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Modo: Corpus Pro

VISITAS DOMICILIARIAS. NO ES NECESARIO QUE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS VISITADORES QUE CONSTE EN EL ACTA INICIAL, SE REITERE EN LAS POSTERIORES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2000-SS. · Registro digital (IUS): 6634
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO (AHORA TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Septiembre de 2000, , Pág. 142.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2000-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO (AHORA TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO), CON LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO (AHORA SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO) Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-El criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito al resolver el veintiséis de enero del año dos mil, el recurso de revisión fiscal 7/99, interpuesto por la Administración Local Jurídica de Ingresos de Acapulco, Guerrero, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del presidente del Servicio de Administración Tributaria y de la Administración de Auditoría Fiscal de Acapulco, Guerrero, en lo que interesa a la presente denuncia de contradicción, sostuvo lo siguiente:

"CUARTO.-Dado el supuesto de procedencia del recurso fiscal destacado en el segundo considerando, resulta innecesario transcribir las razones que expuso el recurrente para justificar su procedencia. En cambio, sus agravios sí deben insertarse, los cuales son del tenor siguiente: ‘Único: ...’ (se transcribe). ... SEXTO.-Es infundado el agravio transcrito.-No asiste razón a la recurrente al sostener que, contra lo que se consideró en la resolución impugnada, el requisito formal exigido por el artículo 44, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, relativo a la obligación de los visitadores de identificarse ante la persona con quien se entiende la diligencia relativa a la visita domiciliaria, sólo es aplicable al iniciarse ésta, pero no en las actas parciales o complementarias y en la final, que en su caso se realicen, toda vez que, desde su punto de vista, lo dispuesto en el artículo 46, fracción IV, del mismo código, sólo exige que se cumplan en las actas parciales y en el acta final, las formalidades a que se refieren las tres primeras fracciones de ese mismo numeral, pero no aquélla prevista por el artículo 44, fracción III.-Lo inacertado de este argumento estriba en que pretende interpretarse en forma aislada el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, que establece las reglas que deben observarse para la práctica de la visita en el domicilio fiscal del contribuyente, independizándolas de las demás formalidades que otros preceptos prevén para ese mismo objeto, sin tomar en cuenta que la visita domiciliaria, por constituir una sola actuación, debe observar el cúmulo de formalidades y reglas que las disposiciones fiscales establezcan para su diligenciación, y no sólo las que prevea determinado artículo, con mayor razón cuando el propio numeral 46 viene a completar lo previsto en el diverso artículo 44, ambos del Código Fiscal de la Federación, acerca de las formalidades que debe cumplir esa actuación.-Es cierto que el precepto citado en último término establece en su fracción III, en esencia y en lo que interesa, que al iniciarse la visita en el domicilio fiscal los visitadores que en ella intervengan se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia; y si bien el artículo 46, en la fracción IV establece que las actas parciales se levantarán con las mismas formalidades a que se refieren las fracciones I, II y III de ese mismo precepto, relativas a la obligación de levantar un acta circunstanciada de los hechos u omisiones que se hubieren conocido por los visitadores, que si la visita se realiza en dos o más lugares simultáneamente, en cada uno de ellos se deberán levantar actas parciales que se agregarán al acta final, la cual puede levantarse en cualquiera de dichos lugares, y que a fin de asegurar la contabilidad, correspondencia o bienes que no estén registrados en la contabilidad, podrán, indistintamente, sellar o colocar marcas en dichos documentos, bienes o en muebles, archiveros u oficinas donde se encuentren y dejarlos en calidad de depósito al visitado o a la persona con quien se entienda la diligencia, previo inventario y siempre que el aseguramiento no impida la realización de las actividades del visitado; y no reitera ni se remite a la formalidad que establece aquel diverso dispositivo jurídico. Empero, esto no significa en modo alguno que no deba cumplirse con las demás formalidades que establece el artículo 44, entre ellas, la relativa a la identificación de los visitadores.-Lo anterior, porque si bien la fracción III del citado numeral 44 establece que la obligación de los visitadores de identificarse con la persona con quien se entienda la diligencia debe hacerse al inicio de la visita, esto se debe a que la hipótesis a que se refiere dicha fracción se refiere a cuando la visita se realiza en un solo momento, pero en el supuesto de que deban levantarse actas parciales de la visita; es obvio que esta formalidad también opera para cada momento en que se realicen las actas parciales.-La necesidad de que los visitadores se identifiquen con la persona con quien se entiende la diligencia obedece a un principio lógico y de seguridad jurídica para el visitado, con el propósito de que tenga la certeza de que las personas que pretenden realizar la verificación fiscal efectivamente representan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que por tal motivo puedan introducirse a su domicilio, pues sólo de esta manera se pueden proteger las garantías individuales del visitado, debido a que en la práctica de la inspección pueden derivar afectaciones a sus intereses jurídicos.-Tal principio deriva de lo previsto por el artículo 16 de la Constitución Federal, al establecer que la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias para exigir, entre otras cosas, la exhibición de libros y papeles necesarios para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose a las leyes respectivas y a las formalidades de los cateos.-Por ese motivo, se ha establecido en criterio definido de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para cumplir con este requisito es necesario que en el acta de auditoría se asienten todos los datos que permitan una plena identificación de los visitadores, a efecto de respetar la garantía de seguridad jurídica; así se desprende de la jurisprudencia número 576, emitida por dicha Sala y que se publica en la página 419 del Tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro: ‘VISITAS DOMICILIARIAS. REQUISITOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS INSPECTORES QUE LAS PRACTICAN.’.-En esa virtud, siendo la visita domiciliaria un acto de molestia para el gobernado, cuando se practica en diversos momentos, como cada uno de estos entraña una posible afectación a la esfera jurídica del gobernado, es indispensable que en cada acta parcial se haga constar esa identificación, pues sólo de este modo no queda duda alguna acerca de que quienes la practican son funcionarios que pertenecen a la dependencia de la cual se ostentan como auxiliares y que se encuentran facultados para diligenciar la orden de visita respectiva.-De estimar lo contrario, es decir, que siendo varias actas parciales de visita sólo se requiere la identificación de los visitadores en la inicial, podría darse el caso que en las posteriores los visitadores no fueran las mismas personas que ocurrieron al inicio, o bien que ya no tuvieran ese cargo y, por ende, que ya no fueran auxiliares de la dependencia que ordenó la visita, en cuyo caso no se respetaría la garantía de seguridad jurídica del visitado.-Por las razones anteriores, este Tribunal Colegiado no comparte los criterios sustentados en las tesis aisladas que invoca la recurrente en sus agravios, emitidas, una, por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y que se publica en la página 868, del Tomo XIV-Julio, Segunda Parte, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, intitulada ‘VISITA DOMICILIARIA. IDENTIFICACIÓN DE AUDITORES Y DESIGNACIÓN DE TESTIGOS. BASTA QUE SE HAGA AL PRINCIPIO DE LA.’, y otra, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, localizable en la página 881, del Tomo III, Segunda Parte-2, correspondiente a la misma época y Semanario citado, cuyo rubro es: ‘VISITAS DOMICILIARIAS. NO ES OBLIGATORIO QUE LOS VISITADORES SE IDENTIFIQUEN EN LAS ACTAS PARCIALES O COMPLEMENTARIAS.’, ya que, se insiste, cuando el acta de visita se realiza en diversos momentos y por ello se levantan actas parciales, por entrañar cada una un acto de molestia, es imprescindible que en todos ellos se respete la garantía de seguridad jurídica que, entre otras cosas, exige la identificación plena de los visitadores.-Por ello se comparte el diverso criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, cuya tesis aparece publicada en la página 610 del Tomo XV-II Febrero, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: ‘VISITA DOMICILIARIA. LA IDENTIFICACIÓN DE LOS VISITADORES DEBE DARSE AL INICIO DE CUALQUIER TIPO DE VISITA.-De los artículos 44, fracción III, y 45 del Código Fiscal de la Federación, se advierte que existen tres tipos de actas de visitas domiciliarias que son, las iniciales, las parciales o complementarias y las finales, advirtiéndose que en la práctica, por regla general, las visitas a los contribuyentes, no se agotan en un solo acto, por lo que resulta incorrecto que la obligación de los visitadores para identificarse y circunstanciar el acta se circunscriba exclusivamente al inicio de la auditoría, pues puede darse el caso de que los que acudieron inicialmente a la visita hayan sido sustituidos o aumentados en su número, o bien que la autoridad fiscalizadora que inició la investigación solicite el auxilio de otras autoridades fiscales que sean competentes para que continúen la visita por ella iniciada o simplemente que los que iniciaron la auditoría ya no presten sus servicios para la autoridad hacendaria, de tal suerte que, el requisito de la identificación tendrá que darse al inicio de cualquier tipo de visita, llámese inicial, parcial o final, para que de esta forma el visitado tenga la certeza jurídica de que le está permitiendo el acceso al espacio físico donde desarrolla sus actividades, y el análisis o revisión de los papeles contables a verdaderos representantes de la autoridad tributaria.’.-Dada la diversidad de criterios anteriormente precisados, en términos del artículo 197-A, hágase la denuncia de contradicción de tesis ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales que en dicho precepto se establecen.-En suma, ante la ineficacia jurídica del agravio y como no se está en el caso de suplir su deficiencia, pues no se surten los supuestos que establece el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, lo que procede es confirmar la resolución impugnada."

CUARTO.-Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito (ahora Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito), al resolver el recurso de revisión 52/94, promovido por el secretario de Hacienda y Crédito Público y por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Monterrey, Nuevo León, en la parte que interesa, se apoyó en las siguientes consideraciones:

"CUARTO.-Son infundados los agravios que se hacen valer.-Argumenta la recurrente en su primer motivo de agravio, que la resolución que impugna es ilegal, pues se dictó en contravención a lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, ya que a pesar de que éste establece como obligación la fundamentación de las sentencias dictadas por el Tribunal Fiscal de la Federación, en el caso concreto el fallo de treinta y uno de mayo del año actual, carece por completo de fundamento legal, pues sólo dijo que los visitadores estaban obligados a identificarse en las actas última parcial y final de visita utilizando instrumentos identificatorios vigentes, pero no señaló las disposiciones legales que prevén dicha obligación, o aquellas que determinan la caducidad de las facultades de la autoridad al término de la vigencia de sus credenciales. Agrega, que aunado a esto, la resolución no se encuentra debidamente motivada, pues no se señalaron las consideraciones de hecho por las cuales se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 238, fracción II, del Código Fiscal de la Federación.-Lo anterior se estima infundado por este Tribunal Colegiado, ya que como se desprende de la resolución impugnada, la autoridad recurrida fundó su fallo en las jurisprudencias números 6/92, emitida en contradicción de tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 72, de la Gaceta Número 35, del Semanario Judicial de la Federación, del diez de noviembre de mil novecientos noventa, y 17/93 sostenida por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 29/92, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, mismas que transcribió íntegramente, así como los artículos 237, 238, fracción II, y 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, como también lo admite la propia autoridad recurrente, al mencionar en su tercer agravio textualmente: ‘Como se puede observar la a quo fundamentó su resolución en el artículo 238, fracción II, del código tributario.’, luego entonces no es verdad que el fallo impugnado carezca por completo de fundamentación legal, como erróneamente lo expresó la inconforme.-Por otra parte, tampoco es cierto que el referido fallo no se encuentre debidamente motivado, pues los Magistrados resolutores claramente establecieron que se declaraba la nulidad de la resolución impugnada porque en la última acta parcial, así como en la final de auditoría, los auditores hicieron constar que la vigencia del oficio identificatorio era hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y tres, por lo que al haberse realizado éstas el dos y veintitrés de julio de mil novecientos noventa y tres, respectivamente, era obvio que se identificaban con un documento ya vencido, y que no por el hecho de haberse encontrado vigente al inicio de la visita, debía tenerse como válido para todas las demás actuaciones, pues al encontrarse vencido, ya no tenían las facultades que en él se consignaban, por lo que las certificaciones asentadas durante la visita, adolecían del requisito de legalidad que señala el artículo 16 de la Constitución Federal, lo cual es más que suficiente para tener por debidamente fundado y motivado el fallo impugnado.-Refiere en su segundo motivo de agravio, que la Sala perdió de vista lo señalado por el artículo 44, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, de donde se desprende que la obligación de los visitadores para identificarse y circunstanciar el acta, se contrae exclusivamente al inicio de la auditoría, pues este es el momento en que se inicia la actividad fiscalizadora, cuando debe demostrarse la calidad de empleado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, agregando que el argumento de la Sala a quo, en el sentido de que al perder la vigencia el instrumento identificatorio, se extinguen las facultades para desempeñar el cargo que en éste se señala, carece de todo fundamento legal, pues la temporalidad de las funciones de un visitador no dependen de la vigencia de un instrumento de identificación, sino de la orden de visita domiciliaria, donde la autoridad competente la autoriza para llevar a cabo la auditoría, indicando además que la jurisprudencia 6/90, en ningún momento señala que la identificación se deba realizar después del inicio de la visita.-El anterior razonamiento también carece de fundamento por los motivos que a continuación se expresan: El artículo 44, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, establece: ‘Artículo 44. En los casos de visita en el domicilio fiscal, las autoridades fiscales, los visitados, responsables solidarios y los terceros estarán a lo siguiente: ... III. Al iniciarse la visita en el domicilio fiscal, los visitadores que en ella intervengan se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos; si éstos no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán, haciendo constar esa situación en el acta que levanten, sin que esta circunstancia invalide los resultados de la visita. ...’.-Como deviene del contenido integral de la disposición anteriormente mencionada, y además, del artículo 45 del código tributario en vigor, existen tres tipos de actas de visitas domiciliarias que son: las iniciales, las parciales o complementarias y las finales, advirtiéndose que en la práctica, por regla general y como sucedió en la especie, las visitas a los contribuyentes, no se agotan en un solo acto, por lo que resulta incorrecto lo afirmado por la recurrente en el sentido de que la obligación de los visitadores para identificarse y circunstanciar el acta, se circunscriba exclusivamente al inicio de la auditoría, pues puede darse el caso de que los que acudieron inicialmente a la visita hayan sido sustituidos o aumentados en su número, o bien que la autoridad fiscalizadora que inició la investigación solicite el auxilio de otras autoridades fiscales que sean competentes para que continúen la visita por ella iniciada o simplemente que los que iniciaron la auditoría ya no presten sus servicios para la autoridad hacendaria, de tal suerte que, el requisito de la identificación tendrá que darse al inicio de cualquier tipo de visita, llámese inicial, parcial o final, para que de esta forma el visitado tenga la certeza jurídica de que le está permitiendo el acceso al espacio físico donde desarrolla sus actividades, y el análisis o revisión de sus papeles contables a verdaderos representantes de la autoridad tributaria, de ahí que al artículo 44, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, no puede dársele la interpretación que la recurrente pretende; amén de que en la especie el problema no estriba en la circunstancia de que se hayan identificado o no, sino en el hecho de que al levantar las actas parcial y final de auditoría se identificaron con instrumentos vencidos, por lo que obviamente las certificaciones que se asentaron en ellas adolecen del requisito de legalidad que señala el artículo 16 de la Constitución Federal, pues se desconoce si los visitadores tienen o no el carácter de representantes de autoridad fiscalizadora, por lo que tampoco puede decirse que la temporalidad de sus funciones dependa de la orden de visita domiciliaria que reciban por parte de la autoridad competente, ya que como se dijo, tienen la obligación de identificarse en toda visita que realicen, obviamente con documentos vigentes para que el particular tenga la certeza de que efectivamente esas personas prestan sus servicios para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.-Por otra parte, si bien es cierto que la jurisprudencia 6/90, en que se apoyó la autoridad recurrente no expresa en forma textual que la identificación se deba realizar después del inicio de la visita, tampoco sujeta su identificación única y exclusivamente al acta inicial de auditoría, y por el contrario, de su contenido deviene que dicho requisito debe cumplirse en toda visita domiciliaria, pues textualmente refiere: ‘Para satisfacer con plenitud el requisito legal de identificación en las visitas domiciliarias, es necesario que en las actas de auditoría se asienten todos los datos necesarios que permitan una plena seguridad de que el visitado se encuentra ante personas que efectivamente representan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que por tal motivo pueden introducirse a su domicilio, por lo que es menester se asiente la fecha de las credenciales y el nombre de quien las expide para precisar su vigencia y tener la seguridad de que esas personas efectivamente prestan sus servicios en la secretaría, además de todos los datos relativos a la personalidad de los visitadores y su representación, tomando también en cuenta que mediante la identificación mencionada, se deben dar a conocer al visitado cuestiones relacionadas con esa personalidad, para protegerlo en sus garantías individuales, ya que de esas prácticas de inspección o visita, pueden derivar posibles afectaciones a sus intereses jurídicos.’.-Expone la recurrente como tercer agravio que la a quo fundamentó su resolución en el artículo 238, fracción II (sic), del Código Fiscal de la Federación, pero que en el caso, dicha disposición resulta inaplicable, porque en el supuesto no concedido de que la infracción por parte de la autoridad, se hubiera dado, la misma no afecta las defensas del particular ni trasciende al sentido del fallo, pues la determinación del crédito se basa en los resultados que se obtuvieron en la auditoría, y la identificación de los visitadores en nada modifica tales conclusiones, pues nada tiene que ver este acto de autoridad con las conductas realizadas por el contribuyente durante el ejercicio que se realiza.-Este argumento carece de fundamento, ya que al desconocerse por parte del contribuyente visitado, si las personas que lo auditaron realmente pertenecían o no a la autoridad hacendaria, al presentarse la circunstancia de que al practicar las actas parcial y final de auditoría, se identificaron con documentos ya vencidos, es claro que su actuación adolece del requisito de legalidad ya mencionado, y que ello trascendió al resultado del fallo, pues como lo reconoce la recurrente, la auditoría fue la base para la determinación del crédito que se le fincó, siendo parte de éstas, entre otras, la identificación de los visitadores.-En las relacionadas consideraciones, y dado lo infundado de los agravios que se hacen valer, lo que procede es confirmar en sus términos la resolución en revisión."

QUINTO.-En contra del criterio anterior, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito), al dictar sentencia en el amparo directo 164/90, promovido por Francisco Mauricio Castillo Bárcenas, sostuvo lo siguiente:

"QUINTO.-Son infundados los conceptos de violación que se plantean sin que se esté en el caso de suplir la deficiencia de la queja en términos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, según se desprende del estudio integral del asunto.-Independientemente de que en efecto, como lo señala la Sala responsable, el aquí quejoso al plantear sus conceptos de anulación, fue omiso y no citó en el primero de éstos, cuál fue la disposición legal que a su juicio se transgredió, haciendo ilegal la auditoría que se le practicó, se debe decir que es inexacto que las autoridades fiscales no puedan ejercer sus facultades de comprobación, respecto de periodos inferiores a un ejercicio anual, pues a diferencia de lo alegado por el aquí amparista, el propio Código Fiscal de la Federación les faculta para ello, es decir, para ejercitar sus facultades de comprobación aun en periodos menores al de un ejercicio de doce meses. En efecto, el artículo 64 del cuerpo de normas invocado, establece que: ‘Las autoridades fiscales, con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación respecto de contribuciones que se pagan mediante declaración periódica formulada por los contribuyentes, procederán como sigue para determinar fracciones (sic) omitidas: Fracción I. Determinarán, si procede, en primer lugar, la omisión en el pago de contribuciones del último ejercicio de doce meses por el que se hubiera presentado o debió presentarse declaración antes de ejercer las facultades de comprobación, así como las omisiones que pudieran corresponder al periodo transcurrido entre la fecha de determinación de dicho ejercicio y el momento de iniciación de aplicación de las citadas facultades.-Tratándose de contribuyentes, que hayan hecho dictaminar por contador público autorizado sus estados financieros, lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará a un ejercicio irregular, siempre que el ejercicio regular inmediato anterior también esté dictaminado.’, y la fracción VII, párrafo primero del invocado artículo 64, señala que: ‘No obstante lo dispuesto en la fracción I de este artículo, las autoridades fiscales siempre podrán determinar contribuciones por un periodo menor del que se señala en dicha fracción.’.-En esas condiciones se debe concluir que la Sala actuó correctamente al considerar infundado el agravio que en ese sentido planteó el aquí quejoso.-Por otro lado, respecto de los argumentos relativos a que la visita se practicó en horas inhábiles, se debe decir en primer lugar que esa circunstancia en ningún momento quedó demostrada, en virtud de que la prueba testimonial que para tal efecto ofreció el aquí amparista, no se desahogó en virtud de que no comparecieron los testigos de referencia, según se desprende del auto de fecha diecisiete de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, pero independientemente de ello y aun en el supuesto no demostrado de que como lo señala el contribuyente los auditores hayan practicado la visita en horas inhábiles, se debe decir que de la lectura de la orden de visita visible a fojas catorce y quince del expediente de nulidad se advierte que en la misma se autorizó que la visita se llevara a cabo en el lugar señalado durante ‘días y horas hábiles o inhábiles en su caso en los términos del artículo 13 del Código Fiscal de la Federación’, de donde se debe concluir que aunque se hubiera demostrado que los auditores practicaron la visita en horas inhábiles, tal circunstancia sería insuficiente para considerar ilegal la auditoría practicada y el acta correspondiente.-Finalmente, resulta también infundado el último concepto de violación planteado, ya que tal y como lo considera la responsable, si al momento de levantar el acta de inicio, visible a foja cincuenta y cinco del expediente de nulidad, los auditores se identificaron ante la persona con quien se entendió la diligencia, que fue el propio quejoso, requiriéndosele para que designara a dos testigos, lo que el contribuyente hizo, siendo las personas designadas Francisco Romero Ortiz y Máximo Isidro Eulogio, se debe concluir que se cumplió con los requisitos y formalidades que sobre el particular exige el Código Fiscal de la Federación, resultando intrascendente que al levantarse las actas parciales y la final no se dé cumplimiento nuevamente a tales requisitos, pues ello resultaría ocioso, bastando que se haya hecho al inicio de la visita de acuerdo con la fracción III del artículo 44 del cuerpo de normas invocado, el cual es preciso al señalar que tanto la identificación de los auditores como la designación de testigos se hará ‘al iniciarse la visita en el domicilio fiscal’.-En los términos planteados, lo que en la especie procede es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal."

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 5/89, sustentó su fallo en las siguientes consideraciones:

"QUINTO.-El primero de los conceptos de violación transcritos es infundado.-Es inexacto que la autoridad fiscal, al emitir una orden de visita, para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales, principales, formales y/o accesorias, por impuestos y derechos federales, de los que deba responder en forma directa, solidaria u objetiva el visitado, esté en aptitud de conocer de cuáles impuestos o derechos es causante la persona a quien va dirigida la orden, ya que la obligación de pagar, en su caso, cada uno de esos impuestos o derechos, deriva de que el particular se encuentre ubicado en cada una de las hipótesis legales respectivas, no ‘del oficio de alta o iniciación de operaciones’ en el que establezca la actividad del visitado. De otra manera quedaría a la voluntad del particular pagar solamente los impuestos o derechos que se derivaran de la actividad señalada en su inscripción del causante, y no podría la autoridad fiscal ejercer sus facultades de investigación para que se pagaran los diversos derechos o impuestos y sus sanciones, a los que estuviere obligado a cubrir por disposición de la ley, simplemente porque en la inscripción del causante no se asentaron determinadas actividades. Por ende, el argumento sobre el particular de la autoridad responsable es ajustado a derecho.-No se desatiende que la autoridad responsable, al contestar el cuarto de los conceptos de nulidad, por una parte lo hizo con el razonamiento que ya se consideró correcto; que la misma Sala responsable además expresó que no era aplicable la tesis que invocó la actora, y en cambió sí la que transcribió bajo la voz: ‘ORDEN DE VISITA. PARA SU VALIDEZ BASTABA SEÑALAR QUE SE REVISARÍAN TODAS LAS OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE. CÓDIGO FISCAL DE 1987.’; ni que la aquí quejosa, sin rebatir la aplicabilidad de la tesis que transcribió la autoridad responsable, simplemente manifiesta que reproduce textualmente su argumento relativo vertido en la demanda de nulidad. Empero, se considera conveniente mencionar que este Tribunal Colegiado de Circuito ha sostenido que, cuando en una orden de visita se indica que el objeto de la misma será la verificación del ‘cumplimiento de las obligaciones fiscales principales, formales y/o accesorias, por impuestos y derechos federales de los cuales deba (n) usted (es) responder en forma directa, solidaria u objetiva’, sí se cumple con los requisitos que señala el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación y, por ende, no se infringe el artículo 16 de la Constitución Federal; que al respecto se ha compartido el criterio que se contiene en la tesis 24 del ahora Primer Tribunal Colegiado en Materia Administr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6634-0eb96d65/visitas-domiciliarias-no-es-necesario-que-la-identificacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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