AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2006-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO PRIMERO, OCTAVO Y NOVENO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIA: MARIANA MUREDDU GILABERT.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto tercero, fracción VI, del Acuerdo Plenario 5/2001, de doce de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, en virtud de que la presente contradicción versa sobre la procedencia del juicio de amparo, cuestión que no es de competencia exclusiva de alguna de las Salas.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en función de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, quienes se encuentran facultados para ello, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de la contradicción son las siguientes:
A) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver los amparos en revisión 426/2003 y 516/2004, sostuvo criterio similar, por lo que únicamente se transcribe la resolución más representativa de su criterio.
Amparo en revisión 516/2004
"Ahora bien, el Juez Segundo de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado, a quien correspondió el conocimiento de la demanda de amparo, sobreseyó en el juicio, por estimar que se actualizaba la causa de improcedencia contenida en la fracción XIII del artículo 73 de la ley de la materia. Como razonamientos torales para llegar a esa conclusión, adujo que la parte agraviada, antes de acudir a la instancia constitucional, debió agotar el recurso de apelación previsto por el artículo 1341 del Código de Comercio, pues consistiendo la actuación reclamada en el proveído mediante el cual el Juez natural autorizó el uso de la fuerza pública en su contra, al negarse a entregar en forma voluntaria al depositario designado en autos el bien mueble embargado, dicho proveído resulta apelable, por causar un gravamen que no puede repararse en la sentencia definitiva, dado que el Juez de la causa, ya no podrá ocuparse de esa cuestión en el fallo que al efecto pronuncie, sino sólo de las acciones y excepciones hechas valer, así como de las pruebas ofrecidas por las partes. Improcedencia que hizo extensiva a la inconstitucionalidad alegada, argumentando que con el recurso de referencia interpuesto contra el acto de aplicación, se puede lograr la anulación o revocación de dicho acuerdo reclamado. Es inexacto lo expuesto por el a quo federal, y para comprobarlo, conviene transcribir lo establecido por la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece: ‘Artículo 73.’ (se transcribe). Como se advierte del precepto anterior, cuando la inconstitucionalidad de una ley se reclama con motivo del primer acto de aplicación, es optativo para el interesado agotar el recurso o medio ordinario de defensa que proceda, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, lo que implica una excepción al principio de definitividad que impera en el juicio de amparo. Ahora bien, si en la especie, el quejoso señaló como acto reclamado la inconstitucionalidad del artículo 42 del Código de Procedimientos Civiles Local, precisando como primer acto de aplicación el proveído del diecisiete de agosto de dos mil cuatro; luego entonces, tenía la opción de agotar o no los recursos ordinarios procedentes. Por tanto, es evidente que el Juez de Distrito, soslayó lo establecido en el precepto de referencia, al sobreseer en el juicio argumentando que el impetrante no agotó el recurso de apelación en contra del auto mediante el cual se ordenaba hacer uso de la fuerza pública para lograr la entrega al depositario, del bien mueble embargado -acto en juicio que genera una ejecución de imposible reparación-, atendiendo a que, como ya se dijo, el hoy recurrente no tenía la obligación de utilizar dicho recurso previamente a ejercer la acción constitucional. No obsta para ello, que el Juez de Distrito, fundamente su fallo en la tesis aislada de rubro: ‘AMPARO CONTRA LEYES. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SIN HABERSE AGOTADO EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD RESPECTO DEL ACTO DE APLICACIÓN.’, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, ya que en principio, el citado criterio no resulta de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional, en términos de lo establecido por el artículo 192 de la Ley de Amparo; además, tampoco se comparte, atendiendo a que es criterio reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tratándose del supuesto contenido en la fracción XII del mencionado numeral 73 de la ley de la materia, es optativo para el interesado acudir directamente a la vía constitucional o bien agotar previamente el medio ordinario de defensa, como ya quedó asentado con anterioridad. En ese contexto, el peticionario de garantías sólo está obligado a cumplir con el principio de definitividad, cuando opta por interponer el recurso o medio ordinario de defensa en contra del acto concreto de aplicación de la ley tildada de inconstitucional, debiendo agotar todas las instancias correspondientes antes de ocurrir al juicio de amparo. Por otro lado, cabe decir igualmente, que la procedencia del juicio de garantías mediante el cual se impugna la inconstitucionalidad de una ley, se encuentra prevista por la fracción antes invocada, sin que guarde relación alguna con la diversa XIII del propio precepto, como se sostiene en el criterio invocado por el Juez de Distrito. Tiene aplicación a lo aquí expuesto, la tesis 2331, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 1621, Tomo I, Apéndice 2000, Séptima Época, que dice en su rubro y texto: ‘RECURSO PREVISTO EN LA LEY IMPUGNADA. ES OPTATIVO AGOTARLO. INTERPRETACIÓN JUDICIAL Y REFORMAS A LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). También cobra vigencia la tesis 1a. I/97, sustentada por la Primera Sala del Supremo Tribunal de la República, que puede consultarse en la página 187, Tomo V, enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto dicen: ‘AMPARO CONTRA LEYES, CUANDO OPERA EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, TRATÁNDOSE DE.’ (se transcribe). Igualmente resulta aplicable al aspecto toral comentado, la tesis 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal en el país, que se localiza en la página 156, Tomo XII, julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: ‘DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe). Luego, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, denúnciese la contradicción de tesis, entre el criterio contenido en la citada tesis en que se apoyó el Juez de Distrito y las razones dadas por este tribunal en la presente ejecutoria, ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que determine cuál debe prevalecer."
B) Por su parte, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver las improcedencias 187/2004 y 251/2003, sostuvo lo siguiente:
"En ese orden de ideas, el hoy recurrente pudo y debió hacer uso de los medios ordinarios de impugnación antes de acudir a la vía constitucional, a fin de satisfacer el principio de definitividad en el juicio de garantías, de tal suerte que en el caso que nos ocupa debió agotar el recurso de apelación contemplado en los artículos 688, 691 y 700 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que establecen la procedencia de este recurso contra autos o interlocutorias dictadas en un juicio ordinario civil, ya que con la interposición de ese medio de defensa pudo obtener la modificación o revocación del acto de aplicación reclamados, el cual se encuentra necesariamente vinculado a la ley que se impugna de inconstitucional, y al no haber agotado la quejosa dicho recurso, deja de satisfacerse el principio de definitividad requerido para la procedencia del juicio de amparo que nos ocupa, actualizándose la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Reviste importancia en este caso, la necesidad de que el quejoso hubiera agotado el recurso de apelación, porque de haberlo hecho era posible que el tribunal de alzada al resolverlo, modificara o revocara el acto de aplicación, haciendo cesar la transgresión a su esfera jurídica que alega, lo cual hubiera hecho a su vez, innecesario el análisis en un juicio extraordinario como el amparo, de la constitucionalidad del artículo 262 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, puesto que la violación que irrogó esa inconformidad hubiera quedado posiblemente remediada. Retomando lo concerniente a la actualización de la causal de improcedencia, se estima que con independencia de que el principio de definitividad tenga excepciones, por ejemplo cuando se reclame la inconstitucionalidad de una ley; en el caso que nos ocupa debe estarse a lo dispuesto por el supuesto específico, sin que pueda atenderse a otros artículos en los que se determine que sí operan excepciones a ese principio, toda vez que la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo es clara y no deja lugar a dudas o interpretaciones, cuando dispone que en tratándose de actos o resoluciones emanadas de un procedimiento judicial, como es el caso, deben agotarse los recursos o medios de defensa que dentro del mismo procedimiento puedan modificar, revocar o nulificar el propio auto o resolución, exceptuando únicamente los casos en que el quejoso se ostente como tercero extraño o cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, excepciones dentro de las que no se ubica el hoy quejoso. Al respecto, este tribunal coincide con el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, correspondiente a la Octava Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-II, febrero de mil novecientos noventa y cinco, tesis VI.1o.243 K, página doscientos doce, cuyos rubro y texto son los siguientes: ‘AMPARO, PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL. RIGE CUANDO PROMUEVE CONTRA ACTOS PRONUNCIADOS EN JUICIO O EN PROCEDIMIENTO EN FORMA DE JUICIO, AUNQUE SE ADUZCAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN.’ (se transcribe). Es ilustrativo además, el hecho de que la excepción al principio de definitividad, cuando se impugna una ley de inconstitucional, pretenda aplicarse en forma genérica para los actos de autoridad de cualquier naturaleza, como la excepción cuando el acto reclamado carece totalmente de fundamentación; sin embargo, a la luz de la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en tratándose de actos reclamados como los que nos ocupan, debe estarse en principio a lo que el propio dispositivo establece, pues no hay justificación legal o constitucional que haga presumir lo contrario, esto es, ni la Constitución ni la Ley de Amparo previenen, que en todos los casos donde se reclame la inconstitucionalidad de una ley, sea optativo agotar el principio de definitividad, y sí ocurre a la inversa, puesto que la fracción aludida señala expresamente que cuando se reclame cualquier acto o resolución emitida dentro de un procedimiento judicial, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley de la materia prevea, salvedad hecha únicamente para los casos en que el quejoso se ostente como tercero extraño al juicio, o cuando se reclamen actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. La alusión hecha en el párrafo anterior, para ejemplificar la tendencia de que en cualquier caso se pretendan aceptar excepciones al principio de definitividad, como el reclamo de una ley inconstitucional o la falta de fundamentación, permite que en forma análoga se invoque, como un criterio que coincide con el que se adopta, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, perteneciente a la Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y uno, página doscientos setenta y seis, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: ‘RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO, CUANDO LA LEY CONCEDA ALGÚN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA.’ (se transcribe). En armonía con lo que se sustenta, para una mayor claridad y con la intención de demostrar que la conclusión a que se llega no se confronta con otro de los supuestos del artículo 73 de la Ley de Amparo, es de utilidad transcribir a continuación la fracción XII del dispositivo legal mencionado. ‘Artículo 73.’ (se transcribe). De la transcripción que antecede, se deduce que no es factible interpretar de manera tan amplia, ni darle un alcance que no tiene, a la citada fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, sino que para establecer el supuesto de excepción a que se refiere la citada fracción, hay que atender a la distinción hecha entre las propias fracciones XII y la XIII del precepto aludido. En esa tesitura, la fracción XII transcrita permite la posibilidad de que en general, una ley pueda ser impugnada en cuanto a su constitucionalidad sin necesidad de agotar en forma previa los recursos ordinarios o medios de defensa que el gobernado tenga a su alcance, sin embargo, esa hipótesis no se refiere en forma expresa a la aplicación de leyes en virtud de la tramitación de un procedimiento judicial. En efecto, cuando el párrafo segundo de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo permite que unas leyes puedan ser impugnadas en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, está haciendo alusión a las leyes autoaplicativas, las cuales tienen la característica de que con su sola entrada en vigor, causan perjuicio al quejoso; por su parte en el párrafo tercero, cuando se da la posibilidad de impugnar una ley contra el primer acto que tenga fundamento en ésta, se está haciendo referencia a las leyes heteroaplicativas, las cuales consisten en aquellas disposiciones legales que por su sola vigencia no perjudican al gobernado, sino que requieren de un acto de aplicación para que pueda materializarse un perjuicio en la esfera jurídica de la persona a quien va dirigida la emisión del acto. En mérito de los razonamientos que anteceden, si bien la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, permite que sea optativo agotar los recursos o medios de defensa legales cuando se controvierta la constitucionalidad de una ley, ya sea autoaplicativa o heteroaplicativa, lo cierto es que esa excepción al principio de definitividad se refiere a todas las leyes, con apoyo en las cuales se emitan actos autónomos cuya hipótesis por regla general sucede en materia administrativa, pero no a las que tienen como fin normar un procedimiento judicial, administrativo o laboral. Lo anterior se explica desde el momento en que aun cuando una ley adjetiva o procesal es de carácter heteroaplicativo, ello no quiere decir que por ser de tal naturaleza pueda cobrar aplicación lo que establece la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque en todo caso esta hipótesis se refiere a disposiciones heteroaplicativas distintas a las procesales o adjetivas, pues todas las inconformidades que se pretendan enderezar contra estas últimas debe hacerse a través del amparo con motivo de su primer acto de aplicación, que emanará necesariamente dentro de un procedimiento judicial, administrativo o laboral, encuadrando exactamente dentro del supuesto previsto en la fracción XIII del artículo referido. Es por ello, que si el legislador decidió colocar en otra fracción distinta, los actos emanados de un procedimiento judicial, y si en esa hipótesis determinó que debía agotarse el principio de definitividad para estar en aptitud de acudir al amparo contra dichos actos, salvo las excepciones que en la propia fracción XIII se precisan, es claro que el legislador decidió no incluir la inconstitucionalidad de una ley como excepción al principio de definitividad cuando se solicite el amparo contra un acto emitido dentro de un juicio, en la inteligencia que de haber tenido esa intención, así lo hubiera plasmado, prueba de ello es que incluyó las excepciones relativas a que el quejoso se ostentara como tercero extraño al juicio o cuando se reclamaran actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y, por otro lado, que colocó la inconstitucionalidad de una ley como excepción a dicho principio, en una fracción distinta a la que concierne a los actos emanados de un procedimiento judicial. En mérito de lo expuesto, es inconcuso que en la especie sí debió satisfacerse el principio de definitividad en comento, puesto que en tratándose dentro de actos dictados de otro del procedimiento judicial, las únicas excepciones a dicho principio, son las que establece la fracción XIII del citado artículo 73 de la Ley de Amparo, esto es, en tratándose de actos que importen peligro de privación de la vida, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y al no haber interpuesto el recurso de apelación el quejoso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. Aclarándose que una vez agotado ese principio de definitividad, al ser el acto de aplicación de imposible reparación, en contra de dicha resolución procedería el amparo indirecto."
Independientemente de lo anterior, mediante oficio 2656, el referido Tribunal Colegiado se apartó del criterio antes transcrito al resolver la improcedencia 42/2005 en la que sostuvo lo que a continuación se transcribe:
Improcedencia 42/2005
"Estos argumentos son fundados. Es fundado el argumento expresado por la recurrente en el sentido de que no estaba obligada a agotar el recurso de queja que prevé el artículo 723, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en virtud de que el acto reclamado es la inconstitucionalidad de leyes, fundamentalmente el artículo 693 reformado del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el acto de aplicación el auto de diecisiete de noviembre de dos mil cuatro, que desechó el recurso de apelación porque la impetrante no pagó las copias para integrar el testimonio de apelación; sin embargo, tratándose de amparo contra leyes, la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo autoriza a la parte quejosa optar por promover el recurso de queja, o bien ir directamente al juicio de amparo, puesto que dicho dispositivo señala que cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo; hipótesis que se actualizó en la especie; de modo que la recurrente no estaba obligada a promover el recurso que señala el Juzgado de Distrito, ya que es optativo promoverlo o no. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 181-186, Primera Parte, página 252, Séptima Época, que a la letra dice: ‘LEYES, RECURSOS QUE DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CONTRA. SI EL INTERESADO ESCOGE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGAL POR VIRTUD DEL CUAL PUEDA SER MODIFICADO, REVOCADO O NULIFICADO EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY, OPERA EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe). Asimismo resulta aplicable la tesis sustentada por la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, página 76, que reza: ‘LEYES, AMPARO CONTRA. RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LAS LEYES IMPUGNADAS. ES OPTATIVO AGOTARLOS. INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL Y REFORMAS A LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha realizado una interpretación respecto al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al efecto considera que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas que tutela la Carta Magna por medio de las garantías individuales, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. En cambio, los actos procesales que no tienen una ejecución irreparable, no tocan o lesionan por sí mismos los citados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas, sino que únicamente originan la posibilidad de que tales violaciones trasciendan al resultado del fallo definitivo y ocasionen que éste resulte adverso a los intereses de la parte agraviada. El prototipo de los actos de imposible reparación, está en la infracción a los derechos sustantivos, en virtud de que constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como género. Ahora bien, tratándose de los actos en los que se conculcan los denominados derechos adjetivos o procesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, porque sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, ya que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo definitivo favorable; cuando el agraviado logra el objetivo principal, dichos efectos y consecuencias se extinguen sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 56, agosto de 1992, página 11, que dice: ‘EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.’ (se transcribe). Asimismo, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 3a./J. 43 29/89, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, página 291, cuyos rubro y texto son los siguientes: ‘EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). Sin embargo, el criterio antes señalado relativo a que sólo procede el amparo indirecto contra actos dentro del juicio que sean de ejecución irreparable, cuando afecten de modo directo e inmediato los derechos sustantivos; no es único y absoluto, ya que de manera excepcional, procede el amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales. Para así estimarlo, debe precisarse que las violaciones procesales son impugnables ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. Circunstancias que se toman en cuenta para determinar que si bien es verdad que en el caso, el acto reclamado no necesariamente implica para el gobernado una violación a los derechos sustantivos protegidos por la Constitución; no menos cierto es que la afectación que sufre la quejosa es de magnitud exorbitante o relevante, pues estimar lo contrario sería tanto como que la quejosa estuviera obligada a alegar la denegada apelación por no haber realizado el pago de copias que establece el artículo 693 reformado del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, del cual se reclama su inconstitucionalidad, hasta el amparo directo que pudiera llegar a promover, causándole una afectación en grado predominante al tener que esperar toda la sustanciación del juicio, cuando pudiera ser que la violación procesal alegada se declarara fundada, es decir, se declarara la inconstitucionalidad del artículo reclamado. Por lo expuesto, este Tribunal Colegiado estima que la resolución reclamada constituye una afectación que debe ser sujeta de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte sentencia definitiva, porque se considera que esa resolución afecta al gobernado en grado predominante o superior, ya que en caso de ser fundada la violación procesal los efectos de la ejecutoria de amparo consistirían en declarar la inconstitucionalidad del artículo 693 reformado antes citado, y como consecuencia la reposición del procedimiento para efectos de que se admita el recurso de apelación correspondiente; lo que traería como consecuencia retardar la impartición de justicia lo cual es contrario al espíritu del artículo 17 constitucional. Por tanto, aun cuando la violación procesal reclamada se trate de una cuestión formal que no se traduce en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo; de cualquier manera sí afecta en grado predominante o superior al gobernado. En tales condiciones, la resolución que no admite el recurso de apelación por no haberse exhibido el recibo del pago de las copias certificadas que integran el testimonio de apelación conforme al artículo 693 reformado del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es una determinación que afecta al gobernado en grado predominante o superior, porque de resultar fundada, traería como consecuencia la reposición del procedimiento para efectos de que se admitiera el recurso de apelación correspondiente, con lo cual se violaría la garantía de justicia pronta y expedita prevista en el artículo 17 constitucional; de ahí que se considere que el acto reclamado deba ser sujeto de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se desarrolle todo el procedimiento y recaiga la sentencia definitiva. Resultan aplicables, por analogía, los siguientes criterios jurisprudenciales sustentados por el Pleno del Máximo Tribunal del país, los cuales son los siguientes: Tesis de jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, cuyos rubro y texto son los siguientes: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe). Tesis de jurisprudencia P./J. 55/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, septiembre de 2003, página 5, que es del siguiente tenor: ‘AMPARO INDIRECTO, RESULTA PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA.’ (se transcribe). A mayor abundamiento, es necesario precisar que el acto reclamado, además de violar la garantía de justicia pronta y expedita prevista en el artículo 17 constitucional, también viola el derecho patrimonial del gobernado. Lo anterior es así, porque aun cuando el gobernado obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio natural, esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente por tener una resolución favorable a sus intereses, en virtud de que los gastos que pudo haber realizado el gobernado con motivo del trámite del recurso de apelación que interpuso durante la sustanciación del juicio natural, se considerarían gastos que afectarían inmediatamente en su patrimonio los cuales ya no podrían ser reembolsados; de ahí que se considere que la resolución que no admite el recurso de apelación por no haberse exhibido el recibo del pago de copias certificadas para integrar el testimonio de apelación conforme al artículo 693 reformado del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es una determinación que afecta en grado extraordinario las garantías individuales del gobernado, por afectarse su patrimonio; determinación que debe ser sujeta de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se desarrolle todo el procedimiento y recaiga la sentencia definitiva."
C) A su vez el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la improcedencia 100/2005 y la revisión principal 33/2004, sostuvo similar criterio, por lo que únicamente se transcribe la más representativa de ellas:
Revisión principal 33/2004
"En cambio, es sustancialmente fundado el diverso agravio en el que se combate la deter
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20715-193fb6de/amparo-contra-leyes-con-motivo-de-su-primer · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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