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Modo: Corpus Pro

PENSIÓN ALIMENTICIA. PARA INCREMENTARLA CUANDO EL ACTOR MATERIAL Y ACREEDOR EN EL JUICIO RELATIVO SEA UN MENOR DE EDAD, EL JUEZ PUEDE RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA RESOLVER LA CUESTIÓN PLANTEADA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 482/2012. · Registro digital (IUS): 24498
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, Pág. 368.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 482/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 13 DE MARZO DE 2013. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE TRES VOTOS POR LO QUE HACE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS RESPECTO AL FONDO. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: MARIO GERARDO AVANTE JUÁREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI, y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala. Lo anterior con base, además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal, en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.(1)

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue realizada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO. Para poder resolver el presente asunto, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma:

I. El veintisiete de septiembre de dos mil doce, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito (tribunal denunciante) resolvió el amparo directo 322/2012, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:

1. El veintiséis de noviembre de dos mil diez, ********** promovió, en representación de su menor hijo **********, juicio sumario civil sobre aumento de pensión alimenticia(2) en contra de **********. La base de tal solicitud consistió en que existiendo ejecutoria en materia de alimentos a favor del menor por veinte por ciento(3) de las percepciones del demandado, ocurrió una reforma legal al artículo 288 del Código Civil del Estado de Tamaulipas, por lo que tal dispositivo establecía en su nuevo texto que la proporción de los alimentos no podrá ser un porcentaje inferior al treinta por ciento, ni mayor al cincuenta por ciento del sueldo o salario del deudor alimentista.(4)

2. Dicho juicio(5) fue resuelto en primera instancia, en el sentido de que la actora no probó los elementos constitutivos de la acción y absolvió al demandado.

3. Inconforme con dicha resolución, la actora interpuso recurso de apelación, el que, previa concesión de un amparo directo en favor de la actora y apelante, fue resuelto el siete de marzo de dos mil doce, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida y condenar a la actora y apelante al pago de costas por la segunda instancia.

4. Inconforme con tal resolución, la actora (en representación del menor) promovió demanda de garantías de la cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, quien resolvió amparar a la quejosa, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

• Se estima innecesario el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, en virtud de que se considera necesario hacer uso de la figura de la suplencia de la queja en favor del menor con el fin de salvaguardar el interés superior del referido menor.

• En la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la suplencia opera invariablemente cuando está de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo.

• Lo anterior, en virtud de que se busca proteger los derechos de los menores de edad y evitarles perjuicio, aun cuando no hayan sido representados de manera adecuada.

• De la tesis aislada del Pleno del Alto Tribunal, de rubro: "MENORES E INCAPACES, SUPLENCIA DE LA QUEJA TRATÁNDOSE DE JUICIOS DE AMPARO Y NO SOLAMENTE CON RESPECTO A DERECHOS DE FAMILIA.", se desprende que no hay límites que se impongan al Poder Judicial de la Federación cuando se controvierten los derechos de los menores.

• En razón de ello, se considera que la responsable no logró salvaguardar los derechos del menor, toda vez que no se advierte que se hayan tomado las medidas necesarias para la consecución de ese fin encomendado al Estado por medio de sus órganos.

• A criterio de este tribunal, el artículo 288 del Código Civil vigente en esta entidad, no debe interpretarse con la rigidez que pretendió la actora, en el sentido de que su sola entrada en vigor sea razón jurídica suficiente para decretar un incremento de la pensión alimenticia que hubiera sido fijada con anterioridad.

• Sin embargo, la consideración precedente no resulta suficiente para regir el sentido del fallo reclamado, pues en los casos en los que se encuentre de por medio los derechos de un menor, como acontece, se hace absolutamente necesario ponderar todos y cada uno de los elementos y factores que permitan un fallo justo, que dé una solución integral al problema jurídico planteado, a fin de salvaguardar en todo momento y por todos los medios legales disponibles, el interés superior del niño.

• Se estima que en todos y cada uno de los casos se debe visualizar los factores que subyacen, esto es, tomar en consideración aspectos de orden circunstancial que pudieran dar lugar al cambio de necesidades del acreedor alimentista (como son el solo paso del tiempo con base en el factor inflacionario o con base en el cambio de las necesidades del menor por razón de estudio, o de necesidad de atención médica especializada), así como que la institución misma de los alimentos exige en todo momento un análisis oficioso por parte de los tribunales de instancia.

• El interés superior de los menores no puede estar y no está por debajo de un aspecto meramente de cargas procesales que sólo impera en los asuntos de estricto derecho que, por regla general, rige en los asuntos de orden civil, pero no cuando de por medio están los alimentos de un menor, cuya institución de orden público antepone a dicha circunstancia el interés superior del niño.

• Lo que hace patente al considerar que en el supuesto de que se reclame la fijación de una pensión alimenticia a favor de un menor, el juzgador puede ejercer amplias facultades a fin de allegarse a los elementos necesarios para alcanzar una determinación al respecto, incluso recabando de manera oficiosa las pruebas elementales de la acción de alimentos.

• Se hace imprescindible en la especie, que la responsable, a la luz de los principios rectores de la institución de los alimentos y el interés superior del niño, emprendiera un análisis integral a la petición que en primera instancia fue elevada, sin perder de vista el principio de proporcionalidad instituido en el artículo 288 del Código Civil vigente en el Estado.

• Por lo que resultaba necesario, al no contar con elementos suficientes para alcanzar una determinación, que la alzada ordenara reponer el procedimiento de primera instancia para el efecto de que, previo al dictado de la sentencia, el Juez de la causa se allegara de manera oficiosa de todos los elementos necesarios para determinar si debía o no incrementarse el monto de la pensión alimenticia.

• No pasa inadvertido el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la tesis aislada de rubro: "ALIMENTOS. EN TRATÁNDOSE DE LOS RECLAMADOS A FAVOR DE MENORES DE EDAD EL JUEZ PUEDE OFICIOSAMENTE ORDENAR LA RECEPCIÓN DE CUALQUIER PRUEBA, PERO SI UNA VEZ FIJADA LA PENSIÓN LAS PARTES LA CONSIDERAN INSUFICIENTE O EXCESIVA, ES A ELLAS A QUIENES CORRESPONDE ACREDITAR LOS EXTERMOS DE SUS AFIRMACIONES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."

• Sin embargo, el tribunal no comparte el criterio de referencia, pues se considera que se contrapone a una institución de suma importante, como lo es el interés superior del niño.

• Se sostiene que bajo ninguna circunstancia podría esa alta premisa estar por debajo de una cuestión procesal, como lo es soportar cargas probatorias de las partes pues, en armonía con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la suplencia de la queja en tratándose de menores, procede en toda su amplitud, es decir, no sólo ante la deficiencia o ausencia de argumentos, sino también ante la falta de ofrecimiento de elementos de prueba o cualesquiera que sean necesarios para asegurar un derecho humano tan elevado como lo es la subsistencia de un menor.

• De acuerdo a lo anterior, se estima procedente, en suplencia de la queja, conceder el amparo al menor, para el efecto de que la responsable deje insubsistente el fallo reclamado y, en su lugar, emita otro en el que ordene la reposición del procedimiento de primera instancia hasta antes del dictado de la sentencia, para el único efecto de que, previo a la emisión del fallo definitivo, en pro del interés superior del niño, recabe de manera oficiosa todos los elementos necesarios para determinar si es dable o no el incremento de pensión pretendido por la actora y, en su caso, haga uso de amplias facultades; hecho lo cual, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho estime conveniente.

II. El veintiséis de junio de dos mil siete, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito (tribunal denunciado con sede en San Andrés Cholula, Puebla) resolvió el amparo directo 198/2007, del que es necesario conocer los antecedentes que se resumen a continuación:

1. **********, en representación de su menor hija **********, promovió juicio de alimentos en contra de **********. Admitida la demanda se fijó una pensión alimenticia provisional a cargo del demandado por el 25% (veinticinco por ciento) del salario del demandado, a favor de la menor. Seguidos los trámites legales correspondientes, se dictó sentencia de primera instancia en la que se condenó al demandado al pago de una pensión alimenticia definitiva equivalente al 20% (veinte por ciento) de sus ingresos y demás prestaciones a favor de la menor.

2. Inconforme con dicha resolución, la actora interpuso recurso de apelación. La sentencia de segunda instancia resolvió modificar la resolución recurrida y condenó al demandado al pago del 25% (veinticinco por ciento) de los ingresos y demás prestaciones que recibiera el demandado, a favor de la menor. Ello, principalmente, en virtud de que la Sala consideró que dicha cantidad apenas permitiría satisfacer con decoro el derecho alimentario de la menor.

3. En contra de la resolución anterior, la actora promovió juicio de amparo directo con la intención de que se incrementara más la pensión alimenticia y sobre la base de que, al parecer de la peticionaria de amparo, el Juez de origen debió ordenar de oficio que se ratificara el certificado médico exhibido por la inconforme con la demanda del juicio natural. Del juicio de amparo conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, el que resolvió no amparar a la quejosa, de acuerdo a las siguientes consideraciones medulares:

• Son infundados los conceptos de violación. Debe indicarse que, efectivamente, los procedimientos familiares son de orden público y, por ende, las autoridades judiciales del conocimiento tienen facultades discrecionales al resolver las controversias respectivas, debiendo atender preferentemente el interés de los menores que, de estimarlo necesario, el Juez suplirá en lo conducente la deficiencia de la actividad procesal de las partes sin contrariar constancias, por lo cual, para la investigación de la verdad, podrá ordenar la resolución de cualquier prueba aunque no la ofrezcan las partes.

• Sin embargo, lo anterior no debe llegar al extremo de asumir las cargas procesales que como parte le corresponden a la parte actora, es decir, no debe sustituirse en la parte accionante y recabar las pruebas tendientes a justificar que una pensión normal de alimentos es insuficiente al menor acreedor por cuestiones personales como padecimientos anormales porque, en todo caso, corresponde acreditar tal extremo a la parte interesada.

• Las partes deben asumir la carga de la prueba de sus pretensiones, en el caso del actor, y de sus excepciones y defensas, en el caso del demandado. Esa carga de la prueba opera con matices en las controversias del orden familiar relativa a alimentos.

• Sin embargo, si la accionante no está de acuerdo con el monto de la pensión provisional fijada por el Juez, corresponde a ella aportar elementos de prueba que demuestren la insuficiencia de esos alimentos; pero si es el demandado quien no está conforme, toca a él acreditar lo excesivo de la obligación a su cargo.

• En cuanto al argumento de que el juzgador debe suplir la deficiencia de los planteamientos o actividad de las partes y ordenar la recepción de cualquier prueba aun de oficio, entonces, en el caso en estudio, también se estaría en la hipótesis, en perjuicio de aquélla, que la autoridad judicial al notar la probable existencia de dos menores con derecho también a alimentos, que aun cuando no fueron parte también están protegidos en ese tipo de procedimientos familiares, ordenara recabar de oficio las pruebas necesarias para tener por justificada la certeza de la existencia de otros menores hijos del demandado habidos dentro de su matrimonio, como lo sostuvo en su contestación y al tenor de las fotocopias simples de las actas de nacimiento que ofreció y que fueron desechadas por no haberlos exhibido en originales.

• Por lo que, si a juicio de la autoridad judicial responsable existían pruebas suficientes para determinar el monto de la pensión de alimentos, en última instancia recayó sobre la hoy quejosa la carga de acreditar que la pensión fijada resultaba insuficiente por la atención médica que requiere la menor constantemente; por el contrario, el demandado tenía a su cargo justificar que la pensión decretada en su contra resultaba excesiva. En tal virtud, debe quedar firme la pensión fijada, tomando en consideración que la responsable expresó las razones, motivos y circunstancias que tuvo en consideración para así determinarlo.

• En conclusión, dado que la responsable, de acuerdo con las constancias de autos, tuvo los elementos necesarios para establecer el monto de la pensión definitiva solicitada, de acuerdo con el principio de proporcionalidad y las características especiales de la menor, entonces no tuvo necesidad de ordenar la recepción de prueba alguna para tal efecto, como lo es la ratificación del certificado médico exhibido por la actora, pues correspondía a ésta, asumiendo su carga procesal, acreditar que la menor necesitaba tratamiento médico constante, lo que hacía que la pensión decretada en su favor fuera insuficiente.

• Por otro lado, fue correcto que la autoridad dejara a salvo los derecho de la parte demandada para en su caso hacerlos valer en la vía y forma que estimara procedentes, ello con el objetivo de dejar abierta la posibilidad, en términos de la ley y atendiendo a la probable existencia de otros hijos menores del demandado habidos dentro del matrimonio y a fin de preservar sus derechos, que de estimarlo necesario tenga la oportunidad de justificar en diverso procedimiento que efectivamente cuenta con dos menores hijos habidos dentro de su matrimonio. Lo anterior no es violatorio en perjuicio de la quejosa, puesto que tiende a proteger intereses de otros menores con derecho a alimentos de parte del demandado.

• Con base en esas consideraciones determinó negar el amparo.

4. Con motivo de tal ejecutoria, el Tribunal Colegiado emitió la siguiente tesis:

"ALIMENTOS. EN TRATÁNDOSE DE LOS RECLAMADOS A FAVOR DE MENORES DE EDAD EL JUEZ PUEDE OFICIOSAMENTE ORDENAR LA RECEPCIÓN DE CUALQUIER PRUEBA, PERO SI UNA VEZ FIJADA LA PENSIÓN LAS PARTES LA CONSIDERAN INSUFICIENTE O EXCESIVA, ES A ELLAS A QUIENES CORRESPONDE ACREDITAR LOS EXTREMOS DE SUS AFIRMACIONES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si bien es cierto que conforme al artículo 677, fracciones I, inciso b), VI y VII, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente a partir del 1o. de enero de 2005, los procedimientos sobre cuestiones familiares son de orden público y, por ende, las autoridades judiciales del conocimiento tienen facultades discrecionales al resolver las controversias respectivas, debiendo atender preferentemente al interés de los menores, incapaces, discapacitados y, por último, a los demás miembros de la familia, y que de estimarlo necesario, el Juez suplirá, en lo conducente, la deficiencia de la actividad procesal de las partes, sin contrariar constancias, por lo cual, para la investigación de la verdad, podrá ordenar la recepción de cualquier prueba, aunque no la ofrezcan las partes; también lo es que dicha regla general, en tratándose de alimentos reclamados en favor de menores de edad y en relación con la recepción oficiosa de pruebas, opera en aquellos casos en que el juzgador carece de los elementos necesarios para fijar la pensión que corresponda, con respecto a las posibilidades del deudor y las necesidades particulares del acreedor, empero, ello no implica que la autoridad jurisdiccional asuma las cargas procesales que corresponden sólo a las partes y, por ende, si una vez fijada la pensión respectiva, el actor la considera insuficiente o el demandado excesiva, es al inconforme a quien corresponde acreditar los extremos de sus afirmaciones, en términos del artículo 230 de la legislación en cita, que establece que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado los de sus excepciones."(6)

III. El diecinueve de febrero de dos mil nueve, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito resolvió el amparo directo 44/2009, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes, que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:

1. **********, en representación de sus dos menores hijas ********** y **********, promovió juicio especial de alimentos en contra de **********. El Juez de primera instancia dictó sentencia en la que condenó al demandado al pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de sus dos menores hijas, equivalente a diez días de salario mínimo diario vigente en la región, que multiplicados por treinta días, es el monto que debe pagar en forma mensual. Es importante precisar, que la forma en la que se tuvo por acreditada la capacidad económica del demandado en el juicio de origen, fue a través de la apreciación del contenido de un convenio que obraba en autos y que sólo fue suscrito por el demandado. El demandado apeló ese fallo, y previa concesión de un amparo a ese apelante, en segunda instancia se confirmó la sentencia allí recurrida.

2. En contra de esa resolución, el demandado (deudor alimentario) promovió juicio de amparo directo, el cual se negó, de conformidad con las siguientes consideraciones relacionadas con el tema de la presente contradicción:

• Por estar involucrados en el juicio de origen derechos que asisten a las menores para recibir alimentos, en la resolución de este asunto debe tenerse presente la institución de la suplencia de la queja deficiente.

• No existe violación por el hecho de que después de emplazado el demandado se hubiere pretendido conciliar las posturas de los contendientes, pues legalmente no se puede limitar la existencia de la conciliación a la etapa previa de la integración de la litis natural.

• No es cierto que a efecto de decretar la condena en contra del quejoso, se tendría que haber rendido algún medio de convicción tendente a justificar la capacidad de ministración de ese demandado, pues tal elemento de la acción deducida en su contra válidamente quedó acreditado en la forma y términos como lo apreció la autoridad responsable, con el intento de convenio firmado por el enjuiciado en el que se hizo patente su solvencia pecuniaria.

• En todo caso, correspondía al quejoso la carga de la prueba a efecto de controvertir la forma en que se integró la litis natural, esto es, en todo caso, debió justificar cuál era el importe real de sus percepciones económicas.

• En ese sentido, debe decirse que ni siquiera a título de suplencia de queja, como lo propone en la demanda de amparo, tendría que haberse recabado de manera oficiosa en el juicio natural algún medio de convicción relacionado con su capacidad de ministración pues, además de que ese extremo encuentra soporte en la actuación de referencia que fue ponderada por la autoridad jurisdiccional en primera y segunda instancia, corresponde a las partes, de conformidad con sus cargas probatorias acreditar los hechos base de la acción o bien aquellos supuestos que tienden a desvirtuarla, según sea el caso; y en materia de alimentos la autoridad jurisdiccional sólo debe suplir la actividad de los contendientes cuando carezca de elementos de convicción sobre dicho particular.

• Con base en esas consideraciones determinó negar el amparo solicitado por el deudor alimentista demandado.

IV. El seis de agosto de dos mil diez, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito resolvió tanto el amparo directo 253/2010, como su relacionado 254/2010, de los que es necesario conocer los siguientes antecedentes que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:

1. **********, por derecho propio y en representación de sus menores hijas ********** y **********, promovió juicio especial de alimentos, en contra de **********. En dicho juicio, se les otorgó una pensión provisional del 45% (cuarenta y cinco por ciento) del sueldo y demás prestaciones que percibía del demandado. La Juez de la causa dictó sentencia de primera instancia en la que, por un lado, absolvió al demandado de la pensión respecto de la promovente mayor de edad; pero, por otro lado, se le condenó al pago de una pensión alimenticia equivalente al 40% (cuarenta por ciento) del sueldo que percibía el demandado en favor de las menores y, además, al pago de gastos y costas.

2. Inconformes con dicha resolución, las partes interpusieron sendos recursos de apelación. La sentencia de segunda instancia modificó la resolución recurrida únicamente para abordar una cuestión omitida por el Juez de origen, para determinar que se debía absolver al demandado del pago de $**********. (********** pesos 00/100 M.N.), que la actora reclamó como deudas adquiridas por ella ante la falta de recursos para cubrir los alimentos.

3. Tanto la actora como el demandado promovieron sendas demandas de amparo directo en contra de la resolución de segunda instancia, los cuales fueron resueltos de la siguiente manera, en lo relativo al punto de relevancia en la presente contradicción de tesis:

IV. I. Amparo directo 253/2010, promovido por el deudor alimentario demandado, **********:

• Fundado pero inoperante que la Sala refirió que la apelación del quejoso era adhesiva; pues en realidad se dio entrada al recurso y se contestaron los agravios del inconforme.

• Infundado el concepto de violación que afirma que no se debió admitir la prueba testimonial a la actora por no proporcionar domicilios de testigos. Pues la prueba se admitió sobre la base de que la actora los presentaría, como sucedió.

• Infundado que se debían desechar pruebas de la actora por falta de formalidades. Porque los problemas de orden familiar se estiman de orden público, y tratándose de alimentos no se requería formalidad especial para su trámite, máxime que la ley procesal prevé la suplencia de la deficiencia de la queja.

• Son inoperantes los argumentos que no combaten las consideraciones de la Sala responsable.

• El quejoso se dolió de que no obstante se tuvo por acreditado que éste proporcionaba servicio médico (IMSS) y vivienda (casa adquirida con un crédito Infonavit), la pensión alimenticia no fue reducida. Argumentó que fue inoperante, porque no se combatieron las consideraciones de la Sala responsable, en el sentido de que sí se habían tomado en cuenta tales aspectos y que incluso se había disminuido la pensión provisional de cuarenta y cinco por ciento de percepciones, a cuarenta por ciento que se fijó como definitiva.

• A mayor abundamiento, el quejoso considera que debía disminuirse la pensión alimenticia a su cargo, pero no existe prueba en el juicio que demuestre que la fijada era excesiva.

• Acerca de la recepción de pruebas en los juicios de alimentos, específicamente, en cuanto al deber del juzgador de la causa de recabarlas oficiosamente, en suplencia de la deficiencia en la actividad procesal de las partes, debe decirse que, si bien es cierto que conforme al artículo 677, fracciones I, inciso b), VI y VII, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla,(7) vigente a partir del uno de enero de dos mil cinco, los procedimientos sobre cuestiones familiares son de orden público y, por ende, las autoridades judiciales del conocimiento tienen facultades discrecionales al resolver las controversias respectivas, debiendo atender preferentemente al interés de los menores, incapaces, discapacitados y, por último, a los demás miembros de la familia, y que, de estimarlo necesario, el Juez suplirá, en lo conducente, la deficiencia de la actividad procesal de las partes, sin contrariar constancias, por lo cual, para la investigación de la verdad, podrá ordenar la recepción de cualquier prueba, aunque no la ofrezcan las partes; también lo es que dicha regla general, tratándose de alimentos reclamados a favor de menores de edad y en relación con la recepción oficiosa de pruebas, opera en aquellos casos en que el juzgador carece de los elementos necesarios para fijar la pensión que corresponda, con respecto a la posibilidad del deudor y las necesidades particulares del acreedor, empero, ello no implica que la autoridad jurisdiccional asuma las cargas procesales que corresponden únicamente a las partes y, por ende, si una vez fijada la pensión respectiva, el actor la considera insuficiente o el demandado excesiva, es al inconforme a quien corresponde acreditar los extremos de sus afirmaciones, en términos del artículo 230 del referido ordenamiento jurídico.

• Con base en tales consideraciones se negó el amparo al deudor alimentario demandado quejoso.

IV. II. Amparo directo 254/2010, promovido por la presunta acreedora alimenticia como actora y en representación de las menores:

• Infundado que la actora mayor de edad tuviera derecho a pensión alimenticia.

• En relación con la necesidad de atención médica especial para la menor **********, porque el IMSS presta un servicio insuficiente. Es infundado, porque de la respectiva cartilla de salud de esa menor se aprecia que ha recibido atención en diversas especialidades, aunado a que su expediente clínico revela que ha sido constante y reiteradamente tratada en esa dependencia de salud sin que exista prueba de que se le haya dejado de proporcionar algún medicamento de los prescritos, máxime que en casos de urgencia existen las áreas respectivas en ese instituto.

• Son infundadas las manifestaciones relativas a que fue ilegal la valoración de los documentos que ofreció para acreditar las cuentas de administración respecto de la pensión alimenticia provisional, en cuanto a que dichos documentales justifican los gastos realizados con motivo de la atención médica especializada particular y la compra de medicamentos, siendo que la responsable consideró que eran gastos extras innecesarios.

• En el juicio quedó demostrado que **********, también tiene obligación alimentaria para con las menores, por tanto, la circunstancia de que los gastos efectuados para satisfacer la necesidad alimentaria de sus hijas hayan excedido de la cantidad que el demandado proporciona por concepto de pensión alimenticia, de ninguna manera resulta apta para demostrar que dicha pensión sea insuficiente.

• Si las quejosas consideraban que la pensión alimenticia debía aumentarse, no existe prueba alguna en el sumario, con la cual demuestren las quejosas que la pensión alimenticia decretada por la Jueza de primer grado sea insuficiente, contrario a lo manifestado por las quejosas.

• En relación con el tema de recepción de pruebas en los juicios de alimentos, específicamente en cuanto al deber del juzgador de la causa de recabarlas oficiosamente en suplencia de la deficiencia en la actividad procesal de las partes, debe decirse que, si bien es cierto que conforme al artículo 677, fracciones I, inciso b), VI y VII, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente a partir del uno de enero de dos mil cinco, los procedimientos sobre cuestiones familiares son de orden público y, por ende, las autoridades judiciales del conocimiento tiene facultades discrecionales, al resolver las controversias respectivas, debiendo atender preferentemente al interés de los menores, incapaces, discapacitados y, por último, a los demás miembros de la familia y que, de estimarlo necesario, el Juez suplirá, en lo conducente, la deficiencia de la actividad procesal de las partes, sin contrariar constancias, por lo cual, para la investigación de la ve

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24498-2fd0b1be/pension-alimenticia-para-incrementarla-cuando-el-actor-material · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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