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Modo: Corpus Pro

CAUSAHABIENCIA. NO ES POR SÍ MISMA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 76/2002-SS. · Registro digital (IUS): 17580
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO (AHORA PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO).
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, , Pág. 311.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 76/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO (AHORA PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO).

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: ROSALÍA ARGUMOSA LÓPEZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, y en su caso resolverla, es preciso tener presente los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, y que a continuación se transcriben:

Las consideraciones de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al fallar el juicio de amparo en revisión 261/2001, el veinticinco de marzo de dos mil dos, sostuvo en lo que interesa lo siguiente:

AR. 261/2001.

"PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil uno, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, Alberto Manuel Cabezut Madaria y Federico Manuel Villela Ramos, por su propio derecho, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra los siguientes actos: ‘La violación a nuestra garantía de audiencia consagrada en los artículos 1o., 14, 16, 27, tercer párrafo, fracción I, constitucionales, al ordenar se nos desposea de nuestros bienes y propiedades sin haber sido oídos y vencidos en juicio y, desde luego, tener el carácter de terceros extraños al juicio mediante el cual se nos pretende privar de la posesión y propiedad en beneficio del poblado citado en este ocurso como tercero perjudicado. Bajo protesta de decir verdad, del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número Nueve y del C. Actuario ejecutor del Tribunal Unitario del Distrito Nueve, reclamamos el acto de ejecución que pretenden llevar a cabo el día veinticuatro de agosto del presente año a las diez horas, mismo que se nos notificó mediante citatorio de fecha 20 de agosto del año dos mil uno, mismo que anexamos a la presente. Acto que de ejecutarse estaría violando en nuestro agravio los artículos 14 y 16 constitucionales y haría imposible físicamente la restitución de nuestras garantías constitucionales, al ser extraños al juicio y sentencia que se pretende ejecutar en nuestras posesiones y propiedades, y no haber sido oídos y vencidos en el juicio del cual emana dicha resolución, en contra del Tribunal Superior Agrario, con residencia en México, Distrito Federal, Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número Nueve, con residencia en esta ciudad de Toluca, México y el actuario ejecutor de dicho tribunal, estas dos últimas autoridades como ejecutoras.’. Asimismo, la parte quejosa señaló como tercero perjudicado al poblado de Santa Rita, Municipio de San Felipe del Progreso, representado por el licenciado Luciano Manjarrez Escobar, director jurídico de la Procuraduría Agraria en el Estado de México y el señor Benito Tercero León, quien dijo ser suplente del secretario del comité particular ejecutivo respectivo, quien fue debidamente emplazado, como consta a foja quinientos ocho del juicio de amparo que se revisa, y como garantías individuales violadas las contenidas en los artículos 1o., 14, 16 y 27, tercer párrafo, fracción I, de la Constitución Federal, y expresó como antecedentes del caso los siguientes: (se transcribe). CONSIDERANDO: ... SEXTO. Ahora bien, resultan fundados y suficientes para modificar la resolución que se revisa los argumentos relativos a que sí se acreditó el interés jurídico del quejoso Federico Manuel Villela Ramos. Los inconformes arguyen en su libelo de agravios que no se analizaron todas y cada una de las pruebas que ofreció la parte quejosa, las que fueron admitidas en su totalidad, lo que llevó a que se concluyera en la resolución que nos ocupa que los quejosos carecen de interés jurídico, además, que se analizó y valoró la escritura pública que contiene el contrato de compraventa celebrado por los señores Pedraza como vendedores y Federico Manuel Villela Ramos como comprador, la que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Ixtlahuaca, Estado de México, con lo que demuestra que se dejó de analizar, en lo individual, todas y cada una de las probanzas que ofrecieron los quejosos. También señalan los recurrentes que la escritura pública hace prueba plena, según el criterio que estableció el a quo para justificar el interés jurídico del quejoso Federico Manuel Villela Ramos, de conformidad con la transcripción que se realizó de los numerales del Código Civil del Estado de México. Lo anterior es fundado pero inoperante. En efecto, es fundado debido a que en la resolución reclamada no se hizo pronunciamiento alguno respecto a la prueba documental consistente en el instrumento notarial número seis mil quinientos noventa y nueve, de fecha diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y seis, relativo a la compraventa celebrada entre José Guadalupe Pedraza Rivera, representado por Roberto Pedraza Rivera, y Federico Manuel Villela Ramos, respecto de una superficie de 59-94-10 hectáreas (cincuenta y nueve hectáreas, noventa y cuatro áreas y diez centiáreas) del predio rústico denominado Rancho Santa Rita, sito en el Municipio de San Felipe del Progreso, Distrito de Ixtlahuaca, Estado de México, que sí fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad, y con el cual acredita plenamente el interés jurídico el quejoso Federico Manuel Villela Ramos, pues se trata de un acto traslativo de dominio que consta en escritura pública y se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad del lugar de su ubicación. En tales condiciones, se procede a levantar el sobreseimiento decretado en la resolución recurrida, únicamente por cuanto hace al quejoso Federico Manuel Villela Ramos y hacer el pronunciamiento correspondiente respecto a los conceptos de violación que la parte quejosa hizo valer en su escrito de demanda de amparo. Ahora bien, resulta inoperante tanto que se acredite el interés jurídico del quejoso Federico Manuel Villela Ramos, como los conceptos de violación planteados en su libelo inicial de demanda de garantías, debido a que de ninguna forma se combate que en el caso concreto opera la figura de causahabiencia. Lo cual, de alguna forma se estableció en la resolución recurrida en los siguientes términos: (se transcribe). Por ello, si bien el citado instrumento notarial número seis mil quinientos noventa y nueve, inscrito en el Registro Público de la Propiedad con fecha diez de junio del noventa y seis, acredita el interés jurídico del quejoso, no menos cierto es que de ninguna forma demerita que en el caso concreto surja la figura jurídica de causahabiencia, obviamente en perjuicio del quejoso Federico Manuel Villela Ramos, pues adquirió el inmueble en cuestión con posterioridad a la resolución de dotación de que se trata, es decir, el citado instrumento notarial es de fecha diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y seis, tal como se desprende de la foja veintidós del juicio agrario, y en el procedimiento de dotación en cuestión se emitió la resolución el diez de agosto de mil novecientos noventa y tres, como se advierte de la foja trescientos ochenta del expediente agrario que se analiza, además, es pertinente señalar que los causantes de los aquí quejosos fueron emplazados a ese procedimiento con fecha veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y tres (foja quinientos ochenta y ocho), por tanto, no puede considerarse que el aludido quejoso tiene el carácter de tercero extraño al procedimiento administrativo dotatorio de que se trata, por ser causahabiente de sus vendedores, los que sí tuvieron conocimiento pleno de ese procedimiento. Así las cosas, debe señalarse que la figura jurídica de causahabiencia, para los efectos del juicio de garantías, es una cuestión que atañe al fondo del negocio y no a la improcedencia de la vía constitucional, y si bien el quejoso fue escuchado en el procedimiento dotatorio a través de su causante, no implica que el acto reclamado consistente en la desposesión de los predios de mérito no afecte su interés jurídico, pues evidentemente sí vulnera el derecho que el causahabiente aduce para ser escuchado en el aludido procedimiento, motivo por lo que no se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales y, en consecuencia, lo procedente no es sobreseer el juicio de garantías, sino negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Motivos por los que este Tribunal Colegiado se aparta del criterio que estableció al resolver el diverso recurso de revisión número 143/99, mediante sesión de fecha dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, en el que se confirmó el sobreseimiento decretado por el Juez Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales, dentro del expediente 113/99 de su índice, dado que no se consideraron los actos reclamados como afectación a sus intereses jurídicamente tutelados, en razón de que se daba la figura jurídica de causahabiencia. De igual forma, y por los mismos motivos este Tribunal Colegiado no comparte el criterio invocado en la resolución recurrida, con el rubro: ‘INTERÉS JURÍDICO, FALTA DE. CAUSAHABIENTE, POSESIÓN DERIVADA DEL.’. En las relatadas condiciones, lo procedente es modificar la sentencia recurrida y negar el amparo y protección de la Justicia Federal únicamente por cuanto hace al quejoso Federico Manuel Villela Ramos. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución de la resolución reclamada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida dictada por el Juez Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México, en el juicio de amparo indirecto número 1158/2001-VII de su índice. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de garantías número 1158/2001-VII, en relación con el promovente Alberto Manuel Cabezut Madaria, contra actos y autoridades precisados en el resultando primero de la presente ejecutoria. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Federico Manuel Villela Ramos, contra actos y autoridades señalados en el resultando primero y por los motivos expresados en el último considerando de esta ejecutoria. Notifíquese; y, con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido."

La ejecutoria mencionada originó la tesis aislada II.1o.145 K, consultable en la página cuatrocientos veintiuno, Tomo XIV, noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente:

"CAUSAHABIENTE. INTERÉS JURÍDICO DEL. El fenómeno de la causahabiencia para los efectos del juicio de garantías, es una cuestión que atañe al fondo del negocio y no a la improcedencia de tal negocio. En esas condiciones, si a virtud de la existencia de la figura jurídica de mérito una autoridad de instancia no está obligada a respetar el derecho de audiencia de un causahabiente, porque éste ya fue escuchado mediante su causante, significa que dicha responsable no viola garantías individuales en perjuicio del quejoso; pero no, que el acto de tal autoridad no afecte el interés jurídico de aquél, pues evidentemente, sí vulnera el derecho que el causahabiente aduce para ser escuchado en el negocio; por tanto, en esa hipótesis, no se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales."

CUARTO. Por su parte, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito (ahora Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito), al resolver el juicio de amparo en revisión 507/95, el cinco de enero de mil novecientos noventa y seis, sostuvo en lo que interesa lo siguiente:

AR. 507/95.

"I. Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, el veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y cinco, María Teresa Cruz Clemente de López, Domingo, Rutilo, Dagoberto y Cutberto Ubaldo, todos de apellidos López Cruz, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las siguientes: ‘Autoridades responsables. El C. Juez Mixto de Primera Instancia de Mixquiahuala de Juárez, Estado de Hidalgo; asimismo, por competencia territorial judicial al C. Juez de lo Civil y Familiar de Actopan, Estado de Hidalgo, así como los dos actuarios civiles del Juzgado Civil y Familiar de Actopan, Estado de Hidalgo, y como auxiliares de estas autoridades se señalan como responsables al C. Comandante de la Policía Judicial de Actopan, Estado de Hidalgo, y comandante de la Policía Municipal de San Salvador, Estado de Hidalgo, todas con domicilio conocido en el lugar en que ejercen sus funciones.’. Dichos actos se hicieron consistir en: ‘De la primera de dichas autoridades señaladas como responsables reclamamos el auto o acuerdo de fecha 18 dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y cinco, dictado por la autoridad señalada en primer lugar, en su carácter de ordenadora, que manda ejecutar la sentencia definitiva de donde emana el acto reclamado en relación con el expediente No. 370/93, del juicio ordinario civil plenario seguido en contra de P. Ubaldo López Lugo, y como consecuencia de ello el exhorto u oficio girado al C. Juez de lo Civil y Familiar de Actopan, Estado de Hidalgo, para dar cumplimiento al mandato judicial que ha ordenado la entrega física y material de los terrenos objeto del juicio civil a que hago referencia, esto a los supuestos terceros perjudicados Alfonso López Lugo y Oralia Escamilla López, esto por situaciones de competencia, ya que los terrenos objeto de este juicio se encuentran ubicados dentro de la jurisdicción territorial del Distrito Judicial de Actopan, Hidalgo; las dos primeras autoridades las señalamos como responsables en su carácter de ordenadoras y de las otras autoridades que señalamos como responsables «la ejecución material» de dicho auto o acuerdo, y virtualmente a nosotros entregar dichos predios a los supuestos terceros perjudicados Alfonso López Lugo y Oralia Escamilla López, queriéndonos desposeer de nuestra humilde casa habitación en la que vivimos desde hace más de 44 años, que a la fecha que estamos en posesión y que la hemos venido disfrutando con todos los atributos que nos concede la propia ley, es decir, en forma pacífica, pública, continua, de buena fe e ininterrumpida, y a la luz de todas las personas que transitan en el lugar de la ubicación de los mencionados predios objeto de este juicio, y a pesar de ello se nos quiere desposeer injustamente del único patrimonio familiar que tenemos, que son los predios en cuestión y que fueron propiedad del finado Enedino López, quien fue suegro de la primera de los quejosos, y de los demás abuelo; el derecho de posesión lo hemos adquirido a través del tiempo que ha transcurrido, tenemos testimonio original de las escrituras del verdadero dueño, derechos adquiridos que hemos tenido y los seguimos teniendo sobre los predios objeto de este juicio y, además, en ningún momento hemos sido oídos ni vencidos en juicio y que se nos quiere privar de nuestros derechos y propiedades fuera de todo procedimiento sin haberse cumplido las formalidades esenciales del mismo, en el sentido de que en ningún momento hemos sido personalmente notificados de algún juicio y, en el caso que nos ocupa, se nos dejaría en estado de indefensión, con lo que se pretende llevar a cabo los actos reclamados. ‘Subsidiariamente del cumplimiento que se le va a dar a la sentencia de un juicio del cual en ningún momento hemos sido notificados o emplazados del juicio civil del cual se hace referencia. Ahora bien, hemos tenido conocimiento de dicha sentencia el día 24 veinticuatro de agosto de 1995, con la que se pretende dar la posesión física y material de los terrenos objeto de este juicio a los supuestos terceros perjudicados, Alfonso López Lugo y Oralia Escamilla López.’. ... CONSIDERANDO: ... SEXTO. Por otro lado, resulta innecesario analizar los agravios aducidos por los revisionistas Domingo, Rutilo, Dagoberto y Cutberto Ubaldo, de apellidos López Cruz, toda vez que este órgano colegiado estima que de acuerdo con las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida y a las que se vertirán en párrafos subsecuentes de esta resolución, es más adecuado, atenta la técnica que impera en materia de amparo, sobreseer en el juicio de garantías que negar el amparo solicitado, cuando se arriba a la conclusión de que los quejosos son causahabientes, pues a ese respecto, en el caso concreto se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, misma que se invoca de oficio, en términos del último párrafo del numeral y ley antes mencionados. En efecto, si bien es cierto que los quejosos y revisionistas citados en el párrafo que antecede acreditaron que detentan la posesión de los predios que fueron objeto del juicio ordinario civil en donde se ejercitó la acción plenaria de posesión, sin haber sido oídos ni vencidos en el mismo, también lo es que, en el caso concreto, los recurrentes tienen el carácter de causahabientes, por tanto, debe estimarse que ya fueron oídos y vencidos en ese juicio a través de su causante, y si no intervinieron personalmente, resulta una cuestión secundaria al resultado del fallo, por lo que en el caso debe considerarse que los quejosos carecen de interés jurídico para promover el juicio de amparo. Por otra parte, si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado criterio firme en el sentido de que acreditado el hecho de la posesión debe ser respetado, independientemente de que dicha posesión sea buena o mala, y que los revisionistas acreditaron que detentan la posesión de los inmuebles en disputa, también lo es que esa circunstancia, en el caso concreto, no es suficiente para que procediera el juicio de garantías a efecto de que sea respetado ese derecho de posesión, es decir, para que antes de privarlos del mismo sean debidamente oídos y vencidos en juicio, en observancia de la garantía de audiencia, pues no debe perderse de vista que dicha posesión no es a título particular, sino derivada de su causante, que en el caso lo fue su padre Ubaldo López Lugo, quien fue debidamente oído y vencido en el juicio plenario de posesión; por tanto, la posesión que afirman tener los amparistas y recurrentes debe entenderse que se inició con posterioridad al inicio del juicio ordinario civil de referencia, toda vez que la propia madre de los quejosos afirmó, al momento de desahogarse la prueba de inspección ocular, que dichos predios en conflicto los tenía realmente en posesión su marido, o sea, Ubaldo López Lugo, así es que la posesión adquirida en estos términos no es a título particular, sino como consecuencia de la que detentó su causante; en esas condiciones, los aquí inconformes resultan ser causahabientes del demandado en el juicio plenario de posesión y, por ende, no pueden ostentarse como terceros extraños a juicio, por lo que carecen de interés jurídico para promover el juicio de garantías, actualizándose la causa de improcedencia prevista en la fracción V del numeral 73 de la Ley de Amparo pues, se insiste, los amparistas ya fueron oídos y vencidos en juicio por conducto de su causante. Apoya lo antes expuesto, por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia 31/93, aprobada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis 8/93, visible a fojas cuarenta y cuarenta y uno de la Gaceta Número 72 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres, cuyo tenor literal es el siguiente: ‘CAUSAHABIENTE SUBARRENDATARIO, FALTA DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO. Siendo el subarrendatario causahabiente del arrendatario en el juicio seguido en contra de éste por el arrendador, quien no autorizó el subarriendo, el juicio de amparo que promueva contra el lanzamiento decretado en el juicio natural, es improcedente, pues siendo causahabiente del demandado por conducto de quien fue oído y vencido, carece de interés jurídico para ejercitar la acción constitucional.’. Además, no debe pasar por alto la conclusión a la que arribó la Juez Federal en el fallo que se revisa sobre la causahabiencia, ya que a ese respecto consideró lo siguiente: (transcribe); por tanto, no existe duda de que, en el caso, los quejosos son causahabientes de su causante. En otro aspecto, es infundada la afirmación relativa a que no se da la figura de la causahabiencia ‘... puesto que los quejosos somos completamente muy independientes ... ya que cada quien vive en su casa ...’, pues dicha figura no se da bajo ese supuesto, sino que la causahabiencia implica la sustitución de una persona por otra respecto de un mismo derecho, por lo que si en el caso, los recurrentes de referencia obtuvieron la posesión del inmueble en disputa con posterioridad al inicio del juicio plenario de posesión instaurado en contra de su padre, es evidente que los quejosos y revisionistas ya fueron oídos y vencidos en juicio por su causante, de donde les deriva el carácter de causahabientes; por tanto, acreditada la causahabiencia que les resulta a los quejosos es evidente que carecen de interés jurídico para promover el juicio de garantías, pues los mismos ya fueron oídos y vencidos en juicio por su causante, es decir, por el demandado en el juicio plenario de posesión, por lo que no pueden ostentarse como terceros extraños a dicho juicio, ni mucho menos alegar derechos sobre los predios en conflicto, pues esos derechos ya fueron disputados por su causante en un juicio plenario de posesión. En tales condiciones, este órgano colegiado arriba a la conclusión de que lo procedente, en casos como el presente, es sobreseer en el juicio de garantías por los actos que reclaman los quejosos Domingo, Rutilo, Dagoberto y Cutberto Ubaldo López Cruz, con fundamento en la fracción III del numeral 74 de la Ley de Amparo, por estimar que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la ley antes mencionada y no negar el amparo. En conclusión, ante las causas de improcedencia que este órgano colegiado hizo valer de oficio, resulta procedente revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de garantías. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 76, 77, 78, 188 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de garantías promovido por María Teresa Cruz Clemente de López, Domingo, Rutilo, Dagoberto y Cutberto Ubaldo, todos ellos de apellidos López Cruz, contra los actos reclamados de las autoridades precisadas en el resultando primero de esta resolución. Notifíquese; anótese en el libro de gobierno de este tribunal; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos naturales al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este expediente. Así lo resolvió el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Hugo Sahuer Hernández, Augusto Benito Hernández Torres y Julio César Vázquez-Mellado García, siendo relator el tercero de los nombrados, quienes firman con el secretario de Acuerdos que da fe."

La transcrita resolución dio lugar a la tesis XXII.11 C, publicada en la página cuatrocientos treinta y cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, febrero de mil novecientos noventa y seis, que dice:

"INTERÉS JURÍDICO, FALTA DE. CAUSAHABIENTE, POSESIÓN DERIVADA DEL. La causahabiencia implica la sustitución de una persona por otra, respecto de un mismo derecho, por lo que en un supuesto caso, si el quejoso obtiene la posesión del inmueble en disputa con posterioridad al inicio de un juicio plenario de posesión instaurado en contra de su causante, es evidente que el quejoso ya fue oído y vencido en juicio, a través de dicho causante, de donde le deriva el carácter de causahabiente; por tanto, acreditada la causahabiencia que le resulta al quejoso, es manifiesto que carece de interés jurídico para promover el juicio de garantías, por lo que no puede ostentarse como tercero extraño a dicho juicio, en tales condiciones lo procedente, es sobreseer en el mismo, con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción V, del numeral 73 de la ley antes mencionada."

QUINTO. Cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Segundo Circuito y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito), no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y en su caso cuál criterio debe prevalecer.

Tienen aplicación las siguientes tesis que a continuación se transcriben:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así." (Tesis P. L/94, publicada en la página treinta y cinco, tomo ochenta y tres, noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Pleno, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación).

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados." (Tesis de jurisprudencia 2a./J. 94/2000, publicada en la página trescientos diecinueve, Tomo XII, noviembre de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta).

SEXTO. Como cuestión previa a cualquier otra, cabe determinar si la presente contradicción de tesis reúne o no los requisitos para su existencia, conforme lo dispone la jurisprudencia P./J. 26/2001, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, página setenta y seis, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

También lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que se interpretan en la jurisprudencia antes transcrita, sirve como marco de referencia para dilucidar si en el presente caso existe o no la contradicción de tesis denunciada. Dichos numerales dicen:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17580-f5683c1a/causahabiencia-no-es-por-si-misma-causa-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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