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Modo: Corpus Pro

DÍAS INHÁBILES PARA EL ANUNCIO DE LAS PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL E INSPECCIÓN OCULAR EN EL AMPARO. SÓLO TIENEN ESE CARÁCTER LOS ESTABLECIDOS EN DISPOSICIONES GENERALES EXPEDIDAS POR EL ÓRGANO LEGISLATIVO, SIN INCLUIR LOS DÍAS EN QUE SE SUSPENDAN LAS LABORES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL POR ACUERDO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL O DEL PROPIO TRIBUNAL O JUZGADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2002-PL. · Registro digital (IUS): 17721
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y QUINTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, TERCERO DEL SEGUNDO CIRCUITO, TERCERO DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGI
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Agosto de 2003, , Pág. 680.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2002-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y QUINTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, TERCERO DEL SEGUNDO CIRCUITO, TERCERO DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIA: SOFÍA VERÓNICA ÁVALOS DÍAZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. En principio corresponde a esta Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno, en ejercicio de su competencia originaria, calificar el trámite de la remisión de la presente contradicción de tesis, de la Segunda Sala a este Tribunal Pleno.

Lo anterior es así, porque del análisis de los artículos que rigen el trámite de las contradicciones de tesis y en especial de los artículos 10, 11, 14, 21 y 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los diversos acuerdos emitidos por este Tribunal Pleno, que regulan la tramitación de los asuntos, y principalmente de los Acuerdos Plenarios 5/2001 y 4/2002, publicado el primero de ellos en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, julio de 2001, página 1161, relativo a la determinación de la competencia por materia de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al envío de asuntos competencia del Pleno a dichas Salas; y el segundo de ellos referente al envío de asuntos de la competencia originaria del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las Salas, aprobado en sesión de ocho de abril de dos mil dos, se advierte que ninguna de tales disposiciones generales establece que los asuntos radicados originalmente en Sala se envíen directamente al Tribunal Pleno, sino que el Ministro ponente, cuando estima que el asunto es de la competencia del Pleno, formula el dictamen respectivo y con acuerdo del presidente de la Sala se envía al presidente de esta Suprema Corte de Justicia, el que acuerda su radicación en el Pleno, sin intervención de la Sala respectiva.

Sin embargo, este Alto Tribunal califica de legal el trámite de la remisión que se hizo del presente asunto por ser uno de su competencia, según se expresa en el considerando siguiente, ya que la circunstancia de que los indicados artículos y el acuerdo plenario referido, no establezcan en forma expresa que el Ministro ponente pueda remitir directamente, esto es, mediante dictamen al Pleno un asunto originalmente radicado en Sala, no impide o limita al mencionado Ministro a hacerlo en esa vía, sino que en aras de una pronta administración de justicia y por economía procesal, puede remitirlo directamente, sin perjuicio de que este tribunal califique el trámite según corresponda.

Lo anterior es así, si se considera, además, que de conformidad con lo dispuesto en los puntos octavo y noveno del Acuerdo Plenario 5/2001, el Ministro ponente puede devolver al Pleno un asunto que éste haya remitido a las Salas para su resolución, cuando advierta que aquél es el competente para conocer del mismo, sin que esté obligado a presentarlo a la Sala para que ésta acuerde su envío (lo que retardaría innecesariamente el fallo del asunto); en efecto, dichos puntos establecen:

"OCTAVO. Para el envío de los asuntos a las Salas se cumplirá con lo siguiente:

"I. Previo dictamen del Ministro ponente, el subsecretario general de Acuerdos y el secretario de Acuerdos de la Sala respectiva formularán dos proyectos de acuerdo:

"a) Uno, en el que el presidente de la Suprema Corte de Justicia turne el asunto a la Sala que corresponda, que deberá ser aquella en la que se encuentre adscrito el Ministro a quien inicialmente se había turnado el asunto; y

"b) Otro, en el que el presidente de la Sala a la que corresponda el asunto lo radique en ella y turne éste al Ministro a quien inicialmente se le había turnado.

"II. Una vez firmados dichos acuerdos, se agregarán al toca y, con celeridad, se efectuarán los trámites ordenados en tales proveídos;

"III. Cuando se trate de asuntos que se encuentren en la Secretaría General de Acuerdos con proyecto, el Comité de Ministros encargado de las listas ordenará a dicha secretaría que, con noticia a la Subsecretaría General de Acuerdos, envíe los expedientes a las Secretarías de Acuerdos de las Salas para que los citados asuntos se radiquen en éstas y los expedientes se devuelvan a los Ministros ponentes;

"IV. Se harán los ajustes de ingreso y egreso que correspondan en el Pleno y en las Salas."

"NOVENO. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe resolverlo el Tribunal Pleno porque así lo solicite motivadamente un Ministro; o porque se trate de algún caso en el que existiendo precedente del Pleno, de llevarse a cabo la votación se sustentaría un criterio contrario al de dicho precedente, lo devolverá exponiendo las razones de la devolución."

Ahora bien, si la finalidad del último punto transcrito es lograr una pronta administración de justicia, cuando el Ministro ponente advierta que el asunto debe ser resuelto por el Pleno y haya sido enviado a la Sala para su resolución en aras de cumplir dicho propósito, el mencionado Ministro puede devolver el asunto directamente (mediante dictamen) al Pleno, sin necesidad de presentarlo a la Sala de su adscripción para que sea ésta la que lo devuelva; por lo que, atento al principio de derecho que establece que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, ha de considerarse que si el ponente advierte que un asunto radicado originalmente en la Sala a la que está adscrito es competencia del Tribunal Pleno, puede remitirlo directamente a éste; lo anterior, sin perjuicio de que sea el Pleno el que, en ejercicio de su competencia originaria, en su momento, califique dicho trámite.

Es aplicable el criterio aislado del Tribunal Pleno que enseguida se reproduce que, aunque interpreta el derogado Acuerdo Plenario 1/1997, es útil para orientar el criterio adoptado, dado que contiene disposiciones análogas al Acuerdo Plenario 5/2001, que es el que actualmente rige:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS RADICADA ORIGINALMENTE EN ALGUNA DE LAS SALAS. EL MINISTRO PONENTE PUEDE REMITIRLA DIRECTAMENTE, MEDIANTE DICTAMEN, AL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Del análisis de lo dispuesto en los artículos que rigen el trámite de las contradicciones de tesis, y en especial de lo previsto en los artículos 10, 11, 14, 21 y 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los diversos acuerdos emitidos por este Tribunal Pleno, que regulan la tramitación de los asuntos, y principalmente en el Acuerdo Plenario 1/1997 de veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, relativo a la determinación de la competencia por materia de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al envío de asuntos competencia del Pleno a dichas Salas, se advierte que ninguno de ellos establece que los asuntos radicados originalmente en Sala se envíen directamente al Tribunal Pleno, sino que sólo prevén que cuando el Ministro ponente estime que el asunto es de la competencia del Pleno, debe formular el dictamen respectivo y con acuerdo del presidente de la Sala enviarlo al presidente de esta Suprema Corte, quien, en su caso, acordará su radicación en el Pleno, sin intervención de la Sala respectiva. Sin embargo, la circunstancia de que los indicados artículos y el acuerdo plenario referido no dispongan en forma expresa que el Ministro ponente puede remitir directamente, es decir, mediante dictamen, al Pleno un asunto originalmente radicado en Sala, no impide o limita al mencionado funcionario a hacerlo en esa vía, sino que en aras de una pronta administración de justicia y por economía procesal puede remitirlo directamente, sin perjuicio de que el Tribunal Pleno califique el trámite según corresponda. Lo anterior es así, porque si se considera, además, que de conformidad con el contenido de los puntos tercero y quinto del mencionado acuerdo, el Ministro ponente puede devolver al Pleno un asunto que éste haya remitido a las Salas para su resolución cuando advierta que aquél es el competente para conocer del mismo, sin que esté obligado a presentarlo a la Sala para que ésta acuerde su envío, y que atento al principio de derecho que establece que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, es inconcuso que si el ponente se percata de que una contradicción de tesis radicada originalmente en la Sala a la que está adscrito es competencia del Tribunal Pleno, puede enviarla directamente a éste." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIII, abril de 2001. Tesis: P. V/2001. Página: 323).

SEGUNDO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito, que versan sobre un tema de materia común, que acorde con los puntos tercero, fracción VI y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001 y punto segundo del diverso Acuerdo Plenario 4/2002, de ocho de abril del año dos mil dos, son competencia del tribunal, los cuales son del tenor literal siguiente:

Acuerdo Plenario 5/2001.

"TERCERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia conservará para su resolución:

"...

"VI. Las contradicciones entre tesis sustentadas por las Salas o las que se susciten entre los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando se refieran a la materia común; y las que se produzcan entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en términos del párrafo quinto del artículo 99 constitucional."

"CUARTO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Tribunales Colegiados de Circuito."

Acuerdo Plenario 4/2002.

"SEGUNDO. Las contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito que se encuentren en las ponencias y las que estén con proyecto en la Secretaría General de Acuerdos serán enviadas a las Salas de este Alto Tribunal, excepto las que determinen los señores Ministros integrantes del Comité de Listas."

Corrobora lo anterior, lo previsto en el artículo 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que define de qué contradicciones de tesis corresponde conocer al Tribunal Pleno, al señalar:

"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:

"...

"VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis sustentadas por las Salas de la Suprema Corte de Justicia o por los Tribunales Colegiados de Circuito cuando se trate de asuntos que por razón de la materia no sean de la competencia exclusiva de alguna de las Salas, o por el Tribunal Electoral en los términos de los artículos 236 y 237 de esta ley."

Sin que, por otra parte, se advierta que con la emisión del Acuerdo Plenario 4/2002, se hubiera derogado o establecido la modificación de las disposiciones contenidas en el Acuerdo Plenario 5/2001, especialmente la prevista en el punto tercero, fracción VI, que da competencia al Tribunal Pleno para conocer y resolver las contradicciones de tesis que correspondan a la materia común, como es la que se refiere a este toca, pues las disposiciones transitorias del Acuerdo 4/2002, son del tenor literal siguiente:

"PRIMERO. Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

"SEGUNDO. Publíquese este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta."

En consecuencia, la competencia para conocer de la contradicción de tesis a que se refiere este toca corresponde a este Tribunal Pleno.

TERCERO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el licenciado Jorge Alfonso Álvarez Escoto, Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que es uno de los órganos contendientes.

CUARTO. Las consideraciones que sirvieron de sustento al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la queja 21/2001, en la parte conducente, son:

"CUARTO. Es fundada la presente queja. Este cuerpo colegiado considera necesario precisar que el acto reclamado lo constituye la omisión por parte de las autoridades responsables, de ordenar ejecutar complementariamente la resolución presidencial de fecha veintiocho de octubre de mil novecientos sesenta, en la que se dotó de tierras al poblado quejoso, así como el pretender ejecutar resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en terrenos distintos a los ordenados. Por auto de nueve de octubre del año dos mil uno, se admitió la demanda de amparo y se ordenó, entre otras cosas, emplazar a los terceros perjudicados, señalándose las nueve horas con quince minutos del nueve de noviembre de ese año para que tuviera lugar la audiencia constitucional (foja 149); que por escrito fechado y presentado el treinta y uno de octubre del año próximo pasado, Daniel Becerra Carvajal, Alejandro Álvarez Vargas y Francisco Robles González, en su carácter de presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del Comisariado Ejidal del Ejido Emiliano Zapata, presentaron escritos en los cuales anuncian las pruebas pericial de cartografía, testimonial y de inspección ocular (fojas 151 a 157), que por auto de seis de noviembre siguiente se difirió, de oficio, la audiencia constitucional que estaba señalada para el día nueve de ese mes y año y se fijaron las nueve horas con diez minutos del treinta de noviembre próximo, para que tuviera verificativo la misma. En el escrito de agravios, la parte recurrente aduce medularmente que se viola el artículo 151 de la Ley de Amparo, en virtud de que las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, no estuvieron anunciadas dentro de los cinco días que señala dicho precepto, además de que el Juez no pronunció nada respecto a que las admitía para mejor proveer, sin señalar si estaban anunciadas en tiempo o no. De lo anterior se colige que el Juez Federal no procedió correctamente al tener por anunciadas en tiempo las pruebas de que se trata, pues del análisis de las constancias que obran en autos, se aprecia que los escritos mediante los cuales la parte quejosa anunció las pruebas pericial en cartografía, testimonial y de inspección ocular, fueron presentados en la oficina de correspondencia común el treinta y uno de octubre de dos mil uno, y la audiencia constitucional estaba señalada para el día nueve de noviembre de ese año, a las nueve horas con quince minutos, por lo que mediaron entre esas fechas cuatro días hábiles, descontando los días uno, dos, tres y cuatro de noviembre por ser inhábiles, o sea, con menos de cinco días de anticipación al día señalado para que tuviera verificativo la audiencia de ley, es evidente que tal probanza no se anunció con la anticipación que requiere el segundo párrafo del artículo 151 de la Ley de Amparo y, por tanto, no procedía tenerla por ofrecida oportunamente, y tampoco puede aceptarse lo contrario con base en el artículo 227 de esa misma ley, ya que el Juez de Distrito en el auto que se combate no se pronunció al respecto. Específicamente en los artículos 225, 226 y 227 de la Ley de Amparo, se establece a cargo del juzgador la obligación de recabar de oficio todas las pruebas que puedan beneficiar a los sujetos de que se trata y a acordar las diligencias necesarias para precisar sus derechos, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados; a cuidar de que aquéllos tengan la intervención que legalmente les corresponda en la preparación, ofrecimiento y desahogo de las pruebas, cerciorándose de que las notificaciones se les hagan oportunamente, entregándoles las copias de los cuestionarios, interrogatorios o escritos que deben conocer; y a resolver sobre la inconstitucionalidad de los actos reclamados, tal como se hayan probado, aun cuando sean distintos de los invocados en la demanda, la de suplir la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos a favor de los sujetos de derecho agrario. Ahora bien, determinado que el amparo agrario fue establecido con el claro propósito de proteger los derechos agrarios de los núcleos de población ejidales y comunales y de los ejidatarios y comuneros en lo individual, caracterizándose por la obligación que se impone a la autoridad judicial para actuar durante el procedimiento de manera oficiosa para suplir no sólo la deficiencia de la queja, la de exposiciones, comparecencias y alegatos sino, además, la deficiencia de la defensa a favor de los sujetos de derecho agrario; específicamente los artículos antes citados, que constriñen a los Jueces de Distrito a recabar de oficio todas las pruebas que puedan beneficiar a las entidades e individuos mencionados y a acordar las diligencias necesarias para precisar los derechos agrarios de los mismos y la naturaleza y efectos de los actos reclamados, y considerando, por otro lado, que entre las características del amparo agrario no se encuentra la relativa a que debe admitirse la prueba testimonial cuando no es anunciada con la oportunidad señalada en el artículo 151 de la ley de la materia, se concluye que cuando los mencionados sujetos de derecho agrario no anuncien la prueba testimonial que ofrezcan con la anticipación que prevé el artículo 151, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, por lo que el juzgador debió desechar dichas probanzas y no admitirlas, como lo hizo en el caso. Consecuentemente, siendo fundados los conceptos de queja examinados procede declarar fundado el presente recurso de queja, sin que ello impida que el Juez de Distrito si lo estima necesario o conveniente y con base en las prerrogativas que le otorgan los artículos 225 y 226 citados, pueda ordenar su desahogo de manera oficiosa. Tiene aplicación, al respecto, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 131/99, página 322, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala, Tomo X, diciembre de 1999, Novena Época, que dice: ‘TESTIMONIAL EN EL AMPARO AGRARIO. PROCEDE EL DESECHAMIENTO DE LA OFRECIDA POR LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EJIDALES O COMUNALES O POR LOS EJIDATARIOS O COMUNEROS, CUANDO NO SE ANUNCIA CON LA ANTICIPACIÓN REQUERIDA POR EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DE AMPARO, SIN QUE ELLO IMPIDA AL JUZGADOR, SI LO ESTIMA NECESARIO O CONVENIENTE, ORDENAR EL DESAHOGO DE DICHA PRUEBA. De lo dispuesto por los artículos 107, fracción II, de la Constitución, 76 bis, fracción III, 212, 215, 217, 218, 221, 224 a 227 y 231 de la Ley de Amparo, deriva que el amparo agrario fue establecido con el claro propósito de proteger los derechos agrarios de los núcleos de población ejidales y comunales y de los ejidatarios y comuneros en lo individual, caracterizándose por la obligación que se impone a la autoridad judicial para actuar durante el procedimiento de manera oficiosa para suplir no sólo la deficiencia de la queja, la de exposiciones, comparecencias y alegatos, sino además, la deficiencia de la defensa a favor de los núcleos de población ejidales o comunales y de los ejidatarios o comuneros; específicamente los artículos 225 y 226 de la Ley de Amparo, imponen a los Jueces de Distrito el deber de recabar de oficio todas las pruebas que puedan beneficiar a las entidades e individuos mencionados y a acordar las diligencias necesarias para precisar los derechos agrarios de los mismos y la naturaleza y efectos de los actos reclamados. Asimismo, deriva de los preceptos citados que todas las prerrogativas que se otorgan a los núcleos de población ejidal y a los ejidatarios y comuneros en particular se encuentran señaladas expresamente y, entre ellas, no aparece la relativa a que tratándose de asuntos en materia agraria si no se anuncia la prueba testimonial oportunamente, en los términos del artículo 151 de la Ley de Amparo, la misma no podrá desecharse. Por tanto, cuando los mencionados sujetos de derecho agrario no anuncien la prueba testimonial con la anticipación debida, el juzgador debe desecharla, sin que ello impida que si lo estima necesario o conveniente y con base en especial en las atribuciones que le otorgan los artículos 225 y 226 de la Ley de Amparo, pueda ordenar de oficio el desahogo de la prueba. Con lo anterior se respeta lo establecido por el artículo 151 de la ley de la materia, así como el régimen tutelar que consagra esa ley a favor de los sujetos de derecho agrario, pues conforme a dicho artículo no procede admitir la prueba testimonial cuando no se ofrece con la anticipación que prevé, pero los derechos agrarios quedan protegidos al permitirse al juzgador ordenar el desahogo de la prueba cuando lo considere necesario o conveniente.’."

El voto particular formulado por el Magistrado denunciante Jorge Alfonso Álvarez Escoto, en su parte conducente, dice:

"A juicio del que emite el presente voto, es muy obvio que el recurrente no tiene razón al sostener que para medir la anticipación con que debieron anunciarse las pruebas en cuestión, deben tenerse como días inhábiles, de los descritos en el artículo 151 de la Ley de Amparo, los días uno y dos de noviembre de dos mil. Los días inhábiles están claramente marcados en la Ley de Amparo y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y si el núcleo de población oferente de las probanzas se atuvo a lo que la ley marca para cumplir con la carga procesal de anunciar pruebas con la debida anticipación, el hecho de que por una decisión del Juzgado de Distrito, apoyada en el correspondiente acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal, se hayan inhabilitado esos dos días mencionados, no puede producir consecuencias en perjuicio de las partes, en la especie, concretamente de la parte que ofreció la prueba, en tanto que, repito, debe atenderse a lo que marca la ley, no al hecho no previsto por ésta. La noticia sobre los plazos, condiciones y demás circunstancias que deben atenderse para que las partes en el juicio de amparo cumplan con sus deberes procesales proviene de la ley, y lógicamente a ésta hay que atender para actuar en consecuencia. La Ley de Amparo no previene que los días uno y dos de noviembre sean inhábiles, tampoco lo hace la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es cierto que en casos excepcionales no previstos por la ley, podrán concurrir circunstancias que influyan y produzcan consecuencias respecto de las cargas procesales que las partes deban cumplir, mas para ello lógicamente sería necesario que el o los interesados reciban oportunamente la noticia correspondiente, para estar en aptitud de conducirse adecuadamente, a fin de hacer valer sus derechos, o bien, dejar de hacerlo, pero conscientemente. Así pues, me parece fuera del orden jurídico que mis compañeros, en la precedente sentencia, hayan convenido con el recurrente en que el anuncio de las pruebas no se dio oportunamente, tomando en cuenta la situación de hecho, no de derecho, consistente en que el Juzgado de Distrito había inhabilitado dos días, de los que hicieron la ponderación de que se trata. Estimo que el punto no exige mayor explicación. Diversos tribunales asumen la misma postura del suscrito. Lo hace el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la tesis I.3o.A.140 K, publicada en la página cuatrocientos cuarenta y tres del Tomo XIV, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. Asimismo, se pronuncia el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del propio Primer Circuito, en la tesis publicada en la página quinientos cincuenta y nueve del Tomo I, Segunda Parte-2, enero a junio de 1988, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. El Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, igualmente sostiene tal criterio en la tesis que se lee en la página trescientos treinta y ocho del Tomo X, septiembre de 1992, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. Para los fines de este voto considero que es suficiente con transcribir íntegramente el contenido de la tesis que aludo en primer lugar. Es del tenor siguiente: ‘SUSPENSIÓN DE LABORES. LA QUE SE PRODUCE POSTERIORMENTE AL OFRECIMIENTO DE LAS PRUEBAS QUE DEBEN ANUNCIARSE CON ANTICIPACIÓN, NO DEBE PERJUDICAR AL OFERENTE EN CUANTO AL CÓMPUTO DEL PLAZO RESPECTIVO. Los días inhábiles para la promoción, sustanciación y resolución de juicios de amparo y la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación son conceptos esencialmente distintos, aunque ambos producen como efecto la inactividad de esos órganos. La inhabilitación de tales días, prevista en el artículo 23 de la Ley de Amparo, constituye una decisión del legislador federal, mientras que dicha suspensión se produce por un acuerdo que emite la Suprema Corte de Justicia. Así tenemos que aquéllos son identificables en todo momento, a partir de que entró en vigor la citada disposición legal; a diferencia de la suspensión de labores, misma que sólo puede conocerse una vez que es decretada y oficialmente se da noticia de ella. Lo anterior permite concluir que los días inhábiles por ley siempre son computables como tales en todo plazo; opuestamente a lo que ocurre con los inhabilitados por suspensión de labores, pues a causa de ésta sólo deben ser considerados como inhábiles aquellos días en que la misma suspensión constituye una circunstancia ya acontecida o ya conocida por la parte interesada, al momento en que comparece ante el órgano jurisdiccional de que se trate, ya sea anunciando sus pruebas o impugnando alguna resolución. Consecuentemente, si entre la fecha de ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial y de inspección, que deben anunciarse con determinada anticipación y la de celebración de la respectiva audiencia operó una suspensión de labores en el juzgado del conocimiento, cuyo efecto es la inhabilitación de uno o más días, éstos no deben considerarse como inhábiles al practicarse el cómputo de ley, si con ello se perjudica al oferente, a menos que conste que aquél conocía o estaba obligado a conocer de esa suspensión; de lo contrario, injustificadamente estaría reduciéndose la anticipación con que el interesado hubiese anunciado sus pruebas y todo ello como producto de un hecho acontecido con posterioridad al correspondiente ofrecimiento de sus pruebas, que en ese instante le resultaba desconocido, en razón de tratarse de un día inhabilitado no por decisión legislativa, sino por un acuerdo judicial difundido después del mismo ofrecimiento. En consecuencia, si la suspensión de labores producida después del ofrecimiento de las preindicadas pruebas impide la debida preparación de éstas, para su desahogo, entonces el juzgador de amparo estará facultado para posponer la celebración de la audiencia en que aquéllas deban desahogarse; pero no debe tenerlas por anunciadas sin la debida anticipación, en perjuicio de interesado, pues resultaría injustificado reducir esa anticipación por una causa de fuerza mayor ajena al conocimiento y al control de aquél, quien al ofrecer sus pruebas únicamente puede tener la certeza jurídica que le brinda la ley, en cuanto al señalamiento de días inhábiles.’."

QUINTO. La ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 1163/94, en su parte considerativa dice, en lo conducente:

"QUINTO. En el primero de los conceptos de agravio que la parte inconforme externa contra la sentencia recurrida, se aduce que ésta es violatoria de los artículos 2o., 23 y 151 de la Ley de Amparo. En primer término, la inconforme aduce que tal violación obedece a que el a quo ‘no precisa la causa ni la razón ni consideración de hecho porque conforme a lo dispuesto por el 151 de la Ley de Amparo no se presentó en el término que establece esa disposición legal el escrito en que se anuncia la prueba, dejándonos en estado de indefensión para impugnar al carecer de la debida motivación y fundamentación legal’, agregando que esa forma de proceder infringe el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Resulta parcialmente fundado dicho razonamiento de impugnación, habida cuenta de que la determinación del juzgador de primera instancia, consistente en desechar las pruebas testimonial y de inspección ocular, está fundada en el artículo 151 de la Ley de Amparo; pero efectivamente no se citan los motivos de ese desechamiento, en forma detallada, pues el a quo únicamente señala que tales pruebas no fueron ofrecidas dentro del término de cinco días previsto en la citada disposición legal, sin haber señalado cuáles son los días que el propio juzgador consideró como hábiles y cuáles como inhábiles, omisión que en realidad representa una deficiente motivación de la referida determinación que ahora impugnan los revisionistas. Por otro lado, la parte recurrente sostiene que, en el caso concreto, debieron ser admitidas las pruebas de inspección ocular y testimonial que aquélla ofreció en términos de su escrito presentado el dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, aduciendo que entre esa fecha y la de celebración de la audiencia constitucional sí mediaron los cinco días hábiles a que se refiere el artículo 151 de la Ley de Amparo. A fin de demostrar lo anterior, los inconformes señalan que ‘de acuerdo con los artículos 23 y 151 de la Ley de Amparo, el día 18 de febrero de 1994 (viernes) no debe tomarse; los días de febrero 19 y 20 (inhábiles sábado y do

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17721-7c7d25db/dias-inhabiles-para-el-anuncio-de-las-pruebas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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