DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA ALZADA QUE DEJA SIN EFECTO LA DECISIÓN INTERMEDIA QUE LO DECRETÓ Y ORDENÓ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL SER UN ACTO DE NATURALEZA PROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS, COMO EL RELATIVO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD [ABANDONO DE LA TESIS AISLADA VII.2o.C.227 C (10a.)].
AMPARO EN REVISIÓN 231/2020. 9 DE ABRIL DE 2021. MAYORÍA DE VOTOS. PONENTE: ISIDRO PEDRO ALCÁNTARA VALDÉS. DISIDENTE: JOSÉ MANUEL DEL ALBA DE ALBA. SECRETARIA: KATYA GODÍNEZ LIMÓN.
CONSIDERANDO:
1. CUARTO.—Análisis de la resolución recurrida, en relación con el acto reclamado, consistente en la inconstitucionalidad de los artículos 157 y 233 del Código Civil, así como de los diversos 57 y 214 del Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Veracruz.
2. Se estima ineficaz el agravio al caso propuesto, habida cuenta que al respecto, la Juez de Distrito estimó actualizada la causa de improcedencia invocada por el Congreso del Estado de Veracruz, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, de la Ley de Amparo, dado que el quejoso, ahora recurrente, omitió señalar al Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz como autoridad responsable. Lo anterior, bajo las siguientes consideraciones:
– Que conforme a lo dispuesto en los artículos en cita, en la demanda de amparo debe expresarse la autoridad o autoridades responsables y que, en caso de que se impugnen normas generales, el quejoso debe señalar a los titulares de los órganos del Estado a quienes la ley encomiende su promulgación, no así a las autoridades que intervinieron en la publicación del decreto promulgatorio de la norma si no se impugnan sus actos por vicios propios.
– Que el legislador consideró insoslayable que tratándose del amparo contra normas generales se llame a la autoridad que promulgó la ley, pues la participación del titular del Poder Ejecutivo, ya sea local o federal, no es de simple trámite, sino que incide de manera importante en el proceso legislativo, pues con la promulgación de la ley se hace ejecutable y adquiere valor imperativo, carácter que no tenía antes de pasar de la jurisdicción del Congreso a la del Ejecutivo.
– Por lo que es necesario que en el juicio de amparo en el que se reclama una norma general, el quejoso señale como autoridad responsable al órgano promulgador, con independencia de que reclame o no vicios propios al acto promulgatorio, dado que esa condicionante debe entenderse dirigida, únicamente, a los actos de las autoridades encargadas de su refrendo y publicación; además de que esa autoridad está facultada para intentar los medios de defensa previstos en la ley de la materia.
– Que el Congreso del Estado de Veracruz, en sus informes justificados, refiere que mediante Decreto 214 de cuatro de julio de mil novecientos treinta y uno, otorgó al titular del Poder Ejecutivo del Estado facultades extraordinarias y expresas para la expedición del Código Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado, los cuales no están sujetos a prueba, en términos del artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia.
– Que por auto de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días manifestara si ampliaba su demanda respecto del Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, sin que cumpliera con tal prevención, haciéndose efectivo el apercibimiento contenido en ese proveído, y se turnó a resolver el asunto con los elementos planteados en la demanda inicial.
– Por tanto, si el interesado decidió no designar al Gobernador del Estado de Veracruz como autoridad responsable, en su carácter de órgano promulgador de los decretos que originaron los artículos reclamados, asiste razón al Congreso del Estado de Veracruz, al configurarse la causa de improcedencia invocada, pues es necesario que el quejoso señale al titular del Ejecutivo Estatal, como ente promulgador de los preceptos legales reclamados, ya con esa calidad, la participación de esa autoridad incide, de manera importante, en el proceso legislativo que originó aquéllos, pues con la promulgación de la ley se hace ejecutable y adquiere valor imperativo, carácter que no tenía antes de pasar de la jurisdicción del Congreso a la del Ejecutivo. Además, esa autoridad está facultada para intentar los medios de defensa previstos en la ley de la materia.
3. De acuerdo con lo anterior, si en la demanda de amparo el quejoso omitió señalar a la autoridad que promulgó los decretos que originaron los artículos tachados de inconstitucionales y mencionó otras, como en el caso, al Congreso del Estado de Veracruz, no es posible, como lo señala, que la Juez de Distrito supliera la deficiencia de la queja, prevista en el artículo 79 de la Ley de Amparo, en el sentido de que debió tener como autoridad responsable al gobernador del Estado de Veracruz.
4. Por una parte, porque consta que se le requirió al inconforme para que dentro del plazo de quince días manifestara si ampliaba su demanda respecto de la citada autoridad, sin que cumpliera con tal prevención, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento y se resolvió con los elementos que obraban en autos y, por otra parte, porque en ese propio proveído el quejoso tuvo a la vista el informe de la autoridad señalada como responsable ordenadora, Congreso del Estado de Veracruz, siendo obvio que estuvo en aptitud de ampliar su demanda de amparo precisando como responsable a la que pronunció el acto reclamado.
5. De ahí que al actualizarse la causa de improcedencia por las razones antes destacadas, la Juez de Distrito se encontraba impedida para analizar la inconstitucionalidad de los artículos reclamados.
6. Asimismo, cabe señalar que en modo alguno se le negó u obstruyó el acceso a la justicia, pues como se destacó en párrafos anteriores, con toda claridad se le requirió al quejoso, en términos de lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley de Amparo, para que dentro del término de quince días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtiera efectos la notificación, manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto de la autoridad denominada gobernador del Estado de Veracruz, sin que se cumpliera con tal prevención.
7. En consecuencia, queda firme el sobreseimiento decretado por la Juez de Distrito.
8. Análisis de la resolución recurrida, en relación con el diverso acto reclamado consistente en la constitucionalidad de la resolución de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el toca **********, que revocó la diversa dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosamaloapan, residente en Tierra Blanca, Veracruz, en el juicio ordinario civil **********.
9. Sobre este tema, este Tribunal Colegiado de Circuito advierte la actualización de una causa de improcedencia, conforme a las siguientes consideraciones.
10. Al respecto, y tomando en cuenta que conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia, de existir, deben ser analizadas de oficio por el órgano jurisdiccional del conocimiento en cualquier instancia en que el juicio relativo se encuentre, ya que en ello subyace la circunstancia de que constituyen situaciones de orden público; en el caso se considera actualizada la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –éstos aplicados a contrario sensu–, consistente en que el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
11. Se afirma lo anterior, toda vez que dichos preceptos establecen:
Ley de Amparo
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley."
"Artículo 107. El amparo indirecto procede:
"...
"V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte."
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:
"...
"b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan."
12. De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo biinstancial procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
13. Con base en lo anterior, debe decirse que en la Ley de Amparo existió un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la actual Ley de Amparo.
14. Para explicar lo anterior, es menester señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo lo siguiente:
"De lo hasta aquí expuesto se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de ‘imposible reparación’, dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables.
"Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de ‘imposible reparación’. La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos.
"Las normas invocadas son las siguientes:
"‘Artículo 107. El amparo indirecto procede:
"‘...
"‘III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de:
"‘...
"‘b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte;
"‘...
"‘V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. ...’
"Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables.
"Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos ‘que afecten materialmente derechos’, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos ‘derechos’ afectados materialmente revistan la categoría de derechos ‘sustantivos’, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual –a diferencia de los sustantivos–, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva.
"Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de ‘imposible reparación’ no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto ‘...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo–; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a «derechos sustantivos», y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza «material» de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado –con toda razón– a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.’."
15. De la anterior transcripción se desprende que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que de conformidad con la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación.
16. En esos términos, estimó que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, con base en esa definición, quedó atrás la tesis P./J. 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la Ley de Amparo para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación.
17. Así, los argumentos expuestos dieron origen a la tesis de jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:
"Registro digital: 2006589
"Instancia: Pleno
"Décima Época
"Materia: común
"Tesis: P./J. 37/2014 (10a.)
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas»
"Tipo: jurisprudencia
"PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ‘... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;’; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos ‘que afecten materialmente derechos’, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos ‘derechos’ afectados materialmente revistan la categoría de derechos ‘sustantivos’, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual –a diferencia de los sustantivos– sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de ‘imposible reparación’, no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ‘... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo’; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a ‘derechos sustantivos’, y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza ‘material’ de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado –con toda razón– a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios."
18. Bajo tales premisas, conviene hacer una breve síntesis del acto reclamado:
1. Mediante escrito de trece de marzo de dos mil diecisiete, **********, por propio derecho y en representación de sus dos menores hijos, promovió juicio ordinario civil demandando de **********, el pago de una pensión alimenticia, la guarda y custodia de los menores y el pago de los gastos y costas del juicio.
2. En proveído de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Veracruz, Veracruz, radicó la demanda bajo el número de expediente ********** y ordenó el emplazamiento de la parte demandada.
3. Por escrito de diez de abril de dos mil diecisiete, la parte demandada dio contestación a la demanda instaurada en su contra y, entre otras cuestiones, manifestó no contar con los suficientes recursos económicos para cubrir los alimentos demandados y, en ese propio escrito, reconvino de **********, el divorcio sin causa, la convivencia con los menores y la contribución económica de la demandada para sus menores hijos.
4. Mediante resolución dictada el doce de junio de dos mil diecisiete, la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado declaró fundada la excepción de incompetencia planteada por **********, correspondiéndole seguir conociendo del juicio al Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz. El veintiocho de junio siguiente, el juzgado en cita ordenó la radicación del expediente bajo el número **********.
5. En proveído de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, el abogado patrono del actor, en reconvención, solicitó al Juez responsable que emitiera la resolución mediante la cual declarara disuelto el vínculo matrimonial que lo une con la demandada.
6. En atención a lo anterior, el Juez responsable, mediante resolución el diez de diciembre de dos mil dieciocho, declaró disuelto el vínculo matrimonial e indicó que por cuanto hace a los derechos de menores relativos a la guarda y custodia, visita y convivencia, así como la acción de alimentos, de resultar procedente, su análisis se reservaba hasta el momento de dictar sentencia definitiva en el asunto.
7. Inconforme con lo anterior, **********, interpuso recurso de apelación, correspondiendo conocer a la Octava Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien radicó el recurso de apelación bajo el número de toca **********.
8. Mediante resolución de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, la Sala responsable revocó la diversa resolución de diez de diciembre de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosamaloapan, con residencia el Tierra Blanca, Veracruz, a efecto de reponer el procedimiento y agotar la secuela procesal a fin de resolver todas las prestaciones en una sola sentencia.
19. La resolución detallada en el punto inmediato anterior constituye el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto al que este toca se contrae y, como puede apreciarse, previa revocación de la resolución apelada, determinó reponer el procedimiento para el efecto de que el Juez natural agotara todas las etapas procedimentales y resolviera todas las prestaciones y excepciones opuestas en una sola sentencia.
20. En ese sentido, al ordenar la reposición del procedimiento en el juicio de origen, sus efectos se traducen en devolver el juicio al estado en que se encontraba antes de cometerse la violación que dio lugar a dicha reposición y darle un nuevo curso que se ajuste a las disposiciones legales que regulan el trámite del procedimiento aplicable.
21. Ahora, por regla general, el juicio de amparo es improcedente en contra de la resolución que ordena reponer el procedimiento, ya que no puede considerarse como un acto dentro de juicio que tenga una imposible reparación; sin embargo, debe examinarse si las consecuencias de la resolución reclamada son o no de imposible reparación para, de esa manera, resolver si el juicio de amparo indirecto es o no procedente.
22. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para determinar la procedencia del juicio de amparo contra la sentencia de segunda instancia que deja insubsistente la de primer grado y ordena la reposición del procedimiento, debe determinarse si las consecuencias de la insubsistencia del fallo y de la reposición, son o no de imposible reparación, tal como se desprende de la tesis de jurisprudencia siguiente:
"Registro digital: 205810
"Instancia: Pleno
"Octava Época
"Materia: común
"Tesis: P./J. 17/91
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, mayo de 1991, página 25
"Tipo: jurisprudencia
"AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.’. En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo."
23. Cabe precisar que dicho criterio fue reiterado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2015, en sesión de quince de junio de dos mil dieciséis, en la que esencialmente sostuvo que la sola resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento no puede actualizar por sí misma la improcedencia del juicio de amparo, sino que deben analizarse los efectos concretos y específicos que produce tal reposición, para determinar si efectivamente se actualiza una violación de derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo, tal como se desprende de la tesis de jurisprudencia de título, subtítulo y texto siguientes:
"Registro digital: 2012245
"Instancia: Segunda Sala
"Décima Época
"Materia: común
"Tesis: 2a./J. 87/2016 (10a.)
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Tomo II, agosto de 2016, página 1180 «
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29915-84e4794d/divorcio-sin-expresion-de-causa-contra-la-resolucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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