SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE LOS JUICIOS EN QUE SE DECRETA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 320/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 9 DE NOVIEMBRE DE 2011. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE TRES VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. AUSENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIA: ROCÍO BALDERAS FERNÁNDEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.
No pasa inadvertido que el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, y actualmente establece que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito (sin especialización o de una misma especialización) sustenten tesis contradictorias, la denuncia debe hacerse ante el Pleno de Circuito correspondiente, a fin de que sea éste el que decida cuál es la tesis que debe prevalecer; esta reforma entró en vigor el cuatro de octubre pasado, por disposición del artículo segundo transitorio del referido decreto.
Sin embargo, lo anterior no implica que, a la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación carezca de competencia para conocer y resolver el presente asunto, ya que a juicio de esta Primera Sala, las Salas de este Alto Tribunal conservan competencia por disposición expresa del artículo tercero transitorio del decreto aludido, el cual dispone que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de mérito, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.
Ello es así, porque si bien es cierto que las contradicciones de tesis no constituyen propiamente juicios de amparo, también lo es que los criterios en potencial contradicción se generaron con la resolución de juicios de amparo; de ahí que realizando una interpretación armónica, sea posible establecer que el artículo tercero transitorio resulta aplicable a las contradicciones de tesis cuyas demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto, se presentaron con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de reforma constitucional, máxime que a la fecha no se ha integrado, ni formal ni materialmente, el Pleno del Primer Circuito.
La anterior interpretación es acorde a la garantía de tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual implica que el poder público no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna que resulte innecesaria, excesiva o carente de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, en el caso concreto, la seguridad jurídica como consecuencia de la unificación de criterios; por lo que, de considerar que se actualiza una incompetencia constitucional, el conocimiento y la resolución de los asuntos de esa naturaleza estarían supeditados a la creación formal y material de los Plenos de Circuito, con el consecuente estado de indefinición de los criterios potencialmente contradictorios.
En tales condiciones, aun cuando el texto del artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal vigente, estatuye la competencia exclusiva de los Plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito (no especializados o especializados en una misma materia), empero, acorde al artículo tercero transitorio del decreto publicado el seis de junio de dos mil once en el Diario Oficial de la Federación y ante la inexistencia material y legal de los Plenos de Circuito, específicamente el correspondiente al Primer Circuito, es que esta Primera Sala conserva competencia transitoria para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, en tanto que las demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto, fueron presentadas con anterioridad a la entrada en vigor al decreto de reforma constitucional, además de que fue denunciada por parte legítima (como se aprecia en el apartado siguiente) y se ordenó su trámite e integración conforme con la competencia constitucional que de manera directa preveía el artículo 107, fracción XIII, de la Ley Fundamental, -antes de su reforma-; y con la competencia legal que todavía prevén a su favor los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima ya que fue formulada por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito quien se encuentra legitimado para ello, de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo, que en su parte conducente, establece lo siguiente:
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. ..."
TERCERO. Ejecutorias que participan en la contradicción. A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es conveniente conocer las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las resoluciones respectivas.
1) El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el recurso de queja civil 48/2011, sostuvo lo siguiente:
"QUINTO. Previo al análisis del auto impugnado se tienen como antecedentes narrados del acto reclamado los siguientes: 1. El veintidós de enero de dos mil nueve, la Juez Primero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal admitió a trámite la solicitud de divorcio voluntario formulada por ********** en términos de los artículos 266 y 267 del Código Civil para el Distrito Federal, a fin de disolver el vínculo matrimonial que la unía con **********. Solicitud que fue radicada con el número de expediente 26/09 en dicho órgano jurisdiccional. En ese mismo auto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 301, 302 y 303 del Código Civil, se decretó una pensión alimenticia provisional a cargo de ********** en favor de la accionante y sus menores hijos ********** y **********, ambos de apellidos **********, misma que se constituyó en la cantidad equivalente al ********** del sueldo y demás prestaciones tanto ordinarias como extraordinarias o comisiones que por cualquier concepto o denominación obtuviera el demandado como producto de su trabajo. 2. El seis de febrero de dos mil nueve ********** contestó la solicitud de divorcio, formuló contrapropuesta de convenio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción VIII, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y ofreció las pruebas relacionadas con la misma. 3. El diecinueve de marzo de dos mil nueve se celebró audiencia en términos de lo dispuesto por el artículo 272-B del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, sin que las partes llegaran a un acuerdo respecto del convenio propuesto por la actora ********** y la contrapropuesta formulada por **********, por lo que se decretó la disolución del vínculo matrimonial y se dejó expedito el derecho de los cónyuges para hacer valer en la vía incidental lo concerniente a las consecuencias de la disolución del vínculo matrimonial. 4. Por escrito presentado el diecinueve de marzo de dos mil nueve ********** promovió incidente de reducción de la pensión provisional decretada el veintidós de enero del citado año, mismo que fue admitido por proveído de veintiséis de marzo siguiente. 5. Por diverso escrito presentado el trece de abril de dos mil nueve, en términos de lo dispuesto en el artículo 272-B, última parte, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal en relación con los diversos 88 y 272-A, último párrafo, del propio ordenamiento y 287 del Código Civil para el Distrito Federal, ********** promovió un diverso incidente para resolver las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, mismo que previos trámites procesales, por sentencia de segunda instancia de doce de agosto de dos mil nueve ordenó regularizar el procedimiento y modificar el auto de catorce de abril de dos mil nueve para admitir el referido incidente a trámite. En ese mismo auto se resolvió por lo que respecta a la guarda y custodia de los menores ********** y **********, ambos de apellidos **********, que se decretaba como medida urgente que los mismos debían permanecer donde se encontraban y se dio vista a la ex cónyuge del incidentista con el régimen de visitas y convivencias planteado por el actor. Asimismo, se refirió que el aludido incidente se tramitaría en forma independiente al diverso incidente de reducción de pensión alimenticia. 6. Seguidos los trámites conducentes y tras haber requerido a las partes a efecto de que en ulteriores promociones precisaran de manera específica el cuaderno al que las dirigían, esto es, al incidente de reducción de la pensión provisional o al diverso incidente para resolver las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, el veintiséis de noviembre de dos mil diez la Juez Primera de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal dictó resolución en el incidente para resolver las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, en la cual determinó en forma definitiva las cuestiones relacionadas con la guarda y custodia de los menores ********** y **********, las convivencias de dichos menores con sus padres, así como el pago de alimentos, al tenor de los resolutivos siguientes: ‘PRIMERO. Fue procedente la vía incidental, en la que por las razones establecidas en el considerando único, se concede la guarda y custodia definitiva del menor **********, a favor de su señor padre **********. SEGUNDO. Se concede la guarda y custodia definitiva del menor ********** (sic) a favor de su señora madre **********. TERCERO. Se establece un régimen de visitas y convivencias entre los menores ********** y ********** , ambos de apellidos **********, así como entre éstos y sus señores padres ********** y **********, en los términos y condiciones especificados en el considerando único. CUARTO. Ejecutable que sea esta resolución, se deberá fijar fecha y hora para que la señora **********, haga entrega del menor ********** a su progenitor **********. QUINTO. Se fija una pensión alimenticia a favor del menor ********** y a cargo de su señor padre ********** consistente en el ********** por ciento de la totalidad de las percepciones del deudor menos descuentos estrictamente de ley, por lo que una vez que quede firme este fallo, se deberá girar oficio al representante legal de la fuente de trabajo del señor mencionado haciendo de su conocimiento lo anterior para su debido cumplimiento y ordenándole que deje sin efectos los descuentos que aplica actualmente al actor incidentista por concepto de pensión provisional. SEXTO. Se determina que al incorporar el señor **********, a su familia a su menor hijo **********, el mismo cumplirá su deber alimentario en forma directa, por lo cual deberá dejarse sin efectos la pensión que le pagaba al menor referido por conducto de la señora **********. SÉPTIMO. Se condena a la señora **********, a pagar a su menor hijo **********, por conducto del señor ********** una pensión alimenticia consistente en el ********** por ciento de sus ingresos totales mensuales, menos descuentos estrictamente de ley, la cual deberá entregar dentro de los primeros cinco días de cada mes, directamente al padre del menor contra el recibo correspondiente, debiendo acreditar que el importe que otorgue representa el porcentaje a que es condenada, apercibida que en caso de no hacerlo se le impondrá una medida legal de apremio. OCTAVO. Se condena a ********** a pagarle a la señora **********, la cantidad mensual de dos mil quinientos pesos, en la forma y términos que se especificaron en el único considerando. NOVENO. Se determina que tanto los señores ********** y **********, así como sus menores hijos ********** y **********, ambos de apellidos **********, deberán tomar terapias psicológicas a fin de armonizar sus relaciones familiares y asumir su realidad familiar e igualmente para que los menores puedan superar la problemática que les causa la separación de sus padres y las barreras de comunicación y trato que tienen con ellos, y para que la señora ********** cese la hostilidad, agresividad y violencia de que hace víctima a su menor hijo **********, pudiendo hacerlo cualquier institución pública o particular, pero con la obligación que dentro de los ocho días siguientes a que sea ejecutable esta resolución deberán acreditar ante este juzgado que ha iniciado las terapias, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se les impondrá alguna de las medidas de apremio que la ley autoriza y una vez concluidas las terapias deberá acreditar su resultado ante este juzgado dentro de los ocho días siguientes, apercibidos de que en su rebeldía se les impondrá una medida de apremio legal. DÉCIMO. Se declara improcedente la liquidación de la sociedad conyugal, quedando a salvo los derechos de los interesados para que los hagan valer en la vía y forma que en derecho procede en el momento que a su interés convenga. DÉCIMO PRIMERO. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 30 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, agréguese al legajo de sentencias de este órgano jurisdiccional, copia certificada de este fallo. DÉCIMO SEGUNDO. Notifíquese.’. 7. Inconformes con la anterior determinación ********** y ********** interpusieron recurso de apelación, mismo que fue radicado en la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal bajo el toca 163/2011, el cual fue resuelto por sentencia de doce de abril de dos mil once, con los siguientes puntos resolutivos: ‘PRIMERO. Se ordena reponer el procedimiento para los efectos precisados en la parte final del considerando II de este fallo; en consecuencia. SEGUNDO. Se deja insubsistente la sentencia interlocutora de fecha veintiséis de noviembre de dos mil diez, emitida por la ciudadana Juez Primero de lo Familiar del Distrito Federal, en el incidente para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, deducido del divorcio sin causa, promovido por ********** a **********, expediente 26/2009. TERCERO. Quedan sin materia los agravios que hicieron valer ambas partes en contra de la resolución antes mencionada. CUARTO. No se hace especial condena en costas. QUINTO. Notifíquese y con testimonio de esta resolución, hágase del conocimiento del juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese este toca.’. Las razones que dio la Sala responsable para ordenar la aludida reposición del procedimiento consistieron en que el acatamiento de las reglas que rigen al debido llamamiento al procedimiento incidental en que se dictó la sentencia interlocutoria materia del recurso, se constituye como una de las formalidades esenciales del procedimiento pues después de que se decretó la disolución del vínculo matrimonial que unía a los contendientes se promovió el incidente para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial en contra de ********** a fin de que se resolviera en definitiva lo relativo a la guarda y custodia, régimen de convivencias, alimentos, disolución de la sociedad conyugal y bienes, incidente que la Sala responsable estimó que por sí mismo constituía un procedimiento autónomo que tenía como finalidad resolver un nuevo estado de derecho entre los ex cónyuges y, por consecuencia, determinó que tenía la obligación de cerciorarse aun de oficio, si hubo alguna violación sustancial al procedimiento que implicara una alteración de sus normas, sobre todo con relación a la diligencia por la que se hizo del conocimiento de la parte demandada ********** la existencia de la pretensión del accionante ejercitada en su contra con el objeto de permitirle una adecuada defensa y establecer la relación procesal jurídica entre las partes, por lo que consideró a la diligencia de mérito equiparable a un emplazamiento que permitía que la demandada incidentista conociera legalmente de la sustanciación del procedimiento incidental que se tramitaba en su contra, sin que dicha diligencia se hubiese llevado conforme a derecho y por consecuencia, a efecto de no generarle una inseguridad jurídica a las partes, determinó la aludida reposición. Esta sentencia es la que constituye el acto reclamado en el juicio de garantías, por lo que se está ante un acto emitido en ejecución de sentencia pues la tramitación del incidente para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial se promovió posterior al dictado de la sentencia que tuvo por disuelto el vínculo matrimon
al entre ********** y **********. 8. En contra de dicha determinación ********** promovió juicio de amparo indirecto y solicitó la suspensión del acto reclamado bajo las manifestaciones del orden siguiente: ‘Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 124, 131 y demás relativos de la Ley de Amparo, solicito el otorgamiento de la suspensión provisional y en su momento definitiva, de la ejecución de la sentencia reclamada de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. La suspensión en el juicio de amparo es una medida cautelar cuya finalidad, tal y como su nombre lo indica, consiste en detener, paralizar o mantener las cosas en el estado que guardan, para evitar que el acto reclamado, su ejecución y/o consecuencias, se consumen destruyendo la materia del juicio, o bien produciendo notorios perjuicios al quejoso que resulten de difícil o imposible reparación. Para la concesión de dicha medida, conforme a lo previsto por el artículo 124 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben reunirse los siguientes requisitos: que la solicite el agraviado, que con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que puedan ocasionarse al particular. En ese tenor, es menester precisar que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la suspensión del procedimiento afecta el interés general y contraviene disposiciones de orden público porque la sociedad y el Estado tienen interés en que se resuelvan pronta y debidamente los litigios y, además el artículo 17 de la Constitución establece el imperativo de que la justicia sea pronta y expedita; lo cierto es que la suspensión aquí solicitada únicamente pretende paralizar el cumplimiento de la sentencia reclamada y no así suspender la tramitación de un procedimiento jurisdiccional, que ha concluido con el dictado de una resolución de fondo. En efecto, el acto reclamado consiste en la resolución que revocó la sentencia dictada por la Juez Primero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en el incidente para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial derivado del juicio de divorcio sin expresión de causa 26/09 y ordenó la reposición del procedimiento en los términos en ella precisados, de modo tal que el otorgamiento de la medida cautelar solicitada no tendría como consecuencia la paralización de un procedimiento jurisdiccional, sino la suspensión de los efectos de la sentencia emitida por la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, respecto de un procedimiento ya concluido. Por tanto, es procedente la suspensión de la ejecución de la resolución reclamada de doce de abril de dos mil once emitida por la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca de apelación número 163/2011, en el entendido que la reposición que ordena me causaría daños de difícil reparación al obligarme a litigar de nuevo, con la consecuente inversión de tiempo, recursos y la molestia que ello implica.’. Apoya lo expuesto, el criterio sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis publicada en el página mil novecientos cuatro, del Tomo XXVIII, correspondiente al mes de julio de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: ‘SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE AQUELLOS JUICIOS EN QUE SE DECRETA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.’ (se transcribe). 9. Con relación a la medida cautelar solicitada, por auto de veintitrés de junio de dos mil once, el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, a quien por cuestión de turno tocó conocer de la demanda de amparo indirecto, en el cuadernillo relativo al incidente de suspensión formado con motivo de la radicación del juicio de amparo 405/2011-III, determinó negar la medida suspensional solicitada tras considerar que la resolución reclamada que ordenó reponer el procedimiento dentro del incidente para resolver las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial promovido por **********, tenía por objeto hacer del conocimiento de la parte demandada incidentista la pretensión incidental que se ejercitó en su contra, por lo que si el efecto de la reposición del procedimiento de origen implicaba el llamamiento al incidente de mérito de la aludida tercera perjudicada para su paralización implicaría suspender esa diligencia lo cual resultaba improcedente, al ser el procedimiento de orden público y de naturaleza insuspendible, por lo que resolvió que de tal sentencia no se derivaba ningún acto de ejecución, sino actos meramente declarativos contra los cuales resultaba improcedente la suspensión que en su contra se solicitaba, ya que no requería de ejecución material. Determinación la anterior que sustentó en la jurisprudencia sesenta y ocho, aplicada a contrario sensu, publicada en la página ciento catorce, segunda parte, Salas y tesis comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, de rubro: ‘ACTOS DECLARATIVOS.’. De igual forma, resolvió que si bien el quejoso expuso que la procedencia de la medida cautelar solicitada, estribaba en la necesidad de que se preservara la naturaleza de la sentencia interlocutoria apelada de veintiséis de noviembre de dos mil diez (que se dejó insubsistente en el fallo reclamado) para lo cual fundó su petición en la tesis de rubro: ‘SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE AQUELLOS JUICIOS EN QUE SE DECRETA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.’, dicha tesis no era compartida por el Juzgado de Distrito, pues dicho criterio era aislado, es decir no tenía el carácter de obligatorio, además de que la materia del juicio de amparo consistía en determinar si era procedente o no dicho llamamiento al incidente de la demandada incidentista **********; por ende, no procedía conceder la suspensión solicitada. Así también determinó que si bien la sentencia que fue dejada sin efectos por la que constituía el acto reclamado, había decidido cuestiones definitivas sobre la guarda y custodia de los menores hijos de los contendientes, así como pago de pensión alimenticia respecto del menor **********, también lo era que de concederse la suspensión en los términos que solicitaba el quejoso (no obstante que ésta quedó insubsistente), se afectaría el interés superior del niño, protegido por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Convención de los Derechos del Niño, entendido dicho interés superior, como la institución a través de la cual se procuraba el desarrollo pleno e integral del infante, proporcionándole la estabilidad, cuidados y asistencia necesarios para lograrlo, con lo que se le podían causar molestias de difícil reparación, que también constituían una cuestión de orden público, como sería la afectación a su estado emocional y psicológico. Esta última determinación es la que constituye la materia de análisis en el presente recurso de queja civil. Ahora bien, a manera de agravios sostiene el recurrente que el Juez de Distrito, con negligencia soslayó que en la solicitud de suspensión formulada en la demanda de garantías se estableció expresamente que la suspensión solicitada únicamente pretendía paralizar el cumplimiento de la sentencia reclamada y no así suspender la tramitación de un procedimiento jurisdiccional, que ha concluido con el dictado de una resolución de fondo, por lo que las cuestiones materia de la sentencia de primera instancia eran completamente ajenas a la suspensión solicitada, es decir, la medida cautelar no se solicitó para el efecto de que se suspendiera o realizara la entrega de menores conforme a lo resuelto en el fallo apelado -cuya subsistencia es la cuestión por resolver en el fondo del amparo-, sino que la medida cautelar solicitada fue expresamente solicitada para el efecto de paralizar el cumplimiento de la sentencia reclamada, esto es, para mantener viva la materia del amparo y con ello impedir que se realice la reposición del procedimiento en la primera instancia y se llegue a dictar una nueva resolución en el incidente para la resolución de las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial que consume la violación alegada en el amparo y haga ilusoria para el recurrente una eventual protección de la Justicia Federal. Abunda en que la medida cautelar solicitada tiene como finalidad detener, paralizar o mantener las cosas en el estado que guardan, para evitar que el acto reclamado, su ejecución y/o consecuencias, se consumen y con ello se destruya la materia del juicio o bien, produzca notorios perjuicios al recurrente que resulten de difícil o imposible reparación. Refiere que con la concesión de la medida cautelar no se afecta el orden público, pues la misma no tiene como consecuencia la paralización de un procedimiento jurisdiccional que afecte la resolución pronta y debida de los litigios, porque solamente busca la suspensión de los efectos de la sentencia emitida por la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal respecto de un procedimiento ya concluido, por lo que en forma alguna la suspensión solicitada suspendería la tramitación de un procedimiento jurisdiccional que ha concluido con el dictado de una resolución de fondo, esto es, que no se suspendería procedimiento alguno. Aunado a ello, alega que procede la suspensión solicitada puesto que la reposición ordenada por la responsable le causaría daños de difícil reparación, al obligarlo a litigar de nuevo un juicio concluido con la consecuente inversión de tiempo, recursos y la molestia que ello implica, y al efecto cita de nueva cuenta la tesis emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página mil novecientos cuatro, del volumen XXVIII, del mes de julio de dos mil ocho, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE AQUELLOS JUICIOS EN QUE SE DECRETA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.’. Se queja de que el Juez de Distrito en momento alguno esgrimió razonamiento que le dejara advertir por qué motivos no compartía dicho criterio, pues se limitó a manifestar que el procedimiento era de orden público y de naturaleza insuspendible, con lo que soslayó que en el caso no se impedía la resolución pronta y debida de un litigio, sino que se buscaba preservar una resolución definitiva ya dictada, frente a la indebida declaratoria de su insubsistencia. También impugna la determinación del Juez de amparo relativa a que se estaba en presencia de actos declarativos, que carecían de ejecución atento a que la sentencia reclamada ordenó la reposición del procedimiento en el incidente para la resolución de las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo conyugal por lo que procedía otorgar la medida cautelar en relación con los efectos y consecuencias que producía una sentencia emitida en un procedimiento judicial para mantener viva la materia de juicio de garantías. A efecto de demostrar lo infundado de los argumentos expuestos por el recurrente debe decirse que la suspensión del acto reclamado tiene como objeto primordial preservar la materia del juicio a través del aseguramiento provisional de los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23501-f5976306/suspension-del-acto-reclamado-procede-otorgarla-respecto-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE NEGARLA CONTRA LA ORDEN DIRIGIDA AL PROGENITOR QUE RETUVO AL MENOR DE EDAD, PARA QUE LO RESTITUYA AL QUE LEGALMENTE TIENE LA GUARDA Y CUSTODI (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- PENSIÓN ALIMENTICIA. PARA INCREMENTARLA CUANDO EL ACTOR MATERIAL Y ACREEDOR EN EL JUICIO RELATIVO SEA UN MENOR DE EDAD, EL JUEZ PUEDE RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS P (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- PROCURADURÍAS DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DEPENDIENTES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF). LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA DE OFICIO LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL PARA EL DESAHOGO DE UNA PRUEBA PERICIAL (LEY DE AMPAR (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS D (1697)
- CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS D (P./J. 72/2010)
- CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PA (1707)
- CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PA (P./J. 93/2006)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis