AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. DEBE ADMITIRSE AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO, YA QUE CONSTITUYE UNA FIGURA INDISPENSABLE PARA QUE EL JUZGADOR DÉ UNA SOLUCIÓN COMPLETA A LA ACCIÓN DEL GOBERNADO. AMPLIACIÓN EN AMPARO DIRECTO. CUANDO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA LA LEY FIJE PLAZO, AQUÉLLA PROCEDE ANTES DE QUE VENZA ÉSTE. AMPLIACIÓN EN AMPARO DIRECTO. CUANDO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA LA LEY NO FIJE PLAZO, AQUÉLLA PROCEDE HASTA ANTES DEL ACUERDO QUE CIERRA LA INSTRUCCIÓN, QUE ES EL QUE ORDENA TURNAR LOS AUTOS AL RELATOR.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/2002-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO (ACTUALMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL MISMO CIRCUITO), PRIMERO DEL SEXTO CIRCUITO (ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PROPIO CIRCUITO) Y CUARTO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIA: SOFÍA VERÓNICA ÁVALOS DÍAZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. La ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Segundo Circuito (actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del mismo circuito) al resolver el juicio de amparo directo 732/95, donde figura como quejoso ... se apoyó en las consideraciones que enseguida se transcriben:
"CUARTO. Los conceptos de violación expresados a favor de los quejosos resultan infundados. ... Debe señalarse que no pasa desapercibido para este tribunal que los quejosos presentaron un escrito pretendiendo se les tuviera por ampliada la demanda de amparo inicial, aun cuando en realidad no señalan diversas autoridades o actos reclamados, sino más bien abundan en argumentaciones a manera de conceptos de violación. Tal ‘ampliación’ se presentó ante este tribunal aun después de que los autos habían sido turnados al Magistrado relator para la formulación del proyecto de sentencia correspondiente, mediante auto de veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. Al respecto debe mencionarse que la ampliación de la demanda encuentra justificación más bien tratándose del juicio de amparo indirecto, sobre todo en aquellos casos en los que no es sino mediante el informe rendido por las autoridades señaladas inicialmente como responsables que el quejoso o quejosos se enteran, en su caso, de la existencia de diversos actos o de diversas autoridades que también deben formar parte de la litis constitucional. Tal justificación no existe cuando se trata de amparo directo ya que, dada la estructura de éste, el acto reclamado será siempre una sentencia definitiva o resolución que pone fin al juicio y su presentación, ineludiblemente, se hará por conducto de la autoridad emisora de dicho fallo, es decir, aquella a quien se asigna el carácter de responsable para los efectos del juicio de garantías. Ahora bien, la ampliación de la demanda de amparo, en aquellos supuestos en que proceda justificadamente, sólo puede tener lugar en cuanto a su oportunidad, antes de que las autoridades responsables rindan su informe con justificación, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el criterio de que es ese acto el que establece la litis contestatio en el amparo. Luego, de lo anterior se puede establecer, en principio, que la ampliación de la demanda de garantías propiamente dicha (en cuanto al señalamiento de nuevas autoridades y diversos actos) no puede tener cabida justificada en materia de amparo directo; y que, en cuanto al incremento de argumentaciones y conceptos de violación sólo pueden presentarse antes de que la autoridad emisora del fallo reclamado (responsable) remita los autos a la autoridad de amparo y rinda su informe con justificación. Por tal motivo, se considera que en el caso particular no puede tenerse por ampliada la demanda como lo pretenden los quejosos. No obstante lo anterior, y dado que se trata de la materia penal en la que existe una voluntad decidida en cuanto a la suplencia de la deficiencia de la queja, también se hará alusión a los diversos conceptos que los quejosos expresan en el último de sus escritos, los que esencialmente se reducen a la afirmación de que en el caso particular no se encuentran acreditados los elementos estructurales del tipo penal de robo por no haberse demostrado la existencia anterior y falta posterior del numerario y de los vales de gasolina que se dicen sustraídos. En torno a lo anterior debe señalarse que los comparecientes ... al declarar ante el Ministerio Público integrador, sobre todo los dos últimos, no sólo lo hicieron en calidad de testigos presenciales de los hechos, sino también como de preexistencia y falta posterior de los objetos materia del delito, ya que cada uno de ellos mencionó la cantidad que habían entregado al encargado de la Isla, de la gasolinería en que trabajan, momentos antes de que llegaran los asaltantes, y particularmente ... mencionó también haber entregado a dicho encargado la cantidad de vales que se mencionan, coincidiendo ambos testigos en fortalecer lo dicho por el denunciante en cuanto a la cantidad aproximada del robo (dos mil nuevos pesos) y afirmar que en cada Isla diariamente se vende aproximadamente de catorce a quince mil nuevos pesos por día, por lo que aseguran que la cantidad señalada como robada y aún más se recolecta constantemente en dicha negociación. Luego, tales testimonios justifican la preexistencia y falta posterior de las cosas robadas, pues afirman también que el dinero no se logró recuperar porque se lo llevó uno de los sujetos que amagaron al encargado y el cual por cierto no fue capturado. En tales condiciones es evidente que el citado concepto de violación también resulta infundado, ya que aun admitiendo la imprecisión o indeterminación del monto de lo robado ello no se refleja en la indemostración del delito de que se trata. Como apoyo a lo antes expuesto en relación con la improcedencia de la ampliación de la demanda, procede invocar las siguientes jurisprudencias que, en lo conducente, señalan: ‘AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. LITIS CONTESTATIO EN EL AMPARO. La Corte ha establecido el criterio de que la litis contestatio en el amparo se establece cuando las autoridades responsables rinden su informe con justificación; por tanto, mientras tal informe no se rinda, el agraviado puede ampliar su demanda o modificarla en cuanto a sus derechos convengan, siempre que esté dentro del término legal para pedir amparo.’ (Número 58, visible en la página 100, de la Octava Parte, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985). ‘DEMANDA DE AMPARO DIRECTO, NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 71 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA AMPLIACIÓN DE LA. El artículo 71 del Código Federal de Procedimientos Civiles no puede tener aplicación supletoria, tratándose de la ampliación de la demanda original de amparo directo, porque en los juicios federales no hay plazo legal para iniciarlos con la presentación de la demanda, en cambio, para el amparo sí señala la ley de la materia un término de quince días, para interponerlo, y porque tal precepto, al tenor de su exposición de motivos, consagra la prohibición de la multiplicidad de juicios, al negar la admisibilidad de nuevas demandas sobre la misma materia de que se ocupa el juicio ya iniciado; establece, que cuando a pesar de esa prohibición, se haya dado entrada a una nueva demanda, no obstante estar sub-júdice la cuestión, el nuevo juicio se acumulará al ya iniciado y se nulificará todo lo actuado en el posterior; y además admite, que teóricamente es posible que surjan motivos sucesivos de disputa respecto del negocio que ya dio lugar a una demanda, pero en la práctica no es conveniente permitir sin límites, la ampliación de la demanda original porque se prestaría a que litigantes poco escrupulosos artificiosamente fueran proponiendo por fracciones sus motivos de disputa, para alargar indefinidamente la resolución del juicio. En el párrafo final del mencionado artículo 71, se limitó la ampliación, a una sola vez y eso siempre que se presente antes de la audiencia final de la primera instancia. Lo anterior hace indudable lo inaplicable del precepto, a favor de la admisión de la ampliación de la demanda de amparo en que se reclama un acto, la sentencia definitiva de segunda instancia, que se conoce íntegro en todos sus aspectos impugnables, en una sola vez, la de su notificación o la de su conocimiento y así fácilmente se advierte que no se da la posibilidad de un motivo posterior que diera lugar a la ampliación que como en el asunto se interpone.’ (primera tesis relacionada con la jurisprudencia número 119, visible en la página 183 de la Octava Parte del Apéndice antes invocado). Finalmente, debe señalarse que en lo tocante a la individualización de las penas impuestas a los sentenciados no se advierte la violación de garantías que pudiera dar lugar a la concesión del amparo solicitado, pues dado que se acreditó la existencia del delito atribuido y la responsabilidad de los inculpados, la aplicación de la pena correspondiente no es sino una consecuencia del sentido de la resolución, por lo que si aplicando el marco legal respectivo al delito acreditado (que en este caso fue el de robo con violencia en términos del artículo 300 del Código Penal Estatal) se impuso a los acusados la pena mínima prevista para dicho ilícito, es inconcuso que tal determinación no afecta las garantías de los quejosos. Tiene aplicación al respecto la siguiente jurisprudencia: ‘PENA MÍNIMA QUE NO VIOLA GARANTÍAS. El incumplimiento de las reglas para la individualización de la pena no causa agravio que amerite la protección constitucional, si el sentenciador impone el mínimo de la sanción que la ley señala para el delito cometido.’ (tesis número 223, visible en la página 474 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1975, Primera Sala). Al ser infundados los conceptos de violación expresados por los quejosos y al no advertirse motivo para suplir la deficiencia de la queja en términos de la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, lo que procede es negar el amparo solicitado."
CUARTO. Las consideraciones que sustentó el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (actualmente Primer Tribunal en Materia Civil del propio circuito) al resolver el juicio de amparo directo D. 278/88 (penal), donde figura como quejoso ... en su parte conducente, dicen:
"QUINTO. Los conceptos de violación hechos valer son infundados. ... En relación a que oportunamente ampliaría sus conceptos de violación, debe decirse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial número 58, consultable en la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: ‘AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. LITIS CONTESTATIO EN EL AMPARO.’, ha establecido el criterio de que la litis constitucional en el amparo se establece cuando las autoridades responsables rinden sus informes con justificación; por tanto, mientras eso no sucede, el quejoso puede ampliar su demanda o modificarla, siempre y cuando esté dentro del término legal para pedir amparo. Sin embargo, como en la especie se trata de un juicio de amparo directo que por disposición del artículo 163 de la Ley de Amparo debe presentarse la demanda por conducto de la autoridad responsable que emitió el acto reclamado, la cual debe remitirla al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda conocer de ella con su informe justificado, como previene el artículo 169 de la misma ley, resulta que desde el momento en que este Tribunal Colegiado admitió la demanda de garantías precluyó el derecho del quejoso a ampliar sus conceptos de violación como parte integrante de su demanda. No obstante, como se ha precisado con antelación, en el proceso de donde derivan los actos reclamados se advierte que quedó plenamente comprobado el cuerpo del delito de homicidio que lo motivó, la responsabilidad plena del quejoso en su comisión, y de que la pena impuesta no causa violación de garantías, todo lo cual conlleva a determinar que al ser infundados los conceptos de violación expresados y no advirtiéndose violación a las leyes del procedimiento que hubieren dejado en estado de indefensión al quejoso para suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal solicitada, negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución que se reclaman del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Ciudad Serdán, Puebla, por no combatirse por vicios propios."
QUINTO. Las consideraciones que sirvieron de sustento al Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al resolver por unanimidad de votos el juicio de amparo directo 128/2002, donde figura como quejoso Luis Carlos Díaz Villalobos, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez, Chihuahua, y otras autoridades, en la parte conducente, dicen:
"QUINTO. Los conceptos de violación son inatendibles, inoperantes, infundados, fundados pero inoperantes, y fundados en un aspecto, por las razones y en la medida que a continuación se precisa. ... No controvierte la conclusión a que se arriba el hecho de que este órgano jurisdiccional hubiere efectuado el análisis de los conceptos de violación hechos valer en el libelo de ampliación de demanda que obra glosado a fojas 31 a 34 del expediente de amparo directo, aun cuando existen criterios jurisprudenciales que señalan que la ampliación de la demanda de amparo directo es improcedente cuando la autoridad responsable ya remitió los autos y el informe justificado correspondiente, y el tribunal de amparo hubiere dictado el auto de admisión relativo, en virtud de que este Tribunal Colegiado no comparte dichos criterios por las razones que a continuación se expresan. En efecto, la tesis VI.1o.99 K, que sustentara el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, y que aparece publicada en la página 216 del Tomo XV-2, de febrero de 1995, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, literalmente establece: ‘AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. NO PROCEDE CUANDO LA DEMANDA YA FUE ADMITIDA. De conformidad con el artículo 163 de la Ley de Amparo, la demanda en el juicio de amparo en la vía directa debe presentarse por conducto de la autoridad responsable que emitió el acto reclamado, la cual debe remitirla al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda conocer de ella acompañando su informe justificado, como lo previene el artículo 169 de la misma ley, de donde resulta de que a partir del auto admisorio de dicha demanda precluye el derecho del quejoso a ampliar sus conceptos de violación, como parte integrante de la misma.’. -Por otra parte, la tesis II.2o.P.A.17 K, que sustentara el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, que aparece publicada en la página 597 del Tomo IV, de septiembre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, literalmente dice: ‘AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. NO PUEDE TENERSE COMO TAL EN AMPARO DIRECTO. La ampliación de la demanda encuentra justificación más bien tratándose del juicio de amparo indirecto, sobre todo en aquellos casos en los que no es sino mediante el informe rendido por las autoridades señaladas inicialmente como responsables, que el quejoso o quejosos se enteran, en su caso, de la existencia de diversos actos o diversas autoridades que también deben formar parte de la litis constitucional. Tal justificación no existe cuando se trata de amparo directo ya que, dada la estructura de éste, el acto reclamado será siempre una sentencia definitiva o resolución que pone fin al juicio, y su presentación, ineludiblemente, se hará por conducto de la autoridad emisora de dicho fallo, es decir, aquella a quien se asigna el carácter de responsable para los efectos del juicio de garantías. Luego, la ampliación de la demanda de garantías propiamente dicha en cuanto al señalamiento de nuevas autoridades y diversos actos, no puede tener cabida justificada en materia de amparo directo; en cuanto al incremento de argumentaciones y conceptos de violación sólo podrían presentarse antes de que la autoridad emisora del fallo reclamado (responsable) remita los autos a la autoridad de amparo y rinda su informe con justificación, pues sólo así se daría oportunidad a que se manifestara en relación con tal incremento, por lo que, fuera de ese supuesto no puede tenerse por ampliada la demanda.’. Los artículos 21, 22, 163 y 169 de la Ley de Amparo, literalmente establecen: ‘Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos.’. ‘Artículo 22. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: I. Los casos en que a partir de la vigencia de una ley, ésta sea reclamable en la vía de amparo, pues entonces el término para la interposición de la demanda será de treinta días. II. Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. En estos casos la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo. En los casos en que el acto de autoridad combatible mediante demanda de amparo consista en acuerdo de la Secretaría de Relaciones Exteriores favorable a la extradición de alguna persona reclamada por un Estado extranjero, el término para interponerla será siempre de 15 días. III. Cuando se trate de sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, en los que el agraviado no haya sido citado legalmente para el juicio, dicho agraviado tendrá el término de noventa días para la interposición de la demanda, si residiera fuera del lugar del juicio, pero dentro de la República, y de ciento ochenta días, si residiere fuera de ella; contando en ambos casos, desde el siguiente al en que tuviere conocimiento de la sentencia; pero si el interesado volviere al lugar en que se haya seguido dicho juicio quedará sujeto al término a que se refiere el artículo anterior. No se tendrán por ausentes, para los efectos de este artículo, los que tengan mandatarios que los representen en el lugar del juicio; los que hubiesen señalado casa para oír notificaciones en él, o en cualquiera forma se hubiesen manifestado sabedores del procedimiento que haya motivado el acto reclamado.’. ‘Artículo 163. La demanda de amparo contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictado por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable que lo emitió. Esta tendrá la obligación de hacer constar al pie del escrito de la misma, la fecha en que fue notificada al quejoso la resolución reclamada y la de presentación del escrito, así como los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas; la falta de la constancia se sancionará en los términos del artículo siguiente.’. ‘Artículo 169. Al dar cumplimiento la autoridad responsable a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo anterior, remitirá la demanda, la copia que corresponda al Ministerio Público Federal y los autos originales al Tribunal Colegiado de Circuito, dentro del término de tres días. Al mismo tiempo rendirá su informe con justificación, y dejará copia en su poder de dicho informe. Al remitir los autos, la autoridad responsable dejará testimonio de las constancias indispensables para la ejecución de la resolución reclamada, a menos que exista inconveniente legal para el envío de los autos originales; evento éste en el que lo hará saber a las partes, para que dentro del término de tres días, señalen las constancias que consideren necesarias para integrar la copia certificada que deberá remitirse al tribunal de amparo, adicionadas las que la propia autoridad indique.’. De los preceptos antes transcritos se colige que, salvo en los casos de excepción previstos por el artículo 22 de la Ley de Amparo, el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días. Asimismo, se advierte que la demanda de amparo contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictado por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable que lo emitió, quien deberá remitirla dentro del término de tres días al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, juntamente con los autos y el informe con justificación que al efecto rinda dicha autoridad. Ahora bien, se afirma que este Tribunal Colegiado no comparte el criterio contenido en las tesis jurisprudenciales antes transcritas, en las que se señala que la ampliación de la demanda de amparo directo es improcedente cuando la autoridad responsable haya remitido los autos y el informe con justificación al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, y éste hubiere dictado el auto de admisión relativo, en virtud de que contrariamente a lo ponderado en dichos criterios, del análisis integral de los artículos 163 y 169 de la Ley de Amparo, no se advierte disposición alguna en relación a que a partir de la remisión de la demanda, los autos y el informe con justificación al tribunal de amparo y la emisión del auto admisorio correspondiente, precluya el derecho del quejoso para ampliar su demanda de garantías como se sostiene en los aludidos criterios jurisprudenciales, pues este órgano jurisdiccional considera que si el libelo de ampliación de demanda fue presentado ante la responsable el veintinueve de abril de dos mil dos, es decir, dentro del término de quince días que para la presentación de la demanda de amparo prevé el numeral 21 del citado ordenamiento legal, dicha ampliación de demanda debe considerarse procedente y acceder al análisis de los conceptos de violación que en ella se hagan valer, máxime que dicho precepto legal no establece la obligación de presentar la demanda de amparo en una exhibición o en un solo escrito, y no debe considerarse óbice a dicha determinación el hecho de que con antelación la responsable hubiera rendido su informe con justificación en relación con el escrito de demanda, pues no es verdad que la ampliación de la demanda después de haberse rendido el informe justificado de la autoridad responsable impida a ésta manifestarse en relación con dicha ampliación, pues se le tiene que correr traslado con dicha ampliación y la responsable puede referirse a la aludida ampliación e inclusive puede hacer valer alguna causal de improcedencia que no haya invocado al rendir su informe con justificación; por tanto, la responsable se encuentra en aptitud de rendir un informe con justificación complementario en relación con los nuevos argumentos o conceptos de violación que se hagan valer. De ahí que no se comulgue con los criterios sustentados en las tesis jurisprudenciales antes transcritas y que este Tribunal Colegiado estime procedente la ampliación de la demanda de amparo directo. En las relatadas condiciones, ante lo parcialmente fundado de los conceptos de violación planteados, lo procedente es conceder el amparo instado para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y en su lugar emita otro en el que reitere las condenas y absoluciones impuestas en el laudo reclamado; empero, para efecto de la cuantificación del pago de la prima de antigüedad reclamada considere que el vínculo obrero-patronal entre las partes comenzó a partir del primero de marzo de mil novecientos noventa y dos, en que inició sus operaciones la fuente de trabajo demandada; y respecto del pago de tiempo extra reclamado, se ciña a los lineamientos establecidos en la presente ejecutoria y realice un análisis debidamente fundado y motivado en relación con la procedencia o improcedencia del pago de dicha prestación en términos de lo previsto por el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo."
SEXTO. Precisado lo anterior debe establecerse si efectivamente existe la contradicción de tesis denunciada.
Para que exista una contradicción de tesis resulta necesario que las resoluciones relativas se hayan adoptado respecto de una misma cuestión jurídica, suscitada en un mismo plano, y que expresa o implícitamente se hayan arribado a conclusiones opuestas sobre esa cuestión.
Así, para que efectivamente exista la contradicción denunciada será necesario que los criterios opositores hayan partido de los mismos supuestos esenciales, es decir, de los que sirven de basamento lógico a las conclusiones divergentes adoptadas.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial P./J. 26/2001, de la Novena Época, Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, que a la letra dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Igualmente resulta aplicable la tesis P./J. 27/2001, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, página 77, que a continuación se transcribe:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
SÉPTIMO. Sentado lo anterior, para decidir sobre la existencia o inexistencia de la contradicción denunciada, debe realizarse un extracto de las consideraciones fundamentales en que se apoyan los fallos a examen.
A) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Segundo Circuito (actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del mismo circuito) al resolver el juicio de amparo directo 732/95, donde figuran como quejosos los sentenciados ... en relación con el tema referente a la posibilidad de ampliar la demanda de amparo directo sostuvo, en lo esencial, lo siguiente:
1. Realizó el análisis de los planteamientos expuestos en los conceptos de violación y los desestimó.
2. Observó que los sentenciados quejosos presentaron un escrito de ampliación de la demanda de amparo ante el Tribunal Colegiado después de que el asunto había sido turnado al relator, con la particularidad de que únicamente abundaron en el capítulo de conceptos de violación, esto es, la ampliación no incluyó a otras autoridades o actos reclamados diversos a los contenidos en la demanda inicial.
3. Bajo esas condiciones, adujo que la ampliación de la demanda más bien se justifica en el juicio de amparo indirecto, porque del contenido del informe justificado pueden surgir otras autoridades o actos reclamados distintos a los originalmente señalados en la demanda inicial, circunstancia que no se presenta tratándose de amparo directo, donde siempre el acto reclamado será la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio, máxime que su presentación debe ser necesariamente a través de la autoridad que emitió el fallo reclamado.
4. Añadió que acorde a los criterios de la Suprema Corte la ampliación de la demanda de amparo sólo puede admitirse antes de que las autoridades responsables rindan su informe justificado, pues con su contenido se fija la litis contestatio en el amparo, de ahí que dicha ampliación cuando tenga por objeto incluir nuevas autoridades y diversos actos es inadmisible tratándose del amparo directo, y en lo que atañe a la ampliación de conceptos de violación puede aceptarse hasta antes de que se envíen los autos y el informe justificado al tribunal de amparo.
5. En consecuencia, concluyó que en la especie no procede tener por ampliada la demanda; empero, como observó que se trata de un asunto penal, donde opera la suplencia de la deficiencia de la queja, se hizo cargo del examen de los diversos conceptos de violación contenidos en la ampliación, mismos que analizó y desestimó, por lo que negó el amparo solicitado.
6. Finalmente, apoyó el desechamiento de la ampliación de la demanda en las tesis bajo los rubros siguientes: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. LITIS CONTESTATIO EN EL AMPARO." (número 58, visible en la página 100 de l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17716-dc515482/ampliacion-de-la-demanda-de-amparo-debe-admitirse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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