ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 32/2000-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Puntualizado lo anterior, procede analizar las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados en cuestión, para establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada.
El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito (denunciante), al resolver el amparo en revisión civil 573/99, interpuesto por Elsa Guadalupe García Ortiz, sustentó las consideraciones que a continuación se transcriben:
"QUINTO. Los agravios hechos valer por la inconforme en el orden que se analizan, una parte es infundada y la restante inoperante. Antes de abordar el tema, es pertinente dejar asentado que, con respecto al tercero extraño, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 7/98, visible a foja 56, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, enero de 1998, Novena Época, lo ha definido así: ‘PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE.’ (la transcribe). Ahora bien, como se advierte del capítulo de hechos de la demanda de garantías, que obra de la foja 1 a la 11, la revisionista se duele de que no fue legalmente emplazada en el juicio ejecutivo mercantil número 291/96, promovido por Martín Reyes Hipólito, por conducto de sus apoderados, contra Ramiro García Martínez, Carlos César García Ortiz y la quejosa, como avalistas del primero, lo que lleva a estimarla como un tercero extraño por equiparación, porque según dice no fue emplazada en forma legal. Así las cosas, la revisionista alega que el a quo aplicó, inadecuadamente, los artículos 21 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque si bien era cierto que existía el escrito de nueve de julio de mil novecientos noventa y nueve, por medio del cual solicitó copias de todo lo actuado en el juicio natural, ello sólo se debía tomar como una presunción, al no constituir un conocimiento certero, preciso, exacto y actual del acto reclamado, como lo exigía el aludido artículo 21 de la Ley de Amparo. Lo anterior deviene inexacto, porque conforme al segundo párrafo del aludido artículo 21, el término para interponer el juicio de garantías surge desde el momento en que se hizo sabedor del acto reclamado, es decir, desde la fecha en que presenta una promoción solicitando copias del juicio entablado en su contra, pues como bien lo estimó el a quo, a fojas 227, existe copia del escrito recibido en la oficialía de partes de la autoridad responsable, de nueve de julio de mil novecientos noventa y nueve, según sello de recibido, en el que la recurrente solicitó copia simple de todas las actuaciones del juicio ejecutivo mercantil 291/96, seguido en su contra; por ende, es evidente que desde ese momento tenía conocimiento directo, exacto y completo de la existencia de ese juicio al hacer alusión en forma específica al número del expediente y autoridad que lo instruía; por tanto, a partir de esa fecha le corría el término de quince días para su impugnación y no desde la recepción de las mismas, como lo sostiene la inconforme, porque sería inadecuado estimar que un tercero extraño al juicio, sabedor de un procedimiento instaurado en su contra por determinada autoridad, a quien incluso solicitó copia del expediente, por el simple hecho de no recogerlas no le corra el término a que alude el citado artículo 21 de la ley de la materia. Sobre el particular se comparte el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, en la tesis XXI.2o.3 K, visible en la página 392, Tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL PARA EFECTOS DE LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO.’ (la transcribe). Máxime que por su calidad de tercero extraño por equiparación, no causaba perjuicio irreparable para la defensa de sus intereses el hecho de que no conociera con precisión la fecha del acto reclamado, los preceptos legales y las consideraciones jurídicas que lo fundaban, porque esas circunstancias las podría advertir cuando la responsable rindiera su informe justificado e impugnarlas, en su caso, a través de la ampliación de demanda, formulando nuevos conceptos de violación, en relación con esos aspectos técnicos, si así se estimara prudente, aunque en el caso del tercero extraño por equiparación bastaría con acreditar que no fue debidamente emplazado, lo cual no requiere de la impugnación de aspectos que atañen al fondo de las consideraciones emitidas en la sentencia o en cualquier otra actuación. Como lo ha sustentado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis número 2a. XLI/99, visible en la página 209, Tomo IX, abril de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE SU AMPLIACIÓN.’ (la transcribe). No es óbice a lo anterior, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, sostenido en la tesis número VI.2o.65 K, publicada en la página 395, Tomo IV, noviembre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO.’ (la transcribe), la cual fue corregida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26, en sesión de catorce de abril de mil novecientos noventa y nueve, en lo relativo al texto que dice: ‘... por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de solicitud de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y, por ende, para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada.’. Para que en su lugar, quedara de la siguiente manera: ‘... por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de recepción de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y, por ende, para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada.’. Lo anterior, en atención a que la tesis contendiente no reflejaba lo que la ejecutoria contenía, lo que por razones de seguridad debía corregirse y darse a conocer el verdadero criterio del tribunal para evitar lo que en un momento pudiera motivar la decisión de un asunto en ese sentido. Así como la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, identificada como TC044006.9 K01, publicada en la página 609, Tomo VII, junio de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: ‘ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL. NO PUEDE DEDUCIRSE DE LA SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS.’ (la transcribe). De igual forma, la del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, número III.1o.C.12 K, visible en la página 409, Tomo V, enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘ACTO RECLAMADO. SU CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE LA RECEPCIÓN DE COPIAS DEL JUICIO NATURAL.’ (la transcribe). En efecto, en dichos criterios se sostiene que el cómputo de los quince días a que alude el artículo 21 de la ley de la materia para la interposición de la demanda de amparo biinstancial, comienza a partir de la fecha de recepción de las copias, empero, este órgano de legalidad estima que debe ser desde la fecha en que presenta la promoción solicitando copias del juicio entablado en su contra. Lo anterior es así, pues sería inadecuado estimar que un tercero extraño a juicio, sabedor de un procedimiento instaurado en su contra por determinada autoridad, a quien incluso solicitó copia del expediente, por el simple hecho de no recogerlas no le corrierra el término a que alude el citado numeral, lo cual iría en contra de la buena fe que debe regir todo procedimiento judicial. Máxime que por su calidad de tercero extraño por equiparación, no causaba perjuicio irreparable para la defensa de sus intereses el hecho de que no conociera con precisión la fecha del acto reclamado, los preceptos legales y las consideraciones jurídicas que la fundaban, porque esas circunstancias las podría advertir cuando la responsable rindiera su informe justificado e impugnarlas, en su caso, a través de la ampliación de la demanda, formulando nuevos conceptos de violación en relación con esos aspectos técnicos, si así se estimara prudente, como quedó precisado con antelación, aunque en el caso del tercero extraño por equiparación bastaría con acreditar que no fue debidamente emplazado, lo cual no requiere de la impugnación de aspectos que atañen al fondo de las consideraciones emitidas en la sentencia o en cualquier otra actuación, ya que el solo procedimiento le causa perjuicio. En el caso particular, a fojas 227 existe copia del escrito recibido en la oficialía de partes de la autoridad responsable, de nueve de julio de mil novecientos noventa y nueve, según sello de recibido, en el que la recurrente solicitó copia simple de todas las actuaciones del juicio ejecutivo mercantil 291/96, seguido en su contra; por ende, es evidente que desde ese momento tenía conocimiento directo, exacto y completo de la existencia de ese juicio al hacer alusión en forma específica al número del expediente y autoridad que lo instruía. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 6/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 95, Tomo VII, enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI).’ (la transcribe). Por ende, es claro que la quejosa tuvo la posibilidad legal de impugnar el acto que reclama dentro de los plazos perentorios que la ley consigna y si no lo hizo, tal conducta revela conformidad en su perjuicio, por lo que se colige que existió consentimiento al no haber ejercido en su momento la acción constitucional que ahora intenta. A mayor abundamiento, como lo estimó el a quo, la aludida petición de copias fue formulada por la revisionista con la personalidad que le fue reconocida en el juicio natural, como se advierte del cuerpo del mismo en el que asentó: ‘Elsa Guadalupe García Escobar, promoviendo en autos, con la personalidad que tengo reconocida en el expediente al rubro indicado’, lo que significa que cuando menos, desde esa fecha, tenía conocimiento no sólo de la existencia del juicio, sino también que tenía el carácter de parte demandada."
QUINTO. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito sostuvo la tesis que textualmente dice:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: I, junio de 1995
"Tesis: XXI.2o.3 K
"Página: 392
"ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL PARA EFECTOS DE LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. De conformidad con lo que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, el término de quince días para la interposición del juicio constitucional se inicia, entre otros casos, a partir del día siguiente en que haya tenido conocimiento el quejoso del acto reclamado, el cual debe ser de manera directa, exacta y completa; es decir, que el impetrante debe conocer su fecha, la autoridad que lo dictó, los artículos o fundamentos legales que se hayan invocado para su emisión, así como, las consideraciones lógico-jurídicas en que se apoyó. De tal suerte que, si en autos se constata que el peticionario de garantías, ante la propia autoridad responsable solicitó copias certificadas del acto reclamado, para el efecto de promover el juicio constitucional, resulta evidente que es a partir de ese momento en el que tuvo conocimiento directo, exacto y completo del mismo y, por tanto, debe también correr el término de los quince días para impugnarlo, sin que obste para concluir lo anterior que con posterioridad a la fecha de conocimiento del acto reclamado, el mismo haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, mediante la notificación por lista al quejoso, porque ello no nulifica el proceder de este último.
"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
"Amparo en revisión 114/95. Roberto González Oviedo. 4 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: Juan Manuel Cárcamo Castillo."
Las consideraciones en que se apoyó la ejecutoria para resolver en el sentido que lo hizo son las siguientes:
"Igualmente, debe decirse que tampoco le asiste razón al recurrente al sostener que las resoluciones que impugnó en vía de amparo, dictadas por el Juez responsable en la audiencia previa de conciliación de veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, en términos de lo que dispone el artículo 146 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, debían surtir sus efectos al día siguiente al en que se le hubiera notificado, por lo que al no haberlo apreciado así el a quo, le irroga el agravio hecho valer; contrariamente a ello, dicho concepto de inconformidad es infundado, pues debe decirse que si bien es cierto que atendiendo a lo que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, también lo es que dicho precepto dispone que ese término se comenzará a contar a partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, hipótesis esta que no pasó desapercibida para el Juez Federal, al considerar legalmente que tanto el quejoso como su apoderado legal habían tenido conocimiento del acto impugnado el día veintiocho de octubre del año próximo pasado, según constancia que obra a fojas 161 de autos, de la que se desprende que fue en esa fecha en que dicho representante legal, fundando su promoción en lo dispuesto por el artículo 152 de la Ley de Amparo, solicitó copias ante el Juez natural, relativas a los actos reclamados, con el objeto de promover el juicio de amparo correspondiente; sin embargo, esto último lo hizo hasta el veintidós de noviembre de ese mismo año, de donde el a quo concluyó correctamente que el término para la interposición de la demanda de amparo a que se refiere el citado artículo 21 de la ley de la materia, había transcurrido con exceso, independientemente de que el acto reclamado se le hubiera notificado al quejoso mediante lista publicada el treinta y uno del referido mes de octubre; que si bien es cierto que en términos del criterio jurisprudencial que el propio recurrente cita en sus agravios, los días en que la autoridad responsable dejó de laborar deben considerarse inhábiles y, por ende, descontarse del término para la interposición del juicio constitucional, dicha hipótesis no beneficia al aquí disconforme, aun cuando alegue que el uno y dos de noviembre del año próximo pasado fueron días inhábiles para el juzgado de origen, puesto que como está probado en autos, el quejoso ocurrió ante dicho tribunal ordinario desde el día veintiocho de octubre referido, solicitando las copias correspondientes al acto reclamado, con el fin de interponer el juicio de amparo de que se trata, por lo que resulta incuestionable que es a partir del día siguiente de esa fecha, en que le comenzó a correr el término de los quince días para promover la demanda de garantías, sin que le beneficie el hecho de que el uno y dos de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, la autoridad responsable no hubiera laborado, pues el criterio jurisprudencial que invoca le beneficiaría, en todo caso, si durante esos días inhábiles hubiera solicitado las copias necesarias para la interposición del amparo, una vez que se le hubiera notificado el acto reclamado en términos del artículo 146 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, como lo pretende el recurrente. En tales condiciones, ante la inoperancia e infundado de los conceptos de agravio hechos valer por el recurrente, lo que se impone es confirmar la sentencia federal recurrida, por sus propios y legales fundamentos."
SEXTO. El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, sostuvo la tesis que literalmente dice:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XII, diciembre de 2000
"Tesis: VI.2o.C. J/194
"Página: 1148
"ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO. El análisis de las causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de recepción de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada.
"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
"Amparo en revisión 556/96. Mónica Vernet Ortega. 30 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretaria: Laura Ivón Nájera Flores.
"Amparo en revisión 251/98. María de la Luz Carolina Bravo Rodríguez. 18 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.
"Amparo en revisión 76/2000. Enrique Guyot Islas y otra. 12 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Eduardo Iván Ortiz Gorbea.
"Amparo en revisión 361/2000. María Petra Enedina Xochímitl Cordero. 21 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretaria: Martha Gabriela Sánchez Alonso.
"Amparo en revisión 398/2000. María Emilia Navarro Díaz. 26 de octubre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretaria: Gloria Margarita Romero Velázquez."
Respecto de la tesis antes transcrita no sobra decir que fue corregida por la Primera Sala de esta Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis 26/99, en sesión de catorce de abril de mil novecientos noventa y nueve, en lo relativo a la palabra solicitud por la palabra recepción, lo anterior en virtud de que la tesis en cuestión no reflejaba lo que la ejecutoria sostenía, declarando que no existía la contradicción de criterios denunciada.
Las consideraciones en que se apoyó la ejecutoria respectiva, en su parte conducente, son:
"TERCERO. Es parcialmente fundado el agravio aducido y suficiente para revocar la sentencia recurrida y decretar el sobreseimiento del juicio de garantías, de conformidad con las consideraciones siguientes: Asevera en esencia el inconforme, que el a quo no tomó en cuenta que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo y procede sobreseer el juicio de amparo con apoyo en el numeral 74, fracción III, de la citada ley, en virtud de que la quejosa, Mónica Vernet Ortega, tuvo conocimiento de los actos reclamados desde el día veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, fecha en que recibió copias certificadas de todo lo actuado en el expediente 1885/93, del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, del que emanan dichos actos impugnados, en donde consta la copia de la credencial con la que se identificó, deviniendo como consecuencia que solicitó en forma extemporánea el amparo. En efecto, le asiste la razón al recurrente toda vez que el Juez natural, al rendir su informe justificado, remitió copias certificadas de las constancias que estimó pertinentes, en virtud de que por auto de fecha uno de agosto de mil novecientos noventa y seis, envió los autos originales del expediente 1885/93 a la Notaría Pública Número Uno de ese distrito judicial, con el fin de que los demandados se presentaran a otorgar la escritura respectiva (fojas 19 a 139 del expediente de amparo número 974/96). Ahora bien, entre las citadas constancias certificadas, se encuentra a foja ciento cuatro el ocurso de fecha diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, suscrito por Sergio Martínez Linares, por medio del cual solicitó al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, copias certificadas de todo lo actuado dentro del expediente 1885/93, siendo obsequiada su petición por auto de veintitrés de los mismos mes y año (foja 102 vuelta). Asimismo, obra a foja ciento cinco del expediente que se revisa, el acuerdo de fecha veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, en el cual se hace constar que compareció Mónica Vernet Ortega a recibir dichas copias certificadas de todo lo actuado, quien se identificó con la credencial para votar con fotografía y firmó de conformidad al calce, y en la diversa foja ciento trece se encuentra la referida copia de la credencial de elector de ésta; tales copias certificadas tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con su numeral segundo. De lo antes expuesto, se advierte que el Juez de Distrito ilegalmente omitió analizar la causal de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 21 del mismo ordenamiento jurídico, hecha valer por Roberto Reyes Aguilar, tercero perjudicado, cuyo estudio es preferente, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia número 5, sustentada por este Tribunal Colegiado que dice: ‘IMPROCEDENCIA.’ (la transcribe). En ese orden de ideas, debe considerarse que la demanda de garantías fue presentada en forma extemporánea, como lo aduce el recurrente. Esto es así, toda vez que si la quejosa, Mónica Vernet Ortega, tuvo conocimiento de los actos reclamados el día veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (foja 105), y la demanda de amparo la presentó el dos de septiembre de mil novecientos noventa y seis, según el sello fechador que obra en la misma (foja 2), es incuestionable que su presentación fue hecha fuera del término legal de quince días establecido por el artículo 21 de la Ley de Amparo; por ende, los actos reclamados fueron consentidos tácitamente por la promovente, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73, en relación con el numeral 21, ambos de la ley de la materia y procede sobreseer el juicio de garantías con fundamento en el precepto 74, fracción III, del invocado ordenamiento jurídico. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia número VI.2o. J/21, sustentada por esta potestad federal, del tenor literal siguiente: ‘ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE.’ (la transcribe)."
SÉPTIMO. El Cuarto Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Cuarto Circuito, sostuvo la tesis que textualmente dice:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: VII, junio de 1998
"Tesis: IV.4o.6 K
"Página: 609
"ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL. NO PUEDE DEDUCIRSE DE LA SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS. La promoción mediante la cual una de las partes solicitó que se le expidiera copia certificada de la resolución reclamada no es bastante para establecer que se tiene conocimiento de ésta y, así, iniciar el cómputo de quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo para la presentación de la demanda de garantías, porque la ley exige que el conocimiento de los actos reclamados sea completo, real e indubitable y no presuntivo; de manera que la parte interesada debe estar enterada no solamente de que se emitió la resolución y de qué autoridad la pronunció, sino también de los preceptos legales y las consideraciones jurídicas que sustentaron el fallo, pues lógicamente la finalidad de obtener una copia certificada del mismo, era obtener el conocimiento integral de su contenido, con el propósito de preparar su acción constitucional.
"CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.
"Reclamación 1/98. Jesús Bender Rivera. 10 de febrero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Sánchez Fitta. Secretaria: María Mercedes Magaña Valencia."
Las consideraciones en que se apoyó la ejecutoria correspondiente, en su parte conducente, dicen:
"CUARTO. Son infundados los agravios que se expresan. En el auto de presidencia que se recurre, se sostiene que no tiene razón el tercero perjudicado al manifestar que la demanda de amparo es extemporánea, porque la ahora quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado el primero de octubre de mil novecientos noventa y siete, fecha en la que solicitó a la autoridad responsable copia certificada de la sentencia reclamada, pues tal solicitud no permite a la peticionaria de garantías conocer los datos necesarios para defender sus derechos, y en su escrito no se manifestó sabedora del acto reclamado, cuyo conocimiento debe ser directo, exacto y completo, aplicando al caso la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que cita bajo los rubros: ‘ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO.’ y ‘ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL.’. El razonamiento que antecede no causa agravio al recurrente, pues la promoción mediante la cual la ahora quejosa solicitó se le expidiera copia certificada de la resolución reclamada, autorizando a los profesionistas que mencionara para recoger dicha documentación, no es bastante para tener por conocido el acto reclamado de parte de ésta e iniciar el cómputo de los quince días establecidos por el artículo 21 de la Ley de Amparo para la presentación de la demanda de garantías, porque el espíritu de la ley es en el sentido de exigir un conocimiento real de los actos reclamados y no presuntivo; lo anterior es así, no obstante que la quejosa apoyara su petición en el artículo 152 de la Ley de Amparo, pues ello de modo alguno significa que tuviera conocimiento del acto reclamado en forma total, es decir, como atinadamente lo sostiene la tesis que se cita en el auto que se analiza, que estuviera enterada no solamente de que se emitió la resolución y de cuál autoridad la pronunció, sino también de los preceptos legales que invocó y las consideraciones jurídicas que sustentaron el fallo, pues lógicamente la finalidad de obtener una copia certificada de la resolución reclamada era para tener un conocimiento integral de su contenido, con el propósito de preparar su acción constitucional, de manera que no puede considerarse como prueba fehaciente que permita afirmar que esos extremos eran conocidos por la quejosa y, por tanto, resulta improcedente pretender que se declare la extemporaneidad de la presentación de la demanda de garantías."
OCTAVO. Por último, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito sustentó la tesis que es del tenor literal siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: V, enero de 1997
"Tesis: III.1o.C.12 K
"Página: 409
"ACTO RECLAMADO. SU CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE LA RECEPCIÓN DE COPIAS DEL JUICIO NATURAL. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días, que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si la parte quejosa solicitó y obtuvo la expedición de copias relativas al expediente del juicio natural, de donde deriva el acto reclamado, resulta inconcuso que es a partir de la fecha de recepción de las mencionadas copias que se tiene conocimiento del acto reclamado, y por ende, desde esa fecha, el punto de partida para realizar el cómputo de los quince días a q
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17205-7dc75e23/acto-reclamado-debe-tenerse-por-conocido-desde-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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