AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO CUANDO SE RECLAMA LA NEGATIVA A TRAMITAR O A OTORGAR LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA IMPUESTA POR AUTORIDAD JUDICIAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2000. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO, ACTUALMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL MISMO CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIA: IRMA LETICIA FLORES DÍAZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-La sentencia de fecha cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y siete, pronunciada en el amparo en revisión número 159/97, quejoso ... por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en su parte medular establece lo siguiente:
"III.-Los agravios transcritos son fundados, suplida en lo conducente la deficiencia de su exposición, en términos de lo que dispone el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo.-En primer término, se debe mencionar que el acto reclamado al director general de Prevención y Readaptación Social, como autoridad ordenadora, se hizo consistir en el contenido del oficio número DG/0315/97 (foja 22 del cuaderno de amparo), fechado en Puente Grande, Jalisco, el tres de febrero de mil novecientos noventa y siete, que dirigió al hoy quejoso, el cual textualmente dice: 'Dando cumplimiento a la audiencia celebrada en el Centro de Readaptación Social el día 26 de noviembre de 1996, me permito informar a usted lo siguiente: Se encuentra a disposición de esta autoridad ejecutora compurgando una pena privativa de su libertad de 22 años de prisión por el delito de homicidio simple intencional, impuesta en segunda instancia mediante resolución de fecha 20 de enero de 1995, quien (sic) resolvió recurso de apelación relativo a la causa 282/93, instruido en el Juzgado de Primera Instancia de Autlán de Navarro, Jalisco, pena que empieza a contar a partir del día 6 de diciembre de 1993. Ahora bien, tomando en consideración la sanción impuesta y la fecha que inició a compurgarla, no se encuentra en tiempo de ser valorado por el Consejo Técnico Interdisciplinario para un posible beneficio de libertad anticipada.-Asimismo, lo exhortamos a continuar observando buena conducta, participar en las actividades culturales, educativas y deportivas, para que al momento de que proceda un beneficio, esta dirección acuerde lo conducente.-Sin más por el momento, lo anterior para su conocimiento y fines correspondientes.'. Por su parte, el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en la sentencia recurrida sobreseyó en el juicio de garantías, porque, según adujo, transcurrió en demasía el término de quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, para la interposición de la demanda, y no se está en el caso de excepción a que alude el diverso numeral 22, fracción II, de la propia legislación, para lo cual consideró que en la especie no se trata de un acto que ataque la libertad personal, para que se pueda presentar la demanda de amparo en cualquier tiempo.-Como lo señala el recurrente, en efecto, en las constancias que obran en el cuaderno de amparo no obra la relativa a la notificación del oficio mencionado que en su caso se hubiere hecho al quejoso; por otra parte, en la demanda de garantías no se advierte que tuvo conocimiento del citado oficio, en el mes de febrero del presente año, como equivocadamente lo estimó el Juez de amparo, de lo que se colige que no está acreditado que al disconforme le fue notificado el oficio, o tuvo conocimiento de su contenido, en el aludido mes de febrero; por tanto, el argumento sustentado por el Juez Federal no se encuentra ajustado a derecho, toda vez que para sobreseer en el juicio constitucional, con motivo de una causal de improcedencia, es menester que se encuentre acreditada en forma plena, y en la especie no lo está. Por otra parte, debemos tomar en cuenta que en el caso la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, toda vez que, contrario a lo que sostiene el Juez de Distrito, el acto reclamado constituye un ataque a la libertad personal, pues con independencia de que sea correcto o no, lo cierto es que lo está privando de la posibilidad de que la pena que le fue impuesta, de veintidós años de prisión, deje de continuar en su ejecución, mediante el posible otorgamiento del beneficio de la libertad anticipada, forma en la que el acto reclamado ataca la libertad personal del quejoso. En esta tesitura, no asiste la razón al Juez constitucional en cuanto sobreseyó en el juicio, por las razones que esgrimió, pues en casos como el presente, se itera, el interesado puede promover el juicio de garantías en cualquier tiempo, de ahí que no se advierte ninguna causal de improcedencia.-Sobre el particular es aplicable, por las razones que lo informan, el criterio sustentado por el Pleno de la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 19/88, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Primera Parte-1, página 153, del tenor literal siguiente: 'LIBERTAD PERSONAL, ACTOS QUE AFECTAN LA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE LAS AUTORIDADES QUE LOS EMITAN. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EL CONOCIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA ELLOS.-El artículo 51, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su parte conducente señala que compete a los Jueces de Distrito en Materia Penal el conocimiento de los juicios de amparo en los que se reclamen: «... actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera del procedimiento penal ...»; lo anterior significa que independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan un acto, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso (salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera del procedimiento penal), el juicio de garantías que se promueva en esos casos deberá ser tramitado y resuelto por un Juez de Distrito en Materia Penal. Así pues, tratándose de la orden de traslado dictada por una autoridad administrativa en contra de un procesado o sentenciado para el efecto de cambiarlo de lugar de reclusión, es claro que se está afectando la libertad personal del reo pues aunque ya se encuentra privado de la misma, debe decidirse en qué lugar y en qué condiciones habrá de seguir sufriendo tal privación, consecuentemente, corresponde a un Juez en materia penal el conocimiento del amparo respectivo.'. Por otra parte, similar criterio al establecido en el presente fallo, fue adoptado por este Tribunal Constitucional, al resolver la competencia número 3/97, suscitada entre los Jueces Quinto de Distrito en Materia Penal y Segundo de Distrito en Materia Administrativa, ambos en el Estado de Jalisco, en sesión del día treinta de abril de mil novecientos noventa y siete.-En consecuencia, se revoca la sentencia recurrida, y como lo dispone el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a estudiar los conceptos de violación cuyo análisis omitió el Juez de Distrito ..." (fojas 79 a 83 del expediente de contradicción).
El criterio que antecede dio origen a la siguiente tesis:
"Novena Época
"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: VII, abril de 1998
"Tesis: III.2o.P.41 P
"Página: 723
"AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO CUANDO EL ACTO QUE SE RECLAMA ES LA NEGATIVA DE LIBERTAD ANTICIPADA.-El beneficio de libertad anticipada de que puede gozar cualquier sentenciado, se concede a través de la autoridad ejecutora, como puede ser el director de Prevención y Readaptación Social; ahora bien, la forma en que el acusado tiene la posibilidad legal de impugnar la negativa a ese beneficio, es mediante amparo indirecto, el cual es susceptible de presentarse en cualquier tiempo, en virtud de que ese acto constituye un ataque a la libertad personal, ya que implica la privación de la posibilidad de que la pena que se le impuso al sentenciado no continúe en ejecución, mediante el posible otorgamiento del beneficio de libertad anticipada, ya que ésta es la forma en la que el acto de que se duele ataca la libertad del quejoso; es por ello que no se actualiza lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo pues, se itera, en la citada hipótesis el amparo indirecto puede interponerse en cualquier tiempo.
"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
"Amparo en revisión 159/97. 4 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Ricardo Ramos Carreón. Secretario: José de Jesús Vega Godínez."
El mismo órgano colegiado en ejecutoria emitida el veinticuatro de febrero de dos mil, en el amparo en revisión número 6/2000, quejoso ... consideró, en la parte que interesa, lo siguiente:
"III.-Los agravios transcritos son parcialmente fundados.-En primer lugar, es pertinente señalar que en la demanda de amparo los actos reclamados se hacen consistir en dos oficios fechados el seis de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (fojas 6 y 7), de la directora del Centro de Readaptación Social Número Uno del Estado de Jalisco, mediante los cuales le hizo saber al quejoso, según dijo éste: 'que no ha lugar a tener como coadyuvante al profesionista que indiqué en mis escritos de petición y asimismo, que por el momento no es posible emitir dictamen de valorización para el beneficio de la libertad'.-Los antecedentes relativos a los actos reclamados, consisten en que con fecha veintisiete de agosto del año próximo pasado, el quejoso envió dos escritos (fojas 8 y 9), a la directora del Centro de Readaptación Social del Estado de Jalisco, uno en el que dijo que nombra como defensor para la tramitación del beneficio de la libertad preparatoria al licenciado José de Jesús Yovis Jiménez, y otro en el que solicitó que sea valorado para que se emita dictamen de que se encuentra apto para el beneficio de la libertad (sic), asimismo adujo: 'considero que a la fecha se encuentran reunidos en mi expediente criminológico los requisitos previstos en los artículos 15 y 68 de la Ley de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado de Jalisco. ... solicito que una vez verificado lo anterior se proceda en los términos de lo dispuesto por los artículos 70 y 71 de la ley de la materia.'.-Por su parte, el Juez de Distrito, en síntesis, consideró que por la naturaleza de los actos reclamados, era necesario que el juicio constitucional se hubiera promovido dentro del plazo de los quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo y, en el caso, la demanda de garantías se presentó con posterioridad, por lo que estimó que el disconforme consintió los actos reclamados y, por ello, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XII, del ordenamiento legal antes invocado, y decretó el sobreseimiento en el juicio, en términos del numeral 74, fracción III, de la citada legislación; para lo anterior, estimó que los oficios antes aludidos fueron notificados al quejoso el seis de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, según se desprende de la demanda de garantías, punto IV, segundo párrafo, del capítulo de antecedentes, así como de los propios documentos; en tanto que la demanda de amparo fue presentada hasta el quince de octubre del año próximo pasado. ... En los motivos de inconformidad se aduce que el acto consistente en el oficio en el que se le negó su petición de que se realizaran diversos trámites tendientes a lograr una libertad anticipada, como es la libertad preparatoria, es un acto que afecta la libertad personal, por lo que la promoción del juicio de amparo no está sujeta al término de quince días; argumento que es fundado, toda vez que los beneficios de la libertad que en forma anticipada pudiera obtener el sentenciado, como el de la libertad preparatoria a que se refiere el artículo 68 de la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado de Jalisco, constituye una posibilidad de que no continúe la ejecución de la pena de prisión impuesta en la sentencia dictada en su contra por la autoridad judicial y en el caso de que la autoridad ejecutora no acceda a realizar el trámite tendiente a lograr ese beneficio, o le niegue el beneficio mismo, es indudable que se trata de actos que afectan la libertad personal del individuo, en razón de que implica privarlo de la posibilidad de que la pena que se le impuso por la autoridad judicial, no continúe en ejecución, mediante el posible otorgamiento del beneficio de libertad anticipada, forma en la que el acto reclamado ataca la libertad del quejoso, razones por las que se actualiza la hipótesis a que se refiere el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo, según el cual, la acción constitucional puede ser intentada en cualquier tiempo.-Al no hacerse las consideraciones señaladas en el párrafo que precede, es indudable que la sentencia recurrida no se encuentra ajustada a derecho, por lo que procede modificarla en la parte en que decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo; por lo que hace al acto reclamado a la directora del Centro de Readaptación Social Número Uno del Estado de Jalisco, consistente en el oficio en el cual negó solicitar o proponer al Consejo Técnico Interdisciplinario, una valoración del quejoso para que se resuelva sobre el otorgamiento de alguno de los beneficios de la libertad anticipada; y en términos del artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, procede analizar los conceptos de violación relacionados con el acto indicado.-Por las razones expuestas, este órgano constitucional no comparte el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis invocada en la sentencia recurrida, del rubro: 'AMPARO EN MATERIA PENAL. DEBE PROMOVERSE DENTRO DEL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN RECAÍDA A UN INCIDENTE SOBRE SUSTITUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN POR UNA MEDIDA DE SEGURIDAD.'.-Además, cabe mencionar que este Tribunal Colegiado ha establecido el criterio de que cuando el acto reclamado es la negativa de la libertad anticipada, por parte de la autoridad ejecutora de una sentencia en la que se impuso pena de prisión, en cualquier tiempo se puede promover amparo indirecto en su contra, según lo estableció en la tesis número III.2o.P.41 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de mil novecientos noventa y ocho, página 723, que a la letra dice: 'AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO CUANDO EL ACTO QUE SE RECLAMA ES LA NEGATIVA DE LIBERTAD ANTICIPADA.' (se transcribe) ... (fojas 17 a 20 del cuaderno de contradicción)."
QUINTO.-Por su parte, en ejecutoria de ocho de mayo de mil novecientos noventa y seis, dictada en el amparo en revisión número 79/96, quejoso ... el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito (actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del mismo circuito) consideró, en la parte esencial, lo que a continuación se transcribe:
"TERCERO.-Es fundado el agravio del Magistrado responsable, en el que alega debió sobreseerse en el juicio de amparo promovido por el quejoso por extemporáneo. ... fue sentenciado a sufrir la pena de cinco años de prisión por delito contra la salud, siendo confirmada la misma por el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario de este circuito.-El sentenciado promovió incidente no especificado sobre otorgamiento del beneficio de la sustitución de la pena por una medida de seguridad, contemplada en el artículo 70, fracciones I, II y III, del Código Penal Federal, negándole el Juez del proceso la sustitución solicitada por no satisfacer una de las exigencias del artículo 52 del código procesal, porque aunque la pena no excede de cinco años, el delito por el cual fue sentenciado está calificado como grave.-Inconforme con esa determinación, el sentenciado interpuso en su contra recurso de apelación, siendo confirmada la misma por el Magistrado ahora recurrente, por ejecutoria de veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo.-Por escrito presentado ante el Segundo Tribunal Unitario, el sentenciado promovió demanda de amparo, que concluyó con la sentencia aquí recurrida, que concedió el amparo al quejoso porque el hecho de que el delito esté calificado como grave haga (sic) improcedente la sustitución de la pena, ya que el artículo 70 de la ley penal no establece esa excepción, exigiendo como único requisito que la pena corporal no exceda de cinco años.-El artículo 21 de la Ley de Amparo, dispone: 'El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. ...'.-El artículo 22, fracción II, primero y segundo párrafos, establece: 'Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: ... II. Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del Ejército o Armada Nacionales.-En estos casos la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo.'.-De las disposiciones legales transcritas se infiere que el término para la interposición de la demanda de garantías es de quince días, salvo los casos de excepción previstos en el segundo numeral, en la parte transcrita, en los que podrá interponerse en cualquier tiempo. Ahora bien, el acto que se reclama no queda comprendido en los casos de excepción señalados, porque no importa, primordialmente, ataque a la libertad personal, ya que la interlocutoria se pronunció en un incidente sobre otorgamiento del beneficio de la sustitución de la pena de prisión por una medida de seguridad, mas no impuso pena privativa de libertad alguna al recurrente, pues quien la impuso fue el Magistrado responsable al dictar sentencia definitiva en la causa penal que le instruyó por un delito contra la salud. Consiguientemente, en términos del invocado artículo 21, la demanda debió promoverse dentro de los quince días hábiles siguientes al en que se notificó al sentenciado, por conducto de su defensora, la resolución reclamada, y si ésta se notificó el veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (f. 25) y la demanda de amparo la presentó el treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y seis, es claro que la demanda la presentó extemporáneamente, actualizándose la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, lo que determina el sobreseimiento en el juicio conforme a lo dispuesto por la fracción III del artículo 74 de la ley en consulta ..." (fojas 36 y 37 del expediente de contradicción).
Los razonamientos antes transcritos dieron origen a la siguiente tesis aislada:
"Novena Época
"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: III, junio de 1996
"Tesis: IV.2o.12 P
"Página: 776
"AMPARO EN MATERIA PENAL. DEBE PROMOVERSE DENTRO DEL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN RECAÍDA A UN INCIDENTE SOBRE SUSTITUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN POR UNA MEDIDA DE SEGURIDAD.-Para reclamar en amparo la resolución negatoria recaída en un incidente sobre otorgamiento del beneficio de la sustitución de la pena privativa de libertad por una medida de seguridad, el quejoso tiene el término de quince días previsto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, por no actualizarse ninguna de las excepciones previstas en el artículo 22 de la misma ley, en las que en cualquier tiempo se puede intentar la acción constitucional, toda vez que la citada resolución reclamada sólo decide la procedencia del beneficio de la sustitución de la pena de prisión por una medida de seguridad, mas no impone pena privativa de libertad alguna, la cual tiene su origen en la sentencia ejecutoria dictada en la causa penal que se instruyó al quejoso, de manera que si la demanda de amparo se presenta después de quince días de que se le notificó la resolución combatida, el juicio de garantías es extemporáneo y por ello debe ser sobreseído por improcedente, conforme a los artículos 73, fracción XII y 74, fracción III, de la Ley de Amparo.
"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.
"Amparo en revisión 79/96. 8 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Leandro Fernández Castillo. Secretario: Juan Antonio Ramos Padilla."
SEXTO.-Previamente al estudio de las cuestiones que se plantean en las ejecutorias transcritas, las cuales motivan la denuncia de contradicción, es conveniente establecer cuáles son los presupuestos requeridos para la existencia de una contraposición de criterios entre Tribunales Colegiados.
Al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, este Alto Tribunal, resolviendo en Sala, ha estimado que para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio debe prevalecer, debe existir cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta una misma cuestión legal, es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidos dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas que son las que originaron, precisamente, las tesis que sustentan los órganos jurisdiccionales.
En otros términos, se da la contradicción anterior cuando concurren los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
La jurisprudencia se identifica con los siguientes datos y su texto es el que se transcribe:
Tesis de jurisprudencia
"Octava Época
"Instancia: Cuarta Sala
"Fuente: Apéndice de 1995
"Tomo: VI, Parte SCJN
"Tesis: 178
"Página: 120
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
"Octava Época:
"Contradicción de tesis 76/90. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Cuarto Circuito y Primero del Décimo Noveno Circuito. 12 de agosto de 1991. Cinco votos.
"Contradicción de tesis 30/91. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Primer Circuito en Materia de Trabajo. 2 de marzo de 1992. Cinco votos.
"Contradicción de tesis 33/91. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el actual Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 16 de marzo de 1992. Cinco votos.
"Contradicción de tesis 71/90. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 30 de marzo de 1992. Cinco votos.
"Contradicción de tesis 15/91. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de cuatro votos.
"Nota: Tesis 4a./J. 22/92, Gaceta Número 58, pág. 22; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo X-Octubre, pág. 152."
Conforme a las anteriores precisiones, debe establecerse si los criterios cuya aparente contradicción se denuncia, se ajustan a los requisitos que se contemplan en la jurisprudencia transcrita y, para ello, es de señalarse que de las resoluciones parcialmente transcritas, se advierte lo siguiente:
I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, para resolver el amparo en revisión número 159/97, quejoso ... tomó en cuenta los siguientes antecedentes:
A) En escrito de fecha dieciséis de junio de mil novecientos noventa y siete, presentado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco ... solicitó la protección de la Justicia Federal por violación a las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, contra actos del director general de Prevención y Readaptación Social del Estado de Jalisco y director del Centro de Readaptación Social Número Uno del mismo Estado, que hizo consistir, entre otros, en el oficio DG/0315/97, de tres de febrero de mil novecientos noventa y siete, en el que se le comunicó que no se encontraba en tiempo para ser valorado por el Consejo Técnico Interdisciplinario para un posible beneficio de libertad anticipada.
B) El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo por considerar que operaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, al haberse presentado la demanda de amparo fuera del término de quince días contemplado en el artículo 21 del propio ordenamiento, toda vez que el acto reclamado no afecta la libertad personal del quejoso, ni encuadra en alguno de los supuestos hipotéticos que contempla el diverso numeral 22 de la citada legislación.
En la ejecutoria en análisis, el Tribunal Colegiado resolutor revocó la sentencia recurrida y, para tal efecto, se apoyó en las siguientes consideraciones:
A) Que la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, toda vez que el acto reclamado constituye un ataque a la libertad personal, pues priva al quejoso de la posibilidad de que la pena de prisión que le fue impuesta, deje de continuar en su ejecución, mediante el posible otorgamiento del beneficio de la libertad anticipada, forma en la que el acto reclamado ataca la libertad personal del quejoso.
El mismo Tribunal Colegiado, para resolver el amparo en revisión número 6/2000, quejoso ... tomó en cuenta los siguientes antecedentes:
A) En escrito de fecha once de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, presentado ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco ... solicitó la protección de la Justicia Federal, por violación a las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, contra actos del director del Centro de Readaptación Social Número Uno del Estado de Jalisco, consistentes, entre otros, en el oficio de fecha seis de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, mediante el cual le comunicó que por el momento, no era posible emitir dictamen de valorización para el beneficio de la libertad preparatoria.
B) El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo por considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque al no ser los actos reclamados de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o la incorporación forzosa al servicio del Ejército y Fuerzas Armadas, el término para la interposición de la demanda de amparo era de quince días, pues aun cuando la negativa de emitir dictamen de valorización para el beneficio de la libertad pudiera entenderse como privativo de la libertad, lo cierto es que el internamiento del quejoso se debía a la resolución dictada por la autoridad judicial en la causa penal que se instruyó en su contra.
En la ejecutoria en análisis, el Tribunal Colegiado resolutor revocó la sentencia recurrida y, para el efecto, se apoyó, en lo que interesa, en las siguientes consideraciones.
A) Que los beneficios de la libertad que en forma anticipada pudiera obtener el sentenciado, como el de la libertad preparatoria, a que se refiere el artículo 68 de la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado de Jalisco, constituye una posibilidad de que no continúe la ejecución de la pena de prisión impuesta en la sentencia dictada en su contra por la autoridad judicial.
B) Que en el caso de que la autoridad ejecutora no acceda a realizar el trámite tendiente a lograr ese beneficio o le niegue el beneficio mismo, es indudable que se trata de actos que afectan la libertad personal del individuo, en razón de que implica privarlo de la posibilidad de que la pena que se le impuso por la autoridad judicial no continúe en ejecución, mediante el posible otorgamiento del beneficio de la libertad anticipada; por lo que el acto reclamado ataca la libertad del quejoso y, por tanto, se actualiza la hipótesis a que se refiere el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo.
Lo hasta aquí expuesto permite precisar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, sostie
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7511-5c3776db/amparo-indirecto-puede-promoverse-en-cualquier-tiempo-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- SUSPENSIÓN EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 138, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO AL CONCEDERLA GOZA D (CONTRADICCIÓN DE TESIS 63/2000-PS)
- PERSONALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER EL TESTIMONIO NOTARIAL RESPECTIVO, TRATÁNDOSE DE SOCIEDADES MERCANTILES. (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. DEBE ADMITIRSE AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO, YA QUE CONSTITUYE UNA FIGURA INDISPENSABLE PARA QUE EL JUZGADOR DÉ UNA SOLUCIÓN COMP (CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/2002-PL)
- VISITAS DOMICILIARIAS. NO ES NECESARIO QUE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS VISITADORES QUE CONSTE EN EL ACTA INICIAL, SE REITERE EN LAS POSTERIORES. (CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2000-SS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- POLICIA JUDICIAL, PARTE INFORMATIVO DE LA. LAS MANIFESTACIONES CONTENIDAS EN EL, NO CONSTITUYEN PRUEBA TESTIMONIAL. (s/clave)
- TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, FINALIDAD DE LAS. (s/clave)
- ACLARACION DE SENTENCIA DE LA RESPONSABLE IMPROCEDENTE. (s/clave)
- SENTENCIA INCONGRUENTE. (XI.2o.32 K)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis