RECURSO DE QUEJA. SU INTERPOSICIÓN ANTES DE QUE INICIE EL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO ES OPORTUNA, AL NO INFRINGIR NI SOBREPASAR AQUÉL.
QUEJA 22/2017. 28 DE FEBRERO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE SEBASTIÁN MARTÍNEZ GARCÍA. SECRETARIO: JUAN MANUEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO.—El recurso que se examina se presentó en tiempo, en términos del artículo 98, fracción I, de la Ley de Amparo, puesto que la resolución impugnada se notificó al recurrente por lista de acuerdos el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete y el escrito de expresión de agravios se presentó ante la Oficialía de Partes del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, el veinticuatro de febrero siguiente; esto es, antes de que iniciara el término legal de dos días hábiles que disponía para hacerlo, por lo que es innecesario realizar mayor cómputo ante su evidente oportunidad.
Ciertamente, conforme a lo dispuesto por el preinvocado artículo 98, fracción I, el recurso de queja podrá interponerse dentro del término de dos días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución que resuelva la suspensión provisional, de cuyo texto se puede inferir, lógicamente, que este medio de impugnación no podrá hacerse valer con posterioridad a ese plazo; sin embargo, ello no impide que el recurso pueda interponerse antes de que inicie el cómputo del plazo, debido a que esa anticipación no infringe ni sobrepasa el término previsto en la ley, si se toma en cuenta que el establecimiento de un límite temporal para ejercer un derecho, como en el caso, para interponer el recurso de queja, tiene como propósito primordial generar seguridad jurídica respecto de las resoluciones jurisdiccionales, pero no prohibir que ese derecho se ejerza anticipadamente.
Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 16/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 27, Tomo I, febrero de 2016, página 729, con número de registro digital: 2011123, de título, subtítulo y texto siguientes:
"RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SU INTERPOSICIÓN RESULTA OPORTUNA AUN CUANDO OCURRA ANTES DE QUE INICIE EL CÓMPUTO DEL PLAZO RESPECTIVO. El artículo 86 de la Ley de Amparo establece que el plazo para interponer el recurso de revisión es de 10 días, y acorde con el diverso 22 de la misma ley, donde se precisan las reglas para el cómputo de los plazos en el juicio de amparo, en ellos se incluirá el día del vencimiento. De esta manera, de la interpretación de ambos preceptos se concluye que, al fijar un plazo para la interposición del recurso, el legislador quiso establecer un límite temporal a las partes para ejercer su derecho de revisión de las resoluciones dictadas dentro del juicio de amparo, a fin de generar seguridad jurídica respecto a la firmeza de esas decisiones jurisdiccionales; sin embargo, las referidas normas no prohíben que pueda interponerse dicho recurso antes de que inicie el cómputo del plazo, debido a que esa anticipación no infringe ni sobrepasa el término previsto en la ley."
Lo acabado de sostener, es con entera independencia de que haya sido turnado a la oficialía de partes de este tribunal hasta el lunes veintisiete de febrero del año en curso, por haber mediado sábado y domingo (veinticinco y veintiséis de febrero), en los que de acuerdo con el artículo 19 de la Ley de Amparo, no corren términos.
Orienta la anterior conclusión, la tesis de jurisprudencia número 434, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 289, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, con número de registro digital 394390, aplicable al caso, conforme el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, que dice:
"QUEJA, INTERPOSICIÓN DE LA. CÓMPUTO DEL TÉRMINO EN CASO DE UNA RESOLUCIÓN DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL.—El recurso de queja contra las resoluciones de un Juez de Distrito o del Superior del Tribunal responsable, en que se niegue o conceda la suspensión provisional, previsto en el artículo 95, fracción XI de la Ley de Amparo, debe interponerse dentro de las 24 horas siguientes de que surta efectos la notificación. Ahora bien, el artículo 24 de la Ley de Amparo, establece que los términos en el incidente de suspensión se contarán de momento a momento; sin embargo, ello no significa que deban incluirse en el cómputo respectivo los días inhábiles, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 23 de la propia ley, puede afirmarse que jurídicamente corresponde al quejoso promover sólo los días hábiles, porque es sabido que los tribunales federales no prestan sus servicios al público los días sábados y domingos, ni los demás que menciona el propio párrafo del artículo 23."
CUARTO.—No se transcribirán las consideraciones que sustentan la resolución recurrida, ni los agravios de la queja, pues por una parte, no existe disposición legal que obligue a que formalmente obren en la sentencia, inclusive el artículo 74 de la Ley de Amparo, nada dispone al respecto, aunque sí impone el deber de resolver las cuestiones efectivamente planteadas; por otra, se han entregado junto con esta resolución copias certificadas de esos apartados a los integrantes de este cuerpo colegiado, tal y como se determinó en sesión extraordinaria de tres de febrero de dos mil dieciséis.
Cobra aplicación al caso la tesis aislada XVII.1o.C.T.30 K, que se comparte, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, marzo de 2006, página 2115, con número de registro digital: 175433, cuyos rubro y texto son:
"SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AL EMITIRLAS NO SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A TRANSCRIBIR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA.—El hecho de que en las sentencias que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriba la resolución recurrida, no infringe disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual quedan sujetas sus actuaciones, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe precepto alguno que establezca esa obligación; además, dicha omisión no deja en estado de indefensión al recurrente, puesto que ese fallo obra en los autos y se toma en cuenta al resolver."
Así como la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, con número de registro digital: 164618, que dice:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.—De los preceptos integrantes del capítulo X ‘De las sentencias’, del título primero ‘Reglas generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."
QUINTO.—Los agravios expuestos por el recurrente, en la medida en que se atienden, son sustancialmente fundados.
En ellos, expone el inconforme, que en el caso debió otorgársele la suspensión provisional solicitada, en razón de que no se contravienen disposiciones de orden público ni se causa perjuicio al interés social, además de que ponderando el requisito de la apariencia del buen derecho y atendiendo a lo que expuso en sus conceptos de violación, se advierte que existe motivo manifiesto y patente de que existió violación a sus derechos fundamentales con el acto reclamado.
Le asiste razón al recurrente, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen.
El quejoso, en su demanda de amparo inicial, señaló como actos reclamados:
"Norma general, acto u omisión reclamado: reclamo del presidente y secretaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado:
"A) La omisión de la emisión de mandato de autoridad debidamente fundado y motivado en el que la autoridad competente ordenara la suspensión temporal o remoción de mi cargo como Juez Interino del Juzgado Segundo Menor del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz.
"B) La omisión de la notificación del mandato de autoridad que ordenara la suspensión temporal o remoción de mi cargo como Juez interino del Juzgado Segundo Menor del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz.
"C) La inconstitucional suspensión temporal o remoción de mi cargo al haber designado mediante oficio número **********, de fecha treinta de enero del año en curso, a la licenciada **********, para ocupar mi cargo a partir del día primero de febrero al día 31 de marzo del año en curso y por haberla puesto materialmente en éste, como consecuencia del ilegal nombramiento de fecha antes señalada (nombramiento mediante el cual se designó a la licenciada ********** como Juez por remoción o suspensión temporal de mi cargo, reiterando que a mí no me fue comunicado en forma directa a través de oficio o constancia la suspensión temporal o remoción de mi cargo).
"D) Como consecuencia del acto que reclamo en el inciso inmediato anterior, reclamo la ilegal suspensión del pago pago (sic) de mi salario y demás prestaciones que percibo como Juez interino del Juzgado Segundo Menor de este Distrito Judicial." (fojas 27 y 28)
El recurrente, en el capítulo de antecedentes, manifestó bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:
1. Que ha laborado para el Poder Judicial del Estado de Veracruz ininterrumpidamente desde el uno de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, ocupando diversos puestos, siendo originalmente secretario de estudio y cuenta en diversos juzgados de primera instancia; que a finales del año dos mil diez, al mes de mayo de dos mil doce, se desempeñó como Juez interino del Juzgado Segundo Menor, de Coatzacoalcos, Veracruz; que de igual manera ocupó dicho cargo en la ciudad de Veracruz, de junio de dos mil doce a junio de dos mil quince; y que actualmente desempeñaba esa misma función en el Juzgado Segundo Menor de esta ciudad.
2. Agregó que durante su trayectoria laboral no ha sido sancionado, suspendido o removido por cometer falta alguna; sin embargo, señala que el treinta y uno de enero del año que transcurre, el secretario de Acuerdos adscrito a su juzgado, le hizo saber que la licenciada **********, presentó en la oficialía de partes del juzgado copia del oficio **********, de treinta de enero del citado año, haciéndosele saber a la citada persona a través de ese documento que fue suspendido o removido de su cargo, ya que ella ocuparía su puesto a partir del primero de febrero al treinta y uno de marzo de la presente anualidad, sin expresar las razones o motivos que originaron tal situación.
3. En ese sentido, manifestó que acudió a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, a solicitar una explicación, siendo informado por un Magistrado consejero que ante los cambios habidos en dicho organismo, se le suspendía temporalmente en su trabajo a partir del uno de febrero al treinta y uno de marzo del año en curso; que verían la posibilidad de reasignarlo a un juzgado municipal durante ese tiempo, o bien que esperara a que se cumpliera el referido lapso para que se reingresara a su cargo, a lo cual se rehusó bajo el argumento de que no había cometido falta alguna, mencionándole el funcionario que tuviera paciencia, porque en realidad no había sido suspendido definitivamente.
4. Añadió que el primero de febrero del presente año acudió a las instalaciones del Juzgado Segundo Menor de esta ciudad, donde se cercioró que su cargo ya estaba ocupado por la licenciada **********.
5. En aclaración de la demanda constitucional, ante el requerimiento hecho por el Juez de Distrito, adujo:
"1. Sí se llevó a cabo la diligencia de entrega-recepción, y ello fue a las catorce horas con treinta minutos del día treinta y uno de enero del año en curso, de la cual acompaño el acta respectiva, además, a manera de referencia, expreso que junto con mi escrito inicial acompañé una placa fotográfica donde consta que la profesionista que señalo como tercero interesada a juicio, despachó al día siguiente de la entrega impuesta por los responsables.
"2. Mi nombramiento actual es el de Juez interino del Juzgado Segundo Menor de este Distrito Judicial, nombramiento que ha permanecido desde la fecha en que me fue otorgado (nueve de junio de dos mil quince)." (foja 156)
Aquí, cabe recordar que conforme al principio de buena fe, observable en materia de amparo, tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados, en cuya resolución no se cuenta con más elementos de prueba y argumentos que los aportados por la parte quejosa en su demanda bajo protesta de decir verdad, el Juez de Distrito debe resolver sobre dicha petición atendiendo a tales manifestaciones.
Justifica lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 5/93, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 68, agosto de 1993, página 12, con número de registro digital: 206395, que dice:
"SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO.—Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el Juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo."
En ese contexto, el Juez de Distrito, al pronunciarse sobre la medida cautelar, negó la suspensión provisional por considerar que se trataba de un acto consumado, tal como se advierte de la siguiente transcripción que, en lo que aquí interesa, dice:
"... Cabe destacar que el quejoso solicita que se conceda la suspensión provisional para el efecto de ser reintegrado a su puesto (Juez Interino adscrito al Juzgado Segundo Menor del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz) y se le siga pagando su salario y demás prestaciones que percibía; asimismo, se advierte que la parte quejosa para acreditar su interés suspensional acompañó las constancias relativas a copias certificadas del cuadernillo administrativo *********, tres copias certificadas de credenciales expedidas por el Poder Judicial del Estado de Veracruz, a nombre del quejoso, copia certificada de las constancias de participación a cursos, diplomados, capacitación, entre otros, copia simple del oficio **********, de treinta de enero de dos mil diecisiete, expedido por el presidente y secretaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, ambos con sede en esta ciudad, así como copias simples de listas de acuerdos de asuntos civiles y mercantiles publicados el uno de febrero de dos mil diecisiete.
"Conclusión
"Ahora bien, atendiendo al acto reclamado, así como a los efectos respecto de los cuales la parte quejosa solicita la medida cautelar, con fundamento en los artículos 128 y 131, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional que solicita, en razón que el nombramiento otorgado a ********** y la remoción de su cargo se trata de actos consumados, debido a que hasta el momento no se advierten mayores datos que acrediten la basificación o temporalidad del último nombramiento o de la plaza del quejoso, por lo que contra dicho acto resulta improcedente conceder la medida cautelar, ya que el efecto de ésta es mantener las cosas en el estado que guardan al decretarla y no el de restituirlas al que tenían antes de la violación constitucional reclamada, lo cual es propio de la sentencia definitiva que en el juicio se pronuncie y, en su caso, se conceda el amparo solicitado.
"Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: ... ‘ACTOS CONSUMADOS SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE ...’." (fojas 27 y 28)
Ahora bien, como se anticipó, el resolutor de amparo sustentó su determinación de negar la suspensión provisional de los actos reclamados, al considerar que se trata de un "acto consumado" el nombramiento otorgado a ********** y la remoción del quejoso del cargo de Juez Interino del Juzgado Segundo Menor de esta ciudad, debido a que hasta el momento no advertía mayores datos que acreditaran la basificación o temporalidad del último nombramiento o de la plaza del quejoso; y que de conceder la medida cautelar el efecto sería mantener las cosas en el estado que guardan al decretarla y no el de restituirlas al que tenían antes de la violación constitucional reclamada, lo cual dijo, era propio de la sentencia definitiva que en el juicio se pronuncie, en caso de concederse el amparo solicitado.
Antes de continuar, deben precisarse debidamente los actos reclamados por el solicitante de amparo, los cuales consisten propiamente en: a) La falta de emisión de un mandato de autoridad competente fundado y motivado, a través del cual se le ordenara la suspensión temporal o remoción de su cargo como Juez Interino adscrito al Juzgado Segundo Menor de esta ciudad; b) La "omisión" de la notificación de dicho mandato; c) La "...suspensión temporal o remoción de mi cargo, al haber designado mediante oficio número **********, de fecha treinta de enero del año en curso, a la licenciada **********, para ocupar mi cargo a partir del día primero de febrero al 31 de marzo del año en curso y por haberla puesto materialmente en éste, como consecuencia del ilegal nombramiento de fecha antes señalada..."; y, d) La suspensión del pago a su salario y demás prestaciones que percibía en su cargo de Juez interino.
Actos respecto de los cuales el quejoso solicitó la suspensión con efectos restitutorios provisionales conforme a la apariencia del buen derecho.
Continuando con el estudio del presente toca, debe decirse que por lo que hace a las consideraciones que al efecto expuso el Juez a quo para negar la suspensión provisional, éstas resultan inexactas, pues la doctrina jurídica que otrora regía para decretar esta medida cautelar, ya no es la misma, en principio, porque conforme al nuevo marco normativo que impera a partir de las reformas constitucionales del seis de junio de dos mil once y de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el tres de abril de dos mil trece, particularmente de lo dispuesto en sus artículos 113 y 147, los actos consumados es posible que se restituyan provisionalmente y hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva, siempre y cuando sea material y jurídicamente posible hacerlo, ello tras realizar el análisis de cada caso a la luz del principio de la apariencia del buen derecho.
Ciertamente, los artículos 107, fracción X, párrafo primero, de la Constitución General, y 138 y 147 de la Ley de Amparo vigente, disponen:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. ..."
"Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente:
"I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado;
"II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y
"III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes."
"Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos.
"Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.
"El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo."
Como se ve, la nueva regulación de la suspensión del acto reclamado, permite que opere sobre las consecuencias o efectos del acto, para que, por virtud de ella, el quejoso siga gozando del derecho fundamental que pretendía arrebatarle el acto violatorio, mientras se resuelve la suspensión definitiva o el juicio de amparo.
De ahí que la suspensión no solamente puede actuar mediante la paralización de un estado de cosas para impedir que el acto afectatorio se materialice (medidas conservativas), sino también mediante el restablecimiento al quejoso en el goce del derecho afectado con el acto reclamado (tutela anticipada).
Esto es, con la regulación actual se admite abiertamente la posibilidad de restablecimiento en el derecho vulnerado, con motivo de la suspensión, cuando siendo procedente ésta, sea jurídica y materialmente posible dicho restablecimiento.
Por ende, carece de relevancia considerar si el acto reclamado ya fue ejecutado o si se consumó, para efectos de resolver si se concede o no la medida cautelar, porque admitiéndose la posibilidad de restablecimiento en el goce del derecho como una resolución anticipada de la tutela que se espera del juicio, lo determinante para conceder la medida debe ser la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social.
Con base en dichas premisas se sigue que es jurídicamente incorrecta la determinación del Juez de Distrito de negar la suspensión provisional, bajo el único argumento de que se trata de un acto consumado y que no puede dársele efectos restitutorios pues, como se vio, la Ley de Amparo vigente sí permite el restablecimiento al quejoso en el goce de la garantía o derecho afectado con el acto reclamado (tutela anticipada), bajo ciertas condiciones.
De modo que, el hecho de que el acto de autoridad se hubiere ejecutado, en su caso, sólo puede servir para fijar los efectos de la concesión de la suspensión, en el sentido de si es jurídica y materialmente posible restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, pero no como base para negar la medida precautoria.
En tal escenario, la técnica a seguir, tratándose de actos consumados, consiste en: primero realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho y el interés social y, una vez hecho lo anterior, analizar si es jurídica y materialmente posible el restablecimiento en el goce de los derechos del quejoso.
Así las cosas, como se señaló con antelación, la determinación del juzgador federal no es apegada a derecho y, en esa medida, debe considerarse fundado el presente recurso de queja, pero que ante la falta de reenvío, este Tribunal Colegiado de Circuito reasume, de oficio, el estudio de la procedencia de la suspensión provisional solicitada y, apreciando lo narrado en el ocurso constitucional acuerda que sí resulta procedente su otorgamiento, pues el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y el interés social se estima suficiente para concederla, por el momento, y sin perjuicio de lo que se decida en la suspensión definitiva.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 10/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, enero de 2001, página 13, con número de registro digital: 190364, de rubro y texto siguientes:
"SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA OMISIÓN DE FUNDAR Y MOTIVAR EL AUTO EN QUE SE RESUELVE, DEBE REPARARSE POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE ESTÁ FACULTADO PARA ELLO, AL RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA.—El análisis sistemático de los artículos 124, 130, 95, fracción XI, 97, fracción IV, 99, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, que respectivamente determinan la naturaleza de la suspensión provisional de los actos reclamados, así como las reglas de procedencia, tramitación y resolución del recurso de queja contra el acuerdo en que se concede o niega esa medida, permiten establecer que la omisión de fundar y motivar el acuerdo que resuelve la suspensión provisional de los actos reclamados, alegada como agravio, debe ser reparada por el Tribunal Colegiado de Circuito, en el trámite del recurso de queja correspondiente. Esto es así, porque la omisión apuntada se constriñe a una violación procesal cometida en el dictado del acuerdo impugnado, que lo nulifica, permitiendo al tribunal de alzada asumir plenitud de jurisdicción para resolver de plano lo que proceda, esto es, sin mayor sustanciación, de inmediato e integralmente, si niega o concede la medida suspensional, al contar con las constancias pertinentes, es decir, toda pieza de autos relacionada con esa medida, que el Juez de Distrito tiene obligación de enviarle junto con el escrito de queja, para fundar y motivar su determinación y así cumplir con la finalidad de decidir con celeridad y urgencia la medida suspensional, para evitar que quede sin materia y sobre todo que los actos reclamados se ejecuten o se sigan ejecutando causando al quejoso notorios daños y perjuicios de difícil reparación, en caso de obtener la concesión del amparo."
De igual manera, resulta de aplicación a lo antes considerado, por las razones que contiene, la tesis aislada IV.2o.A.58 K (10a.), que se comparte, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo II, junio de 2014, página 1912, con número de registro digital: 2006644, que dice:
"SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. AUNQUE, POR REGLA GENERAL, SU OTORGAMIENTO POR EL JUEZ DE DISTRITO PRESUPONE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE EXIGIDOS PARA SU CONCESIÓN, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN QUEJA O REVISIÓN PUEDE, EXCEPCIONALMENTE, REVISAR DE OFICIO ESE ASPECTO, AUN ANTE LA AUSENCIA DE AGRAVIO, SI NOTORIAMENTE SE APRECIA QUE LA CONCESIÓN DE LA MEDIDA CONTRAVIENE EL ORDEN PÚBLICO, EL INTERÉS SOCIAL O TIENE UN EFECTO CONSTITUTIVO DE DERECHOS. De la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que los actos reclamados en el juicio de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual, el órgano jurisdiccional, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Por otro lado, de los artículos 128, 129 y 131 de la Ley de Amparo, en vigor desde el 3 de abril de 2013, deriva que, hecha excepción de los casos en que deba concederse de oficio, la suspensión se otorgará siempre que: a) la solicite el quejoso y, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; pudiéndose conceder aun respecto de aquellos actos ejemplificados en el artículo 129 mencionado, si a estimación del juzgador la negativa de la suspensión puede ocasionar mayor perjuicio al interés social y siempre en el entendido de que, cuando se aduzca un interés legítimo, la suspe
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29669-e53e2bc9/recurso-de-queja-su-interposicion-antes-de-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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