura jurídica de la preclusión, porque deriva de la cosa juzgada, y sólo se encuentra limitada por la prescripción en términos de lo dispuesto en los artículos invocados, a menos que haya resolución ejecutoria en cuanto a un hecho sustancial de la ejecución, que no deba desconocerse en un segundo incidente.
"TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
"Amparo en revisión 153/99. Fideicomiso de Fomento Minero. 19 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Julio Robles Méndez."
SEXTO. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el seis de julio de dos mil el amparo en revisión RC. 2917/2000, en lo que interesa adujo:
"QUINTO. Es infundado el segundo agravio, en el que los recurrentes sostienen que en la ejecución de una sentencia, como lo es el solicitar la liquidación de intereses, es una etapa que está sujeta al principio de preclusión, en virtud de que una vez ejercitada la facultad procesal, aun de forma incorrecta, se pierde ese derecho para hacerlo valer en juicio más adelante; que si en ejecución de una sentencia se agotó una instancia incidental que no prosperó, se actualiza la figura de la preclusión; que contrario a lo considerado por el a quo, si bien es cierto que la ejecución de una resolución judicial se apoya en la sentencia correspondiente, ello no significa que en el desarrollo de tal cumplimiento no se atiendan a los requisitos, reglas o principios jurídicos procesales; que la ejecución de una sentencia es el procedimiento para hacer efectivo lo juzgado; sin embargo, no puede permitirse a un litigante que solicite el cumplimiento forzoso de una sentencia, ni promover múltiples incidentes para corregir las fallas cometidas en uno anterior, pues si ya se presentó un incidente de liquidación de intereses y éste fue desaprobado por el Juez natural por causas imputables al incidentista, por no acreditar de manera fehaciente la tasa que sirvió de base para su cálculo, ello le debe parar perjuicio; que el Juez Federal no tiene por qué legitimar el reinicio de instancias agotadas con anterioridad mediante resoluciones firmes, ya que pensar lo contrario equivaldría a vulnerar el principio de firmeza y seguridad jurídica de que gozan las resoluciones judiciales, es por ello que en el caso opera la figura jurídica de la preclusión; que en mérito de lo anterior, en materia de ejecución de sentencias sí opera la preclusión, pues el impulso procesal corresponde a las partes en términos del artículo 529 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y cuando esto lo realizan en forma contraria a derecho, no puede considerarse la posibilidad de reponer la instancia, pues al haberse agotado la misma adquiere el carácter de definitiva. Es así, toda vez que, contrario a lo argumentado por los recurrentes, la planilla de liquidación de intereses presentada por la tercera perjudicada Banca Cremi, Sociedad Anónima, no puede ser objeto de la figura jurídica de la preclusión, en virtud de que ésta, en el caso específico, no opera. En primer lugar, porque al estarse en la fase de ejecución de una sentencia no puede darse esa figura, ya que tiene que cumplirse con la sentencia que condenó a los ahora inconformes a pagar intereses a la actora; en segundo lugar, porque si en la especie la razón por la que no se aprobó la planilla de intereses presentada por Banca Cremi, Sociedad Anónima, fue porque no se formuló correctamente, no en atención a que los intereses fueran inexistentes, es evidente que el derecho de aquélla no ha precluido hasta en tanto no se haga líquida y se apruebe la cantidad que deban pagar los aquí recurrentes por ese concepto."
SÉPTIMO. El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el treinta y uno de agosto de dos mil el amparo en revisión 208/2000, en la parte conducente expresa:
"CUARTO. Los agravios hechos valer son infundados. Para un mejor entendimiento del asunto es necesario precisar lo siguiente: Volkswagen Leasing, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la vía ejecutiva mercantil y exhibiendo como documento base de su acción un pagaré, demandó a los hoy recurrentes el pago de la suerte principal, de los intereses moratorios sobre la suerte principal, a razón del costo porcentual promedio de captación en moneda nacional para la banca, fijado por el Banco de México, dividido entre doce más cinco puntos mensuales sobre dicho costo porcentual y los gastos y costas que originara el juicio. El Juez del conocimiento dictó sentencia definitiva en la que declaró procedente la vía ejecutiva mercantil ejercitada, condenando a las demandadas al pago de $18,386.10 (dieciocho mil trescientos ochenta y seis pesos 10/100 M.N.) por concepto de suerte principal, al pago de los intereses moratorios que se cuantificarían en el incidente respectivo, así como al pago de gastos y costas causados en esa instancia. La parte actora inició incidente de liquidación de intereses moratorios, y el veinte de enero de mil novecientos noventa y nueve el Juez natural dictó un auto en el que expresó que a efecto de ordenar la sustanciación de liquidación de intereses, el promovente debería acreditar fehacientemente la vigencia del costo porcentual promedio de captación durante el tiempo de mora, a fin de corroborar si los porcentajes que indicaba en su liquidación eran los correctos. Por auto de fecha veintinueve de abril de mil novecientos noventa y nueve el Juez tuvo por acusada la rebeldía en la que incurrió la parte actora incidental, al no desahogar la prevención que se le ordenó en el auto de veinte de enero, concluyendo que se tenía por precluido su derecho para ejercitarlo con posterioridad y ordenando que se girara oficio al Banco de México para que tuviera a bien remitir el Índice Nacional de Precios al Consumidor de la fecha que en el propio auto le especificó. Contra el auto anterior la parte demandada interpuso recurso de revocación que fue resuelto por el propio juzgador, quien declaró procedente el referido recurso y señaló que el auto recurrido debería quedar de lasiguiente manera: ‘A su cuaderno de liquidación de intereses derivado del expediente 601/96 el escrito de la parte demandada incidental, a quien se le tiene por notificada personalmente de los proveídos que así lo ordenan, y acusando la rebeldía en que incurrió la actora incidentista al no haber desahogado la prevención ordenada en auto de fecha veinte de enero del año en curso; en consecuencia, se le tiene por precluido su derecho para hacerlo valer con posterioridad, debiendo desecharse de pleno derecho.’. El veintitrés de febrero del presente año, la parte actora de nueva cuenta promovió incidente de liquidación de intereses moratorios, acompañando la documental consistente en el informe rendido por el Banco de México para comprobar el costo porcentual promedio de captación en moneda nacional para la banca; el Juez natural la tuvo iniciando el referido incidente de liquidación y ordenó que se corriera traslado a la parte demandada para que manifestara lo que a su derecho conviniera. La parte demandada se abstuvo de desahogar la vista que se le dio y con fecha ocho de marzo del año dos mil el a quo dictó sentencia interlocutoria resolviendo aprobar el incidente de liquidación de intereses moratorios planteado, resolución que estimaron inconstitucional las recurrentes y que constituyó el acto reclamado en el juicio de amparo que nos ocupa. Efectivamente, las peticionarias de garantías en sus conceptos de violación adujeron que en el primer incidente de liquidación de intereses se dictó un proveído de fecha veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, en el que el Juez natural tuvo por acusada la rebeldía al actor incidentista, en razón de que no exhibió dentro del término concedido para tal efecto el informe bancario sobre el costo porcentual promedio de captación que se le había solicitado y tuvo por precluido su derecho para ejercerlo con posterioridad, agregando que dicho proveído causó estado; de lo cual resultaba que el referido informe bancario que acompañó el incidentista en la segunda demanda incidental que promovió no debió haberse tomado en cuenta, porque no podía ya constituir prueba para poder calcular los intereses moratorios demandados y que al no considerarlo así, el Juez natural actuó en contradicción con sus propias determinaciones. Las quejosas concluyeron que se les debió haber absuelto del pago de los intereses demandados por falta de pruebas para determinar su cuantía, pues el referido informe bancario que exhibió la actora incidentista en el segundo incidente que promovió, a su parecer, no podía tomarse en cuenta para la cuantificación y no existía alguna otra prueba que sirviera como base para determinarla. El Juez de Distrito resolvió negar el amparo y protección solicitados, determinación que las recurrentes consideran que no se encuentra ajustada a derecho, pues a su parecer el Juez Federal no reconoció el principio de preclusión que es esencial en todo procedimiento judicial, señalando que por auto de fecha veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, dictado en el primer incidente de liquidación, se declaró precluido el derecho de la parte actora para liquidar los intereses, así como para exhibir como prueba el citado informe bancario, resolución que estima puso fin al incidente de liquidación, que causó estado por no haber sido impugnada y que impedía al actor incidentista promover por segunda ocasión su demanda incidental de liquidación de intereses y, sobre todo, apoyarla en el multicitado informe bancario que omitió presentar en el anterior incidente que al efecto promovió. Los argumentos anteriores son infundados, en primer lugar diremos que en el segundo incidente de liquidación promovido por la actora, era factible que ésta exhibiera como prueba el informe bancario, pues no obstante que en el primer incidente de liquidación que promovió, el Juez natural determinó que había precluido su derecho para exhibirlo, esa determinación, por tratarse de una cuestión procesal, únicamente podía incidir en el referido incidente de liquidación, en el cual esa prueba no podía ser exhibida con posterioridad, pero no acotaba el derecho de la parte actora de presentarla en un nuevo incidente que al efecto promoviera; en ese orden de ideas, no existe impedimento jurídico para que el citado informe bancario fuera ofrecido como prueba en el segundo incidente de liquidación para cuantificar el monto de los intereses moratorios a que fueron condenadas las ahora recurrentes. Por lo que concierne a la afirmación de las impetrantes de garantías en el sentido de que el actor incidentista estaba impedido para promover por segunda ocasión su demanda incidental de liquidación de intereses, cabe señalar que esa consideración no formó parte de los conceptos de violación expresados en contra del acto reclamado, ya que en ellos las promoventes sostuvieron la inconstitucionalidad de la sentencia interlocutoria reclamada, bajo el argumento de que en el segundo incidente planteado no debió tomarse en cuenta como prueba el informe bancario y que, por tanto, no existía base probatoria para determinar la cuantía de los intereses a que fueron condenadas. No obstante lo anterior, el Juez Federal en la sentencia impugnada precisó que si bien el Juez natural declaró la rebeldía de la actora incidentista al no haber presentado el informe bancario sobre el costo porcentual promedio de captación requerido, y dio por precluido su derecho para ejercitarlo con posterioridad, la preclusión se refería únicamente al derecho de desahogar la vista ordenada y no al derecho de pedir la ejecución de la sentencia definitiva en la que se decidió el negocio principal, argumentando que a la fecha de presentación de la segunda demanda incidental no había transcurrido el término de diez años que establece el artículo 1047 para la prescripción en materia comercial, por lo que no había impedimento legal alguno para que el actor la hiciera valer. Como ya se dijo, las promoventes señalan en sus agravios que el actor incidentista estaba impedido para promover por segunda ocasión su demanda incidental de liquidación de intereses y aunque no fue esta cuestión materia de los conceptos de violación, según se expresó en párrafos anteriores, el Juez de Distrito sí hizo pronunciamiento al respecto, el que a su vez es acertado, pues el solo hecho de que a la actora se le hubiera desechado el primer incidente de liquidación de intereses que promovió, no implicaba que no pudiera volver a intentarlo, pues no existía impedimento legal alguno para que la parte actora volviera de nueva cuenta a promover incidente de liquidación de intereses moratorios, no obstante que con anterioridad hubiera promovido otro; en principio, porque en el primer incidente de liquidación de intereses que se promovió no se resolvió el fondo, esto es, no se dictó sentencia interlocutoria que aprobara o no el incidente respectivo, sino que se declaró improcedente por falta de prueba; por tanto, el derecho que la parte actora tiene para liquidar los intereses a que fueron condenadas las ahora recurrentes no puede sujetarse a la figura jurídica procesal de la preclusión, pues tal derecho emana de una sentencia definitiva que causó estado y, por tanto, lo fallado en ella se considera irrevocable e inmutable, y por la autoridad y fuerza que la ley le atribuye a dicha sentencia debe cumplirse lo que ella ordena. Señalan también las recurrentes que carece de razón la autoridad constitucional al afirmar que mientras no transcurra el término de diez años que establece el Código de Comercio no prescribe el derecho del actor incidentista para reclamar intereses, pues estiman que considerar lo anterior llevaría a concluir que para reclamar los intereses es dable promover interminables y repetidas demandas, invocando en apoyo a sus consideraciones la tesis de rubro: ‘INTERESES MORATORIOS. PRECLUYE EL DERECHO PARA RECLAMAR SU PAGO CONFORME A UNA LIQUIDACIÓN ADICIONAL.’. Tal y como lo sostiene el Juez Federal, el derecho de la parte actora para solicitar la liquidación de los intereses a que fueron condenadas las demandadas, solamente podría estar limitado por la figura de la prescripción que prevé el artículo 1047 del Código de Comercio, que como ya dijo el Juez de Distrito, no se actualiza en el presente caso, en virtud de que no han transcurrido los diez años que el propio dispositivo legal señala. Atendiendo a lo expresado, podemos concluir que mientras un incidente de liquidación de intereses no sea resuelto en el fondo, el derecho de la incidentista para liquidar los intereses subsiste, por lo que tampoco resulta aplicable al caso la tesis que citan las recurrentes, de rubro: ‘INTERESES MORATORIOS. PRECLUYE EL DERECHO PARA RECLAMAR SU PAGO CONFORME A UNA LIQUIDACIÓN ADICIONAL.’, pues del análisis integral al referido criterio se advierte que se refiere al supuesto de que se ejercitó el derecho de liquidación de intereses y que al respecto se resolvió en sentencia interlocutoria decidiendo y definiendo los intereses a pagar; en ese caso, no puede presentarse con posterioridad una liquidación adicional, situación que no sucede en la especie, en razón de que si bien la parte actora presentó un segundo incidente de liquidación, en el anterior nunca se decidió y definió los intereses a pagar. En las relatadas circunstancias y por lo infundado de los agravios hechos valer, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida."
OCTAVO. Por cuestión de orden, conviene determinar si en la especie existe la contradicción de tesis denunciada entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y por los Tribunales Colegiados Tercero, Séptimo y Décimo Segundo de la misma materia y circuito, ya que sólo en tal supuesto es dable determinar cuál criterio es el que debe prevalecer.
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comparte el criterio del Tribunal Pleno, en cuanto a que, para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7571-30ab323b/incidente-de-liquidacion-de-intereses-el-ejercicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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