CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LAS PRUEBAS DEBEN ADMITIRSE EN EL JUICIO Y VALORARSE EN LA SENTENCIA, AUN CUANDO NO SE HUBIERAN OFRECIDO EN EL PROCEDIMIENTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 80/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: ROSALÍA ARGUMOSA LÓPEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-A fin de estar en aptitud de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presente las consideraciones sustentadas por los órganos colegiados contendientes en las respectivas ejecutorias.
El entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo circuito, al resolver los amparos directos números 319/99, promovido por Anastasio Aburto Martínez y 370/99, promovido por Rodolfo Andrade Sánchez; revisiones fiscales RF. 46/99, interpuesta por la Administradora Local Jurídica de Ingresos de Puebla y otras, RF. 155/99, interpuesta por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y RF. 350/99, interpuesta por el subadministrador de lo Contencioso "2" de la Administración Local Jurídica de Ingresos de Puebla, en la parte medular, se apoyó en las siguientes consideraciones:
Amparo directo 319/99:
"CUARTO.-Son fundados los conceptos de violación que se analizarán ... Asimismo, si el actor, hoy quejoso, en el juicio de nulidad simultáneamente impugnó la resolución recaída en el recurso administrativo y la propia resolución recurrida en la parte que continúa afectándolo, a efecto de acreditar su pretensión, válidamente pudo ofrecer pruebas ante la Sala responsable, la cual se encontraba obligada a analizarlas de primera mano, siendo aplicable al caso, por igualdad de razón y en lo conducente, la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado, identificada con el número de clave TC06615.9 AD1, cuyo contenido es el siguiente: ‘PRUEBAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. DEBEN ADMITIRSE Y VALORARSE EN LA SENTENCIA QUE SE DICTE, AUN CUANDO NO SE HUBIERAN OFRECIDO EN LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA PREVIA.’ (se transcribe).-En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, a fin de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, dicte otra, en la que examine todos y cada uno de los conceptos de anulación y pruebas que se hicieron valer en el juicio de nulidad, en particular los antes destacados, y con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda.-En atención a la conclusión antes alcanzada, resulta innecesario ocuparse de los restantes conceptos de violación, en términos de la jurisprudencia 168, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 113 y 114, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, cuyo contenido es el siguiente: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’ (se transcribe). ..."
Amparo directo 370/99:
"QUINTO.-Son infundados en parte e inoperantes en lo demás los conceptos de violación aducidos por el quejoso en su demanda de garantías ... En el concepto de violación marcado con la letra C, el quejoso alega lo siguiente: Que la Sala responsable realizó una incorrecta valoración de pruebas por el hecho de haber desestimado un aviso de cambio de régimen fiscal presentado con fecha veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y dos, pues dicha autoridad debió haber realizado el estudio del mismo al haber sido ofrecido en términos de lo dispuesto por el artículo 197 del Código Fiscal de la Federación, no obstante no haber sido exhibido dentro del proceso de auditoría llevado a cabo por la autoridad.-Que dicho aviso se refiere al cambio de régimen general de actividades empresariales al régimen simplificado, por lo que, en todo caso, dicho aviso tenía que ser del conocimiento de la autoridad fiscal al momento de revisar el ejercicio fiscal del año de mil novecientos noventa y cuatro, por haber sido presentado con anticipación y, por ello, es improcedente lo argumentado por la Sala responsable en cuanto dijo que dicho aviso de cambio de régimen debió haber sido exhibido por el quejoso durante la auditoría practicada.-Que el multicitado aviso fue ofrecido con el número P.5 dentro del escrito por el que se interpuso el recurso de revocación y nuevamente al interponerse el juicio de nulidad, por lo que la misma tenía que haberse valorado.-Que el quejoso se dedica al autotransporte, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el mismo se encuentra dentro del régimen simplificado, independientemente de la presentación del aviso de cambio de régimen general de ley, así como del hecho que hubiese acompañado o no su estado de posición financiera.-Las anteriores alegaciones son parcialmente fundadas, pero inoperantes por los motivos que a continuación se exponen: Le asiste la razón a la quejosa en cuanto señala que la totalidad de las pruebas ofrecidas en un juicio de nulidad deben ser valoradas, pues de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 197 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el penúltimo y último párrafos del artículo 237 del mismo ordenamiento, si se interpone algún recurso y la resolución, materia del mismo, no satisface los intereses del recurrente y se controvierte, se entiende que también es materia de la controversia la resolución materia del recurso en la parte que continúa afectándolo, por lo que para acreditar la acción intentada se pueden aportar las pruebas conducentes y la Sala Fiscal debe admitirlas aun cuando no hubiesen sido ofrecidas en la instancia administrativa previa al juicio de nulidad, a fin de resolver la cuestión planteada sin cambiar los hechos expuestos en la demanda.-Al respecto es aplicable la tesis VI.A.15 A sustentada por este tribunal al resolver el juicio de amparo directo DF. 319/99, en sesión del Pleno de veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y nueve, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, septiembre de 1999, páginas 835 y 836, que dice: ‘PRUEBAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. DEBEN ADMITIRSE Y VALORARSE EN LA SENTENCIA QUE SE DICTE, AUN CUANDO NO SE HUBIERAN OFRECIDO EN LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA PREVIA.’ (se transcribe). ..."
Revisión fiscal RF. 46/99:
"QUINTO. ... 1. El siete de agosto de mil novecientos noventa y siete, el administrador general jurídico de Ingresos del Servicio de Administración Tributaria, emitió acuerdo por el que inició procedimiento administrativo de cancelación de la patente de agente aduanal número 1238 adscrito a la Aduana de Veracruz, que se otorgó a José Rafael Álvarez y Rugerio, con autorización para actuar en aduanas distintas a la de su adscripción número 3421; se suspendió a este agente aduanal provisionalmente en el ejercicio de sus funciones hasta que se dictara la resolución correspondiente y se le concedió un plazo de diez días hábiles para que por escrito ofreciera pruebas y expresara lo que a su derecho conviniera (fojas 69 a 74 del expediente de nulidad).-2. Mediante escrito de nueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete, presentado el día diez siguiente en la oficina del administrador general jurídico de Ingresos, el agente aduanal José Rafael Álvarez y Rugerio, alegó por escrito y ofreció como prueba, entre otras, la inspección ocular que debería realizar la autoridad en la Aduana de Matamoros ‘a efecto de probar que las tres piezas de neumáticos usados, los cuales motivan la suspensión provisional de la patente de agente aduanal, se tratan de desechos de neumáticos para soportes para el transporte de mercancías, los cuales están exentos de obligación alguna en materia de comercio exterior’ (foja 83 del expediente de nulidad).-3. En acuerdo de siete de octubre de mil novecientos noventa y siete, emitido por el administrador jurídico de Ingresos, se desechó la prueba de inspección ocular aludida y para ello se adujo que no había sido ofrecida conforme a derecho, por lo que resulta imposible su desahogo, pues el oferente omitió citar elementos de lugar, modo y tiempo, a efecto de que pudiera apreciarse a simple vista el estado en que se encontraban los tres neumáticos y, en su caso, levantar la constancia respectiva, además de que resultaba ociosa porque pretendía demostrar datos asentados en las documentales que ofreció como prueba (fojas 85 y 86 del expediente de nulidad).-4. El veintiocho de enero de mil novecientos noventa y ocho, la autoridad indicada en el párrafo que antecede dictó resolución definitiva en la que determinó cancelar la patente de agente aduanal número 1238, adscrito a la Aduana de Veracruz y autorización para actuar en aduanas distintas número 3421, otorgadas a favor de José Rafael Álvarez y Rugerio (fojas 19 a 39 del juicio de origen).-5. Mediante escrito fechado el quince de marzo de mil novecientos noventa y ocho, presentado el veinte de abril siguiente ante la Sala Regional del Golfo Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, José Rafael Álvarez y Rugerio, por derecho propio, demandó la nulidad de la resolución indicada en el párrafo que antecede y ofreció como pruebas, entre otras, el acta circunstanciada de hechos, levantada a las doce horas con treinta minutos del día trece de marzo de mil novecientos noventa y ocho, con motivo de la inspección ocular que solicitó José Rafael Álvarez y Rugerio en su escrito de fecha once de marzo de mil novecientos noventa y ocho, efectuada por el subadministrador de la sección aduanera ‘Lucio Blanco’, en representación del administrador de la Aduana de Matamoros, con relación a tres neumáticos, parte de la mercancía sujeta al procedimiento administrativo en materia aduanera número 305/99, de fecha ocho de octubre de mil novecientos noventa y seis, y se asentó que se trata de tres piezas de desechos de llantas rotas las cuales no requieren permiso de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que se ubican en la fracción arancelaria 40.04.00.01 y cuota ad valorem de 10% kilogramos, con valor estimado en aduanas de $75.00 (setenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional) (fojas 87 y 88).-Ahora bien, la parte recurrente aduce en su segundo agravio que el procedimiento administrativo en materia aduanera está regido por el principio de preclusión procesal al señalar la propia ley el término improrrogable en el que el particular tiene oportunidad de ofrecer pruebas, en consecuencia, la resolución administrativa debe analizarse con base en las pruebas ofrecidas y emitidas, sin tomar en consideración la prueba de inspección ocular que el actor en el juicio de nulidad no aportó en la instancia administrativa, por lo que indebidamente la Sala a quo otorgó valor probatorio a un documento que no fue puesto a su consideración, respecto del cual la Administración General Jurídica de Ingresos no se pronunció. Debiéndose destacar que en los agravios referidos se omitió controvertir el alcance probatorio de dicha prueba de inspección ocular, considerado por la Sala Fiscal a quo.-Es infundado este agravio. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, se modificaron diversos artículos del Código Fiscal de la Federación, entre ellos, el último párrafo de su artículo 197, que establece: ‘Artículo 197. ... Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo no satisfaga el interés jurídico del recurrente y éste la controvierta, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúe afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso.’.-A su vez, el penúltimo y último párrafos del artículo 237 del citado ordenamiento, prevén que: ‘... Las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación.-Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el tribunal se pronunciará sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. No se podrán anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda.’.-De lo anterior se desprende que para el caso de que se interponga algún recurso y la resolución que recaiga no satisfaga el interés del recurrente y la controvierta, se entenderá que también controvierte la resolución materia del recurso en la parte que continúa afectándole y, en consecuencia, el actor deberá expresar conceptos de anulación tendientes a demostrar la nulidad de la misma, aun cuando éstos no hayan sido planteados en la instancia administrativa, y la Sala tiene que examinar los agravios, causas de ilegalidad y demás razonamientos de las partes a efecto de resolver la cuestión planteada, con la única limitante de no cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación, es decir, a partir del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación por el que se reformaron diversos artículos del Código Fiscal de la Federación, se cambió de litis cerrada por el de litis abierta.-En el caso de los antecedentes expuestos, se advierte que el actor demandó la nulidad de la resolución administrativa emitida el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y ocho, por el administrador general jurídico de Ingresos del Servicio de Administración Tributaria en la que determinó la cancelación de su patente, aduciendo como hecho medular que no incurrió en la causa por la que se canceló la patente, porque no requería del permiso previo de la autoridad (Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), puesto que la mercancía que dio origen al procedimiento respectivo, se trataba de desechos de llantas que servían para el transporte de mercancías, y en términos del artículo 95 del Reglamento de la Ley Aduanera se consideraban exentas de obligaciones; para demostrar su argumentación jurídica contenida en este concepto de anulación, el once de marzo de mil novecientos noventa y ocho solicitó ante la Aduana de Matamoros realizara una inspección ocular respecto de los tres neumáticos usados por los que se inició el procedimiento de cancelación, misma que se desahogó el trece de marzo de ese mismo año, la cual acreditó su afirmación de defensa.-Consecuentemente, al haberla ofrecido en el juicio de nulidad y haber sido admitida, la Sala Regional del Golfo Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, tuvo la obligación de valorarla en atención a que no existe disociación alguna en el código tributario federal que prohibiera su valoración, sino que, por el contrario, de acuerdo con la transcripción que se hizo en párrafos anteriores del precepto 237 del Código Fiscal de la Federación, como ya se dejó establecido, tenía que examinar la causa de nulidad y como consecuencia la prueba que se ha indicado con la única limitante de no cambiar los hechos expuestos tanto en la demanda como en la contestación.-Por consiguiente, al ser infundados los agravios expuestos procede confirmar la sentencia recurrida. ..."
Revisión fiscal RF. 155/99:
"CUARTO.-Son en parte infundados y en otra inoperantes los agravios expuestos por la autoridad recurrente, por lo siguiente: ... El tercer agravio es infundado, toda vez que no le asiste la razón a la autoridad recurrente al señalar que la Sala Fiscal a quo declaró la nulidad de la resolución impugnada, al estimar que los servidores públicos no incurrieron en las violaciones que se les atribuyeron sosteniendo que no existió el daño patrimonial al Instituto Mexicano del Café, y la autoridad sancionadora omitió valorar diversos medios de prueba referentes a acreditar el importe correspondiente al pago de la segunda quincena del mes de diciembre de mil novecientos noventa y dos, así como las nóminas correspondientes al ejercicio citado, siendo que dichas probanzas no fueron exhibidas en el procedimiento administrativo, por lo que la autoridad administrativa se encontraba imposibilitada de estudiar los citados medios de convicción.-Continúa diciendo la autoridad recurrente que la a quo se basa en el análisis de pruebas presuntamente ofrecidas por los actores, siendo que las pruebas que podrían haberse valorado son aquellas que fueron debida y oportunamente presentadas ante la autoridad, pretendiendo acreditar situaciones que no fueron materia de la litis, por lo que existe violación al artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, al haberse pronunciado la Sala respecto de un acto que no fue admitido como impugnado, pues analizó medios de prueba que no fueron ofrecidos ante la autoridad sancionadora, que además se objetó el alcance y valor probatorio de las pruebas pericial y testimonial ofrecidas por la parte actora, sin que de la sentencia que se analiza se desprenda que la juzgadora se haya pronunciado al respecto.-En párrafos que anteceden se destacó que en el juicio contencioso administrativo es posible jurídicamente que en el caso de que se interponga algún recurso y en la resolución recaída no se satisfaga el interés del recurrente y la parte afectada la controvierta, se entenderá que también controvierte la resolución materia del recurso en la parte que continúa afectándola y, en consecuencia, el actor podrá expresar conceptos de impugnación tendientes a demostrar la nulidad de la misma, aun cuando éstos no hayan sido planteados en la instancia administrativa; por tanto, para acreditar su acción de nulidad puede aportar las pruebas conducentes y la Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación deberá admitirlas, aun cuando no se hubieran ofrecido en la instancia previa al juicio de nulidad y, al pronunciar la resolución correspondiente, valorar las pruebas aportadas, a efecto de resolver la cuestión planteada con la única limitante de no cambiar los hechos expuestos en la demanda, criterio que encuentra su apoyo en la tesis sustentada por este cuerpo colegiado número VI.A.15 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, septiembre de 1999, visible a fojas 835 y 836, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente: ‘PRUEBAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. DEBEN ADMITIRSE Y VALORARSE EN LA SENTENCIA QUE SE DICTE, AUN CUANDO NO SE HUBIERAN OFRECIDO EN LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA PREVIA.’ (se transcribe). ..."
Revisión fiscal RF. 350/2000:
"SEXTO.-Son infundados e inoperantes los agravios que hace valer la autoridad recurrente, por las consideraciones que se exponen a continuación ... En el segundo agravio formulado, la autoridad recurrente sostiene que la Sala Fiscal realizó una valoración indebida de pruebas, pues tomó en consideración una prueba superveniente, analizándola y valorándola en vez de establecer si la autoridad fiscal ante quien se ofreció debía o no valorarla, pues la falta de valoración de pruebas es una violación formal que en todo caso conlleva a declarar la nulidad de la resolución impugnada para efectos y no lisa y llana.-Las anteriores alegaciones son infundadas, pues de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 197 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el penúltimo y último párrafos del artículo 237 del mismo ordenamiento, si se interpone algún recurso y la resolución materia del mismo no satisface los intereses del recurrente y se controvierte en juicio de nulidad, se entiende que también es materia de la controversia la resolución materia del recurso en la parte que continúa afectándolo, por lo que para acreditar la acción intentada se pueden aportar las pruebas conducentes y la Sala Fiscal debe admitirlas aun cuando no hubiesen sido ofrecidas en la instancia administrativa previa al juicio de nulidad, a fin de resolver la cuestión planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda.-De lo anterior se deduce que si una autoridad fiscal omitió analizar y valorar alguna prueba ofrecida por un contribuyente, y este último hace valer tal situación en forma específica como concepto de anulación, no existe motivo alguno por el que la Sala Fiscal se vea impedida para entrar al estudio de la prueba que la autoridad fiscal injustificadamente dejó de analizar; máxime si se toma en consideración que, además de los razonamientos vertidos con anterioridad y relativos al principio de la litis abierta, el declarar la nulidad para efecto de que la autoridad fiscal omisa estudie una prueba que se le ofreció, únicamente conllevaría un retraso innecesario en la resolución del recurso.-Al respecto, es aplicable el criterio contenido en la tesis VI.A.15 A, sustentada por este tribunal al resolver el recurso de revisión fiscal RF. 46/99, en sesión del Pleno de ocho de julio de mil novecientos noventa y nueve; el juicio de amparo directo DF. 319/99, en sesión del Pleno de veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y nueve; el juicio de amparo directo DF. 370/99, en sesión del Pleno del veinticuatro de febrero del año dos mil; y, el recurso de revisión fiscal RF. 155/99, en sesión del Pleno de diecisiete de marzo del mismo año, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, septiembre de 1999, páginas 835 y 836, que dice: ‘PRUEBAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. DEBEN ADMITIRSE Y VALORARSE EN LA SENTENCIA QUE SE DICTE, AUN CUANDO NO SE HUBIERAN OFRECIDO EN LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA PREVIA.’ (se transcribe). ..."
Las anteriores ejecutorias originaron la tesis de jurisprudencia número VI.1o.A. J/13, publicada en el Tomo XIII, Novena Época, página mil seiscientos doce del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de enero de dos mil uno, que dice:
"PRUEBAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. DEBEN ADMITIRSE Y VALORARSE EN LA SENTENCIA QUE SE DICTE, AUN CUANDO NO SE HUBIERAN OFRECIDO EN LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA PREVIA.-El último párrafo del artículo 197 del Código Fiscal de la Federación reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, precisa: ‘Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo no satisfaga el interés jurídico del recurrente y éste la controvierta, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúe afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso.’. Por otra parte, el penúltimo y último párrafos del artículo 237 del citado ordenamiento, prevén que: ‘Las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación.-Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el tribunal se pronunciará sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. No se podrán anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda.’. De la interpretación armónica de los preceptos 197 y 237 del Código Fiscal de la Federación se desprende que en el caso de que se interponga algún recurso, y en la resolución recaída no se satisfaga el interés del recurrente y la controvierta, se entenderá que también controvierte la resolución materia del recurso en la parte que continúa afectándolo, y en consecuencia, el actor podrá expresar conceptos de anulación tendentes a demostrar la nulidad de la misma, aun cuando éstos no hayan sido planteados en la instancia administrativa, por lo tanto, para acreditar su acción de nulidad puede aportar las pruebas conducentes, y la Sala respectiva del Tribunal Fiscal de la Federación debe admitirlas aun cuando no se hubieran ofrecido en la instancia administrativa previa al juicio de nulidad, y al pronunciar la resolución correspondiente valorar las pruebas aportadas, a efecto de resolver la cuestión planteada, con la única limitante de no cambiar los hechos expuestos en la demanda."
El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 301/97, promovido por Vijay Kumar Punjabi Narwani, se apoyó en las consideraciones siguientes:
"SEXTO. ... Ahora bien, el quejoso hace diversas alegaciones respecto de ciertos documentos que ofreció como pruebas ante la Sala responsable en el juicio de nulidad, entre ellos, la declaración de extracción de bienes en el depósito aduanal y sus anexos; empero, dichas probanzas no fueron aportadas ante la autoridad administrativa durante el término que establece el artículo 124 previamente transcrito, que con toda claridad dispone que las pruebas para acreditar la legal estancia en el país de la mercancía extranjera, deberán exhibirse durante los diez días siguientes al embargo; de manera que al no ser presentadas ante dicha autoridad no se está en aptitud de valorarlas, pues ello traería como consecuencia el análisis de una constancia que no fue ofrecida ante la autoridad administrativa en el plazo correspondiente y que, por tanto, es ajena a lo resuelto en el acto administrativo que determinó créditos fiscales y al recurso de revocación cuya resolución impugnó de nulidad el particular quejoso y si bien, conforme al artículo 197 del Código Fiscal, el inconforme pudiere hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso, en los términos del párrafo tercero de dicho ordenamiento, que dice: ‘Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo no satisfaga el interés jurídico del recurrente y éste la controvierta, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúe afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso.’, el alcance de esta disposición no se extiende a la aportación de medios convictivos ajenos a la litis administrativa y aun cuando el artículo 230 del Código Fiscal de la Federación prevé que en el juicio contencioso administrativo que se plantee ante el Tribunal Fiscal de la Federación son admisibles todo tipo de pruebas, ello, desde luego, se refiere a los hechos sujetos a controversia en los términos que los conoció la autoridad administrativa para emitir el fallo impugnado de nulidad; pues de otro modo, esto es, valorar pruebas ajenas a los hechos y circunstancias que no tuvo en cuenta la autoridad administrativa para dictar su determinación, ocasionaría que el tribunal pasara a ejercer actos materialmente administrativos y no jurisdiccionales, esto es, no estaría actuando resolviendo una controversia, sino sustituyéndose a la autoridad administrativa, lo cual ocasionaría que se apartara del objeto del juicio contencioso administrativo, consistente en que el tribunal califique la nulidad o validez del acto dictado por la autoridad administrativa y dicho juicio se traduciría en una instancia administrativa, en el que se amplíe el plazo probatorio previamente referido. En consecuencia, valorar constancias que modifican la sustancia de la litis que se siguió ante la autoridad administrativa, en atención a pruebas que no tuvo oportunidad de conocer aquélla en el procedimiento aduanero, por no haberlas aportado el particular interesado en el plazo que para tal efecto le otorgaba el artículo 124 de la Ley Aduanera, ocasionaría que el tribunal se sustituyera a dicha autoridad, lo cual no es aceptable como se explicó con antelación ..."
La ejecutoria antes transcrita dio origen a la tesis aislada número XIV.2o.25 A, publicada en el Tomo VI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página setecientos dieciocho, del mes de septiembre de mil novecientos noventa y siete, que literalmente dice:
"PRUEBAS RELATIVAS A HECHOS QUE NO CONOCIÓ LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE OFRECERLAS EN EL JUICIO DE NULIDAD.-El artículo 197, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, dispone que cuando la resolución recaída a un recurso administrativo no satisfaga el interés jurídico del recurrente y éste la controvierta, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúe afectándolo, y puede hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. Ahora bien, el alcance de esta disposición se extiende únicamente, como el propio precepto lo establece, a la expresión de alegatos defensivos, pero no a la aportación de medios probatorios ajenos a la litis administrativa de que se trate, pues de ser así, el Tribunal Fiscal de la Federación tendría que valorar pruebas ajenas a los hechos y circunstancias que no tuvo en cuenta la autoridad administrativa para dictar su determinación, lo que ocasionaría que dicho tribunal pasara a ejercer actos materialmente administrativos y no jurisdiccionales, ampliándose el término probatorio en esta instancia, lo que ocasionaría que el tribunal se sustituyera a la autoridad administrativa, apartándose así del objeto del juicio contencioso administrativo, que consiste en que el Tribunal Fiscal de la Federación califique la nulidad o validez del acto dictado por la autoridad administrativa. No es óbice a la anterior conclusión, el que el artículo 230 del propio ordenamiento legal prevea que en el juicio contencioso administrativo promovido ante el Tribunal Fiscal de la Federación son admisibles todo tipo de pruebas, pues ello desde luego se refiere a los hechos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7563-cec7f9f5/contencioso-administrativo-las-pruebas-deben-admitirse-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CAUSAHABIENCIA. NO ES POR SÍ MISMA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO. (CONTRADICCIÓN DE TESIS 76/2002-SS)
- REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE S (CONTRADICCIÓN DE TESIS 57/2002-SS)
- QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 239-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNA UNA RESOLUCIÓN EMITIDA CON POSTERIORIDAD A UNA DECLARADA NULA LISA Y LLANA (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- ACTIVO. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE PREVÉ LA ACTUALIZACIÓN EN LA DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES SÍ ES APLICABLE A LAS EMPRESAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO RÉGIMEN (CONTRADICCIÓN DE TESIS 81/2002-SS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- EXCLUYENTES. (s/clave)
- FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, DEBEN CONSTAR EN EL CUERPO DE LA RESOLUCION Y NO EN DOCUMENTO DISTINTO. (s/clave)
- EXCLUYENTES.- (4462)
- INFORME PREVIO. LA NEGATIVA DE LOS ACTOS NO DESVIRTUADA. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis