ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU AUTO ADMISORIO. REQUIERE DE PREVIA GARANTÍA BASTANTE PARA REPARAR EL DAÑO E INDEMNIZAR EL PERJUICIO QUE, EN SU CASO, SE CAUSE A TERCEROS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 16/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y OCTAVO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 28 DE MAYO DE 2015. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. DISIDENTES: JUAN N. SILVA MEZA Y MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuito y especialidad.
Lo anterior encuentra apoyo, además, en el criterio contenido en la tesis P. I/2012 (10a.), que establece:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).-De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito." [Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Pleno, tesis aislada, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, tesis P. I/2012 (10a.), página 9, número de registro digital: 2000331]
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
En efecto, debe tenerse presente que los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran, los Jueces de Distrito y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante este Alto Tribunal, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
Según se expuso, dentro de los sujetos legitimados para denunciar una contradicción de tesis se encuentran los Magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado. En el caso, la denuncia correspondiente fue formulada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Luego, es claro que están legitimados para formular la denuncia correspondiente, de conformidad con el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.
TERCERO.-Ejecutorias contendientes. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, es menester formular una breve referencia a los antecedentes de cada asunto y, posteriormente, transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.
I. Por lo que hace al recurso de queja **********, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, tenemos como antecedentes los siguientes:
1. La sucesión a bienes de ********** promovió demanda de amparo en contra del director del Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta, Jalisco, y del Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Tepic, Nayarit, por los actos reclamados consistentes en la inscripción de la escritura pública número **********, en el folio real **********, relativa a un contrato de compraventa a favor de **********, **********, ********** y **********, de la escritura número **********, en el mismo folio real, que contiene la traslación de dominio a favor de **********, y de la diversa escritura número ********** en el mismo folio real, relativa al convenio de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria celebrado por **********, a favor de **********.(1)
2. Tocó conocer de la demanda al Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien por acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil catorce, la admitió a trámite y registró con el número **********.
Posteriormente, realizados distintos actos de carácter procesal, el Juez de Distrito dictó acuerdo de veinticinco de abril de dos mil catorce, en el que, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, concedió la medida cautelar solicitada por la quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable inscribiera la demanda de amparo y su acuerdo de admisión, en el Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta, Jalisco, citando, al efecto, la jurisprudencia 2a./J. 67/2006, de rubro: "ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA DE AMPARO Y SU AUTO ADMISORIO. ES POSIBLE DECRETAR ESA MEDIDA CAUTELAR EN EL EXPEDIENTE PRINCIPAL DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN LA VÍA INDIRECTA, A PETICIÓN DEL INTERESADO."
Asimismo, precisó que la medida cautelar surtiría sus efectos desde luego de manera inmediata, de conformidad con los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo, pero que dejaría de hacerlo, si dentro de los cinco días siguientes a que surtiera efectos la notificación de ese acuerdo, la parte quejosa no exhibía ante el juzgado garantía por el importe de ********** (**********), en cualquiera de las formas establecidas por la ley, o acreditara haber pagado los derechos por la anotación preventiva. Cabe agregar que el Juez apuntó que la cantidad referida se fijó a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a los terceros interesados con la concesión de la medida.(2)
3. En contra de esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, con fundamento, entre otros, en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, el cual, fue turnado al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien lo registró con el número **********, y dictó resolución el trece de octubre de dos mil catorce, en el sentido de declarar fundado dicho medio de impugnación, en los términos que a continuación se transcriben:
"SEXTO.-Son esencialmente fundados los conceptos de agravio propuestos.
"En la parte que interesa del auto recurrido, el Juez de Distrito concedió la medida precautoria solicitada, para el efecto de que la demanda de amparo y su auto admisorio sean inscritos en el Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta, Jalisco, con la finalidad de preservar la materia del amparo y evitar defraudar derechos de terceros; conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de clave de clave (sic) 2a./J 67/2006 y rubro: ‘ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA DE AMPARO Y SU AUTO ADMISORIO. ES POSIBLE DECRETAR ESA MEDIDA CAUTELAR EN EL EXPEDIENTE PRINCIPAL DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN LA VÍA INDIRECTA, A PETICIÓN DEL INTERESADO.’
"Sin embargo, el juzgador federal acotó que, aunque dicha medida cautelar surtía sus efectos de forma inmediata, dejaría de hacerlo si dentro de los cinco días siguientes a que surtiera sus efectos la notificación respectiva, la sucesión quejosa no exhibe garantía por la cantidad de ********** (**********), misma que se fija tomando en cuenta el valor del inmueble materia de los actos reclamados, según lo indicado por el avalúo agregado a foja veinticinco del expediente principal.
"En contra de esa determinación, la parte inconforme aduce, en esencia, que el juzgador federal interpretó incorrectamente la jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como también aplicó de manera indebida al caso los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo, que sólo cobran observancia en el incidente de suspensión del acto reclamado y no tratándose de la medida cautelar consistente en la inscripción de la demanda de garantías.
"Agrega que lo procedente es que sólo se cubra a su cargo el pago del derecho por la inscripción registral de la demanda y su cancelación posterior, pero no que se le exija una garantía tan elevada como la que fue fijada, toda vez que la violación de garantías alegada no tiene precio.
"Como se dijo, lo así expuesto resulta esencialmente fundado.
"La Segunda Sala del Máximo Tribunal de País, al emitir la ejecutoria a través de la cual resolvió la contradicción de tesis 53/2006-SS, suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero del Décimo Quinto Circuito y Segundo del Décimo Primer Circuito, estableció, en la parte que aquí interesa, lo siguiente:
"a) Las directrices contenidas en los artículos 124, último párrafo y 130, primer párrafo, de la Ley de Amparo, deben ser acordes con los principios que derivan del derecho de acceso efectivo a la jurisdicción, garantizado en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Fundamental, mismos que, tratándose del juicio de amparo, no sólo deben estar orientados a privar de efectos a los actos de autoridad que contravengan el texto constitucional, sino además a facilitar la ejecución materia de la sentencia que conceda la protección constitucional.
"b) Para la consecución de esos objetivos y evitar que se defrauden derechos de terceros, el órgano de control constitucional tiene la potestad de adoptar las medidas que juzgue pertinentes, sin que éstas deban limitarse a la suspensión del acto reclamado, ya que habrá casos en que ésta no sea el medio idóneo para prevenir la realización de actos que, llegado el momento, dificulten o impidan la ejecución del fallo que conceda el amparo.
"c) En los juicios de amparo en la vía indirecta en que se controvierta un acto de autoridad relacionado con algún derecho real, respecto de un bien inmueble, y con la finalidad de garantizar el referido acceso efectivo a la jurisdicción, es viable que se decrete dentro del expediente principal y a petición del interesado, la inscripción de la demanda de garantías y de su auto admisorio en el Registro Público de la Propiedad, evitando fraudes, abusos o la ocultación de gravámenes y, consecuentemente, otorgar certeza jurídica de los actos traslativos de la propiedad, al poner de manifiesto la real condición de los inmuebles.
"d) El otorgamiento de la referida medida preventiva es procedente siempre que el solicitante justifique el derecho o la apariencia de su existencia (fumus boni iuris) y el peligro de sufrir su pérdida o menoscabo, debido al tiempo que demora en resolverse el juicio de amparo.
"e) La medida apuntada debe tener vigencia hasta en tanto se resuelva por sentencia firme el fondo de la litis constitucional o se emita decisión firme que ponga fin al juicio sin analizar el fondo, y sólo tendrá efectos publicitarios, con el único propósito de que cualquier adquirente tenga conocimiento pleno de la situación litigiosa del inmueble.
"f) Además de verificar que estén justificados los extremos necesarios para su otorgamiento, el juzgador debe tomar en cuenta, para decretar la medida, que los gastos y derechos generados por la anotación preventiva y su cancelación, inclusive, deben ser por cuenta de quien solicite dicha medida, así como que, a fin de no dejar incierta la condición de inmueble, cuando se emita sentencia ejecutoria de amparo o diversa determinación firme que ponga fin al juicio, deberá ordenar de inmediato y en forma oficiosa la cancelación del asiento registral preventivo.
"La parte conducente de la ejecutoria es la que enseguida se transcribe: (se transcribe).
"Visto lo anterior, se concluye que asiste razón a la recurrente cuando aduce que el Juez de amparo actuó de forma desapegada a derecho, al condicionar la efectividad de la medida cautelar, al otorgamiento de una garantía correspondiente al valor del inmueble materia de los actos reclamados.
"Se sostiene este aserto, en primer lugar, porque del análisis de las consideraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reseñadas en párrafos previos, no se advierte que en ellas se haya establecido que, de concederse la medida cautelar, consistente en la anotación registral preventiva de la demanda de amparo, es necesario otorgar garantía en términos del artículo 125 de la abrogada Ley de Amparo y su correlativo 132 de la legislación en vigor; por lo contrario, se indicó expresamente que, además de verificar los extremos necesarios para la procedencia de dicha medida, el juzgador sólo debe tener en cuenta que el pago de derechos por la inscripción corre a cargo del solicitante.
"Pero, además de lo anterior, no debe pasarse por alto que esa medida, a diferencia de la suspensión provisional o definitiva, no tiene como efecto paralizar el acto reclamado ni sus consecuencias, sino únicamente dar publicidad a la existencia de una demanda de amparo relacionada con un inmueble determinado; lo cual, evidentemente, no es susceptible de causar daños y perjuicios a la parte tercero interesada, de los que deben garantizarse conforme al citado artículo 132 de la ley de la materia, pues como se dijo, la inscripción preventiva de la demanda es netamente publicitaria, pero no para que las cosas se mantengan en el estado que guardan.
"Lo (sic) anterior determinación se corrobora con lo establecido por los artículos 40, fracciones X y XII, 41 y 42 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, que dicen:
"‘Artículo 40.’ (se transcribe)
"‘Artículo 41.’ (se transcribe)
"‘Artículo 42.’ (se transcribe)
"Así pues, al ser fundado el presente recurso de queja, se impone revocar el auto recurrido, únicamente en la parte que es materia de impugnación, para el efecto de que el juzgador federal, atendiendo a las consideraciones anteriores, determine que la efectividad de la medida cautelar otorgada por su parte sólo queda condicionada al pago de los gastos y derechos generados por la anotación preventiva y su cancelación.
"En función de las anteriores premisas, este órgano jurisdiccional no comparte el criterio I.8o.C.1 K (10a.), adoptado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, ... que lleva el rubro y texto siguientes:
"‘DEMANDA DE AMPARO, PROCEDE SU ANOTACIÓN PREVENTIVA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, CUANDO EN EL JUICIO ORIGINAL SE DISCUTIERON CUESTIONES DE PROPIEDAD, PREVIA GARANTÍA QUE FIJE EL JUEZ DE DISTRITO.’ (se transcribe)
"Lo anterior, ya que, como se dijo a lo largo de la presente ejecutoria, la inscripción referente a una demanda de amparo, relacionada con determinado bien, no dificulta ni limita su disposición, pues sólo tiende a dar publicidad.
"Más aún, el Alto Tribunal, incluso, precisó que esa medida tiende a evitar perjuicio a ambas partes y puede hasta ser solicitada por algún otro interesado. Lo que corrobora que no es susceptible de generar daños y perjuicios que deban garantizarse en términos del artículo 134 de la Ley de Amparo.
"Ante tal situación, con fundamento en el artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo, denúnciese ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la posible contradicción de tesis entre el criterio sostenido por este Tribunal Federal y el sostenido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis anteriormente preinserta, por tratarse de criterios emanados entre Tribunales Colegiados de diferente circuito, para lo cual, se instruye a la Secretaría de Tesis de este órgano jurisdiccional para que realice los trámites conducentes. ..."
II. Por lo que toca al recurso de queja **********, del índice del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, se tienen los siguientes antecedentes:
1. ********** promovió demanda de amparo en contra del Juez y actuario adscritos al Juzgado Octavo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, por los actos consistentes en la sentencia de veinticuatro de agosto de dos mil once, dictada en el juicio ordinario civil **********, en la que se condenó a la desocupación y entrega del inmueble ubicado en **********; su ejecución e inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal.(3)
2. Tocó conocer de la demanda al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, quien por acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil once la admitió a trámite, previo desahogo del requerimiento formulado a la quejosa, y la registró con el número **********.
Posterior a la realización de diversos trámites procesales, el Juez de Distrito dictó acuerdo de seis de octubre de dos mil once, en el cuaderno de suspensión del juicio de amparo referido, en el que, entre otras cuestiones, dio vista a la quejosa, a fin de que, de estimarlo conveniente a sus intereses, efectuara ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, las gestiones inherentes a la inscripción de la demanda de amparo y de su acuerdo de admisión de veintisiete de septiembre de dos mil once.
3. En contra de esa determinación, la parte tercero perjudicada ********** interpuso recurso de queja, con fundamento en el artículo 95, fracción VI, de la anterior Ley de Amparo, y de ese medio de impugnación tocó conocer al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien lo registró con el número **********, y dictó resolución el ocho de noviembre de dos mil once, en el sentido de declarar parcialmente fundado el recurso de que se trata, en los términos que a continuación se transcriben:
"QUINTO.-Son infundados en parte y fundados en otra los agravios transcritos, lo que conduce a modificar el auto recurrido.
"En ellos, la inconforme aduce, sustancialmente, que el proveído recurrido es ilegal, porque el a quo -sin hacer un análisis jurídico sobre la procedencia de la inscripción de la demanda de garantías en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal- se concretó a otorgar dicha inscripción, sin tomar en cuenta que no se tuvo a dicho registrador como autoridad responsable y ‘sin fijar el importe que debe garantizar el hoy quejoso por esa anotación en particular’, debiéndose observar que el contrato con el cual se pretendió acreditar el interés jurídico, ‘se encuentra a simple vista falsificado’.
"Lo anterior es infundado en parte y fundado en lo restante.
"Lo infundado de la inconformidad estriba en que el Juez de Distrito expresó las razones por las cuales procedía conceder la inscripción de la demanda en el citado registro. Ello, pues en principio, no debe perderse de vista que en la demanda de garantías, el impetrante de amparo solicitó la inscripción de la misma en la referida oficina registral del Gobierno del Distrito Federal (punto petitorio segundo, foja 24 del cuaderno de queja), luego, el Juez Federal, por auto de veintisiete de septiembre de dos mil once (folio 30), ordenó girar oficio al director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, para efecto de que -éste- informe a cuánto asciende el pago de derechos registrales; y una vez desahogado ese requerimiento, el Juez de Distrito, en el acuerdo recurrido, consideró: ‘... con el contenido del oficio de mérito dése vista a la parte quejosa a fin de que (sic) estimarlo conveniente a sus intereses, efectúe ante la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, las gestiones inherentes a la inscripción de la demanda de garantías y del auto de fecha veintisiete de septiembre del presente año respectivos; para lo cual, se informa al peticionario de garantías que se deja a su disposición por duplicado copia certificada tanto de la demanda como del auto de fecha veintisiete de septiembre del presente año, dictado en el presente incidente de suspensión, a efecto de que dichos documentos sean acompañados al momento de presentarse a solicitar la inscripción de referencia, en términos del artículo 3005 del Código Civil para el Distrito Federal y previo pago de derechos respectivos.’
"Como se advierte de lo anterior, el a quo sí expresó las razones por las cuales concedió la inscripción de la demanda de garantías en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, pues al respecto estimó que así lo solicitaba el quejoso, y era procedente en términos del artículo 3005 del Código Civil para el Distrito Federal, previo el pago de derechos de inscripción (foja 56 del cuaderno de queja).
"Ahora bien, contrario a lo que aduce la recurrente, la inscripción de la demanda de garantías en la oficina registral de mérito, no depende de si el director de dicha dependencia fue considerado o no autoridad responsable, y si el contrato con el que se pretende acreditar el interés jurídico es apócrifo o no, pues en primer término, debe decirse que la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio no depende del carácter de autoridad a quien se atribuye el acto reclamado, o si éste es emitido o no por el titular de la dependencia de gobierno referida, sino del mandato de la autoridad judicial fundada en un precepto legal. Por lo que, independientemente del carácter de autoridad responsable (o no) del titular de la oficina registral, procede la orden de inscripción que debe ser acatada por este último.
"Por otro lado, la circunstancia de que el contrato por el cual se pretenda acreditar el interés jurídico sea apócrifo o no, no impide que se ordene la inscripción de la demanda de garantías y su auto admisorio en la oficina de gobierno antes aludida, pues la autenticidad o falsedad de dicho documento, en todo caso, será materia del juicio de amparo indirecto, y mientras no se declare judicialmente su inexistencia, no obstaculiza tal inscripción.
"En otro contexto, fue correcto que se haya acordado la inscripción de la demanda de garantías y su auto admisorio en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal.
"En efecto, el artículo 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral segundo, dispone:
"‘Artículo 384.’ (se transcribe)
"Conforme al precepto transcrito, el Juez tiene facultad para decretar -ya sea antes del juicio o durante su tramitación- las medidas que estime pertinentes ‘para mantener la situación de hecho existente’.
"Una de las medidas cautelares que autoriza la ley civil y procesal civil para el Distrito Federal es que, en tratándose de controversias sobre inmuebles, el Juez podrá ordenar la inscripción de la demanda y su auto admisorio en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
"Los numerales que así lo disponen son el 3005 del Código Civil para el Distrito Federal y el 262 del código adjetivo civil de la misma entidad, que prevén:
"‘Artículo 3005.’ (se transcribe)
"Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal
"‘Artículo 262.’ (se transcribe)
"De lo anterior se observa que, al tener el Juez de Distrito facultades para decretar las medidas que estime pertinentes, a fin de conservar la situación de hecho existente, válidamente puede decretar en el juicio de garantías -para conservar la materia del mismo y no se siga violando la garantía de propiedad del inconforme- la medida cautelar a que se refieren los artículos 3005 del Código Civil para el Distrito Federal y 262 del Código Adjetivo Civil de la misma entidad, esto es, inscribir la demanda de amparo y su auto admisorio en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, a fin de conservar la situación de hecho del inconforme, es decir, no se sigan realizando actos de disposición sobre el inmueble que defiende el quejoso en el juicio de amparo, mientras se tramite éste y hasta en tanto se resuelva en definitiva el mismo; pues así se está dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles, independientemente de que la medida cautelar en concreto esté prevista en los diversos 3005 del Código Civil para el Distrito Federal y 262 del código adjetivo civil de la misma entidad.
"En cambio, es fundado el agravio donde dice la recurrente, en síntesis, que el Juez de Distrito se limitó a conceder la inscripción de la demanda de amparo y su auto admisorio en la oficina registral de mérito ‘sin fijar el importe que debe garantizar el hoy quejoso por esa anotación en particular’.
"Lo anterior es así, por lo siguiente:
"Si bien la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales no prevé la inscripción de una demanda de amparo, el Código Civil Federal, en el artículo 3043, establece:
"‘Artículo 3043.’ (se transcribe)
"Y el numeral 387 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dispone.
"‘Artículo 387.’ (se transcribe)
"Conforme al artículo últimamente transcrito, se observa que cuando el Juez Federal decreta una medida provisional para mantener las cosas en el estado en que se encuentran hasta que resuelve el juicio en definitiva, debe fijar una garantía bastante para asegurar los daños y perjuicios que se pudieran causar a terceras personas con tal medida, tomándose en cuenta que la inscripción referente a una demanda de amparo, relacionada con determinado bien, dificulta o limita cualquier acto de disposición sobre dicho bien.
"Luego, el decretar la medida provisional en comento, sin fijar garantía para que el quejoso pueda responder, en su caso, de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a su contraparte con tal medida, infringe el dispositivo legal en comento. De ahí lo fundado de la queja a estudio.
"En las relatadas condiciones, al ser el proveído recurrido violatorio del artículo 387 del Código Federal de Procedimientos Civiles, lo procedente es revocar el mismo y ordenar al Juez de Distrito que emita otro, en el que reitere la consideración de que es procedente la inscripción de la demanda de amparo y su auto admisorio en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal y, en uso de su facultad discrecional, fije garantía en términos del artículo citado, para que, en su caso, el quejoso responda de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a terceras personas con la medida provisional solicitada. ..."
De la ejecutoria referida derivó la tesis que a continuación se reproduce:
"DEMANDA DE AMPARO, PROCEDE SU ANOTACIÓN PREVENTIVA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25718-05d9f656/anotacion-registral-preventiva-de-la-demanda-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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