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Modo: Corpus Pro

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. SUS LAUDOS ARBITRALES SON ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. LOS LAUDOS QUE EMITE EN SU CALIDAD DE ÁRBITRO CONSTITUYEN ACTOS JURISDICCIONALES. AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. SU RELACIÓN JURÍDICA CON LOS PROVEEDORES Y CONSUMIDORES SE UBICA EN UN PLANO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN. AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 76/99-SS. · Registro digital (IUS): 7468
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUALMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATE
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Noviembre de 2001, , Pág. 104.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 76/99-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUALMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.

SECRETARIA: CLAUDIA MENDOZA POLANCO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron.

El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver en sesión del veintinueve de enero de mil novecientos noventa y tres el juicio de amparo en revisión 12/92, promovido por Carlos Mier Luna, en la ejecutoria correspondiente expuso la siguiente consideración:

"ÚNICO. No habrán de transcribirse las consideraciones legales en que se apoya la sentencia recurrida, ni los agravios hechos valer por el recurrente, toda vez que no serán estudiados por este Tribunal Colegiado al advertir una causal de improcedencia, la cual por ser de orden público debe examinarse previamente al análisis del fondo del juicio de garantías, atento lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Al caso son aplicables la jurisprudencia 5 de este Tribunal Colegiado publicada bajo el rubro: ‘IMPROCEDENCIA.’ y la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado al resolver los amparos en revisión 369/91, 502/92 y 556/92, que dice: ‘REVISIÓN. EN ELLA DEBE EXAMINARSE PREVIAMENTE LA IMPROCEDENCIA DE FONDO. Si está pendiente de resolución un recurso de revisión y se advierte que ha sobrevenido una causal de improcedencia, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.’. Para así estimarlo, conviene precisar que en el caso concreto se reclama el laudo pronunciado por el delegado federal en el Estado, de la Procuraduría Federal del Consumidor, en el expediente número 49763/91, relativo al juicio arbitral a que voluntariamente se sometieron con el carácter de consumidor la empresa denominada ‘Triturados de Oriente, S.A.’, el quejoso y otra, como prestadores de servicios. Ahora bien, las funciones de árbitro que realizó el delegado federal en el Estado de la Procuraduría Federal del Consumidor, señalado como responsable, al resolver en el laudo combatido el compromiso arbitral a que voluntariamente se sometieron las partes litigantes, en términos generales no revisten la naturaleza de actos de autoridad, pues el carácter de jurisdicción propia o delegada por el Estado, no implica que dispongan de la fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones, ya que el laudo que emitan sólo puede convertirse en ejecutivo al ser homologado por un órgano jurisdiccional. Ello es así, pues el artículo 59, fracción VIII, inciso e), de la Ley Federal de Protección al Consumidor, dispone lo siguiente: ‘La Procuraduría Federal del Consumidor, tiene las siguientes atribuciones: ... VIII. Procurar la satisfacción de los derechos de los consumidores conforme a los siguientes procedimientos: ... e) ... Tales reconocimientos y laudos que dicta la mencionada procuraduría, traen aparejada ejecución, la que podrá promoverse ante los tribunales competentes en forma inmediata en la vía de apremio en el juicio ejecutivo a elección del interesado.’. De esta transcripción se infiere que cuando la Procuraduría Federal del Consumidor actúa dentro del procedimiento arbitral y emite el laudo correspondiente, sus relaciones con los particulares carecen de imperio, ya que no se traducen en una situación de supra a subordinación, esto es, de gobernante a gobernado; por ello, la resolución que dicta no puede ni debe equipararse a la de un acto de autoridad, sino que se trata de una determinación susceptible de ejecutarse una vez que la autoridad jurisdiccional lo sanciona dándole fuerza jurídica, convirtiéndola en verdadera resolución jurisdiccional; de ahí que sólo podrá impugnarse a través del juicio de garantías, cuando sea homologada. En estos términos se pronunció el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis número 63, visible en la página 709, Primera Parte del Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su presidente al terminar el año de mil novecientos ochenta y seis, que dice: ‘PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR ACTUANDO COMO ÁRBITRO, LAUDOS DEL. NO SON ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Las funciones de árbitro, en términos generales, no revisten la naturaleza de actos de autoridad, pues al carecer de jurisdicción propia o delegada por el Estado, no disponen de la fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones, ya que el laudo que emitan sólo puede convertirse en ejecutivo al ser homologado por un órgano jurisdiccional. Así, de conformidad con el artículo 59 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, cuando la Procuraduría Federal del Consumidor actúa dentro del procedimiento arbitral y emite el laudo correspondiente, sus relaciones con los particulares no se traducen en una situación de subordinación de gobernante a gobernado, sino en una relación que se equipara a la de contratantes y mandatario; luego, la resolución que dicte no puede equipararse a la de un acto de autoridad susceptible de ser impugnado, ni puede estimarse que la parte condenada por el laudo quede en estado de indefensión, pues el laudo una vez que el Juez respectivo ordena su cumplimiento se eleva a la categoría de acto jurisdiccional, y es entonces cuando está en oportunidad de ser reclamado mediante el juicio de garantías.’. En similares términos se pronunció la Segunda Sala de dicho Máximo Tribunal de la nación, en la tercera tesis relacionada con la jurisprudencia número 1437, visible en la página 2293, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, que dice: ‘PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR. LAUDOS ARBITRALES DEL. NO SON ACTOS DE AUTORIDAD. El procurador federal del Consumidor, al intervenir y dictar el laudo correspondiente en los conflictos que surgen entre los consumidores y los comerciantes, industriales, prestadores de servicios o empresas de participación estatal, organismos descentralizados y demás órganos del Estado, en términos del artículo 59 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, lo hace como cualquier árbitro privado, puesto que es designado voluntariamente por las partes y ellas determinan los límites de su oficio en el compromiso que celebran, sin que el procurador tenga facultades para ejecutar su decisión; de donde se concluye que en tales conflictos no actúa como autoridad y que la naturaleza del laudo que emite no es jurisdiccional. En tales condiciones, el amparo que se promueva en contra del procurador federal del Consumidor, reclamando el laudo que emitió en un juicio arbitral seguido ante el mismo, es improcedente de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 1o. de la propia ley reglamentaria y 103, fracción I, constitucional.’. Las consideraciones que preceden conducen a revocar la sentencia sujeta a revisión y estimar improcedente el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 1o. y 11 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, por lo que debe decretarse el sobreseimiento en el juicio conforme a lo dispuesto por la fracción III del artículo 74 del ordenamiento legal en cita, sobreseimiento que deberá hacerse extensivo a los actos que se atribuyen a la señalada como autoridad ejecutora. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por la jurisprudencia 13 de este Tribunal Colegiado, publicada bajo el rubro: ‘SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.’."

CUARTO. El criterio emitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el quince de abril de mil novecientos noventa y nueve el juicio de amparo en revisión número 567/99, promovido por Álvaro Ramos González en representación del Comité Pro-construcción y Conservación de las Obras Materiales y Sociales de la Basílica de Santa María de Guadalupe, Asociación Civil, es el que enseguida se transcribe:

"CUARTO. Los dos conceptos de agravio hechos valer por la quejosa, que se estudian conjuntamente dada su estrecha vinculación, son fundados. En efecto, el acto reclamado lo constituye un laudo dictado por el director general de Arbitraje y Resoluciones de la Procuraduría Federal del Consumidor; el Juez de Distrito desechó la demanda, diciendo que tal laudo no es un acto de autoridad, puesto que quien lo emitió no tiene ese carácter, o sea, no lo hizo como una autoridad, sino como un árbitro; que no tiene ‘la facultad de imperio, es decir, de fuerza pública para ejecutar una decisión, puesto que la naturaleza del laudo arbitral no tiene el carácter de jurisdiccional’. Sin embargo, en el acto recurrido se dejaron de observar algunas disposiciones contenidas en principios generales de derecho y en los artículos 1o., 20, 110, 121 y 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Dichos numerales al efecto disponen lo siguiente: ‘Artículo 1o. La presente ley es de orden público e interés social y de observancia en toda la República. Sus disposiciones son irrenunciables y contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas o estipulaciones en contrario. ...’. ‘Artículo 20. La Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en esta ley, los reglamentos de ésta y su estatuto.’. ‘Artículo 110. Los convenios aprobados y los laudos emitidos por la procuraduría tienen fuerza de cosa juzgada y traen aparejada ejecución, lo que podrá promoverse ante los tribunales competentes en la vía de apremio o en juicio ejecutivo, a elección del interesado. Los convenios aprobados y los reconocimientos de los proveedores y consumidores de obligaciones a su cargo así como los ofrecimientos para cumplirlos que consten por escrito, formulados ante la procuraduría, y que sean aceptados por la otra parte, podrán hacerse efectivos mediante las medidas de apremio contempladas por esta ley. ...’. ‘Artículo 121. El laudo arbitral emitido por la procuraduría o por el árbitro designado por las partes deberá cumplimentarse o, en su caso, iniciar su cumplimentación dentro de los quince días siguientes a la fecha de su notificación, salvo pacto en contrario.’. ‘Artículo 128. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 8o., 10, 12, 60, 63, 65, 74, 76 bis, 80 y 121, serán sancionadas con multa por el equivalente de una y hasta dos mil quinientas veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal. ...’. De los preceptos transcritos se advierte, en primer término, que la ley de que se trata es de orden público e interés social; que dicha procuraduría es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio y que tiene funciones de autoridad administrativa; que los laudos emitidos por la procuraduría tienen fuerza de cosa juzgada y traen aparejada ejecución; que el referido laudo deberá cumplimentarse o, en su caso, iniciar su cumplimentación dentro de los quince días siguientes a la fecha de su notificación (artículo 121); que las infracciones a lo dispuesto, entre otros, al artículo 121 ‘serán sancionados con multa por el equivalente de una y hasta dos mil quinientas veces el salario mínimo’. Acorde con lo dispuesto en tales numerales y en principios generales de derecho, se puede concluir que el laudo que nos ocupa sí reúne la característica de ‘acto de autoridad’ por lo siguiente: Es un acto unilateral, en virtud de que para su existencia y eficacia jurídica no requiere del concurso de la voluntad del particular frente a quien se ejercita, es decir, la unilateralidad significa que la creación, modificación o extinción de situaciones generales o especiales de hecho o de derecho o, alteración o afectación de las mismas, se realice por una de las partes de la relación jurídica, como sucede en tratándose de impuestos, órdenes de aprehensión, sentencias, etcétera, a diferencia de la bilateralidad en la cual para que se den tales efectos requiere del concurso de la voluntad de las partes (por ejemplo, los contratos entre particulares); en tales condiciones, los laudos arbitrales aludidos son unilaterales, pues es una sola de las partes en la relación jurídica la que los emite, es decir, el árbitro, sin el consentimiento de los demás sujetos que intervienen (los particulares sometidos al arbitraje), y si bien es cierto que las partes en la controversia se someten al arbitraje voluntariamente, también es cierto que no por esa manifestación de voluntad el laudo deja de ser unilateral, pues la voluntad de los particulares está determinada al sometimiento del procedimiento arbitral, mas no a la creación, modificación o extinción de situaciones generales o especiales de hecho o de derecho o, alteración o afectación de las mismas, lo cual es propio del árbitro, o sea, la Procuraduría Federal del Consumidor; en segundo lugar, los laudos arbitrales a que nos referimos tienen también la característica de imperatividad, pues el gobernado en contra de quien se dicte tiene la obligación de atacarlo, no obstante que para ello tenga que solicitarse la actuación de un Juez común, cuando sean de naturaleza ejecutiva; por último, dichos laudos contienen el elemento de coercitividad, pues son emitidos por la Procuraduría Federal del Consumidor, a quien la ley de la materia le otorga facultades jurisdiccionales. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número P. XXVII/97, visible en la pág. 118, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo V del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: «AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término <autoridades> para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.», cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.’. En otro aspecto, el legislador le otorga calidad de cosa juzgada al laudo, característica que sólo la puede tener una resolución que es dictada por un ente jurídico revestido de la imperatividad que se conoce jurídicamente como autoridad. La circunstancia de que debe ser ejecutado ante una autoridad jurisdiccional no merma la calidad de cosa juzgada, puesto que ésta tiene ya el elemento que se conoce como ‘inmutabilidad’, o sea, que ya no puede cuestionarse su valor jurídico y si el árbitro se equivocó o violentó diversos derechos de las partes, ninguna otra autoridad ordinaria va a trastocar el sentido del laudo; por tanto, de acuerdo con los principios generales que rigen nuestro sistema de derecho, lo procedente será el juicio de amparo en contra de actos que atentan o violenten las garantías del gobernado. Sobre el particular, se hace necesario consignar que, con antelación a la última reforma a la ley de la materia, había necesidad de homologar el laudo ante la autoridad judicial y era en ese momento cuando se podría impugnar, pero ahora que ya tiene calidad de cosa juzgada no puede haber ‘mutación’ en la vía ordinaria y sólo quedará abierto el camino para la promoción del juicio de amparo. A mayor abundamiento, es pertinente señalar que existen tres tipos de efectos de sentencia: las declarativas, constitutivas y ejecutivas, entendiéndose por las primeras aquellas que no tienen ejecución, pues únicamente reconocen como correcta la situación jurídica del particular. Por lo que hace a la constitutiva crea una situación dentro de la esfera jurídica del gobernado, esto es, que de su contenido emana el derecho controvertido. Por último, las sentencias ejecutivas son aquellas que tienen aparejada ejecución en contra del sujeto cuyos intereses se vieron afectados por la determinación de la autoridad administrativa y judicial, dentro de un procedimiento jurisdiccional, o bien, seguido en forma de juicio; siendo el efecto del laudo reclamado de carácter declarativo, puesto que absolvió al ‘demandado’ de las prestaciones reclamadas. Por lo expuesto, el Juez deberá dejar insubsistente el auto recurrido y considerando las razones aducidas en esta ejecutoria admitir a trámite la demanda."

QUINTO. Del análisis de las ejecutorias antes transcritas, se advierte que sí existe la contradicción de tesis denunciada, entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Segundo del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y Séptimo en Materia Administrativa del Primer Circuito, en atención a las siguientes consideraciones.

Para que se configure la contradicción de tesis a que se refiere el artículo 197-A de la Ley de Amparo, es necesario que las resoluciones pronunciadas por los Tribunales Colegiados que sustenten criterios divergentes traten cuestiones jurídicas esencialmente iguales, tal como se señala en la jurisprudencia número 4a./J. 22/92, sustentada por la entonces Cuarta Sala de este Alto Tribunal, consultable en la página 22 del tomo 58, octubre de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Se entiende que hay criterios divergentes cuando se actualizan los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Tales supuestos se actualizan en la especie, dado que el actual Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en esencia, concluye que el juicio de amparo mediante el cual se reclama un laudo emitido por la Procuraduría Federal del Consumidor es improcedente, toda vez que ésta no puede ser considerada como autoridad responsable para los efectos del juicio de garantías, en virtud de que el carácter de jurisdicción propia o delegada por el Estado no implica que disponga de fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones, pues el laudo que emita sólo puede convertirse en ejecutivo al ser homologado por un órgano jurisdiccional.

Criterio contrario sostiene el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en tanto considera que cuando el acto reclamado lo constituye un laudo emitido por la Procuraduría Federal del Consumidor, ésta sí tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del amparo, en virtud de que la Ley Federal de Protección al Consumidor es de orden público e interés social, donde se establece que la procuraduría es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y tiene funciones de autoridad administrativa, de ahí que los laudos que emita tengan fuerza de cosa juzgada y tengan aparejada ejecución.

Conforme a lo expuesto, la materia de la contradicción de tesis entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Segundo del Sexto Circuito, en la actualidad Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y Séptimo en Materia Administrativa del Primer Circuito, estriba en determinar si la Procuraduría Federal del Consumidor, al emitir un laudo arbitral, de acuerdo con las facultades que al respecto le otorga la Ley Federal de Protección al Consumidor, actúa como autoridad para los efectos del juicio de amparo.

No representa obstáculo para la anterior conclusión que de la lectura de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados en mención, se advierta que, en apoyo a sus consideraciones, invocan como fundamento diferentes preceptos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, algunos de los cuales, incluso, ya no se encuentran en vigor.

En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito invocó el artículo 59, fracción VIII, inciso e), de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que estuvo en vigor hasta el veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos, a pesar de que ese órgano colegiado resolvió el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y tres, pues aplicó la ley que se encontraba vigente en el momento en que se promovió el juicio de garantías que fue el uno de septiembre de mil novecientos noventa y dos, precepto que disponía lo siguiente:

"Artículo 59. La Procuraduría Federal del Consumidor tiene las siguientes atribuciones: ... VIII. Procurar la satisfacción de los derechos de los consumidores conforme a los siguientes procedimientos: ... e) Los reconocimientos de los consumidores y proveedores de obligaciones a su cargo, y los ofrecimientos para cumplirlas, que consten por escrito y sean aceptados por su contraparte, formulados ante la Procuraduría Federal del Consumidor, obligan de pleno derecho. Tales reconocimientos y los laudos que dicte la mencionada procuraduría, traen aparejada ejecución, la que podrá promoverse ante los tribunales competentes en forma inmediata en la vía de apremio o en el juicio ejecutivo a elección del interesado."

Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito citó el artículo 110 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, vigente desde el veinticinco de diciembre de mil novecientos noventa y dos:

"Artículo 110. Los convenios aprobados y los laudos emitidos por la procuraduría tienen fuerza de cosa juzgada y traen aparejada ejecución, la que podrá promoverse ante los tribunales competentes en la vía de apremio o en juicio ejecutivo, a elección del interesado. Los convenios aprobados y los reconocimientos de los proveedores y consumidores de obligaciones a su cargo así como los ofrecimientos para cumplirlos que consten por escrito, formulados ante la procuraduría, y que sean aceptados por la otra parte, podrán hacerse efectivos mediante las medidas de apremio contempladas por esta ley. Aun cuando no medie reclamación, la procuraduría estará facultada para aprobar los convenios propuestos por el consumidor y el proveedor, previa ratificación."

Basta el examen comparativo de las anteriores disposiciones para arribar a la convicción de que establecen supuestos semejantes, como a continuación se precisa:

Ambos preceptos legales, de manera idéntica, señalan las siguientes premisas:

a) Los laudos emitidos por la procuraduría traen aparejada ejecución.

b) La mencionada ejecución podrá promoverse ante los tribunales competentes en la vía de apremio o en juicio ejecutivo a elección del interesado.

Ahora bien, de las mencionadas disposiciones se evidencia una tercera premisa cuya interpretación armónica conduce a la misma conclusión, a precisar: el citado artículo 59, fracción VIII, inciso e), señala que los laudos emitidos por la procuraduría traen aparejada ejecución, la que podrá promoverse ante los tribunales competentes "en forma inmediata", lo que implica que no se requiere de agotar recurso alguno antes de promoverse la ejecución, esto es, que esos laudos constituyen resolución definitiva y firme, lo que se traduce en un efecto equivalente al de la cosa juzgada. Por su parte, el mencionado artículo 110 señala que los laudos emitidos por la procuraduría "tienen fuerza de cosa juzgada", expresión legislativa que es equivalente a la de una resolución definitiva y firme, esto es, aquella contra la que no puede agotarse ya recurso alguno.

Es corolario de lo anterior que no existe en realidad ninguna distinción de fondo en las disposiciones que invocaron los Tribunales Colegiados, que los haya conducido a conclusiones diversas; postura que se corrobora con la observación de que en ninguna de las fechas en que se emitieron las ejecutorias de amparo, la Ley Federal de Protección al Consumidor establecía, ni ahora lo hace, algún recurso en contra de los laudos emitidos por la procuraduría, lo que significa que los criterios divergentes no tuvieron su origen en una diferencia legislativa, sino en la interpretación de las mismas disposiciones jurídicas, aseveración que se comprueba con el análisis de sus propias consideraciones que revelan que la contradicción de sus criterios no radica en la premisa de si contra los laudos de mérito procede o no un medio de impugnación, sino el tópico fundamental estriba en el discernimiento respecto del carácter de acto de autoridad de un laudo arbitral emitido por la mencionada institución pública.

De tal manera, debe insistirse en que, efectivamente, se configura la contradicción de tesis denunciada, pues aun cuando los Tribunales Colegiados no invocaron los mismos artículos, éstos prevén en esencia los mismos supuestos normativos, de ahí que se concluya que los órganos jurisdiccionales partieron de las mismas premisas de las que arribaron a conclusiones divergentes.

En esa tesitura, la materia de la contradicción radica en analizar si los laudos emitidos por la Procuraduría Federal del Consumidor revisten el carácter de acto de autoridad para los efectos del amparo o no.

SEXTO. La presente contradicción ha de resolverse en el sentido de que sobre el tema a debate debe prevalecer el criterio que sienta esta Sala al tenor de las consideraciones que enseguida se anotan:

De acuerdo con lo expuesto en el considerando precedente, la materia de la contradicción de tesis consiste en determinar si la Procuraduría Federal del Consumidor, a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7468-8012421d/procuraduria-federal-del-consumidor-sus-laudos-arbitrales-son · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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