DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. CONTRA LA RESOLUCIÓN INTERMEDIA QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y LO DEJA SIN EFECTOS PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN QUE AFECTA AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.
AMPARO EN REVISIÓN 465/2019. 20 DE FEBRERO DE 2020. MAYORÍA DE VOTOS DEL MAGISTRADO JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA Y DARÍO MORÁN GONZÁLEZ, SECRETARIO EN FUNCIONES DE MAGISTRADO, POR CUANTO A LA PROCEDENCIA DEL AMPARO EN CONTRA DEL VOTO PARTICULAR DEL MAGISTRADO ISIDRO PEDRO ALCÁNTARA VALDÉS Y POR MAYORÍA DE VOTOS DEL MAGISTRADO ISIDRO PEDRO ALCÁNTARA VALDÉS Y DARÍO MORÁN GONZÁLEZ, SECRETARIO EN FUNCIONES DE MAGISTRADO, POR CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO EN CONTRA DEL VOTO PARTICULAR DEL MAGISTRADO JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA. DISIDENTE: ISIDRO PEDRO ALCÁNTARA VALDÉS. PONENTE: JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA. RELATOR DE LA MAYORÍA: JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA. SECRETARIO: ALAN IVÁN TORRES HINOJOSA.
CONSIDERANDO:
1. TERCERO.—De la procedencia del juicio. Previo a ejecutar el análisis sobre la legalidad de la sentencia recurrida, es pertinente realizar un pronunciamiento sobre la procedencia del juicio de amparo; pues al tenor del artículo 62 de la Ley de Amparo, ello es un tópico de estudio preferente a la legalidad de la sentencia recurrida.
2. Bien, de conformidad con el artículo 108, fracción IV,(16) en relación con el artículo 74, fracción I,(17) ambos de la Ley de Amparo, uno de los requisitos esenciales que debe contener tanto el escrito de demanda, como la resolución del amparo, es la precisión del o de los actos reclamados.
3. De conformidad con la lógica que rige al juicio de amparo, la determinación del acto reclamado se encuentra en el centro de la actividad de control constitucional en el juicio de amparo, pues a partir de su determinación se podrá establecer la procedencia del juicio y, en su caso, la constitucionalidad del acto, así como la materialización de los efectos de la protección constitucional.
4. En efecto, por acto reclamado se entiende: el acto u omisión que el quejoso en juicio de amparo imputa a la autoridad responsable, y sostiene que es violatorio de derechos humanos o de la soberanía local o federal respectivamente. De esta forma, la determinación del acto reclamado es fundamental para comprobar los pormenores del proceso constitucional, pues a través del acto reclamado, se integra la relación jurídico-procesal, se establece competencia por razón de vía, materia y territorio; se determina la procedencia del juicio de amparo, las normas jurídicas transgredidas, así como su posible reparación.
5. En ese sentido, para determinar la procedencia del presente juicio de amparo, es pertinente traer a colación el acto reclamado dentro del juicio de amparo. De conformidad con el escrito de demanda, éste consiste en lo siguiente:
"Acto u omisión reclamado. De la autoridad señalada como responsable ordenadora Octava Sala en Materia de Familia del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado de la Ciudad de Xalapa, Veracruz; reclamo la resolución de fecha 10 de abril del año 2019, dictada dentro del toca civil número **********, en relación al juicio ordinario civil número **********, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Tuxpan, Veracruz, en la que revoca la interlocutoria del divorcio incausado de fecha 15 de febrero del año 2018, dictada por la autoridad ejecutora, con todas sus consecuencias legales."
6. Como se advierte, el acto reclamado es la determinación que revocó la sentencia interlocutoria de divorcio dictada en primera instancia. De la imposición del contenido de las constancias que remitieron las autoridades responsables como justificación a sus informes,(18) este Tribunal Colegiado constata lo siguiente:
7. Mediante escrito recibido el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Tuxpan, Veracruz, el quejoso **********, demandó de la aquí recurrente **********, el divorcio sin expresión de causa, y solicitó las medidas provisionales que obran en ese escrito,(19) juicio que se radicaría bajo el número **********.
8. Por su parte **********, dio contestación a la demanda, en la que se opuso parcialmente a las medidas provisionales, negó el derecho del actor para demandarla, y reconvino el pago de una pensión compensatoria.(20)
9. El demandado en reconvención, contestó la demanda, negando el derecho de su contraparte;(21) en ese procedimiento se llevaron a cabo las audiencias probatorias contenidas en los artículos 219, 221 y 247 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz,(22) en esta última, que se celebró el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, se declaró cerrado el periodo probatorio.
10. Mediante escrito presentado el nueve de febrero de dos mil dieciocho, el patrono de la parte actora en lo principal, solicitó al Juzgado de Primera Instancia, turnar los autos para dictar sentencia interlocutoria en relación con el divorcio,(23) lo cual así se acordó en determinación de doce siguiente,(24) y el quince subsecuente, el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, dictó resolución en la que decretó el divorcio incausado, y señaló que de una vez fuere posible ejecutar el divorcio, se regresara a trámite el expediente para que las partes allegaran pruebas para estar en aptitud de decidir sobre los alimentos y, guarda y custodia del menor de edad hijo de los contendientes, debiéndose también continuar por cuanto hacía al pago de los alimentos compensatorios, y salvó la liquidación de la sociedad conyugal para la sección de ejecución.(25)
11. Inconforme con esa determinación, la C. **********, interpuso recurso de apelación,(26) mismo que fue resuelto por la Sala responsable en determinación de diez de abril de dos mil diecinueve, en el sentido de revocar la determinación impugnada, para el efecto de reponer el procedimiento hasta antes del dictado de la resolución respectiva y continuar con el procedimiento hasta culminar con una sentencia única que dirimiese todos los puntos controvertidos.(27) Misma que constituye la resolución reclamada en el juicio de amparo, del cual emana este amparo en revisión.
12. Ahora bien, como se advierte, la determinación reclamada no pone fin al procedimiento; por lo que se trata de una resolución dictada dentro de juicio.
13. Así pues, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece los supuestos de procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta, cuando se reclamen actos dentro de juicio. Al efecto dicho artículo señala:
"Artículo 107. El amparo indirecto procede:
"...
"V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte."
14. Como se advierte, según la legislación, cuando se reclamen actos dentro de juicio sólo será procedente el juicio de amparo, cuando se reclamen actos cuyos efectos sean de imposible reparación; en ese sentido, define que por acto cuyos efectos sean de imposible reparación, debe entenderse, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos reconocidos en el parámetro de regularidad constitucional. En consecuencia, surge la siguiente interrogante.
¿La determinación jurisdiccional que resuelve sobre la disolución del vínculo matrimonial, pero que no pone fin al juicio ordinario civil afecta derechos sustantivos?
15. La respuesta a la interrogante anterior es en sentido afirmativo, como se aduce a continuación.
16. Bien, para reconstruir los argumentos que conducen a esa conclusión, es pertinente precisar dos temas: I) actos que afectan materialmente derechos sustantivos; y, II) derecho a escoger libremente sobre el estado civil propio.
I) Actos que afectan materialmente derechos sustantivos.
17. Bien, en las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para la procedencia del juicio de amparo indirecto en esta hipótesis, las consecuencias del acto reclamado deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables.
18. Ello pues, dicha interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual –a diferencia de los sustantivos– sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva.(28)
19. De estas directrices que otorga el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llama la atención el hecho de que se define la afectación a derechos sustantivos como afectación a derechos antagónicos a los conocidos como derechos formales o adjetivos.
20. Conforme con ello, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indica que la forma de diferenciar a los derechos sustantivos de los adjetivos es el momento en que se produce el daño.
21. En efecto, mientras que los derechos sustantivos su afectación se produce de forma presente, en los derechos adjetivos, el daño se materializa con el dictado de la resolución definitiva.
22. Esto es, conforme con esas directrices, la clave para entender la afectación a derechos sustantivos radica en que el acto reclamado debe impedir el ejercicio de un derecho sustentado en leyes que no regulen el proceso, de forma actual o presente; en ese sentido, se entiende por afectación actual o presente, la que se produce al amparo del desenlace jurídico del litigio.
23. Por el contrario, se entenderá una afectación a derechos adjetivos, cuando el acto reclamado impida el ejercicio de potestades previstas en leyes que regulen el procedimiento, cuya afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento.
24. Por tanto, puede concluirse que la afectación a derechos sustantivos ocurre cuando:
1) se impide el ejercicio de una potestad prevista en normas que no regulen el proceso; y,
2) el impedimento produce una afectación actual o presente; se entiende por afectación actual o presente, aquella que no necesita del dictado de la sentencia definitiva para materializarse.
II) Derecho a decidir sobre el estado civil propio, como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad.
25. Bien, partamos de la base de que la Primera Sala del Máximo Tribunal Constitucional del País (en adelante PS-SCJN), sostuvo que la manifestación de la voluntad para obtener un divorcio sin expresión de causa, constituye una forma de ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues decidir no continuar casado y cambiar de estado civil, constituye la forma en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida; es decir, el modo en que decide de manera libre y autónoma su proyecto de vida.(29)
26. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en diversas ocasiones ha sostenido que los Estados Partes tienen la obligación de adoptar medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para respetar plenamente y reconocer legalmente el derecho de cada persona a decidir libremente sobre su estado civil; lo cual, incluso, se prevé en forma genérica en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.(30)
27. Lo anterior se traduce en la existencia del derecho de cada persona a decidir libremente sobre su estado civil y a que los registros y otros documentos de esa relación civil, que dependan de la dimensión institucional estatal, coincidan con esa decisión.
28. Ello, porque la falta de reconocimiento del derecho a decidir libremente sobre su estado civil, puede configurar una injerencia en la vida privada; en consecuencia, el Estado se encuentra obligado a garantizar a las personas el que puedan ejercer sus derechos y contraer obligaciones en función de su libre determinación a escoger su estado civil, mediante el reconocimiento, regulación y establecimiento de procedimientos adecuados para tales fines.
29. Por tanto, toda vez que el Estado se encuentra obligado a establecer procedimientos adecuados al derecho a decidir libremente sobre el estado civil, la regulación que se establezca en la legislación secundaria tanto para que el Estado reconozca el divorcio, como para que ello coincida con los documentos y registros correspondientes, es susceptible de control constitucional a través del juicio de amparo.
III) Conclusión en el caso concreto.
30. Ahora bien, con sustento en las breves consideraciones sobre lo que se entiende por afectación material a derechos sustantivos y el derecho a decidir sobre el estado civil propio como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad, podemos afirmar que el acto reclamado sí afecta materialmente derechos sustantivos.
31. En efecto, como se mencionó en párrafos precedentes, el acto reclamado es la determinación que revocó la sentencia dictada en primera instancia que había determinado el divorcio entre los combatientes, y ordenaba la reposición del procedimiento ordinario civil en todas sus etapas a efecto de resolver sobre las restantes prestaciones reclamadas en juicio y sobre el divorcio en la misma resolución. Sin embargo, afecta materialmente el derecho a decidir libremente sobre el estado civil propio.
32. En efecto, como se indicó previamente, el derecho a decidir sobre el estado civil propio se encuentra amparado en el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, el cual se define como la potestad de decidir libre de injerencias externas, incluido el Estado, sobre no formar un matrimonio, permanecer en dicha unión matrimonial o disolver el vínculo con sólo la expresión en ese sentido.
33. Así pues, la determinación de la Sala responsable que revoca la determinación que decreta el divorcio y ordena tramitar el juicio ordinario civil en su totalidad para que, una vez agotados los formalismos legales, se decida en la sentencia definitiva sobre el divorcio y demás prestaciones, afecta materialmente el derecho sustantivo a decidir sobre el estado civil propio.
34. Ello, porque esa decisión:(31) 1) impide el libre ejercicio de la potestad a disolver el vínculo matrimonial, misma que no se encuentra prevista en ninguna norma dentro del capítulo sexto del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, de título "Del juicio" y que regula la tramitación de la vía ordinaria civil; y, 2) esa afectación es actual o presente, porque al dictarse la sentencia definitiva no se repara el hecho de sujetar la disolución del vínculo matrimonial a que se tramite la vía ordinaria civil, ni el tiempo que duró la indecisión del juicio para decretarla.
35. A mayor abundamiento sobre la afectación sustantiva, si bien es cierto que esa determinación no contiene pronunciamientos relacionados con el fondo del asunto, también lo es que derivado de ésta, la decisión del caso se pospone y la restricción al libre desarrollo de la personalidad se ve afectada por la prolongación a su estado civil, pudiéndose afectar, desde el pronunciamiento de dicha resolución, el derecho fundamental a que la citada restricción al libre desarrollo de la personalidad sea razonable.
36. Lo anterior es así, ya que en el divorcio sin expresión de causa la voluntad del individuo de no seguir vinculado con su cónyuge es preponderante y no está supeditada a explicación alguna,(32) pues con la manifestación de dicha voluntad se ejerce el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ya que decidir no continuar casado, constituye la forma en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida, es decir, el modo en que el individuo decide de manera libre y autónoma su proyecto de vida.
37. En corolario de todo lo anterior y en relación a la pregunta inicial, podemos afirmar que, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, respectivamente, determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo produce lesiones jurídicas, de naturaleza formal o adjetiva.
38. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se establecieron dos condiciones: 1) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2) que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento.
39. Con base en ello, la decisión de un tribunal de alzada que ordena la reposición de un proceso civil y anula el divorcio sin causa, dictado en una resolución intermedia, constituye un acto de imposible reparación contra el cual procede el juicio de amparo indirecto, toda vez que si bien es cierto que esa determinación no contiene pronunciamientos relacionados con el fondo del asunto, también lo es que derivado de ésta la decisión del caso se pospone y la restricción al libre desarrollo de la personalidad se ve afectada por la prolongación a su estado civil, pudiéndose afectar, desde el pronunciamiento de dicha resolución, el derecho fundamental a que la citada restricción al libre desarrollo de la personalidad sea razonable, el cual está reconocido en la Constitución Federal, como en diversos tratados internacionales suscritos por México.
40. Lo anterior es así, ya que en el divorcio sin expresión de causa la voluntad del individuo de no seguir vinculado con su cónyuge es preponderante y no está supeditada a explicación alguna, pues con la manifestación de dicha voluntad, se ejerce el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ya que decidir no continuar casado, esto es, cambiar de estado civil, constituye la forma en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida, es decir, el modo en que el individuo decide de manera libre y autónoma su proyecto de vida.
41. Así, se estima que se está en la hipótesis de la jurisprudencia número 2a./J. 87/2016 (10a.), por cuanto prevé el examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce la reposición del procedimiento.
42. Dicho criterio jurisprudencial es del tenor siguiente:
"Décima Época
"Registro digital: 2012245
"Instancia: Segunda Sala
"Tipo de tesis: jurisprudencia
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Tomo II, agosto de 2016 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de agosto de 2016 a las 10:20 horas»
"Materia: común
"Tesis: 2a./J. 87/2016 (10a.)
"Página: 1180
"RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva."
43. CUARTO.—Resolución. Una vez superada la procedencia del juicio e impuestos los integrantes de las constancias que conforman el presente amparo en revisión, así como de los agravios respectivos, arribamos a la conclusión de que resultan esencialmente fundados y suficientes para revocar la sentencia recurrida y, negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por los motivos que se aducen a continuación.
44. En principio, es de señalar que la Jueza de Distrito consideró conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, porque la decisión de revocar la sentencia de quince de febrero de dos mil dieciocho, dentro de los autos del juicio ordinario civil **********, coarta el libre desarrollo de la personalidad; conclusión que se adelanta, no es compartida por este Tribunal Colegiado.
45. En efecto, la Jueza de Distrito en apoyo a sus conclusiones, señaló lo que enseguida se sintetiza:
• Que el principio de legalidad tiene como objeto que todo acto o procedimiento jurídico realizado por las autoridades estatales debe tener un apoyo estricto en una norma legal lo que, a su vez, implicaba que ese actuar estuviere conforme con las disposiciones consagradas en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional.
• En relación con el divorcio incausado sostuvo que la legislación del Estado de Veracruz no contemplaba un procedimiento por medio del cual se debía tramitar, empero ello no era impedimento para que los operadores jurídicos del orden civil se pronunciaran al respecto, en atención a la declaratoria de inconstitucionalidad sobre el artículo 141 del Código Civil para el Estado de Veracruz.
• Después de citar algunas tesis de la PS-SCJN, sostuvo que la decisión de concluir el matrimonio, no podía limitarse o restringirse hasta que se dictase la sentencia en la que se decidieran todas las pretensiones deducidas en el juicio, pues daría lugar a una interferencia injustificada en el disfrute del libre desarrollo de la personalidad.
• Que esa interferencia era contraria a los artículos 1o. de la Constitución Federal y 11, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues el libre desarrollo de la personalidad no pugnaba con la integración y desarrollo de la familia, pues no podía admitirse la integración familiar de modo forzoso.
• Que esas razones conducían a concluir que era correcto dictar un auto y/o resolución definitiva de divorcio, ello porque esperar el desahogo del proceso, conllevaría que se viera interrumpida la decisión de disolver el vínculo matrimonial, por lo que constituía una restricción injustificada.
• En consecuencia, que el actuar de la Sala responsable no era correcto, porque de reponerse el procedimiento y continuar con él hasta el dictado de la sentencia de fondo, en donde se resolviesen todas las prestaciones incluidas la disolución del matrimonio, causaría una violación al derecho humano que conlleva la dignidad de las partes, además de que ello resultaría ocioso.
46. En contra de dicha determinación, la parte recurrente formuló los agravios que, atendiendo a su causa de pedir y a la cuestión efectivamente planteada, en esencia, aducen lo siguiente:
a) La sentencia recurrida resulta ilegal, porque parte de una premisa equivocada, ya que lo analizado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el caso de donde emana la tesis jurisprudencial 1a./J. 28/2015 (10a.), es distinto. Esto es, no se controvierte el derecho humano del quejoso al uso del libre desarrollo de la personalidad, al obtener el divorcio sin expresión de causa, pues ese derecho ya se ejerció y será así decretado en la sentencia del juicio natural.
En ese sentido, el caso del cual surgió la tesis de jurisprudencia en mención, se trató de uno en donde el tribunal de apelación en sentencia dejó insubsistente un matrimonio exigiendo la acreditación de una causal de divorcio, pero es claro que definió que no todo derecho es absoluto, pues encuentra sus límites en los derechos de terceros, en el orden público y en el interés social, así como que el hecho de que se resuelva sobre el divorcio sin expresión de causa, no implica desconocer la obligación del juzgador de pronunciarse sobre las consecuencias como la custodia de los hijos, el derecho de visitas y los alimentos.
b) La sentencia recurrida es ilegal porque es contraria al principio de congruencia, así el tribunal responsable hizo una correcta apreciación de los artículos 57, 60, 309 y 514 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, porque el diverso artículo 338, fracción IV, dispone que las sentencias no pueden declararse ejecutoriadas por partes, sino atendiendo al principio de continencia de la causa. De lo contrario, no se respetaría el derecho humano al debido proceso legal, porque traería como consecuencia la existencia de dos sentencias, cuando ésta es una unidad indivisible que debe guardar coherencia interna y, por ello, no puede escindirse en el estudio de dos acciones distintas.
c) El Juez de Primera Instancia no analizó los presupuestos y elementos procesales necesarios para poder emitir una sentencia, en términos del artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz; de ahí que los conceptos de violación resulten infundados.
47. Ahora bien, conforme al artículo 76 de la Ley de Amparo, el cual faculta al órgano de amparo para analizar en forma sistemática y conjunta los planteamientos litigiosos, se procede a dar respuesta a los agravios.
48. Los agravios se encuentran encaminados a evidenciar que decretar el divorcio en una resolución previa a la tramitación completa del proceso ordinario civil, genera una serie de incongruencias en el procedimiento, lo que terminaría por no respetar el debido proceso, lo cual se estima esencialmente fundado.
49. En efecto, el artículo 14 constitucional consagra en favor de todos los gobernados el derecho de audiencia como parte del derecho al debido proceso, el cual consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y, 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos se dejaría de cumplir con el fin del derecho de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.
50. Por su contenido se trae al caso, la siguiente tesis de jurisprudencia:
"Décima Época
"Registro digital: 2005716
"Instancia: Primera Sala
"Tipo de tesis: jurisprudencia
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Tomo I, febrero de 2014 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas»
"Materia(s): constitucional y común
"Tesis: 1a./J. 11/2014 (10a.)
"Página: 396
"DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un ‘núcleo duro’, que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al ‘núcleo duro’, las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la ‘garantía de audiencia’, las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, pági
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29622-6c4ebdd1/divorcio-sin-expresion-de-causa-contra-la-resolucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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