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Modo: Corpus Pro

ALIMENTOS. EL JUZGADOR DEBE ACTUAR DE OFICIO Y ALLEGARSE DE PRUEBAS QUE PERMITAN ANALIZAR SI SE ACTUALIZA EL "ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA" DE UNO DE LOS CÓNYUGES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 162, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ Y, EN SU CASO, FIJAR OBJETIVAMENTE LA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 20/2012. · Registro digital (IUS): 23669
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Pág. 549.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 20/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 2 DE MAYO DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS EN CUANTO A LA COMPETENCIA. DISIDENTE Y PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. SECRETARIA: TERESITA DEL NIÑO JESÚS LÚCIA SEGOVIA.

III. Competencia

10. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Número 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.

11. No pasa inadvertido que el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once y, actualmente, establece que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito (sin especialización o de una misma especialización) sustenten tesis contradictorias, la denuncia debe hacerse ante el Pleno de Circuito correspondiente, a fin de que sea éste el que decida cuál es la tesis que debe prevalecer; esta reforma entró en vigor el cuatro del octubre pasado, por disposición del artículo segundo transitorio del referido decreto.

12. Sin embargo, lo anterior no implica que, a la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación carezca de competencia para conocer y resolver el presente asunto, ya que, a juicio de esta Primera Sala, las Salas de este Alto Tribunal conservan competencia por disposición expresa del artículo tercero transitorio del decreto aludido, el cual dispone que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de mérito, continuarán tramitándose hasta su resolución final, conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.

13. Ello es así, porque si bien es cierto que las contradicciones de tesis no constituyen propiamente juicios de amparo, también lo es que los criterios en potencial contradicción se generaron con la resolución de juicios de amparo; de ahí que, realizando una interpretación armónica, sea posible establecer que el artículo tercero transitorio resulta aplicable a las contradicciones de tesis, cuyas demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto se presentaron con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de reforma constitucional, máxime que, a la fecha, no se ha integrado, ni formal ni materialmente, el Pleno del (Séptimo Circuito).

14. La anterior interpretación es acorde a la garantía de tutela jurisdiccional, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual implica que el poder público no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna que resulte innecesaria, excesiva o carente de razonabilidad o proporcionalidad, respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, en el caso concreto, la seguridad jurídica, como consecuencia de la unificación de criterios; por lo que, de considerar que se actualiza una incompetencia constitucional, el conocimiento y la resolución de los asuntos de esa naturaleza estaría supeditado a la creación formal y material de los Plenos de Circuito, con el consecuente estado de indefinición de los criterios potencialmente contradictorios.

15. En tales condiciones, aun y cuando el texto del artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal vigente estatuye la competencia exclusiva de los Plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito (no especializados o especializados en una misma materia), empero, acorde al artículo tercero transitorio del decreto publicado el seis de junio de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación y ante la inexistencia material y legal de los Plenos de Circuito, específicamente, el correspondiente al (Séptimo Circuito), es que esta Primera Sala conserva competencia transitoria para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, en tanto que las demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto fueron presentadas con anterioridad a la entrada en vigor al decreto de reforma constitucional, además de que fue denunciada por la parte legítima (como se aprecia en el apartado siguiente) y se ordenó su trámite e integración conforme con la competencia constitucional que de manera directa preveía el artículo 107, fracción XIII, de la Ley Fundamental -antes de su reforma-, y con la competencia legal que todavía prevén a su favor los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

IV. Legitimación

16. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue realizada por el Magistrado integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo.

V. Existencia de la contradicción

17. El presente asunto cumple con los siguientes requisitos de existencia de las contradicciones de tesis, que ha fijado esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretando la normatividad aplicable:

17.1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

17.2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista, al menos, un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

17.3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

18. Estas condiciones se encuentran en las siguientes tesis de jurisprudencia:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."(1)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."(2)

19. A continuación, se explicitan las razones por las cuales se considera que el asunto cumple con los requisitos de existencia:

20. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis:

21. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 718/2011.

Antecedentes del asunto

21.1. **********, promovió juicio ordinario civil contra ********** y **********, de quienes demandó el divorcio necesario por la separación de más de dos años (fundado en la fracción XVII del artículo 141 del Código Civil del Estado de Veracruz) entre la demandada y el suscrito, así como la cesación total de la pensión alimenticia que venía sufriendo del 30% de su sueldo y demás prestaciones, asignada a favor de los demandados; estos últimos dieron contestación oportuna a la demanda instaurada en su contra, oponiendo las excepciones y defensas que consideraron pertinentes. El Juez del conocimiento, finalmente, resolvió declarar disuelto el vínculo matrimonial, así como la cesación de la pensión alimenticia que el actor venía proporcionando a los demandados.

21.2. Inconforme con la sentencia anterior, ********** interpuso recurso de apelación, al que se adhirió la parte actora, respecto de los cuales la Sala responsable resolvió confirmar la sentencia apelada.

21.3. La quejosa promovió juicio de amparo directo ante la injusta decisión de no decretar a su favor una pensión alimenticia, en virtud de que, según la quejosa, los alimentos son una cuestión de orden público y de carácter oficioso. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al emitir ejecutoria en sesión de quince de diciembre de dos mil once, dentro del amparo directo 718/2011, concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados para el efecto de que se dejara insubsistente la sentencia reclamada, y se dictara otra en la que se reiterara lo relativo al divorcio planteado y se motivara lo relativo a la necesidad manifiesta de recibir alimentos. Las razones que apoyaron su decisión son las siguientes:

"... Al abordar el estudio de la necesidad manifiesta, la Sala responsable estaba obligada a expresar las razones respecto de por qué no era procedente, lo cual no hizo en la especie, no obstante de que fue sometido a su consideración en vía de agravio. En esas condiciones, el fallo impugnado transgrede los derechos humanos previstos en el artículo 16 constitucional.

"Sin que pase desapercibido por este Tribunal Colegiado, que la facultad del artículo 162 del Código Civil consistente en que el Juez puede excepcionalmente determinar una pensión alimenticia a favor de uno de los cónyuges cuando advierta su necesidad manifiesta, es sui géneris, y que dependiendo de las circunstancias del caso, cualquier decisión que emita la autoridad jurisdiccional podría ser violatoria del artículo 16 en relación con el 14 constitucional.

"Lo anterior, en virtud de que, independientemente de que el requerimiento alimentario no fue parte de la litis, ello se hizo valer como agravio, y si la Sala es omisa o decide, como en este caso, no advertir necesidad manifiesta, o bien, advirtiéndola, es factible que cualquiera de las dos decisiones que se pudieran tomar, no se emitan conforme a los elementos de prueba que sirvan para fundamentar y motivar dicha determinación.

"De ahí que, incluso, existe la posibilidad, para evitar violación a la garantía de audiencia, de que la autoridad se allegue de las pruebas que estime necesarias para decidir sobre esos extremos.

"Finalmente, es conveniente precisar que una vez que el juzgador advierta la necesidad manifiesta de uno de los cónyuges, surge la problemática respecto a cómo determinar la pensión alimenticia, así como la cantidad y los medios de convicción, sin embargo, y de acuerdo a lo anteriormente dilucidado, el Juez puede allegarse probanzas que diluciden dicha cuestión."

22. De la transcripción anterior se advierte que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito interpretó el contenido del artículo 162, segundo párrafo, del Código Civil para el Estado de Veracruz, concluyendo que, para determinar la existencia de la "necesidad manifiesta" de uno de los cónyuges, la autoridad podrá hacer uso de la facultad que le permite allegarse de las pruebas que estime necesarias.

23. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito emitió su criterio, al resolver el amparo directo 231/2010.

Antecedentes del asunto

23.1. ********** demandó por la vía ordinaria civil a **********, el divorcio necesario fundado en la fracción XVII del artículo 141 del referido Código Civil, así como la cesación de la obligación de proporcionarle alimentos. El Juez del conocimiento dictó sentencia, en la cual declaró disuelto el vínculo matrimonial que unía a los contendientes, así como la cesación respectiva de la obligación del señor **********, a proporcionar alimentos a la demandada.

23.2. ********** interpuso recurso de apelación y, el nueve de febrero del año dos mil diez, se dictó sentencia definitiva, mediante la cual se modificó la de primer grado para el solo efecto de dejar vigente la pensión alimenticia fijada para dicha apelante.

23.3. ********** promovió juicio de amparo directo en contra de la resolución anterior. El tribunal de mérito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Sala responsable dejara parcialmente insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, dictara otra, en la que se determinara si existía el estado de necesidad con base en el material probatorio aportado por la tercero perjudicada. En lo atinente al tema que se analiza, expuso las consideraciones siguientes:

"SEXTO. ... Es inconcuso que de la recta interpretación del segundo párrafo del artículo anteriormente citado, se infiere, como regla general, que en el caso de la causal de divorcio necesario prevista en el artículo 141, fracción XVII, del Código Civil vigente en el Estado de Veracruz, relativa a la separación de los cónyuges por más de dos años, independientemente del motivo que haya originado la separación, la cual podrá ser invocada por cualquiera de ellos, los cónyuges no tienen derecho a pensión alimenticia, excepto que el Juez, tomando en cuenta la necesidad manifiesta de uno de los dos, determine pensión a su favor.

"...

"En lo referente a la necesidad manifiesta, no correspondía al hoy quejoso demostrar en ese juicio que la hoy tercero perjudicada no se encontraba en la hipótesis relativa al estado de necesidad manifiesto a que alude el citado artículo 162 del Código Civil vigente en el Estado, para que se dejara insubsistente la pensión alimenticia de mérito, ya que, en términos del numeral antes citado, ésta es una facultad del juzgador que debe apreciar objetivamente y de acuerdo a las circunstancias del caso y apreciando el material probatorio que obra en el sumario, el determinar si de una forma clara, notoria y patente se advierte el estado de necesidad manifiesto, probanzas que deben ser distintas a las consideradas cuando se fijó la pensión respectiva. ..."

24. Con motivo de dicho asunto, el referido órgano colegiado emitió la siguiente tesis aislada:

"ALIMENTOS. LA SUBSISTENCIA DE ESTE DERECHO, CONFORME A LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 162, PÁRRAFO SEGUNDO, IN FINE, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUZGADOR APRECIE OBJETIVAMENTE, DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO Y CON BASE EN EL MATERIAL PROBATORIO QUE OBRE EN AUTOS, SI SE ACTUALIZA EL ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTO A QUE ALUDE ESE PRECEPTO. De la interpretación del artículo 162, párrafo segundo, in fine, del Código Civil para el Estado se infiere, como regla general, que en el supuesto de la causal de divorcio necesario prevista en el artículo 141, fracción XVII, del mismo ordenamiento, relativa a la separación de los cónyuges por más de dos años, independientemente del motivo que haya originado la separación, la cual podrá ser invocada por cualquiera de ellos, éstos no tienen derecho a la pensión alimenticia, excepto que el Juez, tomando en cuenta la necesidad manifiesta de uno de los dos, determine la pensión a su favor. Sin embargo, para fijarla con base en la excepción que contempla el precepto citado, el juzgador debe apreciar objetivamente de acuerdo a las circunstancias específicas y con base en el material probatorio que obre en autos, si existe de forma clara, notoria y patente, el estado de necesidad manifiesto a que alude el primer numeral invocado."(3)

25. De la transcripción anterior, se puede observar que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito llevó a cabo un ejercicio interpretativo del mismo artículo 162, párrafo segundo, del Código Civil del Estado de Veracruz, concluyendo que el "estado de necesidad manifiesta" deberá advertirse objetivamente del propio material probatorio que obra en autos.

26. Así, conforme a los criterios referidos líneas arriba, útiles para determinar la existencia de las contradicciones de tesis, se obtiene que, en el caso concreto, se actualiza el primer requisito, ya que cada uno de los tribunales contendientes realizó un ejercicio interpretativo, mediante el uso de su arbitrio judicial, consistente en determinar el alcance de la facultad excepcional del juzgador para decretar una pensión alimenticia a favor del cónyuge que se encuentre en necesidad manifiesta.

27. No pasa inadvertido que el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito -denunciante en la presente contradicción- no sustentó su criterio mediante una tesis aislada o una jurisprudencia; sin embargo, ello no es óbice para que proceda la presente contradicción, de conformidad con la siguiente tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."(4)

28. Segundo requisito: razonamiento y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados contendientes existió un criterio de interpretación en torno a la misma cuestión jurídica, atinente a la amplitud de facultades del juzgador para resolver si, habiéndose actualizado la causal de divorcio prevista en la fracción XVII del artículo 141 del Código Civil, vigente en el Estado de Veracruz, alguno de los dos cónyuges se ubica en la excepción prevista en el diverso 162 del mismo ordenamiento, relativa a un estado de necesidad manifiesta. La conclusión que se desprende de las sentencias emitidas por cada uno de los tribunales, lleva a afirmar que, en el caso, sí existe la contradicción de tesis denunciada, por las siguientes consideraciones:

29. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en el amparo directo 718/2011, sostuvo que la facultad del artículo 162 del Código Civil, consistente en que el Juez puede excepcionalmente determinar una pensión alimenticia a favor de uno de los cónyuges cuando advierta su necesidad manifiesta, incluye la facultad de allegarse de las pruebas que considere necesarias para resolver ese extremo.

30. También precisó que, una vez que el juzgador advierta la necesidad manifiesta de uno de los cónyuges, puede allegarse de las probanzas que considere necesarias para dilucidar la cantidad líquida o porcentaje que determinará para cuantificar la pensión alimenticia.

31. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en el amparo directo 231/2010, sostuvo que de la recta interpretación del artículo 162 del Código Civil para el Estado de Veracruz se infiere, como regla general, que en el caso de la causal de divorcio necesario prevista en el artículo 141, fracción XVII, del mismo código, relativa a la separación de los cónyuges por más de dos años, los cónyuges no tienen derecho a pensión alimenticia, excepto que el Juez, tomando en cuenta la necesidad manifiesta de uno de los dos, determine pensión a su favor, lo cual deberá hacerlo con base en las constancias probatorias que obren en el expediente.

32. En este orden de ideas, consideró que es menester que el afectado demuestre el estado de necesidad manifiesto, por lo que no podría desprenderse el mismo de una sentencia previa que se dictó bajo circunstancias que desaparecieron durante el trámite del juicio de divorcio y que tampoco correspondía al otro cónyuge demostrar que no se actualizaba dicho estado de necesidad manifiesto, ya que, en términos del numeral 162, ésta es una facultad del juzgador que debe apreciar objetivamente y de acuerdo a las circunstancias del caso y apreciando el material probatorio que obra en el sumario, el determinar si de una forma clara, notoria y patente se advierte el estado de necesidad manifiesto.

33. De la confrontación de las consideraciones emitidas en las resoluciones de los tribunales contendientes, se llega a la conclusión de que sí existe la contradicción de criterios, pues en los negocios resueltos se examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adoptaron posiciones o criterios jurídicos discrepantes, obteniéndose diferencia de criterios en los razonamientos, proviniendo del análisis de los mismos elementos, lo cual se comprueba con los razonamientos siguientes:

34. En los criterios discordantes se realizó el examen de los mismos elementos, pues ambos tribunales abordaron el estudio de casos en los que se demandó la disolución del vínculo matrimonial decretada con motivo de la causal del artículo 141, fracción XVII, del Código Civil para Veracruz, consistente en la separación de los cónyuges por más de dos años por cualquier motivo y, como consecuencia, se abordó si, en los casos específicos, se actualizaba la excepción prevista en la ley para que subsista la obligación de proporcionar alimentos -necesidad manifiesta de uno de los cónyuges-.

35. Así, ambos tribunales realizaron el análisis de una misma cuestión de derecho. En este aspecto, los dos contendientes resolvieron en relación a la necesidad manifiesta de uno de los cónyuges; sin embargo, uno de ellos concluyó que esta circunstancia debe ser advertida por el Juez usando solamente las constancias que obren en autos, mientras que el otro tribunal afirmó que el Juez tiene la facultad de allegarse de las pruebas que requiera para decidir sobre ese extremo.

36. En efecto, la solución que cada tribunal le dio al problema anterior fue diferente, pues el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito consideró que existe la posibilidad de que la autoridad se allegue de las pruebas que estime necesarias para decidir si en cada caso se actualiza el estado de necesidad manifiesta de uno de los cónyuges; mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito consideró que, para decidir dicha cuestión, el Juez sólo puede tomar en cuenta las constancias que obran en el expediente.

37. Luego entonces, el problema de la presente contradicción, toda vez que se ha declarado existente, es el siguiente: A la luz de la legislación civil de Veracruz, para declarar el estado de necesidad manifiesta de uno de los cónyuges, a efecto de que subsista la obligación alimentaria del otro cónyuge habiéndose decretado el divorcio fundado en la causal prevista en el artículo 141, fracción XVII, del Código Civil para Veracruz ¿debe el Juez basarse exclusivamente en las pruebas que obren en los autos del expediente del juicio ordinario de divorcio o, por el contrario, el Juez podrá requerir de oficio las pruebas que estime necesarias para resolver esta cuestión?

VI. Criterio que debe prevalecer

38. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta en el presente fallo, de conformidad con los siguientes razonamientos:

39. Debe comenzarse diciendo que el derecho a recibir alimentos tiene su fundamento en el derecho a la vida y a la sustentabilidad de determinadas personas que, por su condición de vulnerabilidad y la relación jurídica que tienen o tuvieron con otras, están legitimadas legalmente para exigir de éstas la cobertura de sus necesidades de alimentación, vestido, habitación, salud y, ocasionalmente, educación.

40. En efecto, la palabra "alimentos" proviene del latín alimentum, que significa comida, sustento y asistencia, pudiéndose definir el derecho a alimentos como la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir de otra, llamada deudor alimentista, lo necesario para subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, del matrimonio o del divorcio (en determinados casos).

41. Así pues, la obligación alimenticia tiene su origen en un deber ético, el cual, con posterioridad, fue acogido por el derecho y se elevó a la categoría de obligación jurídica, misma que tiene como propósito fundamental proporcionar al familiar que así lo requiera lo que sea suficiente y necesario para su manutención o subsistencia; debiendo entenderse este deber en su connotación más amplia, esto es, el de asegurar al acreedor alimentista los medios de vida suficientes cuando éste carezca de la forma de obtenerlos y se encuentre en la imposibilidad real de procurárselos, debiéndose demostrar que quien deba proporcionarlos (deudor alimentista) tenga posibilidad económica para hacerlo y que quien deba recibirlos tenga necesidad de ello.

42. En tal virtud, la obligación general de otorgar alimentos consiste en proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la ley, esto es, el derecho de alimentación proviene del mandato de la propia ley, razón por la cual ha sido criterio reiterado de este Alto Tribunal que tal aspecto se encuentra revestido de las características de orden público e interés social.

43.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23669-4bd7a987/alimentos-el-juzgador-debe-actuar-de-oficio-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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