PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EN LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA, NO PUEDE REDUCIRSE AL MÍNIMO DICHA MEDIDA CAUTELAR BAJO EL ARGUMENTO DE QUE EL ABUELO NO TIENE LA OBLIGACIÓN SUBSIDIARIA DE PROPORCIONAR LOS ALIMENTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 7 DE MARZO DE 2016. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ALFREDO SÁNCHEZ CASTELÁN, CLEMENTE GERARDO OCHOA CANTÚ Y EZEQUIEL NERI OSORIO. DISIDENTES: ISIDRO PEDRO ALCÁNTARA VALDÉS Y JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA. PONENTE: ALFREDO SÁNCHEZ CASTELÁN. SECRETARIO: FROYLÁN DE LA CRUZ MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y; los considerandos segundo y cuarto, y los artículos 3, 4 y 9 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; en vigor a partir del uno de marzo de dos mil quince.
SEGUNDO.-Legitimación de los denunciantes. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues en el caso fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito; de ahí que formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO.-Posturas contendientes.
1. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. Al resolver el once de febrero de dos mil catorce el amparo en revisión 433/2013, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:
"QUINTO.-Es esencialmente fundado el agravio que a continuación se analiza, en suplencia de la deficiencia de la queja, en términos de la fracción II del artículo 79 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, por encontrarse inmiscuidos derechos de menores de edad; y suficiente para revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado.
"La revisionista aduce que la sentencia recurrida causa agravios a los menores de edad **********, de apellidos **********, toda vez que el Juez de Distrito pasó por alto que la autoridad responsable otorgó valor probatorio pleno a las pruebas ofrecidas por la demandada (depósitos telegráficos); lo cual es incorrecto, ya que dicha valoración ‘es materia al momento en que se dicte sentencia definitiva’, al ser los alimentos de orden público y de naturaleza urgente, sobre todo porque en el caso concreto, se trata de menores de edad que se encuentran estudiando la educación primaria. Que se dio por hecho de que ********** es localizable y solvente, pero contrario a ello, no existe la certeza de que habite en el domicilio que refirió la enjuiciada y que tenga la capacidad para cumplir con el pago de la pensión alimenticia a la que se obligó en el convenio referido por la autoridad responsable; pues del cuatro de marzo al diecisiete de mayo de dos mil trece, únicamente realizó cinco depósitos por las cantidades de doscientos pesos, cuando que de enero a mayo debió haber realizado veinte depósitos por las cantidades de cuatrocientos pesos, conforme al convenio celebrado; además, lo cierto es que dejó de cumplir con su obligación alimentaria, a partir del mes de septiembre de dos mil once, y aun sin conceder de que realizó diversos depósitos telegráficos en el año dos mil trece, éstos no han sido cobrados, según se aprecia en las copias de tales documentos; aunado a que acudió a Telégrafos de México en la ciudad de Orizaba, Veracruz, para informarse de los depósitos realizados por **********, y allí se le indicó que éstos fueron cobrados o retirados por el depositante, sin poder proporcionarle más información, excepto con una orden judicial. Que todos estos aspectos, dice, demuestran que ********** no tiene capacidad económica para cumplir con su obligación alimentaria, pues las cantidades que supuestamente depositó no son las pactadas, ni mucho menos suficientes para cubrir los alimentos de los menores de edad, quienes no pueden quedarse sin comer, vestir, estudiar y sin medicamentos; y, por tanto, se soslayó el artículo 236 del Código Civil para el Estado de Veracruz, ya que al disminuirse la pensión alimenticia provisional del treinta al dos por ciento por el Juez responsable y negarse el amparo solicitado, deja en estado de indefensión a los menores hijos, porque el porcentaje decretado no es suficiente para cubrir sus gastos. Siendo que sólo se puede determinar hasta en la sentencia definitiva, si efectivamente ********** es localizable y solvente, a través de las pruebas que se desahoguen.
"Como se anticipó, en suplencia de la deficiencia de la queja, resulta esencialmente fundado lo que precede, por los argumentos que a continuación se exponen.
"Del escrito de la demanda civil, que obra en copia certificada en el sumario constitucional, se advierte que **********, en representación de sus menores hijos ********** y **********, de apellidos **********, demandó pensión alimenticia provisional (y en su momento definitiva), a **********, en su calidad de abuela paterna de los citados menores de edad. Expresó como hechos fundatorios de la acción, entre otros, que contrajo nupcias con **********, hijo de la demandada, y procrearon a los mencionados infantes; empero, que desde el año dos mil diez, éste se ha desatendido de la obligación alimentaria que tiene con sus hijos, dejándole toda la carga a la actora, pero que los gastos son demasiados, ya que los acreedores se encuentran estudiando la educación primaria y que por ese motivo, tiene que realizar los gastos de transporte, uniformes, zapatos, útiles escolares, vestido, servicio médico, cuando es necesario y comida; siendo que bajo protesta de decir verdad, dijo, que desconoce el domicilio del progenitor y que la demandada le ha negado la información relativa.
"El Juez del conocimiento, en el auto de admisión de la demanda civil, decretó la pensión alimenticia provisional consistente en el treinta por ciento del salario y demás prestaciones que la demandada percibe como maestra de una escuela primaria, dependiente de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Veracruz.
"En contra de esa medida cautelar, la demandada **********, interpuso reclamación, manifestando que ella es abuela paterna y para la procedencia de la pensión alimenticia provisional en su contra, es necesario que se acredite fehacientemente la falta total de los padres, o en su caso, su imposibilidad física o material para proveer los alimentos, en términos del artículo 234 del Código Civil del Estado de Veracruz; pero que la actora no demostró ni siquiera presuntivamente dichas hipótesis, sino que solamente manifestó en su demanda, que ‘desconozco totalmente donde vive actualmente el C. **********’, lo cual, dijo, que no era cierto, porque sí sabe dónde vive el padre de los menores de edad, que es en la Avenida 20 de Noviembre, número noventa y dos, colonia Modelo, de Río Blanco, Veracruz, porque ahí vivieron como marido y mujer durante su matrimonio. Que la actora y **********, son los responsables directos de alimentar a sus hijos. Que en el expediente civil 1058/2010, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, los progenitores de los menores de edad, promovieron divorcio por mutuo consentimiento, y ahí, celebraron un convenio en el que **********, se comprometió a depositar en favor de sus menores hijos, mediante giros telegráficos, la cantidad de cuatrocientos pesos semanales.
"El Juez responsable, al resolver la reclamación, determinó reducir la pensión alimenticia provisional, del treinta al dos por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe la demandada en su fuente laboral, al considerar, en esencia, que la actora no demostró, aun en forma presuntiva, la falta o imposibilidad de suministrar los alimentos por parte de **********, quien es en todo caso el directamente obligado, en términos del artículo 234 del Código Civil del Estado; sino que por el contrario, se tiene la certeza de su existencia y que cuenta con posibilidad de proporcionar los alimentos, ya que obra en autos, diversos giros telegráficos de los que se desprende que ha realizado depósitos de dinero para cumplir su obligación alimentaria; por eso, que dicha obligación no le recae a la demandada, de conformidad con el citado numeral. Y que en esa etapa procesal, no era dable cancelar la pensión alimenticia provisional.
"Por su parte, el Juez de Distrito, al emitir la sentencia recurrida, determinó que la resolución reclamada es legal, y para sustentar su criterio, expuso que la actora no ofreció prueba para justificar que desconoce el domicilio de **********, aspecto que debió demostrar, aun de manera presuntiva, pues aunque se trata de una negación (desconocimiento del domicilio), lo cierto es que se encuentra íntimamente relacionada con los elementos de la acción intentada, en términos del artículo 234 del Código Civil del Estado, que prevé la obligación subsidiaria de los ascendientes de proporcionar alimentos a los nietos, ante la falta de los padres o cuando éstos se encuentren imposibilitados para otorgarlos; luego, si la accionante fundó la acción precisamente en la imposibilidad de localizar a **********, para exigirle el cumplimiento de sus obligaciones por desconocer su domicilio, entonces, debió acreditarla, aun de manera presuntiva; sin que pueda considerarse que no tenía forma de probarla, pues en su demanda natural y en su escrito de desahogo de vista con relación a la reclamación, expresó que en varias ocasiones acudió al domicilio de la demandada para que le proporcionara el domicilio de ********** y que se negó a darle dicha información, pero no ofreció ningún medio de convicción tendente a justificar tal extremo, es decir, que ha intentado conocer el domicilio de ********** y que dicha información le ha sido negada; máxime que la hoy tercero interesada, en su escrito de reclamación, negó que la accionante desconociera el domicilio de **********, señalando que éste vive en donde siempre ha radicado, ubicado en avenida **********, y al respecto ofreció una constancia de residencia. Asimismo, el Juez de Distrito, determinó que es ajustado a derecho que la autoridad responsable haya otorgado valor probatorio a los giros telegráficos, ya que son aptos para demostrar, al menos presuntivamente, que **********, ha depositado diversas cantidades a favor de sus hijos, lo que se encuentra corroborado con la manifestación propia de la actora, en el escrito de desahogo de la vista concedida con relación a la reclamación, en el que dijo que el último de los depósitos lo cobró en el ‘mes de __ (sic) del año 2010’, lo que refleja que no se encuentra físicamente imposibilitado para suministrar alimentos; en la inteligencia de que, el mérito presuntivo de dichos documentos, es sin perjuicio del valor probatorio que en definitiva se les otorgue, al dictarse la sentencia atinente al fondo del asunto. Que además, aun prescindiendo de las referidas documentales, no podría concluirse en la demostración, en grado presuntivo, de que ********** se encuentra físicamente imposibilitado para suministrar alimentos, ya que no se allegó en autos medio de prueba alguna en tal sentido. Que el Juez responsable decretó la reducción del quántum de la pensión alimenticia provisional, porque no se demostró la apariencia del buen derecho que precisa toda medida cautelar; esto es, que no se probó que la obligación alimentaria recayera en la demandada **********, abuela paterna de los peticionarios (al no acreditarse la falta o imposibilidad de sus padres), lo que de suyo justifica la reducción de tal medida cautelar, al estar jurisprudencialmente prohibida su cancelación.
"Sin embargo, ese proceder, a criterio de este Tribunal Colegiado, es contrario a derecho, toda vez que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 108/2004-PS, de la cual derivó la tesis 1a./J. 9/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, marzo de 2005, página 153, con el rubro: ‘PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. NO PUEDE CANCELARSE EN LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).’, determinó que tomando en cuenta la finalidad de la pensión alimenticia, que es proporcionar al acreedor los medios necesarios para subsistir, en la reclamación que se interponga en contra del auto que la fija de manera provisional, jamás podrá tener el alcance de cancelarla o dejarla insubsistente, pues dado el escaso término establecido en la ley para su trámite y resolución, es evidente que el juzgador difícilmente podría contar en ese lapso con el material probatorio suficiente para decidir el derecho que le asiste al acreedor alimentario, quien puede demostrar durante el juicio su derecho a recibir los alimentos, desvirtuando los motivos aducidos para pedir su cancelación o cesación.
"Por tanto, es válido sostener que el medio de defensa previsto en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado,(1) tiene como objeto únicamente para equilibrar la cantidad o el porcentaje que como pensión alimenticia provisional haya decretado el Juez natural, mas no cuestionar aspectos sobre la procedencia de los alimentos reclamados.
"Se cita en apoyo, la jurisprudencia VII.1o.C. J/10, sostenida por este Tribunal Colegiado, publicada en la página 603 del Tomo XII, septiembre de 2000, materia civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de título y contenido:
"‘ALIMENTOS PROVISIONALES. VALORACIÓN DE PRUEBAS EN LA RECLAMACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).-Al establecer el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que el Juez que conozca de una demanda de alimentos podrá fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento en el auto admisorio, a petición de parte, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, y que contra esa medida, el deudor alimentista en su escrito de contestación de demanda podrá promover reclamación, se le está concediendo un medio de defensa para tratar de equilibrar la cantidad o el porcentaje que como pensión alimenticia provisional haya decretado el Juez natural, quien pudo tomar como base únicamente los datos expresados por la actora en su demanda, reclamación que debe declararse procedente si el deudor alimentista aporta pruebas documentales que el propio juzgador no tuvo en consideración al señalar la pensión provisional y que sean idóneas para tal fin.’
"En ese orden de ideas, si bien en el caso, no se canceló la pensión alimenticia provisional, empero, no puede desconocerse que el Juez de Distrito determinó la legalidad de la actuación del Juez responsable, bajo la consideración de que la actora no acreditó, aun de manera presuntiva, que el padre de los menores de edad, es ilocalizable; sino que por el contrario, la demandada demostró, al menos presuntivamente, que dicho progenitor ha depositado diversas cantidades a favor de sus hijos, lo que fue corroborado por la actora en su desahogo de vista de la reclamación, y que ello reflejaba que no se encuentra físicamente imposibilitado para suministrar los alimentos; de ahí que, dijo, no se acreditó, aun de manera presuntiva, los elementos de la acción previstos en el artículo 234 del Código Civil del Estado, para que la obligación alimentaria recayera en la demandada, que es la abuela paterna de los acreedores alimentarios.
"Siendo que tales argumentos, atañen propiamente a las cuestiones de fondo, porque tienden a desvirtuar el derecho que hacen valer los acreedores alimentarios, consistente en que la demandada, en su calidad de abuela paterna, debe otorgarles los alimentos, porque el padre de aquéllos e hijo de esta última, es ilocalizable y por tanto, éste físicamente no puede cumplir con su obligación alimentaria.
"Pero como se dijo, en la reclamación, dado el escaso término establecido en la ley para su trámite y resolución, el juzgador difícilmente puede contar en ese lapso con el material probatorio suficiente para decidir el derecho que les asiste a los acreedores alimentarios, quienes pueden demostrar durante el juicio su derecho a recibir los alimentos de parte de la abuela paterna, desvirtuando así, los motivos aducidos en dicho medio de impugnación, los cuales sostienen la falta de ese derecho.
"Pensar lo contrario, implicaría que en la etapa procesal que se estudia, pueda determinarse que no se encuentran satisfechos los extremos del referido artículo 234, esto es, que los menores de edad no tienen derecho a percibir los alimentos por parte de su abuela paterna, porque su padre sí es localizable y que está en posibilidad de suministrarles los alimentos, soslayándose así las circunstancias que rodean al caso en concreto, que son, la imposibilidad de localizarlo y la insuficiente capacidad económica de la progenitora; cuando que, estos aspectos pueden acreditarse en la sustanciación del juicio.
"Por eso, contrario a la apreciación del Juez de Distrito, el Juez responsable debió examinar los elementos de prueba que existen hasta esa etapa procesal, esto es, incluyendo las pruebas ofrecidas por la reclamante, y determinar únicamente si el porcentaje de la pensión alimenticia provisional, cumple o no con el principio de proporcionalidad; pero si no lo hizo así, es inconcuso que violó la debida fundamentación y motivación, en términos de los artículos 14 y 16 constitucionales.
"En consecuencia, al resultar fundados en esencia los agravios hechos valer, suplidos en su deficiencia, lo procedente en la especie es revocar el fallo recurrido y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes:
"1.- Que el Juez responsable deje insubsistente la resolución reclamada; y
"2.- Siguiendo los lineamientos que se trazan en esta sentencia, dicte otra en la que, examine los elementos de prueba que existen hasta esa etapa procesal y determine si el porcentaje de la pensión alimenticia provisional, cumple o no con el principio de proporcionalidad; y con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda."
De la mencionada ejecutoria surgió la tesis aislada VII.1o.C.16 C (10a.), consultable en la página 2090, Libro 6, Tomo III, mayo de 2014,Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la cual fue publicada el viernes 9 de mayo de 2014 a las 10:34 horas en el Semanario Judicial de la Federación, cuyos título, subtítulo y texto son los siguientes:
"PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EN LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA, NO SE PUEDE REDUCIR DICHA MEDIDA CAUTELAR BAJO EL ARGUMENTO DE QUE AL ACREEDOR ALIMENTARIO NO LE ASISTE EL DERECHO PARA RECLAMARLE A LOS DEMÁS ASCENDIENTES, AL NO DEMOSTRARSE LA IMPOSIBILIDAD DE SUS PADRES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 108/2004-PS, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 9/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, marzo de 2005, página 153, con el rubro: ‘PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. NO PUEDE CANCELARSE EN LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).’, determinó que tomando en cuenta la finalidad de la pensión alimenticia, que es proporcionar al acreedor los medios necesarios para subsistir, la reclamación que se interponga en contra del auto que la fija de manera provisional, jamás podrá tener el alcance de cancelarla o dejarla insubsistente, pues dado el escaso término establecido en la ley para su trámite y resolución, es evidente que el juzgador difícilmente podría contar en ese lapso con el material probatorio suficiente para decidir el derecho que le asiste al acreedor alimentario, quien puede demostrar durante el juicio su derecho a recibir los alimentos, desvirtuando los motivos aducidos para pedir su cancelación o cesación. En ese sentido, es válido sostener que el medio de defensa previsto en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, sólo tiene como objeto examinar las pruebas aportadas hasta esa etapa procesal y determinar únicamente la proporcionalidad del porcentaje de la pensión alimenticia provisional; por tanto, no puede reducirse la medida cautelar bajo el argumento de que el acreedor alimentario no tiene derecho para reclamar los alimentos a los demás ascendientes (abuelos), al no acreditarse que su progenitor esté imposibilitado para cumplir con su obligación alimentaria, ya que ese aspecto, constituye una cuestión de fondo y puede demostrarse en la sustanciación del juicio."
2. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el seis de noviembre de dos mil quince el amparo en revisión 244/2015, determinó lo siguiente:
"CUARTO.-Los agravios son sustancialmente fundados, acorde las consideraciones que se expondrán en párrafos subsecuentes.
"Los argumentos consisten, en síntesis, en lo siguiente:
"...
"Ahora, con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo, el estudio de los agravios se realiza en forma conjunta, dada la vinculación entre ellos.
"En efecto, asiste razón a la recurrente en el argumento principal de donde hace derivar sus inconformidades, consistente en que si el padre de los menores percibe ingresos por su trabajo, ya no tiene cabida el principio de subsidiariedad y, por ende, no está obligada a proporcionar alimentos a sus nietos.
"Así es, como consideraciones concluyentes de la ejecutoria emitida en el amparo directo en revisión 1200/2014 -citado y transcrito en su parte conducente por la quejosa-, resuelto el ocho de octubre de dos mil catorce por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cabe traer a colación las siguientes:
"‘En virtud de lo anterior, es que esta Primera Sala encuentra una razonabilidad en que el abuelo paterno no se encuentre obligado en este momento a cubrir los alimentos de sus nietos, pues si bien existe un principio de solidaridad familiar, lo cierto es que en el caso concreto opera a cabalidad el mandato constitucional de protección a los menores, materializado en la patria potestad que ejercen ambos progenitores y en la capacidad que -según sus posibilidades- tienen para satisfacer las necesidades de sus hijos.
"‘3. Requisitos establecidos en la legislación de Guanajuato para que los abuelos asuman una obligación alimentaria.
"‘Si bien esta Primera Sala ha determinado en el apartado anterior, que el artículo 357 del Código Civil para el Estado de Guanajuato resulta constitucional, al considerar que la naturaleza subsidiaria de las obligaciones alimentarias de los abuelos es adecuada, lo cierto es que resulta necesario llevar a cabo una interpretación de los requisitos establecidos en tal artículo, mediante los cuales un abuelo puede asumir una obligación de tal índole.
"‘Lo anterior es así, toda vez que tales supuestos deben ser interpretados acorde al interés superior del menor, a efecto de que respondan a su finalidad, consistente en consignar una obligación subsidiaria que en caso de actualizarse permita garantizar la satisfacción de las necesidades de los menores, para que de tal manera no se consideren como una barrera infranqueable que en la práctica impida cualquier obligación a cargo de los abuelos.
"‘En otras palabras, resulta constitucional la naturaleza subsidiaria de las obligaciones alimentarias a cargo de los abuelos, pero siempre y cuando los requisitos para que se actualicen las mismas también se interpreten acorde al interés superior del menor.
.
"‘En este punto resulta oportuno citar el texto del artículo 357 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, mismo que establece lo siguiente:
"‘«Artículo 357. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos desde el momento en que son concebidos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximas en grado.»
"‘Como puede advertirse, es posible actualizar la obligación alimentaria de índole subsidiaria a cargo de los abuelos a partir de la satisfacción de dos supuestos: (i) la falta de los padres; o (ii) la imposibilidad de los mismos. Por tanto, y acorde a lo indicado en párrafos precedentes, esta Primera Sala debe dotar de contenido a tales disposiciones.
"‘i. Falta de progenitores a los cuales exigir alimentos.
"‘El primer supuesto, consistente en la falta de padres, se refiere a la carencia de los mismos, es decir, la ausencia de las personas que acorde a la ley están obligadas a cubrir alimentos en primer término. El supuesto evidente en que se configura tal situación, es el fallecimiento de los progenitores, pero la disposición no se agota en tal escenario.
"‘En efecto, la falta de padres también puede atender a otras circunstancias, tales como la existencia de personas desaparecidas, aquellos padres que no pueden ser ubicados, o aquellos que se desconoce su domicilio o paradero. En suma, se trata de una inconcurrencia de la persona que de modo preferente -debido a una prelación establecida legalmente- tiene la obligación de suministrar alimentos, lo cual genera la imposibilidad fáctica de exigir su cumplimiento.
"‘El supuesto legal en comento, tiene como fundamento, el hecho de que el presupuesto básico y lógico para exigir el cumplimiento de una obligación alimentaria, consiste en la existencia de un obligado a quien requerir, por lo que la carencia de tal elemento es lo que posibilita la exigencia del pago alimentario a los abuelos, caso en el cual se actualizará la subsidiariedad previamente analizada.
"‘ii. Imposibilidad de los progenitores de suministrar alimentos.
"‘Por otra parte, el supuesto consistente en la imposibilidad de los progenitores de suministrar alimentos, se refiere a una situación en extremo distinta a la falta de los mismos, a partir de la cual, también resulta jurídicamente posible actualizar la obligación subsidiaria a cargo de los abuelos.
"‘La expresión imposibilidad implica, la concurrencia de los progenitores -en virtud de que éstos no han fallecido y se conoce con precisión su ubicación-, lo cual permitiría proceder jurídicamente en su contra, pero existe un aspecto de insuficiencia, esto es, una situación de carencia de bienes o impedimento absoluto por parte del obligado a cubrir los alimentos.
"‘En otras palabras, este escenario se actualiza cuando quien se encuentra obligado de manera preferente al pago de alimentos carece de medios o se encuentra incapacitado para proporcionar los mismos, por lo que atendiendo a las necesidades de los menores, existe un obstáculo para que el deudor preferente las satisfaga.
"‘En este tipo de supuestos existen los deudores preferentes y se cuenta con la posibilidad de ubicarlos, pero éstos tienen una imposibilidad absoluta, caracterizada por la falta de bienes, por lo que en tales casos, el interés superior de los menores actualiza la obligación subsidiaria de los abuelos, a efecto de que éstos satisfagan sus necesidades.
"‘Como puede apreciarse, los supuestos contenidos en el artículo 357 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, se refieren a situaciones que justifican de manera plena la exigencia para que los abuelos asuman obligaciones alimentarias. Así, la subsidiariedad a que refiere la naturaleza de dicha obligación exige que se acredite la ausencia del obligado preferente o la incapacidad de éste para satisfacer las necesidades de los menores.
"‘Dicho par de supuestos, consisten en razones lógicas y objetivas que justifican que los progenitores no suministren alimentos. En efecto, la ausencia de padres o su incapacidad absoluta de cumplir con tales obligaciones, se traducen en escenarios en los cuales se encuentra justificada la carga alimentaria de los abuelos, contrario a la exigencia de la recurrente, en el sentido de que toda la familia ampliada se encontraba obligada a cubrir tal concepto, a pesar de que no existiera una causa que evidenciara la posibilidad de eximir a los progenitores de satisfacer las necesidades de sus menores hijos.
"‘Finalmente, como ya se había indicado con anterioridad, en el presente asunto no se actualizó ninguno de los supuestos legales necesarios para la exigencia de la obligación subsidiaria a cargo de los abuelos, toda vez que no existe una falta de progenitores, en virtud de que ninguno ha fallecido y se conoce la ubicación de ambos, y tampoco existe una imposibilidad para cubrir los alimentos...’.
"Nuestro Máximo Tribunal del País estableció, por una parte, que es constitucional la naturaleza subsidiaria de la obligación alimentaria de los abuelos respecto de sus nietos menores de edad y, por otra, que sólo en los casos de ausencia de padres o su incapacidad absoluta para cumplir con las obligaciones alimentarias para con sus hijos, se traducen en escenarios en los cuales se encuentra justificada la carga alimentaria subsidiaria de los abuelos.
"Tal criterio se ve en parte reflejado en la tesis invocada por el Juez de Distrito, de datos de localización, rubro y texto siguientes:
"‘Décima Época
"‘Registro: 2007789
"‘Instancia: Primera Sala
"‘Tipo de Tesis: Aislada
"‘Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"‘Libro 11, octubre de 2014, Tomo I
"‘Materia: Constitucional
"‘Tesis: 1a. CCCLXII/2014 (10a.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26286-7685e9fa/pension-alimenticia-provisional-en-la-interlocutoria-que-decide · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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