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Modo: Corpus Pro

COSTAS. TASAS QUE DEBEN APLICARSE PARA SU PAGO EN LA SEGUNDA INSTANCIA (INTERPRETACIÓN DEL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 70/2000-PS. · Registro digital (IUS): 7504
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO, SÉPTIMO Y DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Diciembre de 2001, , Pág. 468.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 70/2000-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO, SÉPTIMO Y DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.

SECRETARIA: MARIANA MUREDDÚ GILABERT.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión 3374/98, expresó lo que a continuación se transcribe en la parte conducente:

RC. 3374/98.

"En cambio, es fundado el tercero de los agravios.-En principio cabe señalar, a manera de antecedentes, que en la sentencia definitiva de cuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho, dictada en el toca 2183/97, relativa al juicio ordinario civil número 676/96, promovido por Marcos Ortiz Casellas en contra de María Luisa Cué Loaizaga de Ortiz, se absolvió a la demandada de las prestaciones que le fueron reclamadas y se condenó al actor al pago de costas en ambas instancias con fundamento en el artículo 140, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Por tal motivo, la parte demandada promovió incidente de pago de costas de primera instancia (sic), el cual fue resuelto por el Juez de primer grado mediante interlocutoria dictada el seis de mayo del mismo año, en la que aprobó la planilla por la cantidad de cuarenta y ocho mil cuatrocientos cinco dólares con veintisiete centavos, equivalente al cuatro por ciento del monto del negocio.-De igual manera, la propia parte actora promovió diverso incidente de liquidación de costas de segunda instancia (sic) ante la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el cual fue resuelto unitariamente por la Magistrada Delia Rosey Puebla el veintiocho de abril del año en curso, en donde también se aprobó la planilla por la misma cantidad en dólares estadounidenses, es decir, cuarenta y ocho mil cuatrocientos cinco dólares con veintisiete centavos. Esta resolución es precisamente la reclamada en el juicio de amparo del que deriva la presente revisión.-Puntualizado lo anterior, debe decirse que el artículo que prevé las reglas para la generación de las costas, que es el 128 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (reformado mediante decreto que se publicó el dieciocho de junio de mil novecientos noventa y siete), establece lo siguiente: 'Artículo 128. Las costas en primera instancia se causarán conforme a las siguientes bases: a) Cuando el monto del negocio no exceda de $100,000, se causará el 10%; b) Cuando el monto del negocio exceda de $100,000 pesos y hasta $500,000, se causará el 7%, y c) Cuando el monto del negocio exceda de $500,000, se causará el 4%.-Tratándose de la segunda instancia, las cuotas anteriores se aumentarán en 1%.'.-El Juez de Distrito estimó que del contenido de este dispositivo legal, particularmente del inciso c) y del último párrafo, se advertía claramente que para el pago de costas de segunda instancia debía adicionarse un uno por ciento a los porcentajes fijados en los incisos a), b) y c); para el pago de costas en primera instancia los porcentajes serían del once, ocho y cinco por ciento, respectivamente, por lo que resolvió negar el amparo de la Justicia Federal.-Ahora bien, este tribunal considera incorrecta la interpretación que hizo el a quo por no ser la más justa ni la más lógica, pues el artículo transcrito no debe interpretarse en el sentido de que las costas en ambas instancias asciendan al veintiuno por ciento en el primer caso; al quince por ciento en el segundo; y al nueve por ciento en el tercero, sino en el diverso sentido de que si el asunto finalizó en la primera instancia, sólo debe pagarse por concepto de costas el diez por ciento, el siete por ciento o el cuatro por ciento que, por su orden, establecen los incisos a), b) y c); en tanto que en los casos en que el asunto agotó su segunda instancia, debe aumentarse a las cuotas anteriores únicamente en uno por ciento por tal instancia, a efecto de que por concepto de costas en ambas instancias se pague un once por ciento, un ocho o un cinco por ciento, en relación con el monto del negocio.-Esta conclusión se apoya en el hecho de que el artículo 128 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal sólo se reformó en junio de mil novecientos noventa y siete para agregarle al primer párrafo las palabras 'primera instancia' y adicionarle el último párrafo en donde dice: 'Tratándose de la segunda instancia, las cuotas anteriores se aumentarán en uno por ciento', dado que antes de ser reformado únicamente preveía que por costas se pagaría un diez por ciento, un siete o un cuatro por ciento, dependiendo de la cuantía señalada en los incisos a), b) y c), y al margen de que el asunto hubiese tenido una o dos instancias. De manera que la adición del último párrafo sólo tuvo como propósito 'subsanar la omisión en que se incurrió al no preverse las costas de segunda instancia', según se dijo en la exposición de motivos.-Además, no se advierte razón alguna, fáctica o jurídica, que sirva de fundamento para pensar que el legislador tuvo la intención de fijar las costas de segunda instancia en un porcentaje superior a las de primera instancia, sobre todo si se considera que es la primera instancia la base fundamental del procedimiento, porque en ella se desarrolla la mayor o más trascendente parte de los trámites; en tanto que la segunda, por lo general, se limita a la admisión y resolución del recurso de apelación; de ahí que resulta lógico que los porcentajes sólo se incrementen en un uno por ciento."

De la anterior resolución derivó la tesis aislada, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer "Circuito.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: X, septiembre de 1999

"Tesis: I.4o.C.28 C

"Página: 793

"COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.-El artículo 128 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal establece que las costas, en primera instancia, se causarán atendiendo al valor del negocio, en un diez por ciento si la cuantía no excede de cien mil pesos, en un siete por ciento si es superior a esta cantidad pero no a quinientos mil pesos, y en cuatro por ciento si excede a esta última, y que tratándose de la segunda instancia, las cuotas anteriores se aumentarán en uno por ciento. Lo anterior no debe interpretarse en el sentido de que las costas de la alzada importan la cuota fijada para la primera instancia más uno por ciento, sino en el diverso sentido de que tales porcentajes son para ambas instancias, es decir, que por la segunda sólo corresponde el uno por ciento del valor del negocio, ya que la intención del legislador al reformar el artículo citado en el decreto de diecinueve de junio de mil novecientos noventa y siete, no fue la de duplicar los porcentajes de las costas, sino sólo subsanar la omisión en que se incurrió al no preverlas para la segunda instancia, según se explica en la exposición de motivos; además, no se justifica una tasa superior por costas de la apelación si se atiende a que es en la primera instancia en donde se realiza la mayor parte del trabajo procesal.

"CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

"Amparo en revisión 3374/98. Marcos Ortiz Casellas. 8 de octubre de 1998. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el criterio contenido en esta tesis. Disidente: Faustino Cervantes León. Ponente: Álvaro Ovalle Álvarez. Secretario: Armando Cruz Espinoza."

QUINTO.-Por su parte, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 34/2000, en la parte conducente, sostuvo:

"Por otro lado, es cierto que el Juez Federal, en la resolución reclamada, expresamente afirmó que conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 128 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, cuando el asunto no tenga una cuantía superior a quinientos mil pesos se cobra el cuatro por ciento, cuando del texto expreso del precepto legal aludido se advierte que el cuatro por ciento se cobra cuando la cuantía del asunto excede de quinientos mil pesos; sin embargo, dicho error es intrascendente por tratarse de una incorrecta transcripción del artículo 128 del ordenamiento legal invocado, lo cual no trasciende a lo resuelto por el juzgador.-En cuanto a la indebida interpretación de los porcentajes mediante los cuales se deben fijar las costas y que dice la recurrente que el Juez no da los fundamentos para arribar a la conclusión de que en segunda instancia nada más se debe cobrar el uno por ciento de costas, es infundado, pues del estudio de la sentencia sujeta a revisión, claramente se advierte que el juzgador de amparo dio las razones y motivos por los que llegó a la conclusión de que la última parte del artículo 128 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal debe interpretarse en el sentido de que solamente en la segunda instancia se cobra el uno por ciento por costas, pues al efecto se dijo que el agregado que tuvo el precepto legal referido fue para llenar el vacío existente al no prever la condena en costas en segunda instancia, y que al ser ésta, o sea, la segunda instancia un procedimiento más corto que el de primera instancia en el que se desarrolla la mayor y más trascendente parte de la sustanciación de un juicio, resultaba lógico que por la primera se cobre un porcentaje superior al de la segunda; de manera que el Juez Federal sí dio los fundamentos legales por los que arribó a la conclusión de que debía negarse la protección constitucional solicitada.-El criterio del juzgador de amparo en el sentido de que la etapa de apelación era menor a la del juicio y que por eso el porcentaje de costas en la segunda instancia debe ser del uno por ciento, no es un simple criterio, sino que se trata de una interpretación lógica del artículo 128 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y esa interpretación que este Tribunal Colegiado estima acertada y apegada a la ley, sí fundamenta la decisión del Juez de amparo.-Asimismo, es correcto que el Juez Federal haya dicho que la autoridad responsable no compartía el criterio de otra Sala que sostenía el punto de vista contrario, referente a que en la segunda instancia no debe cobrarse el uno por ciento, sino el cinco, ocho y once por ciento, según el monto del asunto original, porque a juicio de la autoridad ese criterio era erróneo y no acorde a lo establecido por el precepto legal que se viene comentando, lo cual es correcto, pues al no ser un criterio obligatorio para la autoridad responsable, ésta puede disentir del mismo dando las razones de ello, como sucedió en el caso.-Además, también fue correcto que el Juez Federal apoyara su fallo en un criterio sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Primer Circuito, en el que se hace relación a que las costas en segunda instancia sólo deben cobrarse en un uno por ciento de acuerdo a la cuantía del asunto, precisamente porque esa tesis es acorde con la interpretación que el propio Juez Federal llevó a efecto del referido artículo 128 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.-No es cierto que el criterio del Juez de Distrito, al sostener que las costas en segunda instancia sólo deban cobrarse en uno por ciento del monto de la cuantía, provoque un incentivo para las partes que sin tener razón hagan valer ese recurso con el objeto de retardar el procedimiento, pues la interpretación a dicho precepto legal no debe verse desde ese punto de vista, sino de lo breve de un procedimiento de segunda instancia; es decir, que la apelación es una tramitación más pronta que la primera instancia y, por tanto, no puede ser mayor la condena en ésta como en aquélla, como incorrectamente lo pretende la recurrente, pues si se atendiera el principio de que se alentaría a las partes a promover recursos o juicios improcedentes si se fijare poco monto en las costas, sería tanto como admitir que como no hay sanción para intentar juicios se estaría alentando la promoción de estos procedimientos que por disposición legal están al alcance de las partes para defender sus derechos. Los recursos establecidos por la ley son derechos a favor de las partes y su interposición no puede ser base para establecer sanciones superiores en la medida en que se hagan valer los mismos, ni puede ser parangón tal cuestión para realizar una interpretación distinta del artículo 128 ya referido.-Este Tribunal Colegiado comparte el criterio del Juez Federal y de la autoridad responsable, porque resulta lógico que la actuación de las partes en el recurso de apelación necesariamente tiene que ser menor que en el juicio ordinario y, consecuentemente, la condena en costas en la primera instancia debe ser mayor que la de la segunda, precisamente porque la fijación de las costas se basa, en esencia, en la actuación de las partes en los procedimientos, y si uno es mayor en tiempo que otro, resulta lógico que se cobre un porcentaje mayor de costas en el que más actividad procesal hubo y menor en donde la conducta procesal de las partes fue menor.-El Juez Federal, en la resolución reclamada, expresamente dijo que la condena en costas no consistía primordialmente en la sanción procesal de las partes por su temeridad, sino simple y sencillamente por la no obtención de una sentencia favorable; de manera que no es que el Juez Federal haya negado el carácter de sanción de las costas en juicio, sino únicamente dijo que las mismas no eran una sanción a la temeridad, sino simplemente una sanción a la no obtención de un fallo favorable, de manera que lo que sobre el particular alega el recurrente carece de consistencia jurídica.-Por otra parte, en términos de la jurisprudencia 27/94 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es obligación del juzgador tomar en consideración los alegatos que vierten las partes, por lo que si en el caso el Juez no hizo alusión a las dos jurisprudencias a que se refiere la quejosa, que aluden a que las costas no son una sanción procesal, tal circunstancia fue correcta porque la cita de dichos criterios se hizo en el escrito de alegatos. A mayor abundamiento, como ya se vio, del texto expreso de la resolución recurrida no se advierte que el juzgador haya negado el carácter de sanción a las costas.-Es cierto que en el trámite del juicio de amparo la propia quejosa ofreció prueba documental consistente en una ejecutoria pronunciada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Primer Circuito, de la que se infiere un criterio diverso al aquí sustentado; sin embargo, esa probanza le fue desechada por auto de fecha diecisiete de marzo del presente año, en contra del cual no se promovió el recurso de queja a que se refiere el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, motivo por el que si bien el Juez Federal no valoró tal documental, ello se debió a una causa justificada como la aquí señalada. Cabe resaltar que independientemente de lo considerado, el Juez Federal está en aptitud de compartir o no un determinado criterio mientras éste no sea obligatorio en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo ..."

SEXTO.-Por último, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión número 5397/99, manifestó:

RC. 5397/99.

"En efecto, la sentencia recurrida pone de relieve que la Juez Federal, interpretando el artículo 128 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, arribó a la conclusión de que cuando el importe de un asunto fluctúe entre cien y quinientos mil pesos, las costas causadas en primera instancia serán a razón del siete por ciento respecto a la cuantía del negocio, y en caso de ventilarse la segunda instancia se aumentará el uno por ciento; que al importe que se genere por costas en primera instancia únicamente se acrecentará un uno por ciento, agregando que de haber sido distinta la intención del legislador, hubiera empleado otros términos para que quedara precisado que se causaría la suma indicada para la primera instancia más el uno por ciento y no se hubiera limitado a señalar que aumentará el uno por ciento por costas en segunda instancia.-Lo anterior resulta contrario a derecho, dado que en modo alguno puede estimarse, como malamente lo sostuvo la Juez de Distrito, que el legislador se hubiera limitado a precisar que se aumentará el uno por ciento por costas en segunda instancia, pues lo cierto es que en el artículo 128 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en primer lugar, se estableció que las costas en primera instancia se causarían conforme a las bases que se señalan en los incisos a), b) y c), relativos todos ellos a un porcentaje conforme al monto del negocio y, en segundo término, añade que: 'Tratándose de la segunda instancia, las cuotas anteriores (contempladas en los mencionados incisos), se aumentarán en uno por ciento'; en consecuencia, debe concluirse que el precepto contiene dos hipótesis diversas, a saber: las costas en primera instancia y las costas en segunda instancia; en cuanto a la primera se establecen tres distintos parámetros para determinar el monto de dichas costas y, en cuanto a la segunda, se determina únicamente que las costas anteriores (referidas a la primera instancia), se aumenten en uno por ciento, esto es, que a la cantidad que corresponda a la primera instancia, diez, siete o cuatro por ciento, se aumente un uno por ciento, para quedar las costas por la segunda instancia en once, ocho o cinco por ciento, según hubiera sido el monto del negocio, de donde se sigue que el pronunciamiento de la Juez de Distrito es contrario a derecho y, por ende, no puede prevalecer.-Es fundado el único concepto de violación, toda vez que el artículo 128 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que si bien dispone que tratándose de las costas de segunda instancia, las cuotas anteriores se aumentarán en un uno por ciento, ello de ninguna manera implica que el total de ambas instancias corresponda al porcentaje de que se trate en la primera instancia más el uno por ciento, sino que lo realmente dispuesto en el numeral es que las costas relativas a la segunda instancia se calculen con base en el porcentaje que proceda, atento al monto del negocio más el uno por ciento, pero la cantidad que resulte, equivalente a las costas por la segunda instancia, es con independencia del monto por concepto de costas de la primera instancia; de todo lo cual resulta que la determinación de la responsable no se ajusta a derecho y, por ende, debe concederse el amparo para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia interlocutoria reclamada y en su lugar dicte otra en la que, atendiendo a las consideraciones precedentes, analice los agravios hechos valer y determine lo que en derecho proceda."

Cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál criterio debe prevalecer.

En este sentido tienen aplicación las tesis que a continuación se transcriben:

"Octava Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 83, noviembre de 1994

"Tesis: P. L/94

"Página: 35

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.-Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así.

"Contradicción de tesis 8/93. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito (en la actualidad Tribunal Colegiado en Materia Penal). 13 de abril de 1994. Unanimidad de veinte votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo."

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XII, noviembre de 2000

"Tesis: 2a./J. 94/2000

"Página: 319

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY.-Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados.

"Contradicción de tesis 6/98. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuito. 3 de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván.

"Contradicción de tesis 34/97. Entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. 26 de junio de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jesús Guadalupe Luna Altamirano.

"Contradicción de tesis 75/99-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. 24 de marzo del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Francisco Cilia López.

"Contradicción de tesis 35/2000-SS. Entre las sustentadas por el Tercero y el Séptimo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 4 de agosto del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José de Jesús Murrieta López.

"Contradicción de tesis 33/2000-SS. Entre las sustentadas por el Primer y el Octavo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 6 de septiembre del año 2000. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Andrea Zambrana Castañeda."

SÉPTIMO.-En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es dable determinar cuál es el que debe prevalecer.

Para que haya materia a dilucidar respecto de cuál criterio es el que debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se analice la misma cuestión; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidos dentro de las sentencias respectivas.

En otras palabras, existe contradicción de criterios cuando concurren los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y

c) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 22/92 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"Octava Época

"Instancia: Cuarta Sala

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 58, octubre de 1992

"Tesis: 4a./J. 22/92

"Página: 22

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicción de tesis 76/90. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Cuarto Circuito y Primero del Décimo Noveno Circuito. 12 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Néstor Gerardo Domínguez.

"Contradicción de tesis 30/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Primer Circuito en Materia de Trabajo. 2 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Pablo Jesús Hernández Moreno.

"Contradicción de tesis 33/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y actualmente Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 16 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Ramón Gopar Aragón.

"Contradicción de tesis 71/90. Sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 30 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.

"Contradicción de tesis 15/91. Sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.

"Tesis de jurisprudencia 22/92. Aprobada por la Cuarta Sala de este Alto Tribunal en sesión privada celebrada el cinco de octubre de mil novecientos noventa y dos. Unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas y José Antonio Llanos Duarte. Ausente: Felipe López Contreras, previo aviso.

"Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, tesis 178, página 120."

Establecido lo anterior, es procedente examinar si en la especie se da o no la contradicción de criterios.

El Cuarto y el Décimo Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, sostienen que la última parte del artículo 128 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal debe interpretarse en el sentido de que en la segunda instancia únicamente debe cobrarse el 1% más del porcentaje que corresponda a las cantidades que se prevean para la primera instancia (10%, 7% o 4%). Esto es que por concepto de costas en ambas instancias se pague un 11%, un 8% o un 5% en relación al monto del negocio, toda vez que se trata de un procedimiento más corto que el de primera instancia en el que se desarrolla la mayor y más trascendente parte de la sustanciación del juicio.

Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostiene que el precepto antes mencionado debe interpretarse en el sentido de que la cantidad que corresponda a la primera instancia, 10%, 7% o 4%, se aumenten en 1%, para quedar las costas, solamente por lo que hace a la segunda instancia, en 11%, 8% o 5%, según hubiera sido el monto del negocio.

De las sentencias pronunciadas por los Tribunales Colegiados contendientes se obtiene que se dan los requisitos para que exista contradicción de tesis, dado que, en primer término, los Tribunales Colegiados resolvieron negocios jurídicos esencialmente iguales -incidentes de gastos y costas-, en los que se planteó la interpretación del artículo 128 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a fin de determinar cuál es el porcentaje que se debe cobrar por concepto de costas en segunda instancia.

En segundo término, la diferencia de criterios emitidos por los Tribunales Colegiados de Circuito se presenta en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las respectivas sentencias.

De lo antes expuesto se desprende que sí existe oposición de criterios, puesto que en las resoluciones de los tribunales se controvierte la misma cuestión, pero se resuelve de forma opuesta, pues ambos colegiados interpretaron en diverso sentido el alcance del artículo 128 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

OCTAVO.-Esta Primera Sala de la Suprema

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7504-187398f2/costas-tasas-que-deben-aplicarse-para-su-pago · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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