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Modo: Corpus Pro

PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA OTORGAR A LA CONTRAPARTE DEL OFERENTE EL DERECHO A ADICIONAR EL CUESTIONARIO QUE ÉSTE EXHIBIÓ.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 82/2000-PS. · Registro digital (IUS): 17216
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Septiembre de 2002, , Pág. 213.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 82/2000-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Las consideraciones de la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 21/2000, promovido por Vinos y Licores El Satélite, S.A. de C.V., el catorce de agosto del año dos mil, en lo que interesa a la presente contradicción, establecen:

"Por principio de orden, debe decirse que el artículo 2o. de la Ley de Amparo establece: 'El juicio de amparo se sustanciará y decidirá con arreglo a las formas y procedimientos que se determinan en el presente libro, ajustándose, en materia agraria, a las prevenciones específicas a que se refiere el libro segundo de esta ley. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.'. De la anterior transcripción se advierte que en la tramitación y resolución de los juicios de garantías, es aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando en la Ley de Amparo no exista disposición expresa sobre determinado punto. Así, el artículo 151 de la Ley de Amparo señala: (transcribe). Ahora bien, como el artículo antes transcrito establece reglas especiales relativas al ofrecimiento, admisión y designación de peritos para la prueba pericial, es claro que carece de aplicación supletoria lo señalado en estos aspectos por los artículos conducentes del Código Federal de Procedimientos Civiles. No obstante lo anterior, se conviene con el argumento de la recurrente, en el sentido de que el artículo 151 de la Ley de Amparo no contempla el derecho que tiene el tercero perjudicado para que pueda adicionar el cuestionario del perito ofrecido por su contraparte. Esto es así, porque de la lectura del transcrito segundo párrafo del artículo 151 de la Ley de Amparo, aparece que es oscuro e impreciso en relación con este derecho, pues después de señalar el término que se tiene para anunciar la prueba testimonial y la pericial, y que se debe exhibir copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, y del cuestionario para los peritos, textualmente establece que: '... El Juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes, para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas, al verificarse la audiencia. ...', pero sin que expresamente determine que las contrapartes del oferente de la prueba pericial tengan derecho para adicionar el cuestionario relativo, con cuestiones distintas a las que contiene dicho cuestionario. Lo anterior obedece a que si bien las contrapartes del oferente de las pruebas testimonial y pericial pueden formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas al verificarse la audiencia, eso únicamente rige para la prueba testimonial, por ser la que se desahoga al tenor del pliego de preguntas que formule el oferente, conforme a las cuales sean examinados los testigos, y de las que se prevé la posibilidad de formularse repreguntas al verificarse la audiencia. Por tanto, es válido concluir, como se tiene dicho, que el artículo 151 de la Ley de Amparo no reglamenta el derecho que tienen las contrapartes del oferente de la prueba pericial para que puedan adicionar el cuestionario exhibido por quien la propone. Consecuentemente, ante la falta de reglamentación expresa sobre ese punto, para el desahogo de la prueba pericial, esto es, en relación con el derecho que tienen las contrapartes del oferente para adicionar el cuestionario exhibido, en este aspecto debe acudirse supletoriamente a lo dispuesto en el artículo relativo del Código Federal de Procedimientos Civiles. De no aceptarse este criterio implicaría, como lo pretende la recurrente, que las contrapartes del oferente de la prueba pericial, en lugar de adicionar el cuestionario respectivo, tendrían que anunciar necesariamente la prueba pericial, para que se pudiera emitir un dictamen sobre puntos distintos al cuestionario, aun cuando versara sobre el mismo hecho cuestionado, lo cual iría en detrimento del principio de economía procesal y de la pronta administración de justicia que establece el artículo 17 constitucional. Ahora bien, el artículo 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece lo siguiente: (transcribe). Como el artículo transcrito establece el derecho que tienen las contrapartes del oferente de la prueba pericial para adicionar el cuestionario, situación que no contempla expresamente el artículo 151 de la Ley de Amparo, por este motivo se reitera que tiene aplicación supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles en este aspecto, o sea, el artículo 146. En ese sentido ha sido reiterado el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias que con los números 360, 362 y 363, se encuentran publicadas en las páginas 263, 265 y 266 del Tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que son del tenor siguiente: 'PRUEBAS PERICIAL Y TESTIMONIAL. DESAHOGO ILEGAL. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.' (transcribe), 'PRUEBAS PERICIAL Y TESTIMONIAL. LA ENTREGA DE CUESTIONARIOS E INTERROGATORIOS DEBE HACERSE CON LAS MISMAS FORMALIDADES QUE EL EMPLAZAMIENTO A NÚCLEO EJIDAL.' (transcribe) y 'PRUEBAS PERICIAL Y TESTIMONIAL QUE AFECTAN A UN NÚCLEO DE POBLACIÓN EJIDAL. DEBE ORDENARSE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL ACUERDO QUE LAS TIENE POR ANUNCIADAS.' (transcribe). No obstan para la anterior conclusión, las tesis sustentadas por los siguientes Tribunales Colegiados. La del entonces Segundo Tribunal Colegiado de este circuito, publicada en la página 481 de los Volúmenes 217-228, Sexta Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: 'PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. EN SU INTEGRACIÓN Y DESAHOGO NO RIGE EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.' (transcribe). La del mismo órgano colegiado, publicada en la página 736 del Tomo XIV, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: 'PRUEBA PERICIAL, EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO ES SUPLETORIO DE LA LEY DE AMPARO.' (transcribe). Y la del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, publicada en la página 288 del Tomo XIII, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y cuatro, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: 'PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. LA LEY DE AMPARO CONTEMPLA SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO, POR LO QUE ES IMPROCEDENTE LA SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.' (transcribe). Ello es así, porque este órgano colegiado no comparte las tesis antes transcritas, únicamente en cuanto a que en forma general sostienen que en el desahogo de la prueba pericial no es aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo el Código Federal de Procedimientos Civiles, en virtud de que como se ha dejado asentado en los motivos expuestos en esta ejecutoria, si bien el artículo 151 de la Ley de Amparo establece reglas especiales relativas al ofrecimiento, admisión y designación de peritos de la prueba pericial, careciendo de aplicación supletoria lo señalado en estos aspectos por los artículos conducentes del Código Federal de Procedimientos Civiles, también lo es que dicho artículo no reglamenta con claridad el derecho que tienen las contrapartes del oferente de la prueba pericial para que puedan adicionar el cuestionario exhibido por quien la propone, por lo que sobre este punto es aplicable supletoriamente el referido Código Federal de Procedimientos Civiles. De ahí que proceda realizarse la denuncia de contradicción de tesis, remitiéndose los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva lo procedente conforme a sus facultades legales, como lo dispone el artículo 196 de la Ley de Amparo."

La tesis aislada surgida del asunto que antecede es del tenor siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XII, septiembre de 2000

"Tesis: VI.1o.C.30 C

"Página: 794

"PRUEBA PERICIAL. APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PARA SU DEBIDA INTEGRACIÓN Y DESAHOGO. En virtud de que el artículo 151 de la Ley de Amparo, no reglamenta el derecho que tienen las contrapartes del oferente de una prueba pericial, para que puedan adicionar el cuestionario exhibido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. del ordenamiento invocado, se debe acudir a lo establecido en el artículo 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en cuanto a que dicha disposición sí establece de forma expresa ese derecho que tienen las contrapartes del oferente de la prueba pericial, al establecer en su segundo párrafo, en lo conducente que: 'Artículo 146. ... El tribunal concederá, a las demás partes, el término de cinco días para que adicionen el cuestionario con lo que les interese ...'. De no aceptarse este criterio, implicaría que las contrapartes del oferente de la prueba pericial, en lugar de adicionar el cuestionario respectivo, tendrían que anunciar necesariamente la prueba pericial, para que pudiera emitirse un dictamen sobre puntos distintos al cuestionario, aun cuando versara sobre el mismo hecho controvertido, lo cual iría en detrimento del principio de economía procesal y de la pronta administración de justicia que establece el artículo 17 constitucional.

"Queja 21/2000. Vinos y Licores El Satélite, S.A. de C.V. 14 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra."

QUINTO. Las consideraciones emitidas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, antes Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito, en la queja civil 8/88, interpuesta por el secretario de la Defensa Nacional, fallada el primero de junio de mil novecientos ochenta y ocho, en lo que interesa, señalan:

"TERCERO. Son parcialmente fundados los agravios anteriores. El recurrente alega que 'el Juez de Distrito a quo violó lo dispuesto por el artículo 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, porque este dispositivo permite que el cuestionario presentado por el oferente de la prueba pericial pueda ser adicionado por algunas de las partes; circunstancia que -según dice- no tomó en cuenta el Juez Federal pues dejó de aplicar dicho ordenamiento en forma supletoria a la Ley de Amparo'. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha externado criterio en el sentido de que la prueba pericial en el juicio de garantías se integra con el solo dictamen del perito del juzgado, lo cual indica que la prueba en comento no es colegiada y, por ende, que son inaplicables en este aspecto disposiciones que establezcan lo contrario. El criterio de referencia se encuentra en la tesis jurisprudencial 157, visible en la página 119 de la Segunda Parte del Informe de 1982, que dice: 'PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO.' (transcribe). Por otra parte, este Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver la queja 20/87, interpuesta por Jesús González Moreno, externó criterio considerando que tratándose de la prueba pericial no existe supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles a la Ley de Amparo, en virtud de que del contenido del artículo 151 de este último ordenamiento legal, se advierte la existencia de reglas especiales relativas al ofrecimiento, admisión y desahogo de la prueba de que se trata, distintas de las que establecen otros ordenamientos, entre ellos el Código Federal de Procedimientos Civiles, pues mientras que en el juicio de garantías queda a cargo del Juez de Distrito la designación del perito que debe emitir su dictamen con base en el cuestionario presentado por el oferente, en el procedimiento civil federal corresponde a las partes la integración de la prueba designando a sus propios peritos, según lo disponen los artículos 145, 146 y 147 del aludido Código Federal de Procedimientos Civiles. Además, adoptando el criterio de la Suprema Corte, se ha destacado que en el juicio de amparo la prueba en comento se desahoga mediante el dictamen que rinda el perito designado por el Juez de Distrito, aun sin la concurrencia de los peritos nombrados por las partes y, en cambio, en el procedimiento civil federal deben rendir invariablemente su dictamen todos y cada uno de los peritos que intervengan, incluyendo el tercero en discordia que en su caso sea nombrado por el tribunal. Finalmente, Ignacio Burgoa Orihuela sobre este particular sostiene que 'la Ley de Amparo cuenta con reglas especiales que hacen inaplicable al juicio de garantías las involucradas en las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles que se le oponen, como son por ejemplo, las relativas a la constitución o integración de la repetida prueba; así, dicha ley establece que la prueba pericial se desahogará con el dictamen de un perito designado por el Juez del conocimiento o por los que estime convenientes «sin perjuicio de que cada parte pueda designar también un perito para que se asocie al nombrado por el Juez o rinda dictamen por separado» y que «los peritos no son recusables, pero el nombrado por el Juez deberá excusarse de conocer cuando en él concurra alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 66 de esta ley; debiendo dicho perito manifestar bajo protesta de decir verdad, que no tiene ninguno de los impedimentos legales». Como se ve, la designación de peritos en el juicio de amparo es directa y principalmente hecha por el Juez, a diferencia de lo que ocurre en materia federal en general y común, en las que el nombramiento judicial de peritos es subsidiario del que debe hacerse por las partes, amén de otras discrepancias existentes entre la regulación de la prueba pericial consignada por la Ley de Amparo y la instituida por el Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual, a diferencia de ésta, admite la recusación de peritos.' (El Juicio de Amparo, páginas 665 y 666, vigésima edición, Editorial Porrúa). Por todo lo anterior, es evidente que el agravio a estudio resulta infundado en razón de que la Ley de Amparo, y concretamente el artículo 151, establece reglas a las que deben sujetarse el ofrecimiento, admisión y desahogo de la prueba pericial, por lo que no se justifica la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, como en forma equivocada lo afirma el recurrente. De esa manera, al no encontrarse dentro de esas reglas la circunstancia de que pueda adicionarse al cuestionario presentado por el oferente de la prueba, por alguna de las otras partes, es correcto el acuerdo recurrido en este punto, ya que si la parte recurrente pretende acreditar ciertos hechos y estimara insuficiente atenerse al cuestionario que hubiera exhibido quien anunció la prueba, en todo caso dicha recurrente podría también anunciar su propia pericial a desahogar con base en el cuestionario que a su vez formulara."

La tesis aislada derivada de este asunto es del tenor siguiente:

"Octava Época

"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: XIV, julio de 1994

"Página: 736

"PRUEBA PERICIAL, EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO ES SUPLETORIO DE LA LEY DE AMPARO. Tratándose de la prueba pericial no existe supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles a la Ley de Amparo, en virtud de que del contenido del artículo 151 de este último ordenamiento legal, se advierte la existencia de reglas especiales relativas al ofrecimiento, admisión y desahogo de la prueba de que se trata, distintas de las que establecen otros ordenamientos, entre ellos el Código Federal de Procedimientos Civiles, pues mientras que en el juicio de garantías queda a cargo del Juez de Distrito la designación del perito que debe emitir su dictamen con base en el cuestionario presentado por el oferente, en el procedimiento civil federal corresponde a las partes la integración de la prueba designando a sus propios peritos, según lo disponen los artículos 145, 146 y 147 del aludido Código Federal de Procedimientos Civiles. Además, la prueba en comento se desahoga mediante el dictamen que rinda el perito designado por el Juez de Distrito, aun sin la concurrencia de los peritos nombrados por las partes y en cambio, en el procedimiento civil federal deben rendir invariablemente su dictamen todos y cada uno de los peritos que intervengan, incluyendo el tercero en discordia que en su caso sea nombrado por el tribunal.

"Queja 8/88. Secretario de la Defensa Nacional. 1o. de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo."

SEXTO. Las consideraciones emitidas también por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, antes Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito, al resolver la queja laboral 20/87, interpuesta por Jesús González Moreno, fallada el seis de octubre de mil novecientos ochenta y siete, en lo que interesa, son las siguientes:

"TERCERO. Es fundada la presente queja. Para así estimarlo, es conveniente señalar que la Ley de Amparo establece en su artículo 151, párrafo tercero, lo siguiente: 'Al promoverse la prueba pericial, el Juez hará la designación de un perito, o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia; sin perjuicio de que cada parte pueda designar también un perito para que se asocie al nombrado por el Juez o rinda dictamen por separado.'. Según se advierte de la anterior transcripción, en el juicio constitucional existen reglas relativas al ofrecimiento, admisión y desahogo de la prueba pericial, distintas de las establecidas por el Código Federal de Procedimientos Civiles, pues mientras que en el juicio de garantías queda a cargo del Juez de Distrito la designación del perito que debe producir dictamen con base en el cuestionario formulado por el anunciante de la prueba, en el proceso civil federal toca a las partes integrar la prueba designando sus propios peritos (artículos 145, 146 y 147 del Código Federal de Procedimientos Civiles en vigor). Además, cabe destacar que en el juicio de amparo la citada prueba se desahoga mediante el dictamen que rinda el perito designado por el Juez, aun sin la concurrencia de los peritos nombrados por las partes y en el procedimiento civil federal deberán rendir invariablemente su dictamen todos y cada uno de los peritos que intervengan, incluyendo el tercero en discordia que nombre el tribunal. Precisado lo anterior, debe convenirse con lo expuesto por el recurrente en relación con que los peritos no son partes en el juicio de amparo sino simples auxiliares del órgano jurisdiccional para ilustrar su conocimiento en cuestiones técnicas; por lo que, con base en ello y en las consideraciones anteriores, debe concluirse que efectivamente el Juez de Distrito carece de facultades para requerir al perito de alguna de las partes en el juicio de garantías a fin de que rinda su dictamen y menos para apercibirlo con declarar desierta la prueba en caso de no hacerlo porque, en primer lugar, no existe disposición legal que así lo permita y, en segundo, porque una vez anunciada en tiempo y forma la prueba de que se trata, el Juez tiene la obligación de designar un perito o los que estime convenientes, según lo establece la disposición legal citada, 'sin perjuicio' de que cada parte pueda designar también un perito para que se asocie al nombrado por el Juez o rinda dictamen por separado, pudiendo integrarse dicha prueba con el solo dictamen del perito designado por el Juez. Con base en tales consideraciones, debe decirse que en todo caso únicamente el Juez de Distrito podrá requerir y hasta aplicar medidas de apremio al perito o peritos que él designe a fin de perfeccionar la prueba, pero nunca a los de las partes, quienes en última instancia pueden o no rendir su dictamen, ya que en este aspecto corre a cargo de cada parte la facultad de nombrar perito de acuerdo a su interés en el asunto. Por todo lo anterior, debe establecerse que una vez que se tiene por anunciada en tiempo la prueba pericial dentro del juicio de amparo, el Juez de Distrito debe proceder conforme a las reglas establecidas en la ley de la materia, independientemente de que las partes nombren sus peritos y de que éstos rindan su dictamen, dado que no son indispensables porque la prueba no es colegiada; además, el desacato a la prevención hecha por el Juez a su perito, de ninguna manera puede considerarse como un motivo suficiente para declarar desierta la prueba, puesto que el oferente cumple con su carga al anunciar la prueba con la oportunidad debida y el daño que llegara a causarse no lo sufriría el perito sino aquél. En conclusión, una vez que se tiene por anunciada en tiempo y forma legal la prueba pericial, no existe motivo legal para declararla desierta, toda vez que aun cuando el oferente o las demás partes no designen perito o que éstos no rindan su dictamen, el Juez debe proceder conforme a las reglas aludidas y procurar el perfeccionamiento de tal prueba con el solo dictamen del perito o de los peritos que él designe. En las condiciones anteriores, debe declararse fundada la presente queja interpuesta en contra del proveído que requiere y apercibe al perito del quejoso."

La tesis aislada surgida del asunto que antecede, es la siguiente:

"Séptima Época

"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Volumen: 217-228, Sexta Parte

"Página: 481

"PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. EN SU INTEGRACIÓN Y DESAHOGO NO RIGE EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. El artículo 151 de la Ley de Amparo establece reglas especiales relativas al ofrecimiento, admisión y desahogo de la prueba pericial distintas de las que señala el Código Federal de Procedimientos Civiles, pues mientras en el juicio de garantías queda a cargo del Juez de Distrito la designación del perito cuyo dictamen debe emitir con base en el cuestionario formulado por el anunciante, en el proceso civil federal corresponde a las partes integrar la prueba designando a sus propios peritos (artículos 145, 146 y 147 del Código Federal de Procedimientos Civiles en vigor); además, en el juicio de amparo, esta prueba se desahoga mediante el dictamen que rinda el perito designado por el Juez aun sin la concurrencia de los peritos nombrados por las partes, y en cambio en el procedimiento civil referido todos los peritos que intervengan deberán rendir invariablemente su dictamen incluyendo el tercero en discordia que nombre el tribunal. De acuerdo con lo anterior y tomando en cuenta que los peritos son simples auxiliares del órgano jurisdiccional para ilustrar su conocimiento en cuestiones técnicas, debe decirse que cuando se tiene por anunciada en tiempo la prueba de que se trata, el Juez Federal tiene la obligación de designar un perito o los que estime convenientes según lo dispone el artículo 151 ya citado, sin perjuicio de que cada parte pueda designar el suyo para que se asocie al nombrado y rinda dictamen por separado; pudiendo integrarse dicha prueba con el solo dictamen del perito designado por el Juez. De esto se infiere que el Juez aludido podrá requerir y hasta aplicar medidas de apremio al perito o a los peritos que él designe, pero nunca a los de las partes quienes pueden o no rendir su dictamen. En conclusión, una vez que se tiene por anunciada en tiempo la prueba pericial dentro del juicio de amparo, el Juez de Distrito debe proceder conforme a las reglas establecidas en la ley de la materia, independientemente de que las partes nombren sus peritos y que éstos rindan su dictamen, dado que no son indispensables porque la prueba no es colegiada.

"Queja laboral 20/87. Jesús González Moreno. 6 de octubre de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: J. Mario Machorro Castillo."

SÉPTIMO. Finalmente, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, al resolver la queja 54/93, interpuesta por Servimotriz de Oaxaca, S.A. de C.V., el quince de octubre de mil novecientos noventa y tres, en la parte que interesa, expresó las consideraciones siguientes:

"CUARTO. La materia del presente recurso de queja versa sobre la determinación contenida en el acuerdo impugnado, en que se da vista al perito de la parte quejosa con las constancias remitidas por el administrador local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, que le fueron solicitadas por la empresa peticionaria de amparo con anterioridad, para que dentro del término de tres días rinda el dictamen correspondiente, con el apercibimiento de que en caso de no cumplir en el plazo establecido, subsistirá sólo el dictamen que en su oportunidad rinda el perito oficial nombrado por el juzgado a quo (foja 26). La empresa inconforme aduce que el Juez de Distrito inobserva el artículo 153 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que si el perito de la quejosa no rinde su dictamen sin causa justificada, el juzgador debe designar nuevo perito en sustitución del omiso e imponerle una multa de un nuevo peso, ya que la parte solicitante de la protección federal carece de instrumentos eficaces para obligar a su perito a rendir su dictamen; que si no existen en autos las constancias conforme a las cuales se emitirá el dictamen contable, se debe dar vista a la parte recurrente con las documentales remitidas para que manifieste si están completas o no; que al omitirlo se deja a la quejosa en estado de indefensión y se le causa daño no reparable en la sentencia definitiva, porque se obliga al perito a emitir su dictamen analizando constancias incompletas. Las argumentaciones que preceden son infundadas pues, en la especie, el Juez de Distrito no está obligado a aplicar de manera supletoria la disposición contenida en el artículo 153 del código procesal civil supracitado. Acorde con lo que establece el artículo 2o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías se sustancia y decide con arreglo a las formas y procedimientos que se determinan en ese ordenamiento, y sólo a falta de disposición expresa, se debe estar a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por lo que es claro que la supletoriedad del código federal en mención, se aplicará únicamente cuando en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales no exista disposición expresa respecto de aquellas instituciones que se establezcan en ella, no reglamentadas o reglamentadas en forma deficiente, que no permita su aplicación adecuada, a condición de que las normas del ordenamiento procesal civil no pugnen con las de la citada Ley de Amparo. El artículo 151 de la ley en cita contempla las normas a que debe sujetarse el ofrecimiento y desahogo de la prueba pericial, entre las que destaca la que prevé que al promoverse dicha prueba, el Juez hará la designación de un perito o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia; sin perjuicio de que cada parte pueda designar también un perito para que se asocie al nombrado por el Juez o rinda dictamen por separado. Dicha disposición legal faculta al juzgador de amparo para apercibir a la parte quejosa y tercera perjudicada con tenerlas por adheridas al dictamen del perito oficial en caso de que no nombren perito, no lo presenten a que se le discierna el cargo, no rinda su dictamen o no lo ratifique, en los plazos que les conceda. En ese orden de ideas, es notorio que el Juez está en posibilidades de decretar el apercibimiento en el sentido de que en caso de no rendirse el dictamen respectivo dentro del término de tres días, quedará subsistente el dictamen que llegue a rendir el perito oficial, lo que se traduce en que se tendrá a la parte quejosa por adherida al dictamen en comento. Debe precisarse también que no se irroga agravio alguno a la parte quejosa al sujetar a su perito a rendir su dictamen en determinado plazo, pues en el supuesto de que efectivamente las constancias remitidas estén incompletas y que sean indispensables para que su perito pueda rendir el dictamen correspondiente, la empresa peticionaria de garantías y su perito están en aptitud de hacer del conocimiento del juzgador ese hecho, a efecto de que determine si se justifica o no el que no se cumpla con la rendición del peritaje en el término concedido. Además, si la impugnante estima que no puede obligar a su perito a rendir su dictamen, no debió proponerlo. En las anteriores circunstancias, ante la ineficacia de los agravios expresados, es procedente declarar infundado el recurso de queja interpuesto."

La tesis aislada surgida de las consideraciones que anteceden, es la siguiente:

"Octava Época

"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: XIII, enero de 1994

"Página: 288

"PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. LA LEY DE AMPARO CONTEMPLA SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO, POR LO QUE ES IMPROCEDENTE LA SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. El artículo 151 de la Ley de Amparo contempla las normas a que debe sujetarse el ofrecimiento y desahogo de la prueba pericial, entre las que destaca la que prevé que, al promoverse esa prueba, el Juez hará la designación de un perito o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia, sin perjuicio de que cada parte pueda designar también un perito para que se asocie al nombrado por el Juez o rinda dictamen por separado. Dicha disposición legal faculta al juzgador de amparo para apercibir a las partes con tenerlas por adheridas al dictamen del perito oficial, en caso de que no nombren perito, no lo presenten a que se le discierna el cargo, no rin

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17216-23c22aef/prueba-pericial-en-el-juicio-de-amparo-procede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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