ACLARACIÓN DE SENTENCIA. SU TRAMITACIÓN NO IMPIDE QUE SE PROMUEVA AMPARO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA, AUN CUANDO AQUÉLLA ESTÉ PENDIENTE DE RESOLUCIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2005-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIO: CARLOS MENA ADAME.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el veintiséis de noviembre de dos mil cuatro el amparo en revisión 463/2004, promovido por Eduardo Ernesto Flores Bernabé, sustentó por unanimidad de votos, en la parte que interesa lo siguiente:
"QUINTO. Los agravios expuestos, son infundados, como se verá a continuación. El recurrente aduce que debió sobreseerse en el juicio al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en atención a que al momento en que se interpuso la demanda de garantías, estaba pendiente de resolverse una aclaración de sentencia, por lo que sólo podía combatirse en vía de amparo, hasta que se dictara la resolución de la aclaración, por ser ese el momento en que adquiere definitividad, pues a través de la aclaración, se pudo modificar; continúa diciendo, que las sentencias gozan de los principios de unidad e indivisibilidad por lo que solamente pueden ser combatidas como un todo. En principio, es menester destacar que el acto reclamado se hizo consistir en la sentencia interlocutoria dictada el dos de julio del presente año, que resuelve el incidente de liquidación promovido dentro de los autos del juicio civil ordinario número 497/99, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil con residencia en esta ciudad, presentado por María Eva Larios contra Eduardo Ernesto Flores Bernabé. En este tenor, se tiene que de las constancias remitidas al Juez de Distrito en vía de informe justificado, las cuales son merecedoras de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 93, fracción II, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según se establece en su artículo 2o., al tratarse de documento público, se desprende lo siguiente: a) María Eva Larios promovió demanda, en la vía civil ordinaria, contra Ernesto Flores Bernabé; demanda de la cual tocó conocer al Juez Segundo de lo Civil de esta ciudad, registrándose con el número de expediente 497/99. b) Seguido el juicio por sus trámites, el diecinueve de agosto del dos mil dos, el Juez de primera instancia dictó sentencia en la que condenó al demandado al pago de las prestaciones reclamadas; quedando los puntos resolutivos de la siguiente manera: ‘Proposiciones: PRIMERA. La personalidad de las partes, la procedencia de la vía y la competencia de este juzgado quedaron justificados en autos. SEGUNDA. La parte actora María Eva Larios acreditó los elementos constitutivos de su acción, en tanto que el demandado Eduardo Ernesto Flores Bernabé no justificó sus excepciones y defensas, en consecuencia. TERCERA. Se absuelve condena al demandado (sic) Eduardo Ernesto Flores Bernabé al pago de la cantidad de $39,980.64 (treinta y nueve mil novecientos ochenta pesos 64/100 M.N.), valor del bien que tenía al momento de su robo; así como al pago de los intereses al tipo legal respecto de dicha cantidad, a partir del 7 siete de enero de mil novecientos noventa y ocho y hasta la total liquidación del adeudo, prestación que deberá cuantificarse en forma incidental y en periodo de ejecución de sentencia. CUARTA. Se condena al demandado Eduardo Ernesto Flores Bernabé al pago de las costas del juicio mismas que deberán cuantificarse incidentalmente en periodo de ejecución de sentencia.’. c) Contra esa determinación, el demandado interpuso recurso de apelación, de la cual tocó conocer a la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca número 1287/2002, quien por sentencia de catorce de mayo de dos mil tres resuelve revocar la recurrida, determinando que los puntos resolutivos que la rigen deben quedar: ‘PRIMERA. ... SEGUNDA. La parte actora María Eva Larios no acreditó los elementos de su acción, en consecuencia: TERCERA. Se absuelve al demanda (sic) Eduardo Ernesto Flores Bernabé de todas y cada (sic) de las prestaciones que le fueron exigidas por el actor en su escrito inicial de demanda. CUARTA. Se condena a la actora María Eva Larios por el pago de costas en los términos del artículo 142, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado.’. d) Posteriormente, en escrito de veintiuno de mayo pasado, la parte demandada promovió incidente de liquidación de sentencia teniendo como base para ello la cuarta proposición de la sentencia relativa a la condena en costas impuesta a la parte actora, señalando que el monto que se debe por ese concepto, asciende a $8,449.91 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos con noventa y un centavos); además, solicitó el pago de los honorarios erogados de su parte como pago al perito designado en juicio, por la cantidad de $1,000.00 pesos, lo que hizo al señalar: ‘VII. Por otro lado, dentro del presente juicio civil ordinario fueron necesarios los servicios del perito José Antonio Rocha López, mismos que fueron necesarios para el desahogo de la prueba de inspección judicial señalada en mi escrito de ofrecimiento de prueba en el punto número 5, razón por la cual el monto de sus honorarios fueron la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.) los cuales fueron proporcionados mediante billete de depósito P-9590706 expedido por la Secretaría de Finanzas del Estado y exhibido en autos (a fojas 76 y 77) por mi patrocinado, así pues resultará aplicable el cobro de los honorarios del perito.’. e) Seguido el trámite incidental, el dos de julio de dos mil cuatro se dictó la sentencia interlocutoria que constituye el acto reclamado, determinando condenar a la parte actora al pago de costas por el monto de seis mil pesos, a favor del demandado; y, por otra parte, condenó al perito José Antonio Rocha López a reintegrar lo recibido en demasía, a favor de la parte demandada Eduardo Ernesto Flores Bernabé, lo que se hizo con los argumentos que sigue: ‘II. Analizada que fue la planilla de liquidación de sentencia que formula la parte actora y a criterio de quien esto resuelve considera que la misma deberá ser regulada, en primer lugar, no se aprueba la misma en lo que respecta a la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.), reclamados por el abogado patrono de la parte demandada, por concepto de honorarios del perito auxiliar designado en el presente juicio ingeniero José Antonio Rocha López, ya que tal y como se advierte del auto de fecha 19 diecinueve de enero de 2001 dos mil uno, la parte demandada incidentista y oferente de la prueba pericial, depositó (sic) los honorarios del diestro y, por ello, no es procedente condenar al pago de una cantidad que ya cubrió; por otro lado, y si bien es cierto, el actor incidentista depositó (sic) la misma cantidad del perito auxiliar, quien con fecha 12 doce de julio de 2001 dos mil uno, recibió debidamente endosados tanto el billete depositado por la parte actora así como el depositado por el demandado en el juicio principal, por tanto, lo procedente será requerir al ingeniero José Antonio Rocha López, para que reintegre la cantidad de $1,000 (un mil pesos 00/100 M.N.), que recibió en demasía a favor de la parte demandada Eduardo Ernesto Flores Bernabé, de ahí el motivo por el cual no se aprueba la planilla por este concepto.’. Concluyéndose dicha resolución, con las proposiciones que se transcriben: ‘PRIMERA. La vía incidental propuesta resultó ser la adecuada para la tramitación de la planilla de liquidación de sentencia. SEGUNDA. Se regula la planilla de liquidación de costas, formulada por el licenciado José Israel Hernández tirado, en su carácter de abogado patrono de la parte actora incidentista Eduardo Ernesto Flores Bernabé, para aprobarse únicamente por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.), que corresponde a las costas a que fue condenada la demandada incidentista María Eva Larios. TERCERA. Se previene al perito ingeniero José Antonio Rocha López para que reintegre la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.), que le fueron pagados en demasía a favor de la demandada incidentista María Eva Larios.’. f) Por escrito de nueve de julio pasado, la parte demandada promovió aclaración de sentencia, únicamente por cuanto a la proposición tercera de la interlocutoria de referencia, relativa a los honorarios del perito designado por la parte demandada dentro de juicio. Resolviéndose en auto de tres de agosto del año en cita, determinándose: ‘... se le tiene en tiempo y forma promoviendo aclaración de sentencia respecto de la sentencia interlocutoria de fecha 2 dos de junio del año en curso, el cual se admite de conformidad con lo que dispone el artículo 89-B de la ley procesal en cita, única y exclusivamente en lo que respecta al último párrafo del considerando segundo de la interlocutoria, ya que con ello no se altera el sentido del fallo en relación a la tercera de las proposiciones, toda vez que en lo que respecta a la tercera de las proposiciones se asentó: Se previene la perito (sic) ingeniero José Antonio Rocha López para que reintegre la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.), que le fueron pagados en demasía, a favor de la demandada incidentista María Eva Larios. Debiendo quedar de la siguiente manera: Se previene la perito (sic) ingeniero José Antonio Rocha López, para que reintegre la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.), que le fueron pagados en demasía, a favor del actor incidentista Eduardo Ernesto Flores Bernabé. Persistiendo el resto de la resolución en todos sus términos y para todos los efectos legales correspondientes.’. g) Luego, con fecha de seis de agosto siguiente, la actora María Eva Larios, presentó demanda de amparo indirecto ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil, según se constata del sello que obra al reverso de dicho ocurso de garantías; demanda que fue admitida y, seguido el trámite del procedimiento constitucional, concluyó con la sentencia materia del presente recurso de revisión. De todo lo anterior, se observa que la quejosa en su demanda de garantías reclamó de la autoridad responsable, la sentencia interlocutoria de dos de julio pasado que resuelve el incidente de liquidación promovido dentro de los autos del juicio civil ordinario número 497/99, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil con residencia en esta ciudad, no obstante que mediante resolución de tres de agosto de la misma anualidad, se resuelve la aclaración de sentencia que promoviera el demandado con relación a los honorarios del perito. Sin embargo, contrario a lo pretendido por el recurrente, esa circunstancia no tiene por efecto la improcedencia del juicio de garantías. Lo anterior es así debido a que, conforme al artículo 89-B del Código de Procedimientos Civiles, la aclaración de sentencia no es propiamente un recurso, sino un trámite que se hace para aclarar algún concepto ambiguo, oscuro, contradictorio, o para subsanar alguna omisión, según se advierte de su texto que literalmente se lee: ‘Artículo 89-B. Salvo lo dispuesto en el siguiente artículo, tampoco podrán los Jueces y tribunales variar ni modificar sus sentencias después de firmadas; pero sí aclarar algún concepto o suplir cualquier omisión que contengan sobre el punto discutido en el litigio, sin alterar la sustancia, ni el sentido de la misma. Estas aclaraciones podrán hacerse de oficio dentro del día hábil siguiente al de la autorización de la sentencia, o a instancia de parte, presentada por escrito dentro de los tres días siguientes al de su notificación, en el que deberá expresarse claramente la omisión, la contradicción, la ambigüedad u oscuridad de las cláusulas o palabras cuya aclaración se solicita. En este último caso el Juez o tribunal resolverá lo que estime procedente dentro del día siguiente al de la presentación del escrito en que se solicite la aclaración. La resolución que se dicte por el Juez o tribunal accediendo o negando la aclaración de su sentencia, es parte integrante de la misma y entre tanto no se pronuncie no corre el término previsto en este código para recurrir dicha sentencia.’. En este orden de ideas, no es válido concluir que la sentencia interlocutoria de dos de julio pasado, que resuelve el incidente de liquidación, carezca de definitividad, en atención a que no existe ningún recurso por agotar previo a la presentación del juicio de amparo, que sea idóneo para modificarla, revocarla o anularla, pues en términos del artículo 490 del Código de Procedimientos Civiles, contra la interlocutoria que resuelve el incidente de liquidación de sentencia no procede recurso alguno; además de que, como se dijo, por su naturaleza, la aclaración no puede considerarse como un recurso que pueda tener aquellos efectos. Continuando con el sentido de lo antes señalado, procede precisar que, a virtud de que la aclaración de sentencia, únicamente tuvo por objeto el rubro relativo a la prevención al perito designado en juicio José Antonio Rocha López para que reintegrará la suma de $1,000; pero no se ocupó del aspecto atinente a la condena a cargo de la actora (quejosa en el juicio de amparo) del pago de costas, por la suma de $6,000.00; rubro este respecto del cual, según se advierte de la demanda, es del único del que se duele, por afectarle a la impetrante. En este sentido, como la resolución que resuelve la aclaración citada, sólo precisó el fallo sobre la prevención al referido perito, es obvio que tal resolución no puede modificar la sentencia en lo relativo a la condena a cargo de la parte actora, por lo que sobre ese aspecto adquirió definitividad. En este contexto, en aquellos casos en que en un juicio de amparo indirecto se reclama una sentencia interlocutoria, que resuelve el incidente de liquidación de sentencia, encontrándose pendiente de resolver la aclaración de la misma, en torno a un punto dirigido a una persona diversa a la quejosa o sobre un punto que no le puede perjudicar, no resulta improcedente en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como lo sostiene el recurrente, pues dicha sentencia, como se dijo, tiene carácter de definitiva. Sirve de orientación, por las razones que informa, en lo conducente, la tesis pronunciada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 486, Tomo IX, abril de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘ACLARACIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA CIVIL. NO ES NECESARIO SU TRÁMITE COMO REQUISITO PREVIO PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La aclaración de sentencia que establece el artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, no es propiamente un recurso, sino un trámite que se hace para aclarar algún concepto ambiguo, oscuro, contradictorio, o para subsanar alguna omisión, y en ese sentido, nada obliga a que se agote dicho trámite, previamente a que se acuda al juicio de garantías, dado que no se está en el caso de dar cumplimiento con el principio de definitividad que consigna el artículo 46 de la Ley de Amparo.’. Además, es de señalarse, que de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, que establece que el término para la interposición de la demanda de amparo, será de quince días contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto reclamado, al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de él; se concluye que el juicio de garantías se puede interponer al momento en que se notifique el acuerdo reclamado, o bien al día siguiente en que surta efectos la notificación de aquél, sin que por ello deba considerarse presentado extemporáneamente, máxime si no existe disposición legal que prohíba, expresamente, presentarlo antes de que comience a correr el plazo que se otorga para dicho trámite, ni que señale que por ello sea extemporánea o inoportuna su interposición. De consiguiente, si la promoción de la aclaración de sentencia tiene por efecto que no corra término alguno para recurrirla, por extensión tampoco puede correr el previsto para la interposición del juicio de amparo (dado que éste inicia al día siguiente al en que suerte efectos la notificación, conforme a la ley que rige la resolución o acuerdo reclamado, de acuerdo con el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis consultable en la página 63 del Volumen X, correspondiente al mes de julio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SURTE EFECTOS CONFORME A LAS REGLAS IMPUESTAS POR LA LEY DE LA MATERIA, CON INDEPENDENCIA DE QUE ESA FECHA SEA CONSIDERADA COMO INHÁBIL POR LAS NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE AMPARO).’ ... En virtud de los argumentos vertidos líneas arriba, este tribunal no comparte el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis aislada que en apoyo a sus alegaciones invoca el recurrente, publicada en la página 483, Tomo V, enero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: ‘IMPROCEDENCIA DE AMPARO. OPERA CUANDO SE RECLAMA UNA SENTENCIA ESTANDO PENDIENTE DE RESOLUCIÓN LA ACLARACIÓN DE LA MISMA. El juicio de amparo directo en que se reclama una sentencia encontrándose pendiente de resolver el recurso de aclaración de la misma, es improcedente en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 44, 46 y 158 del propio ordenamiento legal, pues dicha sentencia aún no tiene carácter de definitiva, habida cuenta que la resolución que resuelve la aclaración citada, tiende a precisar el fallo sobre algún punto que habiendo sido tratado en los considerandos no se refleja en los puntos resolutivos, o bien de plano se haya omitido, y por ende tal resolución puede modificarla, formando parte integrante de aquélla y es por ello que su pronunciamiento otorga definitividad a la sentencia materia de aclaración.’. En las relatadas condiciones, se impone confirmar la concesión de la protección constitucional determinada por el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado." (fojas 23 a 34 vuelta).
CUARTO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito al resolver el amparo directo 549/96, promovido por Juan Romelio Barrios Guillén, el cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, en la parte que interesa consideró lo siguiente:
"QUINTO. No se examina la parte considerativa de la sentencia reclamada ni los conceptos de violación que se hacen valer en su contra, por las razones siguientes: La procedencia del juicio de garantías constituye una cuestión de orden público que debe ser examinada previamente y de oficio, esto es, sea que la aleguen o no las partes, tal como lo establece el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia de este Tribunal Colegiado, que dice: ‘IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.’. En el caso, consta en autos que la sentencia de segunda instancia fue dictada el ocho de julio de mil novecientos noventa y seis, por la Sala responsable en el toca de apelación número 772/96, y fue notificada a Lucrecia Carreto García y Juan Romelio Barrios Guillén el nueve y doce de agosto siguiente, respectivamente. Por escrito presentado el doce de agosto del año en cita, ante la referida Sala, Lucrecia Carreto García interpuso aclaración de sentencia, misma que fue admitida por auto de trece de agosto. Por otra parte, el veintiséis de agosto del año en cita, Juan Romelio Barrios Guillén interpuso ante la mencionada Sala, demanda de amparo directo en contra de la señalada sentencia de ocho de julio del mismo año. Lo anterior motivó que dentro del presente juicio de garantías y a fin de regularizar el procedimiento, por auto de uno de octubre de mil novecientos noventa y seis, este Tribunal Colegiado proveyó que los autos se devolvieran a la Sala responsable, a fin de que resolviera la aclaración de sentencia y en su oportunidad remitiera los expedientes para los efectos a que hubiese lugar. De ahí que una vez resuelta la aclaración de sentencia y de remitidos los autos por acuerdo de presidencia de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis, se ordenó que fueran returnados al Magistrado ponente para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. Ante tal situación, este Tribunal Colegiado considera que, en la especie, se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 44, 46 y 158 del mismo ordenamiento legal. En efecto, el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional y procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados. Asimismo, para los efectos del artículo 44 de la Ley de Amparo, se debe entender por sentencias definitivas aquellas que decidan el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o revocadas. Ahora bien, la aclaración de sentencia se ha estimado por la doctrina y la jurisprudencia como un recurso que tiende, precisamente, a aclarar y precisar el fallo sobre algún punto que habiendo sido tratado en los considerandos, no se refleje en los puntos resolutivos, o bien, que de plano se haya omitido, de tal suerte que como quiera que sea pueda tener como efecto una modificación en la sentencia que aclara; por lo que se ha considerado que la resolución con que culmina la aclaración de sentencia, sea o no favorable a la parte que promueve, forma parte integrante de la misma sentencia, ya que hasta que se resuelve el fallo adquiere el carácter de sentencia definitiva y es a partir de la fecha en que se notifica la aclaración, en que empieza a correr el término legal para la interposición del amparo directo. Es aplicable sobre este tema la jurisprudencia 46 del más Alto Tribunal de la Nación, visible en la página 78 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que dice: ‘ACLARACIÓN DE SENTENCIA. La resolución de aclaración de sentencia, sea en sentido positivo o negativo, forma parte integrante de la misma sentencia, puesto que hasta que se dicte el segundo fallo, el primero viene a tener el carácter de sentencia definitiva.’ Asimismo, es aplicable la segunda tesis relacionada con dicha jurisprudencia, visible en las páginas 79 y 80 del Tomo y Apéndice en consulta, que dice: ‘ACLARACIÓN DE SENTENCIA, CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO EN CASO DE. Cuando medie aclaración de sentencia, como la resolución que la contiene viene a formar parte integrante de la propia sentencia aclarada, hasta cuando se pronuncia, es cuando aquélla tiene el carácter de definitiva, y así, debe entenderse que el término legal para la interposición del juicio de amparo directo no empieza a correr sino a partir de la fecha en que se notifica la resolución en que se hace la aclaración.’. Con base en lo antes expresado, cuando Juan Romelio Barrios Guillén interpuso la demanda de amparo que motivó la radicación del expediente D-549/96, la sentencia reclamada no había adquirido aún el carácter de definitiva que se requiere para que procediera el juicio de garantías en la vía indirecta, dado que se encontraba pendiente de resolver la aclaración de sentencia, misma que a la postre formaría parte de aquélla y sería hasta la fecha en que se notificara al quejoso la resolución emitida sobre la aclaración, a partir de la cual empezaría a correr el término para interponer la demanda de amparo directo en contra de esa misma sentencia de segunda instancia de ocho de julio de mil novecientos noventa y seis, y de su aclaración, dado que por ficción y disposición de la ley, concretamente del artículo 467 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, el auto que aclare la sentencia se reputará parte integrante de ésta y el artículo 469 del mismo ordenamiento legal, señala que la petición de aclaración interrumpe el término para la interposición de recursos. En consecuencia, se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 44, 46 y 158 del mismo ordenamiento legal y con fundamento en el diverso artículo 74, fracción III, de la propia ley reglamentaria, procede declarar el sobreseimiento del presente juicio de garantías. No es óbice que por auto de presidencia de veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y seis, se haya admitido a trámite la demanda de garantías, pues esta clase de proveídos no causan estado y el Tribunal en Pleno no está obligado a acatarlos. En las condiciones anteriores procede declarar el sobreseimiento del presente juicio de garantías." (fojas 55 vuelta a 58 vuelta).
La anterior ejecutoria dio origen a la siguiente tesis:
"Novena Época
"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: V, enero de 1997
"Tesis: VI.2o.72 K
"Página: 483
"IMPROCEDENCIA DE AMPARO. OPERA CUANDO SE RECLAMA UNA SENTENCIA ESTANDO PENDIENTE DE RESOLUCIÓN LA ACLARACIÓN DE LA MISMA. El juicio de amparo directo en que se reclama una sentencia encontrándose pendiente de resolver el recurso de aclaración de la misma, es improcedente en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 44, 46 y 158 del propio ordenamiento legal, pues dicha sentencia aún no tiene carácter de definitiva, habida cuenta que la resolución que resuelve la aclaración citada, tiende a precisar el fallo sobre algún punto que habiendo sido tratado en los considerandos no se refleja en los puntos resolutivos, o bien de plano se haya omitido, y por ende tal resolución puede modificarla, formando parte integrante de aquélla y es por ello que su pronunciamiento otorga definitividad a la sentencia materia de aclaración.
"Amparo directo 549/96. Juan Romelio Barrios Guillén. 4 de diciembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo."
Dicho Tribunal Colegiado igualmente sustentó el criterio a que se refiere la tesis anteriormente citada al resolver el catorce de mayo de mil novecientos noventa y ocho el amparo directo D-927/97, que se transcribe en la parte que interesa:
"QUINTO. No obstante haberse transcrito, no se examinará la parte considerativa de la sentencia reclamada, ni los conceptos de violación que se hacen valer en su contra, por las razones siguientes: La procedencia del juicio de garantías, constituye una cuestión de orden público, que debe ser examinada previamente y de oficio; esto es, sea que la aleguen o no las partes, tal como lo establece el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 5 de este Tribunal Colegiado, que dice: ‘IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.’. En el caso, consta de autos que la sentencia del juicio de nulidad de origen, fue dictada el veinte de junio de mil novecientos noventa y siete, por la Sala Fiscal responsable y fue notificada a la empresa quejosa el dos de septiembre siguiente, mediante correo certificado con acuse de recibo. Asimismo, se advierte que mediante oficio presentado el nueve de septiembre del año en cita, ante la referida Sala, la Administradora Local Jurídica de Ingresos de Puebla, en representación de las autoridades demandadas, promovió aclaración de sentencia; misma que fue admitida por resolución de treinta de septiembre posterior, en la que se declaró fundada la misma y se hicieron las adiciones correspondientes a la mencionada sentencia. Por otra parte, el veinticuatro de septiembre del indicado año, Ingenio La Providencia, S.A. de C.V., por conducto de su representante legal, promovió ante la mencionada Sala, demanda de amparo directo en contra de la señalada sentencia de veinte de junio del mismo año. Atento a lo anterior, este Tribunal Colegiado considera que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 44, 46 y 158 del mismo ordenamiento legal. En efecto, el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados. Asimismo, para los efectos del artículo 44 de la Ley de Amparo, se debe entender por sentencias definitivas, aquellas que decidan el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes puedan ser modificadas o revocadas. Ahora bien, la aclaración de sentencia se ha estimado por la doctrina y la jurisprudencia como un recurso o medio legal que tiende, precisamente, a aclarar y a precisar el fallo sobre algún punto que habiendo sido tratado en los considerandos no se refleje en los puntos resolutivos, o bien, de plano se haya omitido, d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19397-117f0dc6/aclaracion-de-sentencia-su-tramitacion-no-impide-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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