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Modo: Corpus Pro

PENSIÓN ALIMENTICIA. EL JUEZ DEBE RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS QUE LE PERMITAN CONOCER LAS POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS NECESIDADES DEL ACREEDOR (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y VERACRUZ). PENSIÓN ALIMENTICIA. LOS MEDIOS PROBATORIOS PARA ACREDITAR LAS POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS NECESIDADES DEL ACREEDOR EN LOS JUICIOS RELATIVOS, DEBEN RECABARSE PREVIO AL DICTADO DE LA SENTENCIA (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y VERACRUZ).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 423/2012. · Registro digital (IUS): 25288
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-10-24
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, Pág. 538.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 423/2012. SUSCITADA ENTRE EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 2 DE JULIO DE 2014. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA: DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS, EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIA: CONSTANZA TORT SAN ROMÁN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la nueva Ley de Amparo,(1) publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, en vigor al día siguiente de su publicación, en términos del artículo primero transitorio de dicha ley(2) y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) reformada el dos de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal y el artículo 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el asunto versa sobre la posible contradicción de tesis, suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en asuntos que versan sobre la materia civil de esta Sala. Lo anterior tiene sustento en el criterio emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, contenido en la tesis I/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."

SEGUNDO. La denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que fue realizada por un Magistrado integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, el cual sostuvo uno de los criterios en posible contradicción.

TERCERO. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 99/2009.

Antecedentes:

1. **********, en representación de su menor hija **********, demandó en la vía ordinaria civil, a **********, el pago de pensión alimenticia provisional y en su momento la definitiva, por el ********** de su salario y demás prestaciones que percibe como trabajador del **********, así como de los ingresos que percibe como **********, y los gastos y costas que se originaran del juicio.

El cuatro de julio de dos mil ocho, el Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, dictó sentencia en la que se condenó a **********, a otorgar a **********, consistente en el equivalente a un **********, vigente en la zona, y al pago de gastos y costas del juicio correspondiente.

2. Inconforme con tal resolución, la actora interpuso recurso de apelación, del cual tocó conocer a la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, la que resolvió, en el sentido de confirmar la sentencia y condenar a la recurrente al pago de gastos y costas de la instancia.

3. En contra de esta resolución la actora natural promovió amparo directo, el que fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en el sentido de conceder la protección de la Justicia Federal, con base en los siguientes argumentos:

"... precisar que, para los órganos jurisdiccionales es punto determinante el interés superior del niño; de ahí que este órgano colegiado sea del criterio de que, en tratándose de la materia de alimentos, en donde, como en el caso, se involucra una menor de edad, no es factible establecer, como lo consideró la Sala responsable, un salario mínimo general vigente, como pensión alimenticia a favor de la menor, apoyándose en no haber quedado fehaciente acreditados los ingresos que percibe el deudor alimentista; pues de ser así, se desatendería el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidas y que ha sido la preocupación principal de nuestro sistema mexicano, máxime cuando, como aquí lo ponen de manifiesto las constancias procesales, existen elementos aptos para allegarse el conocimiento de las percepciones del deudor alimentario, no siendo válido, así, cuando hay de por medio intereses de un menor, dejar las cargas probatorias a las partes.

"En ese contexto, por identidad jurídica de los preceptos que ahí se analizan, con el artículo 242 del Código Civil de la entidad veracruzana, resulta procedente acudir al criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el número 1a./J. 44/2001, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, agosto de 2001, página once, registro IUS: 189214, vox: ‘ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS).’, en cuya ejecutoria se establecieron los principios fundamentales que debe observarse para fijar el monto de la pensión alimenticia, y al efecto sostuvo las consideraciones torales siguientes:

"...

"De las consideraciones preinsertas se advierten claramente los lineamientos conforme a los cuales se debe fijar el monto de la pensión alimenticia, destacando la relativa, a que no debe circunscribirse a un aspecto meramente matemático; en virtud de que la determinación del monto de dicha pensión debe atender a diversas circunstancias, específicamente, a las necesidades del acreedor alimentario y a las posibilidades del deudor, entendiendo por las primeras tanto a las indispensables para su subsistencia como todo lo necesario para que sobreviva y tenga lo suficiente acorde a la situación económica social a la que se encuentra acostumbrado.

"En atención a todo lo anterior, se estima que los juzgadores al dirimir controversias de esta naturaleza, se encuentran obligados a recabar los elementos que les permitan establecer objetivamente la capacidad económica; pues no debe soslayarse que el juzgador en términos de lo dispuesto por los artículos 225 y 226 del código adjetivo civil local, puede valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados, lo cual, indefectiblemente de aplicar cuando en asuntos como el que nos ocupa está de por medio el interés preponderante de una menor.

"Así, cuando las constancias procesales lo permitan, el juzgador, para tener un punto de partida fáctico, debe proveer de manera oficiosa, la recepción de aquellos medios de convicción necesarios para establecer el monto de la pensión alimenticia, a efecto de obtener una base objetiva que le permita decidir sobre si una determinada cantidad o porcentaje cumple o no los requisitos legales contenidos en el artículo 242 del Código Civil para esta entidad federativa, de donde resulta indispensable, que conozca fehacientemente las posibilidades del deudor y las necesidades particulares de la menor con derecho a alimentos.

"En ese orden de ideas, la Sala responsable debió atender a todas estas cuestiones y al advertir que si en autos no constaban medios de convicción que acreditaran fehacientemente el ingreso real del deudor alimentista, de oficio recabar aquellas que le permitieran fijar una pensión atendiendo al principio de proporcionalidad; sin que obste el hecho de que la actora -quejosa- haya desistido en la audiencia prevista por el artículo 221 del Código de Procedimientos Civiles local, de la prueba que hizo consistir en informes que deberían rendir las diferentes guarderías en las que labora el deudor alimentista, a efecto de que indicaran si el demandado presta sus servicios para dichas instituciones educativas, fecha de ingreso, los servicios que presta, el salario y prestaciones que percibe, así como periodos de cobro; pues en base a lo ya precisado, tales informes, se hacen necesarios para que la resolución sea de manera flexible y objetiva; pues de lo contrario sería una fórmula rígida presunta, irreal e insuficiente para las necesidades de la menor.

"Luego entonces, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Sala responsable en términos de los artículos 225 y 226 del Código de Procedimientos Civiles local, requiera la información que la actora solicitó en el capítulo de pruebas marcadas como tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, de su escrito de demanda y una vez hecho lo anterior, realizar un estimado del ingreso mensual del deudor alimentario, respecto del cual, fijará un porcentaje como monto de la pensión alimenticia, sin disminuir lo ya fijado, pues, no podría depararle perjuicio a la menor en lo ya obtenido."

Siguiendo esta línea argumentativa, al resolver el amparo directo 671/2009, el tribunal reiteró las anteriores consideraciones, dando origen a la tesis que a continuación se transcribe:

"ALIMENTOS. CUANDO EN AUTOS NO CONSTA MEDIO DE CONVICCIÓN QUE ACREDITE EL INGRESO REAL DEL DEUDOR ALIMENTISTA, EL JUZGADOR DEBE RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE LE PERMITAN FIJARLOS OBJETIVAMENTE ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y CON BASE EN UN SALARIO MÍNIMO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, dispone en su punto 2: ‘A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño.’, y en su punto 4 establece la obligación del Estado de tomar ‘... todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres ...’, con lo cual el Estado Mexicano no sólo se comprometió a resolver las controversias que sobre el pago de pensiones alimenticias de menores se le presenten, sino a asegurar que su determinación se haga atendiendo a la posibilidad y medios económicos del deudor y las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño, de donde resulta indispensable que conozca fehacientemente las posibilidades del deudor y las necesidades particulares del menor, por lo que si en autos no constan medios de convicción que acrediten el ingreso real del deudor alimentista, el juzgador debe recabar de oficio las pruebas que le permitan fijar objetivamente la pensión correspondiente atendiendo al principio de proporcionalidad, y no fijarla con base en un salario mínimo, lo anterior conforme a la obligación que tiene el Estado Mexicano de tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de las pensiones para menores, en términos de la mencionada convención y de los artículos 225 y 226 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que facultan al juzgador a valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados, lo cual, indefectiblemente debe aplicarse cuando en el asunto esté de por medio el interés superior del menor."(4)

CUARTO. Criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sostenido al resolver el amparo directo civil DC. 2850/1989.

Antecedentes:

1. ********** inició juicio sobre controversia del orden familiar en favor de su menor hija **********, demandando, de **********, la fijación de una pensión provisional por ********** y el pago de gastos y costas que se generaran en el juicio.

La parte demandada formuló su contestación, oponiéndose a las prestaciones reclamadas.

El Juez Décimo Quinto de lo Familiar del Distrito Federal dictó sentencia, en la que resolvió que la actora acreditó la procedencia de su acción y que el demandado no justificó sus defensas y excepciones. Consecuentemente, lo condenó al pago de una pensión alimentaria definitiva, consistente en $********** mensuales, sin condenar al pago de costas.

2. Inconforme con lo anterior, el demandado hizo valer recurso de apelación del que tocó conocer a la Décima Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la que resolvió en sentido de confirmar la sentencia reclamada, y condenó al apelante al pago de las costas en ambas instancias.

3. En contra de esta resolución, el demandado promovió el amparo directo civil, y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, lo resolvió mediante sentencia de veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, en la que determinó otorgar la protección de la Justicia Federal, con base en las consideraciones que a continuación se exponen:

"En el segundo concepto de violación, el quejoso se duele de que la Sala responsable fijó la pensión alimenticia en la cantidad de ********** pesos mensuales, sin que en autos exista prueba alguna sobre los ingresos que percibe, por lo que al fijar la pensión en tal cantidad, violó el principio legal de que los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades de quien debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos.

"Este concepto de violación es fundado, porque es cierto que en autos no existe prueba alguna de los ingresos que percibe el deudor alimentario, por lo que resulta arbitrario el monto de la pensión alimenticia fijado en la cantidad de ********** pesos mensuales, pues no se tiene la certeza de que tal pensión sea proporcional a las posibilidades del quejoso y a las necesidades de su acreedora.

"Consecuentemente, debe concederse el amparo solicitado, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte una nueva, en la que sobre la base de que se acreditó el derecho de la actora para recibir alimentos deje la cuantificación del monto de la pensión alimenticia a la sección de ejecución de sentencia, en donde deberán de aportarse las pruebas conducentes para acreditar la capacidad económica del obligado y las necesidades de la alimentista. Tiene aplicación del caso la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Volumen 79, Cuarta Parte, página 17 de la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación que dice: ‘ALIMENTOS, ESTABLECIDO EL DERECHO A PERCIBIRLOS, PUEDE CUANTIFICARSE SU MONTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido el criterio de que la petición de alimentos se funda en derecho establecido por la ley y no en causas contractuales y, consecuentemente, quien ejercita la acción únicamente debe acreditar que es titular del derecho para que aquélla prospere. Por tanto, tratándose de alimentos, debe establecerse, primero, el derecho a la pensión y luego, en una segunda parte, la capacidad económica del deudor alimentista y la necesidad del acreedor alimentario. Cuando no está demostrada la capacidad económica del obligado y la necesidad de quien debe recibir los alimentos, entonces, previamente se declara la existencia del derecho a la pensión-alimenticia, y se deja la cuantificación del monto de la misma a la sección de ejecución de sentencias."

El criterio anterior dio origen a la siguiente tesis:

"ALIMENTOS. CUANTIFICACIÓN EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. La petición de alimentos se funda en derecho otorgado por la ley; por tanto, quien ejercita la acción únicamente debe acreditar la calidad con que los solicita para aquélla prospere. Consecuentemente, tratándose de dicha materia, debe establecerse primero, el derecho a la pensión y enseguida, su monto, cuando están demostradas la capacidad económica del deudor alimentista y la necesidad del acreedor alimentario, pues de no estar demostrada la capacidad económica del citado deudor, se deja la cuantificación del importe de la pensión alimenticia a la sección de ejecución de sentencia."(5)

QUINTO. Como cuestión previa es de señalar que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció nuevos criterios para determinar la existencia de una contradicción de tesis.

De esta manera, la Primera Sala se apoya en lo sustentado por el Tribunal Pleno, al resolver, por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por tesis el criterio adoptado por el juzgador, a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.

Es de precisar que la existencia de una contradicción de tesis, deriva de la discrepancia de criterios jurídicos; es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo que es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución Federal como en la Ley de Amparo, para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas.

De lo anterior se sigue, que la actual integración del Pleno de este Alto Tribunal, consideró que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien:

a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por tesis, el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas, para justificar su decisión en una controversia.

b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.

La finalidad de dicha determinación, es definir los puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la figura jurídica de la contradicción de tesis.

Sirven de apoyo a lo expuesto, los criterios jurisprudenciales siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO."(6)

Precisado lo anterior, lo procedente es determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada entre los Tribunales Colegiados de Circuito, y para ello, no obstante haber sido reseñadas con amplitud, resulta conveniente sintetizar las consideraciones de cada una de las ejecutorias en contienda.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, conoció de un asunto en el que al no haberse acreditado fehacientemente los ingresos del deudor alimenticio, se fijó en primera instancia una pensión equivalente a un salario mínimo, y en la sentencia de apelación que confirmó tal determinación, se sostuvo que cuando están de por medio los intereses de un menor no es válido dejar las cargas probatorias a las partes. Cita el tribunal un criterio jurisprudencial sustentado por esta Primera Sala,(7) donde se establecieron los principios que rigen la materia alimentaria y los lineamientos conforme a los cuales se debe fijar el monto de las pensiones, entre los que está que la cuantificación del monto a pagar no debe circunscribirse a un aspecto meramente matemático ni al salario mínimo, sino que para hacerla debe atenderse a las necesidades del acreedor y las posibilidades del deudor, de acuerdo con el medio social en el que se desenvuelven.

Por tanto imponer un criterio aritmético para fijar el monto de una pensión alimentaria, sin atender a las circunstancias particulares de cada caso, no sólo es ilegal e injusto por ser inequitativo y desproporcionado para las partes, sino que violenta la garantía de debida fundamentación contenida en el artículo 16 de la Constitución Federal. Lo anterior aunado al hecho fáctico de que puede suceder que esta clase de determinación imposibilite que el deudor pueda humanamente cumplir con su obligación a la vez que aliente el extremo de que aquél abandone el empleo o profesión que desempeña, no sólo con el propósito ilícito de no asumir sus obligaciones, sino para proteger su propia subsistencia y, en su caso, la de su nueva familia, y con esto haga el derecho nugatorio. Además, la cantidad así fijada puede ser notoriamente insuficiente para que el acreedor pueda cubrir sus necesidades más apremiantes.

Con base en lo anterior determinó el tribunal que los juzgadores se encuentran obligados a recabar, oficiosamente, los elementos que les permitan conocer tales circunstancias, y destacó que no debe soslayarse que, en términos de lo dispuesto por los artículos 225 y 226 del código adjetivo del Estado de Veracruz, para resolver, el juzgador puede valerse de cualquier persona, cosa o documento que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados, lo que toma relevancia cuando está en juego el interés superior de un menor y su derecho a alimentos, de modo que no es relevante que la actora desista de las pruebas que ofreció, como sucedió en el caso concreto que se sometió a su conocimiento.

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, conoció de un asunto en el que no obstante la falta de acreditación de los ingresos del deudor, el Juez de primera instancia fijó el monto de la pensión en una cantidad líquida. Determinó el Colegiado que esto resulta arbitrario cuando no se tiene la certeza de que la cantidad fijada sea proporcional a las posibilidades del deudor y a las necesidades del acreedor.

Sentado lo anterior sostuvo que quien ejercita la acción de alimentos únicamente debe acreditar que es titular del derecho para que prospere, de modo que primero debe establecerse el derecho a la pensión y luego su monto. Entonces, si se acredita la procedencia de la acción pero la capacidad del deudor y la necesidad del acreedor no están demostradas, se declarará la existencia del derecho a la pensión y se dejará la cuantificación a la sección de ejecución de sentencia, donde se deberán aportar las pruebas conducentes.

Resulta de lo anterior que, aunque ambos tribunales analizaron una misma cuestión jurídica, referente a la determinación del monto de la pensión alimenticia cuando se desconocen los ingresos del deudor, llegaron a conclusiones diferentes, pues mientras uno de ellos sostuvo que el juzgador debió recabar, oficiosamente, las pruebas que demostraran la capacidad económica del deudor alimentario, a fin de estar en aptitud de resolver en la sentencia sobre el monto de la pensión, el otro tribunal sostuvo que una vez determinados la obligación y el derecho a recibir alimentos, respectivamente, en la sentencia definitiva, es en la etapa de ejecución donde deberán aportarse las pruebas conducentes a demostrar la capacidad económica del acreedor.

En ese entendido, los puntos a dirimir en esta resolución consisten en determinar si en el Distrito Federal y en el Estado de Veracruz, los medios probatorios que acrediten la capacidad económica del deudor en un juicio en el que estén involucrados derechos alimentarios de menores, deben recabarse oficiosamente por el juzgador o si deberán ser aportados por las partes, y si eso debe hacerse antes del dictado de la sentencia o en la etapa de su ejecución.

No pasa inadvertido que uno de los criterios se funda en lo establecido por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: "ALIMENTOS, ESTABLECIDO EL DERECHO A PERCIBIRLOS, PUEDE CUANTIFICARSE SU MONTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.",(8) lo que podría llevar a declarar la improcedencia de la contradicción, en términos de la tesis: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE DECLARARSE IMPROCEDENTE CUANDO LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SON SUSTENTADOS, POR UN LADO, POR UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y, POR OTRO, POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO.",(9) Sin embargo, éste es sólo un criterio aislado, además de que únicamente se refiere a uno de los dos puntos que deben dirimirse y, además, dada la nueva integración de esta Primera Sala, puede ser motivo de nueva revisión.

SEXTO. A efecto de estar en mejor condición para resolver el punto controvertido, conviene comenzar por destacar que esta Primera Sala, ha marcado ya la pauta para determinar el monto de la pensión alimenticia, el que obedece a principios de proporcionalidad y equidad, lo que significa que para fijarlo debe siempre el juzgador atender al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor, procurando evitar situaciones injustas y perjudiciales para cualquiera de ellos. Entonces, para fijar una pensión alimentaria deben tomarse en consideración el entorno social en el que deudor y acreedor se desenvuelven; sus costumbres y las demás particularidades de la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida que le permita desenvolverse dentro del estatus social al que pertenece,(10) sin desatender las posibilidades del acreedor.

No pasa inadvertido que tales argumentos se sostuvieron al resolver una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados del Distrito Federal y de Chiapas; sin embargo, las normas que fueron objeto de análisis en aquella ocasión, los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal,(11) y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del Estado de Chiapas,(12) encuentran su equivalente en el Código Civil para el Estado de Veracruz, en los artículos 239, 240, 241, 242 y 245;(13) por ello, el criterio adoptado aplica también en el presente asunto.

Las consideraciones torales sostenidas en dicha contradicción de tesis 26/2000-PS, son las siguientes:

"1. Que la doctrina y este Alto Tribunal, han sido coincidentes en definir al derecho de alimentos como la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra, deudor alimentario, lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, del matrimonio, del divorcio y, en determinados casos del concubinato; por lo que, los alimentos se hacen consistir en proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la ley, caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca.

"2. Que el legislador ordinario reconoce que la obligación legal de proporcionar los alimentos reposa en el vínculo de solidaridad que enlaza a todos los miembros de una familia y en la comunión de intereses, pues su causa obedece a que las personas pertenecientes a un mismo grupo se deben recíproca asistencia; que la obligación alimenticia proviene o tiene su origen en un deber ético, el cual, con posterioridad fue acogido por el derecho y se eleva a la categoría de una obligación jurídica provista de sanción, la cual, tiene como propósito fundamental proporcionar al familiar caído en desgracia lo suficiente y necesario para su manutención o subsistencia; debiendo entenderse este deber en su connotación más amplia, esto es, el de asegurar al deudor alimentista los medios de vida suficientes cuando éste carezca de la forma de obtenerlos y se encuentre en la imposibilidad real de procurárselos.

"3. Que este Alto Tribunal en reiteradas ocasiones ha considerado a los alimentos como de interés social y orden público.

"4. Que el legislador ordinario reguló a los alimentos de una persona como un derecho protegido, incluso, en contra de la voluntad del propio titular, y les otorgó las características de ser personalísimos, irrenunciables, imprescriptibles e intransferibles.

"5. Se precisó que en esta obligación alimentaria derivada de la ley, deben imperar los principios de equidad y justicia, por ende, en su fijación se deberá de atender a las condiciones reales prevalecientes en ese vínculo familiar de la que surge este derecho de alimentos, así además se debe atender a estos dos principios fundamentales: estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del obligado, también deberán de ser consideradas y evaluadas las circunstancias o características particulares que prevalecen o representa esa relación familiar, como sin duda, lo constituyen: el medio social en que se desenvuelven tanto el acreedor como el deudor alimentario, las costumbres y las circuns

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25288-6f4eacde/pension-alimenticia-el-juez-debe-recabar-oficiosamente-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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