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Modo: Corpus Pro

DESPIDO. CUANDO CORRESPONDE ACREDITARLO AL TRABAJADOR, NO ES NECESARIO DEMOSTRAR QUE QUIEN LO HIZO TUVIERA FACULTADES PARA ELLO. DESPIDO. CUANDO SE ATRIBUYE A OTRO EMPLEADO DE LA MISMA FUENTE DE TRABAJO, NO CORRESPONDE AL TRABAJADOR DEMOSTRAR QUE QUIEN LO HIZO TENÍA FACULTADES PARA ELLO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2004-SS. · Registro digital (IUS): 18227
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉ
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, , Pág. 667.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIO: CÉSAR DE JESÚS MOLINA SUÁREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de junio de dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia corresponden a la materia laboral en cuyo conocimiento está especializada esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la hicieron los Magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito que fue el que emitió uno de los criterios que participan en la presente contradicción y quien tiene facultad para ello, de conformidad con el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que expresamente dispone:

"Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que lo integren, o la partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. ..."

TERCERO. El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver por acuerdo del veintisiete de octubre de dos mil tres el amparo directo 528/2003-4o. laboral, en la parte conducente de dicha resolución, determinó:

"En otro orden de ideas, este Pleno considera que el único motivo de disenso hecho valer por el quejoso resulta infundado. En efecto, no asiste razón a quien aquí se duele cuando sostiene que la autoridad responsable aplicó inexactamente lo previsto en los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, al haber calificado de buena fe la oferta de trabajo, porque -dice- la patronal ofreció el trabajo en condiciones diferentes a las que se venían desempeñando, al haberlo ofertado con un horario de ocho horas cuando había aceptado que laboraba siete horas y media, además de que al señalar el salario precisó que era a destajo por block realizado, mas no señaló la cantidad correspondiente a cada uno de ellos. Para arribar a la anterior determinación es necesario transcribir las consideraciones vertidas por la autoridad responsable al momento de calificar la oferta de trabajo: ‘... oferta de trabajo que es considerada de mala fe por el H. Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con residencia en esta ciudad capital en su ejecutoria dictada dentro del juicio de amparo directo 120/2003-IV (2/2/2003) que promoviera el actor en el expediente laboral 68/2/2002, cuya última resolución de fecha 8 de mayo de 2003 se dictó por la Junta del conocimiento en cumplimiento a la ejecutoria de cuenta en los autos del expediente laboral 68/2/2002, por lo que al ser considerada la oferta de trabajo como de mala fe en los autos del expediente laboral antes señalado y al ofrecerse el trabajo en este expediente que se resuelve (170/2/2002) en los mismos términos, la oferta del trabajo como ya se mencionó, es de considerarla, en el presente juicio, como de mala fe y se considera de mala fe sin que proceda revertir la carga procesal hacia la parte actora para que ésta acredite en autos el despido injustificado ...’. Como puede apreciarse, la Junta del conocimiento fue categórica en señalar que la oferta de trabajo realizada por la parte patronal fue realizada de mala fe, lo que de suyo revela lo incorrecto de los planteamientos esgrimidos por el quejoso, pues el motivo por el cual la Junta arrojó la carga de la prueba al trabajador no fue con base en la calificativa de la oferta de trabajo, sino que la Junta estimó que el actor debía demostrar que la secretaria de Maurilio Morales Castillo contaba con facultades para despedirlo, al no contar ésta con un cargo de dirección o administración. No obstante lo anterior, en debida suplencia de la deficiencia de la queja, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional estima que fue incorrecto que la autoridad responsable arrojara la carga de la prueba al trabajador para acreditar que la persona a la cual atribuyó el despido injustificado contaba con facultades para despedirla. Para estimar lo anterior es menester transcribir lo dispuesto por los numerales 777, 782, 783 y 784 de la Ley Federal de Trabajo, que disponen: ‘Artículo 777. Las pruebas deben referirse a los hechos controvertidos cuando no hayan sido confesados por las partes.’. ‘Artículo 782. La Junta podrá ordenar con citación de las partes, el examen de documentos, objetos y lugares, su reconocimiento por actuarios o peritos y, en general, practicar las diligencias que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad y requerirá a las partes para que exhiban los documentos y objetos de que se trate.’. ‘Artículo 783. Toda autoridad o persona ajena al juicio que tenga conocimiento de hechos o documentos en su poder que puedan contribuir al esclarecimiento de la verdad, está obligada a aportarlos, cuando sea requerida por la Junta de Conciliación o de Conciliación y Arbitraje.’. ‘Artículo 784. La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre: ... III. Faltas de asistencia del trabajador; IV. Causa de rescisión de la relación de trabajo; ... VII. El contrato de trabajo; ...’. De los preceptos transcritos se evidencia que la ley de la materia impone a la parte patronal determinadas cargas probatorias y la obligación de conservar y exhibir en juicio una serie de documentos, todo ello relacionado con hechos y prestaciones que se generan con la existencia, desarrollo y terminación de la relación laboral. Además, que para el caso de incumplimiento de tales imperativos se establece una sanción al patrón, consistente en que se presumirán ciertos los hechos que al respecto haya alegado el trabajador actor en su demanda, salvo prueba en contrario. Íntimamente vinculado con el criterio plasmado en dichas disposiciones, se halla un principio que también viene a ser, no sólo relevante, sino característico o propio del derecho procesal del trabajo, consistente en que se impone al patrón la obligación de mantener y, en su caso, exhibir en juicio determinados documentos que tienen que ver con aspectos fundamentales de la relación laboral, lo cual se encuentra previsto en el artículo 804 de la legislación laboral, que preceptúa: ‘Artículo 804. El patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que a continuación se precisan: I. Contratos individuales de trabajo que se celebren, cuando no exista contrato colectivo o contrato ley aplicable; II. Listas de raya o nómina de personal, cuando se lleven en el centro de trabajo; o recibos de pagos de salarios; III. Controles de asistencia, cuando se lleven en el centro de trabajo; IV. Comprobantes de pagos de participación de utilidades, de vacaciones, de aguinaldos, así como las primas a que se refiere esta ley; y V. Los demás que señalen las leyes. Los documentos señalados por la fracción I deberán conservarse mientras dure la relación laboral y hasta un año después; los señalados por las fracciones II, III y IV durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral, y los mencionados en la fracción V, conforme lo señalen las leyes que los rijan.’. De lo señalado anteriormente se infiere que dándose la hipótesis de que existe la relación laboral entre dos personas, la regla general es que el trabajador está excluido de la carga de probar dentro del proceso, los aspectos básicos que derivan de dicha relación laboral y de su rompimiento, pues el artículo 784 impone a la Junta la obligación de requerir al patrón la exhibición de los documentos que debe conservar como lo exigen las leyes, entre otras, la propia Ley Federal del Trabajo en su artículo 804, debiendo hacerse notar que aquel precepto también impone al patrón la carga de probar su dicho cuando haya controversia sobre las causas de la rescisión de la relación laboral, entre otros hechos. Por otra parte, debe tomarse en consideración que la Ley Federal del Trabajo establece reglas muy escrupulosas que el patrón debe cumplir cuando se dé la hipótesis de que tenga que rescindir la relación laboral, si es que desea salvar la responsabilidad legal que pueda resultarle, como se infiere de los artículos 46 y 47, que previenen: ‘Artículo 46. El trabajador o el patrón podrán rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo, por causa justificada, sin incurrir en responsabilidad.’. ‘Artículo 47. Son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón: I. Engañarlo el trabajador o en su caso, el sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de treinta días de prestar sus servicios el trabajador; II. Incurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia; III. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros, cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ellos se altera la disciplina del lugar en que se desempeñe el trabajo; IV. Cometer el trabajador, fuera del servicio, contra el patrón, sus familiares o personal directivo o administrativo, alguno de los actos a que se refiere la fracción II, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo; V. Ocasionar el trabajador, intencionalmente, perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo; VI. Ocasionar el trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal, que ella sea la causa única del perjuicio; VII. Comprometer el trabajador, por su imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él; VIII. Cometer el trabajador actos inmorales en el establecimiento o lugar de trabajo; IX. Revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la empresa; X. Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un periodo de treinta días, sin permiso del patrón o sin causa justificada; XI. Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes, sin causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado; XII. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades; XIII. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que, en este último caso, exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentar la prescripción suscrita por el médico; XIV. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión, que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo; y XV. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. El patrón deberá dar al trabajador aviso escrito de la fecha y causa o causas de la rescisión. El aviso deberá hacerse del conocimiento del trabajador, y en caso de que éste se negare a recibirlo, el patrón dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la rescisión, deberá hacerlo del conocimiento de la Junta respectiva, proporcionando a ésta el domicilio que tenga registrado y solicitando su notificación al trabajador. La falta de aviso al trabajador o a la Junta, por sí sola bastará para considerar que el despido fue injustificado.’. De los preceptos acabados de transcribir sólo cabe resaltar, en primer lugar, que el despido o rescisión laboral no es libre o discrecional, sino que debe obedecer a alguna de las causales que establece el artículo 47, causa que debe justificarse para salvaguardar la responsabilidad correspondiente, ello como corolario del derecho a la estabilidad en el empleo que la Constitución otorga a los trabajadores en su artículo 123. En segundo lugar, resulta digno de observación que el despido del trabajador se rodea de una serie minuciosa de formalidades que el patrono debe cumplir, como dar aviso al afectado por escrito de esa decisión, en el que debe constar la fecha del despido y la causa de la rescisión; que tal aviso debe hacerse del conocimiento del trabajador y que en caso de que éste se niegue a recibirlo, el patrón debe solicitar a la Junta que le haga la notificación, más todavía el último párrafo del artículo 47 que se glosa, establece que la falta de aviso bastará, por sí sola, para estimar que el despido fue injustificado. Al respecto nuestro más Alto Tribunal del país ha sostenido que tan cuidadosa reglamentación del acto rescisorio de la relación laboral tiene el propósito, obviamente, de proteger al trabajador a raíz de una situación cuyos pormenores le serán casi imposibles de probar, llegado el caso, dentro de juicio, ya que el legislador no pudo pasar inadvertida la circunstancia de que, por regla general, cuando el despido ocurre fuera de las normas establecidas y con violación de éstas, se hace en el seno de la empresa, en privado, cuando el patrón está a solas con el trabajador o con empleados de confianza, de tal manera que en esa coyuntura el despedido nunca o casi nunca podrá probar el despido ni los detalles de éste, puesto que carece de los elementos materiales para lograrlo. La anterior Cuarta Sala, al resolver la contradicción de tesis varios 8/88 y redactar la jurisprudencia II/90, fijó la regla general de que toca al patrón acreditar los elementos básicos de la relación laboral y más aún cuando el trabajador demanda la reinstalación, sobre la afirmación de que fue despedido injustificadamente en cierto día y aquél se defiende negando el despido y alegando que con posterioridad a la fecha precisada por el actor, éste dejó de asistir a sus labores; en virtud de que tal argumento produce la presunción de que es cierta la afirmación del trabajador de que fue despedido en la fecha que indica, pues teniendo la voluntad de seguir trabajando en su puesto, no es probable que se haya ausentado por su propia voluntad, sino porque el patrón le impide laborar. La jurisprudencia en cuestión puede consultarse en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 27, marzo de mil novecientos noventa, página 43, es del rubro y tenor siguientes: ‘CARGA PROBATORIA EN EL JUICIO LABORAL. CORRESPONDE AL PATRÓN CUANDO EL TRABAJADOR DEMANDA REINSTALACIÓN POR DESPIDO Y AQUÉL LO NIEGA ADUCIENDO INASISTENCIAS POSTERIORES DEL ACTOR. De los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo se infiere la regla general de que toca al patrón y no al trabajador la carga de probar los elementos básicos de la relación laboral, así como las causas de rescisión; dicha carga pesa sobre el patrono con mayor razón cuando el trabajador demanda la reinstalación afirmando que fue despedido en cierto día y aquél se excepciona negando el despido y alegando que con posterioridad a la fecha precisada por el actor, éste dejó de asistir a sus labores, en virtud de que tal argumento produce la presunción de que es cierta la afirmación del trabajador de que fue despedido en la fecha que indica, pues teniendo la voluntad de seguir trabajando en su puesto, no es probable que haya faltado por su libre voluntad, sino porque el patrón se lo impide. Precisada como está la carga de la probatoria que toca al patrón en el supuesto de mérito, debe indicarse que si aduce como defensa el abandono, tendrá que acreditarlo y si se excepciona aduciendo que el trabajador incurrió en la causal de despido por faltas, tendrá que probar que con posterioridad a la fecha en que aquél afirmó haber sido despedido, la relación laboral subsistía y que pese a ello incurrió en faltas injustificadas; por tanto, si sólo se limita a demostrar la inasistencia del trabajador, ello confirmará el dicho de éste sobre que el despido tuvo lugar el día que señaló.’. En el mismo sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de la contradicción de tesis 45/94, sustentó la jurisprudencia 41/95, en que ante la negativa del despido lisa y llana opuesta por el patrón en su contestación a la demanda, reitera el criterio de que a éste corresponde la carga de la prueba, a fin de evitar la inseguridad jurídica por considerar que si se aceptara que la negativa lisa y llana del despido tiene el efecto de revertir la carga probatoria al trabajador, se propiciaría que el patrón optara por rescindir la relación laboral con violación de todos los requisitos legales y al contestar la demanda negando lisa y llanamente el despido, dejar sin defensa al trabajador ante la imposibilidad o extrema dificultad que tendría para demostrar un acto que generalmente ocurre en privado; además, en atención a que es el patrón quien puede disponer de los elementos de convicción, entre otros motivos, por el imperativo legal de conservar y, en su caso, exhibir en juicio los documentos relacionados con los aspectos fundamentales de la contratación laboral. La jurisprudencia reseñada aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de mil novecientos noventa y cinco, página 279 y dispone: ‘DESPIDO. LA NEGATIVA LISA Y LLANA DEL PATRÓN DEMANDADO NO REVIERTE LA CARGA PROBATORIA AL TRABAJADOR. De los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo se infiere la regla general de que corresponde al patrón la carga de probar los elementos fundamentales de la relación laboral, por ser éste el que puede disponer de los elementos de convicción, entre otros motivos, por el imperativo legal que se le impone de mantener, y en su caso, exhibir en juicio, los documentos relacionados con aspectos fundamentales de la contratación laboral. Este criterio es armónico con la reiterada jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia y se compagina con el carácter inquisitivo que sobre el material probatorio se atribuye a las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Por ello, cuando el trabajador afirma que fue despedido injustificadamente y el patrón, reconociendo la relación laboral, niega lisa y llanamente el despido, la carga de la prueba no se revierte al trabajador. Por otra parte, los artículos 46 y 47 del ordenamiento citado establecen que el despido no es discrecional, sino que para ser válido y librar de responsabilidades al patrón, debe obedecer a causales determinadas, rodeando a este acto de una serie de formalidades específicas como darle aviso por escrito en el que se asienten los motivos de la decisión patronal, entre otros datos; ello, con el claro propósito de proteger al trabajador de una situación en la que corre el riesgo de quedar en indefensión. De aquí se sigue que si con desconocimiento de tales características que son propias del procedimiento laboral, se aceptara que la negativa lisa y llana del despido tiene el efecto de revertir la carga probatoria al trabajador, se propiciaría que el patrón rescindiera la relación laboral violando todos los requisitos legales y luego, al contestar la demanda, negara lisa y llanamente el despido, con lo cual dejaría sin defensa al trabajador, ante la imposibilidad o extrema dificultad que éste tendría de probar un acto que generalmente ocurre en privado. Consecuentemente, esta Sala reitera el criterio de la anterior Cuarta Sala de que la negativa del despido revierte la carga probatoria sobre el trabajador, únicamente cuando viene aparejada con el ofrecimiento del trabajo, pero no cuando es lisa y llana.’. Congruentes con lo hasta aquí dicho, este Tribunal Colegiado considera que la determinación alcanzada por la autoridad responsable consistente en arrojarle la carga probatoria al obrero para que acreditara que quien lo despidió contaba con facultades para ello, resulta inadmisible. En efecto, habiéndose ya demostrado que los principios de la carga probatoria en el proceso laboral son distintos de los que rigen en el procedimiento civil, por cuanto que en aquél adquieren predominancia tanto la atribución inquisitiva de las Juntas como la mayor facilidad que el patrón tiene de allegar los elementos demostrativos pertinentes frente a la nula o casi nula posibilidad demostrativa del trabajador, cabe llegar a establecer que el hecho de que el patrón, aceptando la relación laboral ante las acciones deducidas por el trabajador que le imputa el despido injustificado, se limita a negar el despido alegando que a quien se le atribuye no cuenta con las facultades para realizarlo, esa simple circunstancia no traslada la carga de probar dichas facultades, pues ello equivaldría a obligarlo a probar el despido, aun cuando dicha circunstancia le corresponde desvirtuarla a la patronal. Y es que de considerar lo contrario, se destruirían todas las normas tutelares del trabajador que la Ley Federal del Trabajo establece en materia de despido, puesto que propiciaría el extremo reprobable de que con violación a todos los requisitos legales del despido el patrón ordenara a una persona diversa, que no ejerce cargos de administración o gerencia dentro de la fuente de trabajo, para que rescinda la relación laboral de un empleado diverso, y luego, frente a la demanda instaurada en su contra, únicamente se limitara a señalar que aquel trabajador a quien se le atribuye el despido no cuenta con facultades para realizarlo, lo cual evidentemente dejaría en completo estado de indefensión al actor ante la imposibilidad o casi insalvable dificultad de éste para probar las facultades de quien lo despidió. Por tanto, resulta evidente que a quien le correspondía acreditar que María Magdalena Ávila, secretaria de la patronal, se encontraba facultada para despedir al trabajador, era precisamente a la parte demandada, máxime que la propia responsable calificó de mala fe la oferta de trabajo realizada por esta última, por lo cual es evidente que no podría revertirse en contra del trabajador actor la carga probatoria al corresponderle al patrón la carga de desvirtuar el despido material de controversia, ya que se atentaría contra los principios reseñados en párrafos precedentes que han sido delimitados por nuestro más Alto Tribunal de la Nación. Es por ello que este Pleno no comparte el criterio sustentado por el entonces Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 167, Volúmenes 205-216, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo tenor es el siguiente: ‘DESPIDO INJUSTIFICADO, INEXISTENCIA DEL, CUANDO SE ATRIBUYE A UN TRABAJADOR.’ (se transcribe). Además, por las mismas razones tampoco se es partícipe con la diversa tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 321, Tomo XI, mayo de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, en la cual se sostuvo: ‘DESPIDO INJUSTIFICADO, ATRIBUIDO A UN TRABAJADOR. LA PRUEBA DE LAS FACULTADES DE ÉSTE PARA EFECTUARLO, SÓLO ES EXIGIBLE CUANDO EL DEMANDADO NIEGA QUE AQUÉL EJERCIERA FUNCIONES DE DIRECCIÓN O ADMINISTRACIÓN EN LA FUENTE DE TRABAJO.’ (se transcribe). Es por lo anterior que se estima necesario denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la posible contradicción de criterios existente entre este órgano de control constitucional y los Tribunales Colegiados previamente citados, ello de conformidad con lo ordenado por el ordinal 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por otro lado, en lo que respecta a la absolución decretada por la autoridad responsable respecto del pago de séptimos días, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, una hora y media extra diaria, media hora inter jornada y la inscripción retroactiva ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, este órgano de control constitucional advierte que la autoridad responsable no fundó ni motivó debidamente la resolución reclamada, y con ello conculca en perjuicio del quejoso la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 de nuestra Carta Magna. Ciertamente, el aludido precepto constitucional dispone ‘Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ...’. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el específico tópico sostuvo en la jurisprudencia número 260, que se localiza en la página 175 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, del rubro: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.’, que de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, que deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Ahora bien, del análisis del laudo fuente de la presente litis constitucional, se colige que la Junta responsable al pronunciarse respecto de las prestaciones autónomas reclamadas por la parte actora se limitó a señalar lo siguiente: ‘... En segundo lugar para resolver el presente controvertido y con la finalidad de no emitir resoluciones contradictorias de los expedientes 68/2/2002 y 170/2/2002, promovidos por el mismo actor en contra de los mismos demandados y por el pago de los mismos conceptos derivados de la misma relación laboral, se hizo indispensable tener a la vista el expediente 68/2/2002 y en particular se anexó al expediente en que se actúa la resolución dictada por esta Junta que hoy resuelve de fecha 8 de mayo del año en curso, en la que consta que el demandado Maurilio Morales Castillo como tal, como responsable y propietario de la fuente de trabajo denominada Materiales Mármol se le condena a cubrir al actor los conceptos de séptimos días, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, una hora y media hora (sic) extra diaria, media hora inter jornada y la inscripción retroactiva del accionante ante el IMSS e Infonavit, es por lo que en el presente expediente resulta procedente absolver al demandado en mención con los caracteres descritos de que cubra al actor el pago de los conceptos antes mencionados.’. Conforme a lo antes descrito, incuestionable resulta que tal proceder es transgresor del mandato constitucional de fundar y motivar las resoluciones judiciales. Y es que para que se surtieran los requisitos formales aludidos, era menester que la Junta responsable señalara con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para arribar a su determinación, pues tan sólo señaló que para no arribar a resoluciones contradictorias traía a la vista y adjuntaba copia del laudo dictado dentro del diverso juicio laboral 68/2/2002 en el cual se condenó a la parte demandada al pago de las prestaciones autónomas reclamadas en el juicio de origen. Empero, no explicó el por qué de su actuar, pues era menester que explicara razonadamente cuáles son los motivos legales y fundamentos que la autorizan para oficiosamente traer a la vista constancias de un expediente laboral a fin de resolver en otro diverso sin que ello implique suplencia de la queja a favor de la patronal, y al no haberlo realizado de dicho modo, obviamente se dejó en completo estado de indefensión a la parte actora, pues no está en condiciones de rebatir la determinación alcanzada por la Junta al no conocer el origen de la misma, conculcando así la autoridad responsable la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 57, Volumen 30, Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicia

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18227-01773872/despido-cuando-corresponde-acreditarlo-al-trabajador-no-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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