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Modo: Corpus Pro

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CÁLCULO PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE DERIVADA DE UN RIESGO DE TRABAJO, CONFORME A LO PREVISTO EN LA CLÁUSULA 61, INCISO C), DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO (1996-1998). CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. LAS CLÁUSULAS QUE CONTIENEN PRESTACIONES EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES, QUE EXCEDEN LAS ESTABLECIDAS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SON DE INTERPRETACIÓN ESTRICTA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 126/2003-SS. · Registro digital (IUS): 18214
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, , Pág. 592.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 126/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIOS: JOSÉ LUIS RAFAEL CANO MARTÍNEZ Y SOFÍA VERÓNICA ÁVALOS DÍAZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO-Las consideraciones que sirvieron de sustento al Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver por unanimidad de votos el juicio de amparo directo AD. 483/2003, promovido por David Lira Valenzuela, en la parte conducente dicen:

"SEXTO. ... En cambio, este Tribunal Colegiado advierte que en el caso procede suplir la queja deficiente conforme con lo establecido por el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, por cuanto hace al cálculo realizado por la Junta responsable para determinar los días que debe pagar la demandada Comisión Federal de Electricidad, por concepto de indemnización. Así es, este tribunal estima que fue incorrecta la forma en que la responsable llevó a cabo las operaciones tendentes a calcular los porcentajes que han de cubrir las demandadas por la indemnización. El artículo 58 de la Ley del Seguro Social, en sus fracciones II y III, en lo conducente, señala: ‘Artículo 58. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones en dinero: ... II. Al declararse la incapacidad permanente total del asegurado, éste recibirá una pensión mensual definitiva equivalente al setenta por ciento del salario en que estuviere cotizando en el momento de ocurrir el riesgo. En el caso de enfermedades de trabajo, se calculará con el promedio del salario base de cotización de las cincuenta y dos últimas semanas o las que tuviere si su aseguramiento fuese por un tiempo menor para determinar el monto de la pensión ... III. Si la incapacidad declarada es permanente parcial ... El monto de la pensión se calculará conforme a la tabla de valuación de incapacidad contenida en la Ley Federal del Trabajo, tomando como base el monto de la pensión que correspondería a la incapacidad permanente total ...’. Por su parte, la cláusula 61 del contrato colectivo de trabajo celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y el sindicato de sus trabajadores, en lo que aquí interesa, establece: ‘c) Incapacidad parcial permanente. Cuando el riesgo de trabajo produzca incapacidad parcial permanente, los trabajadores afectados recibirán de la Comisión Federal de Electricidad la indemnización calculada sobre la base de 1640 (un mil seiscientos cuarenta) días de salario que percibía el trabajador al momento de sufrir el riesgo y los aumentos posteriores que correspondan al empleo que desempeñaba, hasta que se declare su incapacidad permanente y se determine la indemnización a que tenga derecho conforme a la tabla de valuación de la ley, Comisión Federal de Electricidad efectuará el pago en forma expedita ...’. No pasa inadvertido que el contrato alude en general a riesgo de trabajo y no a enfermedad profesional en específico; sin embargo, conforme con la definición contenida en el artículo 473 de la Ley Federal del Trabajo, por riesgo de trabajo debe entenderse los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Mientras que los artículos 492 y 495 de la Ley Federal del Trabajo, indican: ‘Artículo 492. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente parcial, la indemnización consistirá en el pago del tanto por ciento que fija la tabla de valuación de incapacidades, calculando sobre el importe que debería pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente total. Se tomará el tanto por ciento que corresponda entre el máximo y el mínimo establecidos, tomando en consideración la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad y la mayor o menor aptitud para ejercer actividades remuneradas, semejantes a su profesión u oficio. Se tomará asimismo en consideración si el patrón se ha preocupado por la reeducación profesional del trabajador.’. ‘Artículo 495. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente total, la indemnización consistirá en una cantidad equivalente al importe de mil noventa y cinco días de salario.’. Precisado lo anterior, la cláusula 61 del referido contrato colectivo establece que la indemnización que se otorgará a un trabajador por incapacidad parcial permanente se calculará con base en mil seiscientos cuarenta días de salario, pero, tomando en cuenta que el Instituto Mexicano del Seguro Social se subroga a la empresa demandada en el pago de mil noventa y cinco días, es evidente que la Comisión Federal de Electricidad debe pagar el monto que constituye la diferencia entre la cantidad que originalmente se encontraba obligada a liquidar según lo estipulado en el pacto colectivo aludido y aquella que será cubierta por la institución encargada de la seguridad social en nuestro país. Respecto a la obligación de la parte patronal de velar que las indemnizaciones por riesgo de trabajo sean cubiertas en su totalidad, solventando la diferencia que no se encuentra amparada por la subrogación del Seguro Social, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia número cuatrocientos cincuenta y ocho, sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos tres del Tomo V, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: ‘RIESGOS DE TRABAJO, INDEMNIZACIÓN EN CASO DE SUBROGACIÓN POR EL SEGURO SOCIAL. EQUIVALENCIA JURÍDICA DE LAS PRESTACIONES.’ (se transcribe). Así las cosas, de la lectura integral de los numerales antes transcritos, se aprecia, en primer lugar, que debe obtenerse el promedio de las últimas cincuenta y dos semanas de pago del trabajador, dicha cotización habrá de multiplicarse por mil noventa y cinco días y, de tal resultado, obtener el setenta por ciento a que alude el artículo 58 de la Ley del Seguro Social; enseguida, sobre el resultado anterior, calcular el porcentaje que corresponde al grado de incapacidad determinado al aquí quejoso por la enfermedad profesional a él diagnosticada, dando como resultado la cantidad respecto de la cual se subroga el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora bien, para llegar a la cantidad que originalmente había de pagar el patrón como indemnización, es preciso multiplicar el último salario diario integrado percibido, por mil seiscientos cuarenta días y de tal producto obtener el porcentaje que corresponde al grado de incapacidad determinado. A dicho resultado debe restarse la cantidad por la que se subroga el Instituto Mexicano del Seguro Social y, su diferencia, es la cantidad que habrá de pagar el patrón. Es aplicable al caso la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, cuyo criterio comparte este cuerpo colegiado, visible en la página mil setecientos cuarenta y uno del Tomo XIV, diciembre de dos mil uno, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: ‘INDUSTRIA AZUCARERA. INDEMNIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO (INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL). SU CUANTIFICACIÓN DEBE REALIZARSE CON BASE EN EL SALARIO INTEGRADO EN TÉRMINOS DEL CONTRATO-LEY.’ (se transcribe). Asimismo, es aplicable por analogía la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página mil sesenta y ocho del Tomo XVII, febrero de dos mil tres, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, conformada con el rubro y texto siguientes: ‘INDUSTRIA AZUCARERA. INDEMNIZACIÓN POR MUERTE DERIVADA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (PENSIÓN POR VIUDEZ Y ORFANDAD). SU CUANTIFICACIÓN DEBE REALIZARSE CON BASE EN EL SALARIO INTEGRADO EN TÉRMINOS DEL CONTRATO-LEY.’ (se transcribe). Ahora bien, este tribunal de amparo estima que la forma aquí establecida de cuantificar la diferencia entre el monto originalmente pactado entre la empresa paraestatal demandada y el sindicato que ostenta la titularidad del contrato colectivo de trabajo de sus empleados como indemnización por riesgos de trabajo y la que subroga el Instituto Mexicano del Seguro Social, es la correcta en virtud de que ésta es la única manera en que se respeta la voluntad de las partes contratantes. Así es, fue voluntad libre y expresa de ambas partes contratantes establecer en relación con las indemnizaciones por riesgo de trabajo diferencias esenciales a las contempladas en la legislación, mejorando sustancialmente para la clase obrera los términos en que deberían cubrirse aquéllas, pues por una parte, se fijó que el importe sería el correspondiente a un mayor número de días de salario, así como que éste debería ser el integrado que perciba el trabajador al momento de sufrir el riesgo. Por otra parte, al efectuarse la subrogación por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, el pago de la pensión legal correspondiente se cuantifica en términos diversos a los pactados contractualmente por la empresa demandada y sus trabajadores, pues la pensión que liquida dicho organismo descentralizado equivale solamente al setenta por ciento del promedio del salario base de cotización de las cincuenta y dos últimas semanas, mientras que el contractual equivale al salario percibido al momento en que se determina la incapacidad. En consecuencia, resulta inconcuso que a efecto de que el trabajador que padezca de una incapacidad permanente parcial reciba la cantidad que por indemnización se convino contractualmente entre la Comisión Federal de Electricidad y sus empleados, es necesario que aquélla no únicamente liquide la diferencia en días de salario existente entre lo establecido por el pacto colectivo (mil seiscientos cuarenta días) y la ley laboral (mil noventa y cinco días), sino se requiere que también sufrague lo relativo al menoscabo derivado de las bases de que se parte para el establecimiento de la pensión por cuenta del Seguro Social, esto es, el considerar sólo el setenta por ciento del promedio del salario cotizado en las últimas cincuenta y dos semanas, frente al ciento por ciento del último salario integrado del trabajador establecido en el contrato colectivo de trabajo. De esta manera se resguarda el respeto irrestricto no solamente de las voluntades de los contratantes, sino que se patentiza el cumplimiento en sus términos de una prerrogativa sindical alcanzada por los miembros de la clase trabajadora; dado que, si bien es cierto la ley establece los parámetros mínimos que se deben de observar, nada impide que tales condiciones puedan ser mejoradas por acuerdo de las partes, como ocurrió en el caso y, en este supuesto, al derivar del propio contrato colectivo la indemnización en las condiciones pactadas, dicha prerrogativa se convierte en un compromiso que por mandato legal debe ser acatado en sus términos, o sea, que la cantidad por indemnización que originalmente se hubiese entregado al trabajador debe ser la misma a la que finalmente reciba, siendo responsabilidad de la parte empleadora solventar el resto del monto una vez deducida la cantidad subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Respecto al tema en comento no se soslaya la existencia de la tesis jurisprudencial visible en la página seiscientos treinta y ocho del Tomo X, agosto de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de este propio Circuito, que dice: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO (VIGENTE EN 1996-1998) INTERPRETACIÓN DE LA CLÁUSULA 61, INCISOS B) Y C).’ (se transcribe). Tampoco pasa inadvertida la tesis del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página mil ochenta y cuatro del Tomo XVII, febrero de dos mil tres, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que también aborda el tema relativo a la cuantificación de las indemnizaciones por riesgo de trabajo cuando el contrato colectivo respectivo prevé un mayor número de días al establecido en la legislación laboral, y cuyos apostillado y texto son los siguientes: ‘LUZ Y FUERZA DEL CENTRO. CORRESPONDE A ÉSTA PAGAR LA DIFERENCIA ENTRE LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN LA CLÁUSULA 78, FRACCIÓN III, DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO (BIENIO 1996-1998) Y LA DE MIL NOVENTA Y CINCO DÍAS, CUANDO EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL OTORGA PENSIÓN POR RIESGO DE TRABAJO.’ (se transcribe). Sin embargo, dichas tesis no resultan obligatorias para este cuerpo colegiado por emanar de órganos jurisdiccionales jerárquicamente iguales, y respecto de las cuales no se comparte el criterio en ellas contenido, pues, además de las razones reseñadas con antelación, al concluir los criterios con los que se disiente que la parte empleadora únicamente debe pagar lo atinente a los quinientos cuarenta y cinco días restantes, frente al sostenido por este Tribunal Colegiado que incluye además lo referente a la parte que inicialmente abarca la subrogación del seguro social por encontrarse dentro de los mil noventa y cinco días pero que, por la manera en que dicho organismo liquida la pensión respectiva, realmente no le es cubierta al trabajador, en el supuesto de que existiera alguna duda en cuanto a cuál interpretación debe prevalecer, la forma en que aquí se resuelve el problema jurídico en estudio, resulta ser la más favorable a la parte trabajadora, por lo que se está acorde al contenido del artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece que en la interpretación de las normas de trabajo, en casos de duda, prevalecerá la que más beneficie al obrero. En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado, sólo por lo que hace a la determinación de la indemnización por riesgo de trabajo demandada por el trabajador y dicte otro en el que, de acuerdo con lo establecido en la parte final de este considerando, cuantifique correctamente la cantidad que deba ser cubierta por el concepto indicado y, en caso de no contar con los elementos necesarios, ordene la apertura del incidente de liquidación correspondiente en términos del artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, como se estima que existe contradicción entre los criterios anteriormente referidos y el que se sostiene en esta ejecutoria, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, denúnciese tal contradicción ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."

CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito al resolver el juicio de amparo directo número 112/98, promovido por Guadalupe Peña Tovar, en su parte conducente expuso:

"QUINTO. Previamente es conveniente precisar que este órgano colegiado sólo se avoca al análisis del concepto de violación indicado con el inciso B) en virtud de que la parte quejosa en auto de treinta y uno de marzo del año en curso (foja 29 del cuaderno de amparo) se conformó con el laudo emitido por la Junta responsable en sus resolutivos tercero y quinto, y se desistió del concepto de violación señalado bajo el inciso A) de la demanda de garantías. Señalando lo anterior, por lo que respecta al concepto de violación que se analiza relativo a la subrogación planteada por la codemandada Comisión Federal de Electricidad respecto a la indemnización por riesgo de trabajo, resulta infundado. En efecto, la parte quejosa aduce que la autoridad responsable no toma en consideración que el Instituto Mexicano del Seguro Social, cubre la pensión por incapacidad parcial permanente derivada de enfermedades de tipo profesional, a razón de un setenta por ciento del salario cotizado por el trabajador, mas no así con el cien por ciento del salario integrado y real percibido y que, por tanto, la diferencia entre ambos porcentajes, es decir el treinta por ciento de los mil noventa y cinco días que se subroga el instituto, más la diferencia entre salario cotizado y el salario integrado percibido por el trabajador, debe quedar a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora bien, en el laudo combatido la Junta determinó al respecto lo siguiente: (se transcribe). En el punto resolutivo cuarto del laudo que se combate, dice: (se transcribe). Al respecto también es conveniente señalar que en materia de riesgos de trabajo la Ley Federal del Trabajo enumera en su artículo 477 los siguientes: I. Incapacidad temporal; II. Incapacidad permanente parcial; III. Incapacidad permanente total; y IV. La muerte. En cuanto a lo que interesa en el presente asunto, se verá únicamente por lo que hace a las fracciones II y III del numeral transcrito. La incapacidad permanente parcial que regula el artículo 492 del ordenamiento legal mencionado señala: ‘Artículo 492. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente parcial, la indemnización consistirá en el pago del tanto por ciento que fija la tabla de valuación de incapacidades, calculado sobre el importe que debería pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente total. Se tomará el tanto por ciento que corresponda entre el máximo y el mínimo establecidos, tomando en consideración la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad y la mayor o menor aptitud para ejercer actividades remuneradas, semejantes a su profesión u oficio. Se tomará asimismo en consideración si el patrón se ha preocupado por la reeducación del trabajador.’. Por su parte el artículo 495 de la ley laboral que contempla la incapacidad permanente total a la letra dice: ‘Artículo 495. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente total, la indemnización consistirá en una cantidad equivalente al importe de mil noventa y cinco días de salario.’. Los preceptos legales transcritos señalan como regla general que la manera de indemnizar al trabajador que sufra un riesgo de trabajo es la siguiente: A) Incapacidad permanente total: Cantidad equivalente a 1095 días de salario. B) Incapacidad permanente parcial: Es el resultado que se obtenga del porcentaje de afectación que se le haya determinado al trabajador por el riesgo de trabajo por 1095 días de salario. Los pagos o formas de liberación por la responsabilidad, correspondiente a las incapacidades que se determinen conforme al ordenamiento en comento, se realizarán a través de indemnizaciones. Por su parte, el sistema consagrado en la Ley del Seguro Social, consiste en pensiones y no indemnizaciones, tal como se estipula en la Ley Federal del Trabajo. El artículo 60 de la Ley del Seguro Social señala que el patrón que haya asegurado a los trabajadores a su servicio contra riesgos de trabajo, quedará relevado del cumplimiento de las obligaciones por responsabilidad que por dicha clase de riesgos establece la Ley Federal del Trabajo; entendiéndose que subrogar significa relevar al obligado (patrón) del cumplimiento íntegro de sus obligaciones aun cuando la equivalencia de sus prestaciones no sea coincidente en lo aritmético de acuerdo como lo disponen las tesis de jurisprudencia, aplicadas por analogía, consultables en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo V, Materia de Trabajo, tesis 457 y 458, páginas 302 y 303, que respectivamente dicen: ‘RIESGO DE TRABAJO, INDEMNIZACIÓN A CARGO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN CASO DE. BENEFICIARIOS.’ (se transcribe). ‘RIESGOS DE TRABAJO, INDEMNIZACIÓN EN CASO DE SUBROGACIÓN POR EL SEGURO SOCIAL. EQUIVALENCIA JURÍDICA DE LAS PRESTACIONES.’ (se transcribe). En esta tesitura, la regla que se consigna en la Ley del Seguro Social para solventar los riesgos de trabajo, en tratándose, ya sea de incapacidad permanente total o incapacidad permanente parcial, se encuentra prevista en el artículo 65, fracciones II y III, las que en su parte conducente son del tenor literal siguiente: ‘Artículo 65. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones en dinero: ... II. Al ser declarada la incapacidad permanente total del asegurado, éste recibirá una pensión mensual de acuerdo con la siguiente tabla: ... Los trabajadores inscritos en el grupo w tendrán derecho a recibir una pensión mensual equivalente al setenta por ciento del salario diario en que estuviere cotizando. III. Si la incapacidad declarada es permanente parcial, el asegurado recibirá una pensión calculada conforme a la tabla de valuación de incapacidad contenida en la Ley Federal del Trabajo, tomando como base el monto de la pensión que correspondería a la incapacidad permanente total.’. Una vez hecha la distinción entre el sistema que se contempla en la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, se puede concluir que: A) Tratándose de incapacidad permanente total la indemnización consistirá en: a.1) 100% de los 1095 días de salario conforme a la Ley Federal del Trabajo. B) Tratándose de incapacidad permanente parcial la indemnización consistirá en: b.1) La parte proporcional que se obtenga de los 1095 días, de acuerdo al porcentaje de incapacidad que se haya determinado al trabajador con motivo del riesgo de trabajo (conforme a la Ley Federal del Trabajo). Los anteriores conceptos se tendrían que pagar de esa manera (como indemnización en una exhibición) si el patrón no tuviese asegurados a sus trabajadores y, por tanto, no hubiera subrogación por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. En cambio si el patrón tiene asegurados a sus trabajadores, el riesgo de trabajo se cubrirá con pensión (entregas periódicas) a cargo del instituto de la siguiente manera: A) Tratándose de incapacidad permanente total, la pensión consistirá en un 70% del salario en que se estuviese cotizando. Debe entenderse que el porcentaje en mención no implica que sea un 70% de los 1095 días, sino que equivale a un 100% de los 1095 días, ya que se trata de una equivalencia jurídica y no aritmética de acuerdo con la tesis que se citó con antelación. B) Tratándose de incapacidad permanente parcial, la pensión consistirá en el porcentaje de incapacidad que se aplicará al 70% del salario en que se estuviese cotizando. Sentado lo anterior, cabe señalar que resulta infundado lo aducido por la parte quejosa, ya que la determinación de la Junta responsable, contrariamente a lo aducido, fue correcta pues no es cierto el hecho de que se le adeude un 30% de los 1095 días a que la Junta condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que éste sólo tiene que pagar una pensión sobre la base de un 70% del salario lo que equivale a los 1095 días, pues como ha quedado indicado con antelación, una forma de pago o liberación, a través de una pensión (pagos periódicos) constituye un porcentaje jurídico y no aritmético, es decir, equivaldría al 100% en caso de que se tratase de una indemnización por incapacidad total o, en su defecto, al porcentaje equivalente que resulte del grado de incapacidad que se haya determinado al trabajador si la incapacidad es parcial. Por tanto, si en el caso el Instituto Mexicano del Seguro Social ya otorgó una pensión al trabajador en el porcentaje que le corresponda en atención al grado de incapacidad que se le haya determinado (28%), éste subrogó en la obligación que tenía el patrón en razón de los 1095 días a que se refiere el artículo 495 de la Ley Federal del Trabajo. En esta misma tesitura, debe hacerse igual consideración por lo que respecta a lo señalado por la Junta responsable al establecer que por lo que respecta al excedente que el Contrato Colectivo de Trabajo de la Comisión Federal de Electricidad otorga a sus trabajadores que en este caso son 1640 días de salario, es sobre la base del diferencial respectivo que deberá de determinar el monto de la indemnización, es decir, sobre la base de 545 días se deberá de aplicar el porcentaje que corresponde al 28% que es la incapacidad que en este caso se determinó al trabajador. Para mejor claridad del asunto es conveniente señalar que en el Contrato Colectivo de Trabajo de la Comisión Federal de Electricidad se reproduce y parte de reconocer como válido lo previsto en la Ley Federal del Trabajo en su título noveno, sin perjuicio de lo cual procede transcribir la cláusula 61, incisos b) y c), del contrato colectivo citado que es del tenor literal siguiente: ‘Cláusula 61. Riesgos de Trabajo. ... b) Incapacidad total permanente. Cuando resulte al trabajador por riesgo de trabajo, incapacidad total permanente, la CFE pagará una indemnización equivalente al importe de 1,640 (un mil seiscientos cuarenta) días de salario que percibía al ocurrirle el riesgo, incrementado con los aumentos que correspondan al puesto que desempeñaba desde la fecha del riesgo a la del pago de la indemnización, más una compensación de 20 (veinte) días del mismo salario, por cada año de servicio. c) Incapacidad parcial permanente. Cuando el riesgo de trabajo produzca incapacidad parcial permanente, los trabajadores afectados recibirán de la CFE la indemnización calculada sobre la base de 1,640 (un mil seiscientos cuarenta) días de salario que percibía el trabajador al momento de sufrir el riesgo y los aumentos posteriores que correspondan al empleo que desempeñaba, hasta que se declare su incapacidad permanente y se determine la indemnización a que tenga derecho conforme a la tabla de valuación de la ley. CFE efectuará el pago en forma expedita.’. De lo transcrito se puede concluir que: A) Tratándose de una incapacidad total permanente el trabajador tendrá derecho a una indemnización por el 100% de los 1640 días de salario. B) Tratándose de una incapacidad parcial permanente, tendrá derecho a la parte proporcional que se obtenga de los 1640 días de salario de acuerdo al porcentaje de incapacidad que se haya determinado al trabajador con motivo del riesgo de trabajo. En consecuencia, si en el caso concreto se determinó al quejoso una incapacidad parcial permanente de un 28% y el excedente de los días del salario de incapacidad con motivo del contrato colectivo de trabajo son 545 días, resulta que la determinación de la Junta fue correcta al establecer que la codemandada debe de pagar como indemnización la cantidad que se obtenga de aplicar el porcentaje del 28% a los 545 días de salario. En razón de lo anterior, y al estar perfectamente ajustada a derecho la decisión de la Junta responsable, lo conducente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados."

Derivado de ese asunto y de lo resuelto en los diversos juicios de amparo directo números 121/98, 112/98, 47/98, 253/98 y 184/98 surgió la tesis de jurisprudencia siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: X, agosto de 1999

"Tesis: VIII.1o. J/13

"Página: 638

"COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO (VIGENTE EN 1996-1998) INTERPRETACIÓN DE LA CLÁUSULA 61, INCISOS B) Y C). El Contrato Colectivo de Trabajo de la Comisión Federal de Electricidad parte de reproducir y reconocer como válido lo previsto en la Ley Federal del Trabajo en su título noveno que establece como riesgos de trabajo, entre otras, la incapacidad total permanente y la incapacidad parcial permanente, con la única diferencia o particularidad que los riegos de trabajo en el caso del contrato colectivo se solventarán con 1640 días de salario cuando el trabajador no esté inscrito en el Seguro Social. Sin embargo, en el caso de que el trabajador se encuentre asegurado, el Instituto Mexicano del Seguro Social se subroga en la obligación que originalmente le corresponde al patrón solventando el riesgo de trabajo con pensión que equivale a 1095 días de salario, quedando obligada la Comisión Federal de Electricidad al pago de la indemnización del excedente de los 1095 días, es decir, deberá pagar 545 días para cumplimentar así los 1640 días que contempla el contrato mencionado. Ahora bien, de la interpretación de la cláusula 61, incisos b) y c) se concluye que tratándose de una incapacidad total permanente, el trabajador tendrá derecho a una indemnización por el 100% de los 1640 días de salario que establece el contrato colectivo si no está asegurado o al 100% del excedente de los 545 días de salario si es asegurado; mientras que cuando se trate de una incapacidad parcial permanente, el trabajador tendrá derecho a la parte proporcional que se obtenga de los 1640 días de salario, de acuerdo al porcentaje de incapacidad que se haya determinado al trabajador con motivo del riesgo de trabajo, cuando éste no esté asegurado o a la parte proporcional de los 545 días de salario si está asegurado."

QUINTO. La ejecutoria dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el amparo directo 12076/2002, promovido por Rubén García Meza, en su parte conducente, dice:

"CUARTO. En el concepto de violación propuesto, la parte quejosa sostiene que la autoridad responsable al emitir el laudo que se reclama, contraviene los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República; 2o., 3o., 18, 356, 386, 492, 495, 514, fracción 351, de la Ley Federal del Trabajo; 24, 53 y 58 de la Ley del Seguro Social de mil novecientos noventa y siete, también hace lo mismo con la cláusula 78, fracción III, inciso a), párrafo tercero, del contrato colectivo de trabajo; lo anterior es así, pues la Junta resolvió que es procedente la excepción de plus petitio propuesta por Luz y Fuerza del Centro, argumentando que al encontrarse inscrito el trabajador entre el régimen de seguridad social, opera la subrogación por riesgo de trabajo; lo que resulta totalmente improcedente, pues si bien es cierto el trabajador se encuentra inscrito en el régimen de seguridad social, no resulta procedente dicha excepción, ya que como intentó c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18214-839abadf/comision-federal-de-electricidad-calculo-para-efectuar-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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