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Modo: Corpus Pro

DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE EN DEFINITIVA ALGUNA CUESTIÓN INHERENTE A ÉSTE UNA VEZ DECRETADO, PROCEDE EL AMPARO DIRECTO [APLICACIÓN DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 111/2012 (10a.) Y 1a./J. 1/2020 (10a.)]. INCIDENTE DE PENSIÓN COMPENSATORIA DERIVADO DE UN JUICIO DE DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. CONTRA SU RESOLUCIÓN PROCEDE EL AMPARO DIRECTO [APLICACIÓN DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 111/2012 (10a.) Y 1a./J. 1/2020 (10a.)].

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 28/2024. · Registro digital (IUS): 32930
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-01-10
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Enero de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.195.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 28/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 20 DE JUNIO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ, Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. PONENTE: MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. SECRETARIA: MARIANA GUTIÉRREZ OLALDE.

Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión de veinte de junio de dos mil veinticuatro.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio sin número, dirigido al Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León, denunciaron la posible contradicción de criterios entre los sustentados por ese órgano jurisdiccional y los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero en Materia Civil del mismo circuito y sede, al resolver: los juicios de amparo directo 766/2022, 454/2022 y el amparo en revisión 85/2022, respectivamente.

2. SEGUNDO. Radicación y solicitud de informes. Por acuerdo de cinco de enero de dos mil veinticuatro, la presidencia del entonces Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, radicó y registró la denuncia con el número 4/2024 y fijó como tema: “DETERMINAR SI EN LA LEGISLACIÓN DE NUEVO LEÓN, EL TRÁMITE DEL JUICIO DE DIVORCIO INCAUSADO CORRESPONDE A UN PROCEDIMIENTO ÚNICO, O BIEN, SE SECCIONA EN DOS ETAPAS”; sin embargo, en virtud del cambio de denominación contemplado a partir del dieciséis de enero siguiente, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual modificó la denominación de los Plenos Regionales, reformó diversas disposiciones relativas a la semiespecialización, competencia y domicilio; reservó el asunto para que en su oportunidad fuera remitido al Pleno que de acuerdo con su esfera de competencia debiera conocer.

3. Por otra parte, solicitó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara sobre la existencia de diversa contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal, sobre el tema materia de este asunto.

4. TERCERO. Conclusión de funciones del extinto Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. Con motivo de la conclusión de labores del citado Pleno Regional, mediante el acta correspondiente, se remitieron a este Pleno Regional las contradicciones de criterios pendientes de resolución, entre las que se encuentra el presente asunto identificado con el número 4/2024.

5. CUARTO. Radicación, requerimiento y turno provisional. Por acuerdo de presidencia de treinta de enero de dos mil veinticuatro, se tuvo por recibido el expediente de mérito, se formó y ordenó registrar como contradicción de criterios 28/2024; se solicitó a los tribunales contendientes para que informaran si los criterios sustentados en los asuntos que motivaron la presente contradicción aún se encontraban vigentes, o en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados, remitiendo las constancias del o los nuevos criterios adoptados; así como para que permitieran a este Pleno Regional el acceso a los expedientes electrónicos de los asuntos que forman parte de dicha contradicción; y se turnó el asunto al magistrado Alejandro Villagómez Gordillo, para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite e integración del expediente.

6. QUINTO. Informes. Mediante proveídos de siete, nueve y diecinueve de febrero de dos mil veinticuatro, la presidencia de este Pleno Regional, tuvo por rendidos los informes de los tribunales contendientes, en el sentido de que los criterios materia de la contradicción se encontraban vigentes.

7. De igual forma, en el acuerdo referido se tuvo a la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar guardara relación con el tema “DETERMINAR SI EN LA LEGISLACIÓN DE NUEVO LEÓN, EL TRÁMITE DEL JUICIO DE DIVORCIO INCAUSADO CORRESPONDE A UN PROCEDIMIENTO ÚNICO, O BIEN, SE SECCIONA EN DOS ETAPAS”, materia del presente asunto.

8. SEXTO. Confirmación de turno. Por acuerdo de presidencia de cinco de abril de dos mil veinticuatro, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa; en consecuencia, se confirmó el turno al Magistrado Alejandro Villagómez Gordillo, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo, con fundamento en el artículo 41, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.(1) Con fecha trece de mayo de dos mil veinticuatro se listó este asunto para ser visto en sesión de veintitrés del citado mes y año; sesión en la que se determinó aplazar el presente asunto y posteriormente con fecha diez de junio del año en curso fue listado nuevamente para ser visto en sesión de veinte del mismo mes y año.

9. SÉPTIMO. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,

C O N S I D E R A N D O:

10. PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(3) 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(4) así como lo establecido en los diversos numerales 6°, fracción I, 7°, 9°, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales;(5) 1º, fracción I, punto 2, y 2º del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia y jurisdicción territorial,(6) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, y reformados mediante el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés.

11. El presente asunto se ubica en los supuestos de las normas invocadas, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por tres Tribunales Colegiados especializados en Materias Civil del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, Nuevo León; los cuales se encuentran dentro de la demarcación territorial y respecto de la especialidad sobre las que este Pleno ejerce jurisdicción para unificar criterios.

12. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(7)

13. TERCERO. Valoración de las constancias. Al respecto, se debe tener presente que las constancias que obran en los expedientes electrónicos constituyen hechos públicos y notorios en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2º, al poder consultarse en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

14. Ilustra lo anterior por analogía la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2017123, cuyo rubro es: “HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).”

15. CUARTO. Transcripción de las ejecutorias contendientes. En el presente asunto, no se transcriben las consideraciones de las resoluciones contendientes, por no exigirlo la normativa que rige las ejecutorias que se emitan al resolverse las contradicciones de criterios y las facultades de este Pleno Regional; es decir, no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación, en virtud de que el cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia se satisface al atender en su totalidad los puntos litigiosos a consideración del órgano jurisdiccional, en razón de la naturaleza del caso que resuelve, atendiendo el conflicto que se plantea ante su jurisdicción.

16. Apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 164618, cuyo rubro es: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”.

17. QUINTO. Criterios contendientes.

18. Previo a sintetizar las consideraciones esenciales sostenidas por los tribunales contendientes, debe señalarse que los asuntos en que se emitieron dichos criterios tuvieron origen en juicios de divorcio incausado, en los que con posterioridad al dictado de la sentencia que decretó la disolución del vínculo matrimonial, las partes promovieron incidente de compensación.

19. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 766/2022.

20. Juicio de amparo indirecto. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Civil y de Trabajo del Estado de Nuevo León, ********** promovió juicio de amparo indirecto contra la resolución de veinte de mayo de dos mil veintiuno, emitida por la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad; en la que declaró improcedente el incidente de pensión compensatoria promovido por la impetrante.

21. Al narrar los antecedentes del acto reclamado el tribunal colegiado refirió:(8)

“a. Divorcio incausado. ********** promovió procedimiento sobre divorcio incausado en contra de Jorge Alberto Martínez Peña.

La demanda fue radicada por el Juez Primero de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del Segundo Distrito Judicial (sic) en el Estado, bajo el expediente 1266/2019.

b. Sentencia definitiva. El veintiuno de enero de dos mil veinte, se dictó sentencia definitiva en la cual se declaró la disolución del vínculo matrimonial, y para los efectos que interesa señaló:

“[...] 4.5. Derecho a recibir alimentos para los cónyuges.

Se declara la pérdida de los cónyuges a darse alimentos entre sí, empero se precisa que el o la ex cónyuge que justifique que durante su matrimonio se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos si los hubiere, tendrá derecho al pago de una pensión compensatoria en términos de los artículo 279 y 320 bis del Código Civil vigente en el Estado [...]”

22. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda al Juez Quinto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en ese Estado, quien la registró con el número de expediente 744/2021 y una vez seguido el trámite correspondiente lo remitió al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, para que en su auxilio dictara la resolución correspondiente.

23. Mediante resolución de siete de septiembre de dos mil veintidós, el referido tribunal auxiliar determinó carecer de competencia para conocer del asunto, al considerar que éste debía tramitarse en la vía directa, por lo que ordenó remitir el expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Cuarto Circuito.

24. Juicio de amparo directo. Correspondió conocer del asunto al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey Nuevo León, donde por auto de presidencia de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós lo registró con el número 766/2022 y por auto de catorce de diciembre de esa misma anualidad la admitió a trámite.

25. Posteriormente, en sesión de treinta de noviembre de dos mil veintitrés el Pleno de ese órgano colegiado determino no aceptar la competencia declinada y ordenó la remisión de los autos originales al Juzgado Quinto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, con base en las siguientes consideraciones esenciales.

26. En primer lugar, destacó que el Juez de Distrito estimó carecer de competencia legal, con base en las jurisprudencias 1/2020(9) y 111/2012(10) de rubros: “DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA, AUN SIN RESOLVER LA TOTALIDAD DE LAS CUESTIONES INHERENTES AL MATRIMONIO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COAHUILA Y AGUASCALIENTES)” y “DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE, SIN DECRETARLO, RESUELVE CUESTIONES INHERENTES A LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL, SON DEFINITIVAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.”

27. Consideró, que dichas jurisprudencias no eran aplicables en el Estado de Nuevo León, ya que la jurisprudencia no es la ley misma, sino la explicación del contenido de ésta, para fijar el sentido y alcance de la norma jurídica; por lo que, para que una jurisprudencia sea aplicable, en principio, se debe verificar que el criterio se adecue al caso concreto. Al respecto invocó la tesis aislada(11) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. LA OBLIGATORIEDAD DE SU APLICACIÓN, AUN EN SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, ESTÁ SUJETA A QUE EN EL CASO CONCRETO SEA PROCEDENTE SU APLICACIÓN”; así como la jurisprudencia(12) del Pleno del Alto Tribunal de la voz: “JURISPRUDENCIA. SU TRANSCRIPCIÓN POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN SUS RESOLUCIONES, PUEDE SER APTA PARA FUNDARLAS Y MOTIVARLAS, A CONDICIÓN DE QUE SE DEMUESTRE SU APLICACIÓN AL CASO.”

28. Señaló que la jurisprudencia 1/2020 invocada por el Juez Federal emana de la contradicción de tesis 104/2019, de cuya ejecutoria se advertían las siguientes premisas:

a. Los elementos indispensables para la actualización de esta modalidad del divorcio son: I) la existencia del matrimonio; y II) la manifestación de voluntad, de uno o ambos cónyuges, de no continuar con la relación marital.

b. El ejercicio de la pretensión de divorcio lleva inmersa como pretensión imprescindible, la de regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, por lo que ambas forman parte de la litis sometida a la decisión jurisdiccional, lo que trae como consecuencia que no deba darse por concluido el procedimiento, sino hasta que este tema decidendum quede resuelto judicialmente o por convenio sancionado por el juez.

c. Para que la demanda de divorcio esté ajustada a derecho, debe incluir una propuesta de convenio respecto de la pretensión dependiente, apoyada en hechos, así como de ofrecer las pruebas conducentes sobre esos hechos.

d. La contestación a la demanda debe cumplir con la carga de expresar si acepta la propuesta de convenio hecha por la parte actora, de admitir o negar los hechos que le sirven de base y, en su caso, de hacer una contrapropuesta fundada en hechos, así como la de ofrecer el material probatorio atinente a las cuestiones controvertidas y exhibir los documentos que obren en su poder.

e. El procedimiento es susceptible de escisión, en cuyo caso puede concluir válidamente con la emisión de dos resoluciones definitivas: una sobre la pretensión principal; y otra respecto a las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial.

f. En ese sentido, la decisión de litigio puede dictarse en la fase postulatoria o en la etapa conclusiva. En esta fase se dictará sentencia definitiva total, si se encuentra integrada válidamente la relación jurídica procesal, probados los elementos de la acción de divorcio y las partes han llegado a un convenio sobre las consecuencias inherentes a la disolución del matrimonio; en ella se decretará el divorcio y aprobará el convenio de plano, si procede legalmente, para concluir así el proceso.

g. En cambio, si se satisfacen los requisitos para decretar la disolución del matrimonio, pero no hay acuerdo sobre la pretensión relativa a las consecuencias del divorcio, se procederá a la escisión de la causa, para dictar la sentencia de divorcio y convocar a las partes para hacer valer sus derechos durante la continuación del juicio que habrá de concluir con la resolución de la contienda referente a la pretensión de regular las consecuencias del divorcio.

29. Con base en las anteriores premisas concluyó que, si en el juicio de divorcio sin expresión de causa se resuelven sobre dos pretensiones, el divorcio y las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial; cuando ya no existe controversia sobre el divorcio y sí respecto de las demás cuestiones inherentes; esta resolución constituye sentencia definitiva, respecto de la cual es procedente el juicio de amparo directo.

30. Por otra parte, señaló que la idea de que el juicio de divorcio se integra por un solo proceso se encuentra plasmada en la diversa jurisprudencia invocada por el juez Federal, identificada con el número 111/2012, derivada de la contradicción de tesis 135/2011, en la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo lo siguiente:

• Que si bien en la tesis aislada 1ª. CCXXIII/2009, de rubro: “DIVORCIO POR VOLUNTAD UNILATERAL DEL CÓNYUGE. LOS ARTÍCULOS 266, 267, 282, 283, FRACCIONES IV, V, VI, VII Y VIII, 283 BIS, 287 Y 288 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 3 DE OCTUBRE DE 2008, QUE REGULAN SU TRAMITACIÓN, NO VIOLAN LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y DE DEBIDO PROCESO LEGAL.”, se estableció que en el juicio de divorcio sin expresión de causa existen dos etapas, una denominada “no contenciosa” (relativa a la declaración de divorcio) y otra en la que sí existe contienda (donde se deciden las cuestiones inherentes al divorcio), un nuevo análisis de las disposiciones que rigen el divorcio sin expresión de causa determinaba abandonar en lo conducente dicho criterio.

• Que los mismos términos, debía abandonarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 1ª./J.137/2009, de rubro: “DIVORCIO POR DECLARACIÓN UNILATERAL DE VOLUNTAD. ANTE LA FALTA DE ACUERDO DE LAS PARTES RESPECTO DEL CONVENIO PARA REGULAR LAS OBLIGACIONES QUE PERSISTEN DESPUÉS DE DISUELTO EL MATRIMONIO, EL JUEZ DE LO FAMILIAR DEBE DECRETAR AQUÉL Y RESERVAR PARA LA VÍA INCIDENTAL LA RESOLUCIÓN DE TODAS LAS DEMÁS CUESTIONES (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE A PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE DE 2008)”, en virtud de que en ésta se afirma que el juicio de divorcio sin expresión de causa termina con la resolución que ordena la disolución del vínculo matrimonial y que, en su caso, las cuestiones inherentes al divorcio han de reservarse para ser resueltas en la vía incidental y esa interpretación se opone a los principios de unidad, concentración, celeridad y economía procesal que deben regir en el juicio de divorcio y que sirven de base para dar lógica y contenido a las normas que regulan el proceso de que se trata, máxime si se considera que con tal interpretación existe el riesgo de incurrir en una incongruencia externa, al dejar de resolver cuestiones que quedaron planteadas desde la demanda y que no encontrarán solución con el dictado de la sentencia de divorcio. • Que la forma de concluir el juicio de divorcio depende de las posturas que asuman las partes en el desarrollo del proceso, pues si bien cabe la posibilidad de que el proceso termine con una sentencia que decrete el divorcio y apruebe en su totalidad el convenio, también existe la probabilidad de que los contendientes no lleguen a un acuerdo y en ese tenor, el juzgador tenga que disolver el vínculo matrimonial (y en su caso, apruebe los puntos del convenio en los que estuvieron de acuerdo las partes y que previamente haya calificado de legales) y ordene de oficio la continuación del procedimiento respecto de los puntos del convenio en el que las partes no estuvieron de acuerdo, conforme a las reglas de los incidentes, que finalmente, tendrá que resolver en la sentencia respectiva.

• Que el juicio de divorcio se caracteriza por estar conformado por una instrumentación distinta respecto del común de los juicios ordinarios, precisamente a fin de resolver las pretensiones que se dilucidan en el mismo y, que son la petición de divorcio y la resolución de las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, y ello no implica que el juicio tenga que desenvolverse en diversas etapas para resolver por separado ambas pretensiones, ni tampoco que tenga que resolverse por sentencia exclusivamente la pretensión del divorcio, para que con posterioridad y en diversa vía, se resuelva lo relativo a las cuestiones inherentes al matrimonio; sino por el contrario, de acuerdo a la interpretación armónica y sistemática que se hizo de las diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, el juicio de divorcio sin expresión de causa está integrado en uno solo proceso, que concluye con una sentencia, la cual puede ser emitida desde el inicio del proceso –como cuando se decreta el divorcio y se aprueba en su totalidad el convenio–, o bien, al final –como cuando se resuelven en su totalidad las cuestiones inherentes al matrimonio–.

• Que con independencia de la denominación que se le otorgue a aquella resolución que, sin decidir el divorcio, es decir, que sólo se ocupa de cuestiones inherentes al matrimonio, lo cierto es que, al resolver precisamente una de las pretensiones principales con las que se integra el juicio de divorcio sin expresión de causa, ésta adquiere la calidad de sentencia y no de una interlocutoria.

• Que si las leyes no conceden ningún recurso ordinario por medio del cual pueda ser modificada o revocada la sentencia que decide el juicio en lo principal, en consecuencia, ésta es legalmente una sentencia definitiva contra la que procede el juicio de amparo directo; caso contrario, es decir, si las leyes prevén la procedencia de algún recurso para impugnar la sentencia que resuelve el fondo del asunto, habrá que agotar dicho medio de defensa previo a acudir a la instancia constitucional.

31. Consideró el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, que las jurisprudencias 1/2020 y 111/2012 invocadas por el Juez Federal, parten del presupuesto de que: el juicio de divorcio incausado es un solo procedimiento, el cual conforme a la postura que fijen las partes podría tener dos fases (postulatoria y conclusiva), por lo que es posible que exista más de un fallo que resuelva el fondo.

32. Que en el caso del Estado de Nuevo León, la normativa sustantiva y adjetiva que rige el juicio de divorcio incausado fue incorporada el catorce de diciembre de dos mil dieciséis; y en la exposición de motivos respectiva, el legislador fue claro en precisar que el marco normativo resultaba distinto al acotado por otros Estados de la República, particularmente al de la Ciudad de México.

33. Que el juicio de divorcio en el Estado de Nuevo León se compone de dos etapas:

34. La primera etapa comprende desde la presentación de la demanda hasta la declaración de divorcio, esto conforme los artículos 1107, 1108, 1109, 1112, 1115, 1116, 1117 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En esa etapa inicia el procedimiento con la solicitud de divorcio incausado que deberá reunir los requisitos que señala el artículo 270 del Código Civil para el Estado, entre otros la propuesta de convenio.

35. Que en la legislación del Estado de Nuevo León, a diferencia de las analizadas por la Primera Sala del Alto (Ciudad de México, Coahuila y Aguascalientes) no es necesaria la presentación de la propuesta de convenio y durante el procedimiento cualquiera de los cónyuges puede presentar la propuesta o contrapropuesta respectiva para regular las consecuencias jurídicas del divorcio.

36. Admitida la solicitud se correrá el traslado al otro cónyuge a fin de que dentro del término de nueve días desahogue la vista correspondiente, si se oponen excepciones procesales, se dará vista al promovente para que en el plazo de tres días exprese lo que a sus intereses corresponda, excepto la de incompetencia por declinatoria. Después, se citará a una audiencia.

37. En el caso de que las partes insistan en su propósito de divorciarse el juez revisará el proyecto de convenio y si este no transgrede disposición legal, el orden público o el interés superior de los menores e incapaces, previa la opinión del Ministerio Público, dictará sentencia de divorcio incausado y lo aprobará.

38. Cuando no exista el común acuerdo entre los cónyuges o existiendo este el Ministerio Público se oponga al convenio por contravenir los derechos de los menores o incapaces, el juez pondrá los autos en estado de sentencia y declarará en ella lo pertinente, ese fallo contendrá la declaratoria correspondiente sobre las consecuencias jurídicas del divorcio en las que las partes no llegaron al común acuerdo.

39. Segunda etapa. La ejecución de la sentencia o convenio, conforme al artículo 287 del Código Civil del Estado de Nuevo León, que dispone: decretado el divorcio incausado, se procederá conforme a las disposiciones de la ejecución de sentencia.

40. Sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, que el juicio de divorcio incausado no se trata de un procedimiento único, pues claramente se distinguen dos etapas que resuelvan temas específicos.

41. Que la segmentación del juicio se desprende de los artículos 277(13) y 278(14) del Código Civil del Estado de Nuevo León, los cuales establecen la opción de elegir la prosecución de las consecuencias del divorcio a través del trámite de un juicio autónomo.

42. Además destacó que, el numeral 287(15) dispone que en el divorcio incausado, los diversos juicios en trámite o resueltos mediante convenio o sentencia respecto de las consecuencias jurídicas del mismo, tendrán fuerza vinculante entre las partes; es decir, el legislador contempló la posibilidad que las consecuencias del divorcio se ventilaran en procedimiento distinto al divorcio incausado.

43. Y concluyó que las jurisprudencias 1/2020 y 111/2012 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emanan del análisis de legislaciones cuya característica principal es que el trámite del juicio de divorcio incausado corresponde a un procedimiento único, elemento fáctico ausente en la legislación del Estado de Nuevo León, pues éste se secciona en dos etapas, incluso es posible que las consecuencias del divorcio se ventilen en procedimiento diverso; por tanto, se identifica un elemento diferenciador relevante que justifica la inaplicación del criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

44. Por lo que, tomando en cuenta que el acto reclamado constituía una resolución dictada después de la disolución del vínculo matrimonial, mediante el cual la autoridad responsable declaró la improcedencia del incidente de pensión compensatoria, determinó el tribunal federal que carecía de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en la vía directa; ya que al dictarse el acto reclamado con posterioridad a la disolución del vínculo matrimonial, se actualizaba la hipótesis contemplada el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que otorga competencia a los juzgados de Distrito, entre otros casos, cuando se trate de actos de tribunales judiciales ejecutados después de concluido el juicio.

45. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 454/2022.

46. Juicios de amparo indirectos. Por escritos presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, ********** e ********** promovieron juicios de amparo indirecto contra la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad, mediante la cual la autoridad responsable concedió a la quejosa el derecho a una compensación patrimonial.

47. Correspondió conocer de los referidos juicios acumulados al Juez Segundo de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, quien los admitió con los números de expedientes 1687/2021 y 1665/2021, para luego decretar su acumulación y una vez seguido el trámite legal correspondiente, los remitió al Juzgado

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32930-10287d57/divorcio-sin-expresion-de-causa-en-el-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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