INFRACCIÓN FISCAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 85, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SE ACTUALIZA POR EL CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DEL REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA, AUNQUE SE DÉ ANTES DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA CORRESPONDIENTE, SIN PERJUICIO DE QUE EL TIEMPO DE RETRASO EN DICHO CUMPLIMIENTO SE TOME EN CUENTA PARA CUANTIFICAR SU MONTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/2006-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: AGUSTÍN TELLO ESPÍNDOLA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de posible contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos segundo y cuarto, del Acuerdo 5/2001 del Tribunal Pleno, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, porque proviene de criterios emitidos en relación con una cuestión que corresponde a la especialidad de esta Sala.
Cabe precisar que lo resuelto en los criterios en conflicto es de naturaleza administrativa, pues se trata de asuntos interpuestos contra sentencias dictadas por Salas Fiscales, en las que se resolvió una cuestión derivada de un procedimiento llevado a cabo por autoridades fiscales, para comprobar el debido cumplimiento de obligaciones tributarias, sin que sea óbice a lo anterior que uno de dichos criterios lo sustente un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal, pues éste conoció del asunto materia de contradicción, de conformidad con el Acuerdo General 54/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de diciembre de dos mil cinco, que modifica de manera temporal la competencia de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Penal del Tercer Circuito y establece las reglas de recepción y turno de nuevos asuntos de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, así como de aquellos en Materias Civil y Penal del referido circuito, con residencia en Guadalajara, Jalisco; debiéndose aclarar que la competencia de esta Sala para conocer de la presente contradicción deriva de la naturaleza de lo resuelto en los criterios contendientes y no de la materia de los Tribunales Colegiados en conflicto.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, pues la formuló el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito.
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, el dieciséis de junio de dos mil seis, resolvió la revisión fiscal 23/2006, en la que se pronunció, en su parte conducente, de la siguiente forma:
"VI. Los agravios son sustancialmente fundados. El particular, en el juicio de nulidad, impugnó la multa que se le impuso como sanción por la infracción prevista en el artículo 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, que dispone: ‘Artículo 85. Son infracciones relacionadas con el ejercicio de la facultad de comprobación las siguientes: I. Oponerse a que se practique la visita en el domicilio fiscal. No suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales; no proporcionar la contabilidad o parte de ella, el contenido de las cajas de valores y en general, los elementos que se requieran para comprobar el cumplimiento de obligaciones propias o de terceros.’. En la sentencia impugnada, la Sala Fiscal decretó la nulidad de la resolución en orden a que, desde su perspectiva, la conducta no actualiza la hipótesis legal, toda vez que, según adujo de manera preponderante, la gobernada dio cumplimiento al requerimiento correspondiente de proporcionar los datos e informes que la autoridad fiscal le exigió, aunque de manera extemporánea, antes de que se le impusiera la sanción, lo que generó la atipicidad de la conducta. Sin embargo, de acuerdo a lo que señala la recurrente, la infracción se cometió desde que transcurrió el plazo legal que se otorgó a la gobernada, sin que ésta cumpliera con el requerimiento de suministrar la información que se le solicitó. En efecto, para determinar si existió la infracción imputada a la gobernada, debe ponderarse en qué momento se consumó la conducta infractora; esto es, en qué instante se completaron los elementos de la infracción, para lo cual es factible partir, por equiparación, de las reglas que al respecto se establecen para los delitos en materia penal, conforme a la tesis 2a. LIX/99, publicada en la página 505, Tomo IX, mayo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ‘INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. SUS MODALIDADES. Las modalidades de las infracciones tributarias a que se refiere el artículo 67, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, no aparecen definidas en dicho cuerpo normativo. Es en material penal, tratándose de delitos, donde mejor se han perfilado estos conceptos, motivo por el cual analógicamente debe acudirse a los mismos. Tratándose del delito instantáneo, el derecho positivo mexicano, la doctrina y la jurisprudencia, son acordes al conceptuarlo como: Aquel que se consuma en un solo acto, agotando el tipo, cuyos efectos pueden o no prolongarse en el tiempo; en cambio, tratándose de las modalidades de continuo y continuado, existe diversidad de criterios. El artículo 99 del referido Código Fiscal da el concepto al que debe atenderse en esta materia respecto al delito continuado al establecer que: El delito es continuado, cuando se ejecuta con pluralidad de conductas o hechos con unidad de intención delictuosa e identidad de disposición legal, incluso de diversa gravedad. Respecto del delito continuo, sus notas características, extraídas sustancialmente de la jurisprudencia, consisten en las siguientes: Es la acción u omisión que se prolonga sin interrupción por más o menos tiempo. Con base en lo anterior; las infracciones administrativas podrán ser: instantáneas, cuando se consuman en un solo acto, agotando todos los elementos de la infracción, cuyos efectos pueden o no prolongarse en el tiempo; continuas, si la acción u omisión se prolonga sin interrupción por más o menos tiempo; o, continuadas, en la hipótesis de pluralidad de acciones que integran una sola infracción en razón de la unidad de propósito inflacionario e identidad de lesión jurídica.’. Así, como se trata en el criterio citado, con base en la teoría del delito, por analogía, se distinguen las infracciones instantáneas, las cuales se consuman en un solo acto; esto es, se consuman en un solo momento, aunque sus efectos pueden o no prolongarse en el tiempo. Si se prolongan por más o menos tiempo, sin interrupción, son continuas. Esto es, la diferencia radica en que en la infracción instantánea, la consumación y agotamiento es en un mismo momento, mientras que en la continua, la infracción se consuma inmediatamente que se lleva a cabo la conducta u omisión descrita por la ley, pero tiene la particularidad que esa consumación dura por un lapso más o menos prolongado y se agota hasta que cesa la acción u omisión que integra el tipo; sin embargo, el delito se encuentra consumado desde que se llevó a cabo la conducta objetiva descrita por la ley. Así, la consumación supone la completa realización del tipo penal, mientras que el agotamiento, la duración de los efectos de esa consumación; empero, durante todo ese lapso el delito ha sido consumado, sólo que su consumación permanece momento a momento hasta que se interrumpe.
Ver esquema
"Por la analogía, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada publicada en la página 14, Tomo LIX, Segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: ‘DELITO INSTANTÁNEO Y DELITO CONTINUO. DIFERENCIA ENTRE AMBOS. Una distinción entre el delito instantáneo y el continuado se funda en que el primero se consuma en un sólo acto, agotando el tipo, mientras el segundo supone un estado, o sea una acción consumativa del delito, que se prolonga sin interrupción, por más o menos tiempo.’. Ahora bien, en el caso, la infracción que se atribuye a la gobernada es de tipo omisiva, pues consiste en no suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales. En ese orden de ideas, debe distinguirse, que la conducta de acción se diferencia de la omisiva porque la primera contiene una norma con enunciado prohibitivo, mientras que la segunda, un enunciado de tipo imperativo, que se exterioriza porque conlleva una obligación de hacer; esto es, en todas las infracciones de esa naturaleza, a la par de la omisión, existe, de manera implícita, un deber de actuar, una conducta ordenada con un fin, de tal forma que la infracción omisiva se actualiza cuando la conducta no se dirige al fin ordenado o no se ajusta a ese deber de actuar. Al respecto, se comparte la opinión de Eugenio Raúl Zafaroni, vertida en su obra denominada Tratado de Derecho Penal Parte General, tomo III, al cual se acude dada la equiparación en materia de infracciones administrativas que establece la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada en la parte inicial de este considerando. El autor, respecto a la estructura del tipo omisivo, señala lo siguiente: ‘... La omisión como estructura típica. Al igual que hay una estructura típica dolosa y una estructura típica culposa, hay una estructura típica omisiva. En tanto que en el tipo activo doloso la tipicidad surge de la identidad de la conducta final realizada con la final descrita, en el tipo omisivo surge de la diferencia entre la conducta final realizada y la conducta final descrita. Se trata de dos diferentes técnicas legislativas para individualizar conductas prohibidas, pero tan final es la acción que está prohibida en la estructura activa como en la estructura omisiva. La diferencia emerge de que la norma que se halla antepuesta ante un tipo activo es una norma con enunciado prohibitivo y la de un tipo omisivo con enunciado imperativo ...’ En otro apartado, el autor sostiene: ‘... Lo nuclear del tipo objetivo es la exteriorización de una conducta distinta de la ordenada. En todos los casos de omisión hay una conducta ordenada con un fin (como que es conducta lo que se ordena). Lo que se requiere es que haya una conducta que no se dirija al fin ordenado (en tanto que el tipo activo se prohíbe la que se dirige a dicho fin).’. Por otra parte, la infracción no alude a ninguna referencia de tiempo, empero, necesariamente, dado que por técnica penal, los delitos de omisión requieren de un aspecto valorativo y de este modo, las infracciones administrativas también, debe relacionarse con lo que dispone el artículo 53, fracción I, inciso b), del Código Fiscal de la Federación, que dice: ‘Artículo 53. En el caso de que con motivo de sus facultades de comprobación, las autoridades fiscales soliciten éstos informes o documentos del contribuyente, responsable solidario o tercero, se estará a lo siguiente: I. Se tendrán los siguientes plazos para su presentación: ... b) Seis días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva, cuando los documentos sean de los que deba tener en su poder el contribuyente y se los soliciten durante el desarrollo de una visita. ...’. La relación con ese precepto es necesaria, puesto que de ahí deriva lo antijurídico de la omisión. Así, si se parte de que los delitos omisivos (o infracciones en el caso de la materia administrativa), conllevan una obligación de actuar, es evidente que en el caso de la conducta infractora en estudio, durante el plazo que le otorga la autoridad al gobernado, éste debe proceder conforme al requerimiento legal que se le formula, de tal forma que si no actúa en ese plazo, la infracción se consuma desde el instante que concluye, pues lo que la norma sanciona es la falta de actividad del particular y, a partir de la conclusión del plazo, no existe causa que la justifique. La infracción de que se trata es de las consideradas continuas, porque su consumación se extiende por todo el tiempo que dura la omisión antijurídica, esto es, desde que concluye el plazo otorgado, hasta que se agota, por ejemplo, cuando el gobernado presenta ante la autoridad fiscal los datos o los informes requeridos, pues a partir de esa presentación cesa la conducta omisiva; sin embargo, aquélla ha sido consumada desde el momento en que concluyó el plazo, en la medida de que la inactividad del promovente sólo está justificada durante él, pero, sí se mantiene hasta después de que concluye, se hace sancionable a partir de ahí, dado que la norma imponía al particular dar cumplimiento en algún momento del plazo, imposición de actuar que caracteriza a las infracciones de omisión. Bajo ese tenor, contrario a lo sostenido por la Sala Fiscal, la circunstancia de que el gobernado diera cumplimiento con posterioridad al vencimiento del plazo y antes de que la autoridad fiscal lo sancionara no conlleva la atipicidad de la conducta, pues, como se ha patentizado, aquélla quedó consumada, de forma inmediata, desde que dejó de tener vigencia la causa que justificaba la inactividad del particular (el plazo concedido), pero en la que estaba obligado a actuar de un modo determinado y, al tratarse de una infracción continua, el cumplimiento extemporáneo no es sino sólo la causa que interrumpe o agota la consumación, pero la omisión antijurídica ha sido ya cometida y, por ende, procede su sanción. Tampoco se contrapone a esta determinación, el hecho de que la ley no establezca como infracción la presentación extemporánea de los informes o datos requeridos, puesto que ello constituiría una conducta más específica en la que, en todo caso, estaría subsumida la que en la especie se atribuye al inculpado, lo que generaría un problema en relación con el grado, pero no de atipicidad de la infracción, de ahí que ello tampoco sea obstáculo para estimar actualizada la conducta omisiva sancionada por la autoridad fiscal. Lo anterior resulta más claro si se parte que, en el aspecto fáctico, puede acontecer en primer orden una omisión que resulta antijurídica porque prevalece fuera del plazo concedido, no obstante que el gobernado estaba obligado a actuar dentro del mismo, como en la especie sucede, y luego cesa la omisión por darse cumplimiento, que por las circunstancias en que se realiza, resulta extemporáneo, esto es, fuera del plazo, pero ambos hechos subsisten, de manera autónoma, en un orden cronológico y material, de ahí que se aduzca que ello sólo incidiría con una cuestión de grado pero no de atipicidad de la conducta cometida en primer orden, en este caso, la omisión antijurídica. Esto es, la circunstancia de que también haya ocurrido el cumplimento fuera de término antes de que la autoridad fiscal procediera a la sanción por la omisión inicial, no excluye a esta última, sino que para los efectos de que estuviera tipificado como infracción sólo la absorbería, de ahí que si, la ley sólo sanciona la omisión, pero no el cumplimiento extemporáneo, que en la especie también ocurrió, ello de ningún modo acarrea la atipicidad de la primera. De este modo, la afirmación que se hace en una de las tesis en las que se apoyó la Sala Fiscal, en el sentido de que el artículo 85, fracción I, del código tributario federal, no prevé la presentación extemporánea de los datos e informes que requieran las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación, sino la falta de presentación de estos documentos, no es sino apreciar unos hechos distintos a los que se refiere la ley, la que se satisface desde el momento en que la omisión mencionada, esto es, la falta de presentación de los datos o informes requeridos, resulta antijurídica, independientemente de que con posterioridad se dé o no cumplimiento al requerimiento y que el mismo resulte extemporáneo, en la medida de que, como se dijo, en la especie, su única vinculación con la infracción es que agota su consumación. Asimismo, conviene precisar que el momento en que la autoridad fiscal decide sancionar la conducta infractora no incide en los elementos de la misma, pues el artículo 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación de ningún modo lo relaciona con los mismos. En todo caso, ese tema queda comprendido en un aspecto de prescripción o caducidad de la sanción que, de acuerdo a la litis establecida, no es dable traer a colación. Aunado a lo antes considerado, estimar una postura contraria, engendraría que la autoridad fiscal estuviera imposibilitada de hacer cumplir sus determinaciones oportunamente y que se deje al arbitrio del gobernado decidir, a su conveniencia, cuándo debe cumplir los requerimientos que se le realicen, no obstante que la norma le obliga a actuar dentro de un plazo determinado, lo que no es jurídicamente válido. En esas condiciones, ante lo fundado de los agravios, lo que procede es revocar la sentencia recurrida, para que, con apego a las consideraciones de esta resolución, la Sala Fiscal declare infundado el motivo de queja de la contribuyente, que dio lugar a la nulidad de la resolución y, en todo caso, se pronuncie, con plenitud de jurisdicción, respecto del resto de los conceptos de nulidad que omitió estudiar al estimar fundado el analizado. VII. Toda vez que el criterio sustentado en el considerando anterior, se contrapone a los criterios en los que se apoyó la Sala Fiscal, consistentes en la jurisprudencia VIII.2o. J/40, publicada en la página 1650, Tomo XVII, enero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que establece: ‘INFORMACIÓN O DATOS REQUERIDOS POR LAS AUTORIDADES FISCALES. HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA DE LA SANCIÓN POR OMITIR PROPORCIONARLOS. Para que se actualice el supuesto previsto en la fracción I del artículo 85 del Código Fiscal de la Federación, consistente en no suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales, pueden operar los siguientes supuestos: a) Que en el lapso otorgado por la autoridad fiscal, no se proporcione la documentación o los informes requeridos por la autoridad y aquélla, concluido el plazo y ejerciendo sus facultades legales, impone la multa correspondiente; b) Que una vez transcurrido el plazo otorgado por la autoridad, pero antes de que ésta ejerza dichas facultades e imponga la sanción respectiva, el particular suministre la documentación o informes requeridos. En el primer caso, la imposición de la multa es legal, aun cuando el infractor presente la información o documentación requerida, al haber operado en su perjuicio la figura jurídica de la preclusión por inoperación. En cambio, en el caso del inciso b), no puede la autoridad fiscal sancionar al particular, a pesar de haberse presentado la documentación o información fuera del plazo de quince días, toda vez que al no hacer uso de sus facultades legales e imponer la multa respectiva, una vez transcurrido dicho lapso, permitiendo a la vez con su proceder que el particular dé cumplimiento al requerimiento en forma extemporánea, pero antes de que se sancione su conducta, porque precluye su derecho para hacerlo, puesto que el artículo 85, fracción I, de que se trata, el cual es de aplicación estricta, en términos del artículo 5o. del código tributario federal, no sanciona la presentación extemporánea, sino únicamente la omisión total; máxime que el lapso otorgado por la autoridad únicamente tiene como finalidad establecer un parámetro legal, a partir del cual la autoridad fiscalizadora está en aptitud legal de sancionar la omisión del particular.’. Así como a la tesis III.2o.A.69 A, consultable en la página 1121, Tomo XIII, mayo de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, relativa al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que dice: ‘DATOS E INFORMES QUE EXIJAN LAS AUTORIDADES FISCALES EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES, CONFORME AL ARTÍCULO 53, INCISO B), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SU PRESENTACIÓN EN FORMA EXTEMPORÁNEA NO ES SANCIONABLE. En los casos en que el contribuyente presente la documentación que le fue requerida por las autoridades fiscales fuera del término o plazo a que se refiere el artículo 53, inciso b), del Código Fiscal de la Federación, y no haya sido multado, no conduce a tener por incumplido el requerimiento relativo, lisa y llanamente, toda vez que el artículo 85, fracción I, del código tributario federal, no prevé la presentación extemporánea de los datos e informes que requieran las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación, sino la falta de presentación de estos documentos; por tanto, tampoco es procedente la imposición de la sanción a que se refiere el diverso numeral 86, fracción I, del referido ordenamiento jurídico.’. Se estima que existen posturas opuestas sobre el mismo punto jurídico, en la medida que los Tribunales Colegiados emisores de las tesis sostienen que se genera la atipicidad de la infracción prevista por el artículo 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación en cuanto a la falta de presentación de los documentos requeridos, cuando el contribuyente da cumplimiento de forma extemporánea antes de que se le sancione, porque, desde su perspectiva, la ley no sanciona esa presentación inoportuna; mientras que este órgano colegiado, en oposición a dichos tribunales considera que ese cumplimiento fuera de término sólo agota la consumación de la infracción y no genera su atipicidad porque aquélla se encuentra consumada desde que venció el plazo, además de que el momento en que se aplica la sanción no tiene injerencia alguna en los elementos que integran la hipótesis infractora. Por tanto, al advertirse la contraposición de criterios, lo que procede es denunciar dicha contradicción de tesis, por lo que se ordena remitir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, copia autorizada de esta resolución y el diskette respectivo, para los efectos del artículo 197-A de la Ley de Amparo."
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el ocho de marzo de dos mil seis, al resolver la revisión fiscal 261/2000, en la parte que interesa, consideró:
"QUINTO. ... Este órgano colegiado estima que le asiste la razón a la Segunda Sala del Tribunal Fiscal de la Federación, al sostener que se le impuso en forma ilegal al contribuyente la multa en cantidad de $22,616.00, con apego a lo establecido en los artículos 53, inciso b), 85, fracción I y 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, toda vez que la infracción prevista en el segundo de dichos artículos, no se surtió en la especie. Ello es así, en razón que la Sala apoyó su argumento en lo siguiente: que como se desprende de las constancias legales que obran en autos, al contribuyente le fue requerida diversa documentación el día diez de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, contrariamente a lo afirmado por la demandada en el aspecto de que dicho requerimiento se realizó el día nueve del mismo mes y año, con el objeto que la pusiese a disposición de la autoridad en su propio domicilio fiscal, dentro del término de seis días hábiles que para tal efecto prevé el artículo 53, inciso b), del Código Fiscal de la Federación y al cumplir con dicho requerimiento hasta el día veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, es innegable que presentó dicha documentación en forma extemporánea, por lo que es a partir del primer día en que expiró el plazo mencionado, siendo ésta la fecha veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, en que la autoridad estaba en aptitud legal de tener por configurada la infracción en comento y proceder a emitir y notificar al causante, la resolución a través de la cual se liquidara la sanción a imponer, puesto que en ese instante, resultaba irrefutable que el contribuyente no había puesto a su disposición la documentación requerida. Y que no obstante lo expuso, según se desprende de las probanzas exhibidas por las partes, la autoridad fiscal procedió a notificar el acto administrativo que consigna la multa impuesta, hasta el día treinta de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, fecha en la que ya no existían los elementos que acreditaran la comisión de la infracción prevista en el citado artículo 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación puesto que con fecha veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, el particular puso a disposición de la autoridad la documentación que le había sido requerida, en virtud de que como acertadamente lo consideró la Sala, dicho precepto no sanciona la presentación extemporánea de los datos e informes que exijan las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación, sino la sola falta de presentación de estos documentos, por lo que estimó que resultaba irrefutable que dicha infracción no se surte en el caso analizado, ya que precisamente el día treinta de noviembre de mil novecientos noventa y nueve; el particular ya había cumplido con el requerimiento que le fue dirigido, poniendo a disposición de la autoridad en su domicilio fiscal, todos aquellos documentos e instrumentos que le habían requerido. Además que contrariamente a lo aducido por la demandada, con apego a lo estrictamente establecido en el artículo 53, inciso b), del Código Fiscal de la Federación la presentación de la documentación solicitada dentro de un procedimiento de fiscalización, fuera del plazo que fue concedido por la autoridad para tal fin, no conduce a tener por no cumplido ese requerimiento en forma lisa y llana, cuando este precepto legal en ninguna de sus partes prevé tal lineamiento como consecuencia a surtirse por tal supuesto generado, sino que se constriñe a delimitar los plazos a otorgar al particular en este tipo de situaciones, en razón del tipo de requerimiento notificado, de tal forma que de su contenido no resulta viable sostener la infracción que se le imputa al promovente. Por lo que se estima, que contrario a lo estimado por la parte recurrente, la Sala no transgredió la obligación de fundar en derecho su resolución, al considerar que el actor no cometió la infracción a que se refiere el artículo 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación y, por ende, no se hizo acreedor a lo que dispone el artículo 86, fracción I, en relación con el artículo 53, inciso b), del propio código tributario federal, pues como ya se vio, estimó que aun cuando durante el desarrollo de la visita, el contribuyente no presentó la documentación que le fue requerida y no obstante que lo hizo fuera del plazo que le fue proporcionado, esto no conduce a tener por no cumplido el requerimiento en forma lisa y llana, toda vez que la infracción prevista en el artículo 85, fracción I, no se surtió en la especie, argumento que contrario a lo que aduce la recurrente, no es incorrecto, pues el artículo 53 del Código Fiscal de la Federación en lo conducente dispone lo siguiente: ‘Artículo 53. En el caso de que con motivo de sus facultades de comprobación, las autoridades fiscales soliciten datos, informes o documentos del contribuyente, responsable solidario o tercero, se estará a lo siguiente: Se tendrán los siguientes plazos para su presentación: ... b) Seis días contados a partir del siguiente a aquel en el que se le notificó la solicitud respectiva, cuando los documentos sean de los que deba tener en su poder el contribuyente y se los soliciten durante el desarrollo de una visita. ...’, en tanto que el artículo 85, fracción I, del propio código señala que: ‘Artículo 85. Son infracciones relacionadas con el ejercicio de la facultad de comprobación las siguientes: Oponerse a que se practique la visita al domicilio fiscal. No suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales; no proporcionar la contabilidad o parte de ella, el contenido de las cajas de valores y en general, los elementos que se requieran para comprobar el cumplimiento de las obligaciones propias o de terceros ...’. De lo anterior se advierte que como acertadamente lo señaló la Sala, si bien el primero de los preceptos transcritos, previene que la exhibición de la documentación descrita debe ser en el término de seis días, también lo es que el diverso numeral no sanciona en modo alguno la presentación de la documentación solicitada, en forma extemporánea, es decir, el cumplimiento tardío, pues tal precepto sólo refiere como infracción, el oponerse a que se practique la visita domiciliaria, no suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales y no proporcionar la contabilidad o parte de ella; esto es, las conductas infractoras se sancionan por la oposición a la práctica de una visita y por incumplimientos a los requerimientos de las autoridades fiscales, mas no alude al cumplimiento extemporáneo; de ahí que no se advierte que la a quo hubiese realizado una mala interpretación del artículo 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, como lo asegura la inconforme. Ya que de lo anterior se desprende que en la especie no resulta aplicable el artículo 85 en virtud de que no sanciona el cumplimiento a los requerimientos de las autoridades fiscales en forma extemporánea. Por lo anterior se estima que, contrariamente a lo señalado por la autoridad recurrente, la Sala responsable como quedó evidenciado, no realizó una interpretación aislada del artículo 53, inciso b), ni soslayó lo contenido en el título IV, del capítulo especial relativo a infracciones y sanciones capítulo I, en particular el artículo 85, fracción I, al no encuadrar en tales la infracción de no proporcionar la contabilidad o parte de ella en forma extempor
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19905-4710ebcd/infraccion-fiscal-prevista-en-el-articulo-85-fraccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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