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Modo: Corpus Pro

PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA PERSONA MENOR DE EDAD. NO ES UNA OBLIGACIÓN PARA EL PROGENITOR QUE EJERCE LA GUARDA Y CUSTODIA RENDIR CUENTAS DE SU ADMINISTRACIÓN AL DEUDOR ALIMENTARIO, PERO SÍ DEBE BRINDARLE A ÉSTE PARTICIPACIÓN ACTIVA, EQUITATIVA Y TRANSPARENTE EN LA CRIANZA DEL MENOR DE EDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 170/2022. · Registro digital (IUS): 31369
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-04-14
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CI
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Abril de 2023, Tomo II, Pág.1312.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 170/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 26 DE OCTUBRE DE 2022. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: JORGE FRANCISCO CALDERÓN GAMBOA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: La parte quejosa en el amparo en revisión ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (criterio contendiente en la presente contradicción de criterios) denunció la posible contradicción entre criterios sustentados por diversos Tribunales Colegiados de Circuito. El quejoso denunciante señaló que existe discrepancia en relación con el hecho de si el progenitor que ejerce la guarda y custodia de los hijos menores de edad que recibe una pensión alimenticia en favor del menor de edad, está obligado a rendir cuentas al deudor alimentario. Lo anterior, pues unos Tribunales Colegiados de Circuito resolvieron en sentido afirmativo, mientras que otros órganos colegiados resolvieron lo opuesto.

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día veintiséis de octubre de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 170/2022, suscitada entre el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito y Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

El problema jurídico a resolver por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar, si el progenitor que ejerce la guarda y custodia de los hijos menores de edad que recibe una pensión alimenticia en favor del menor de edad, está obligado a rendir cuentas en cualquier momento al deudor alimentario.

I. Antecedentes del asunto

1. Denuncia de la contradicción. **********, parte quejosa-recurrente en el amparo en revisión ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, denunció una posible contradicción de criterios entre el emitido por el referido órgano colegiado, que es similar a los criterios emitidos en los amparos en revisión ********** y ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito y del amparo en revisión ********** del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, en contra del criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, criterio que es similar al emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión ********** y del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis **********.

2. Trámite de la denuncia. Mediante acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintidós, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras cosas, ordenó la formación del expediente respectivo y su registro como contradicción de criterios 170/2022. Asimismo, como antecedente a este caso, señaló que por acuerdo de tres de febrero de dos mil veintidós se formó y turnó en la Primera Sala, bajo la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, el expediente de la contradicción de criterios 16/2022,(1) denunciada entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo **********, en contra del emitido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********. Ante esa situación y en virtud de que el problema jurídico materia del aparente punto de contradicción derivado de la denuncia a que este expediente se refiere se encontraba relacionado con la citada contradicción de criterios 16/2022, se turnó el expediente de la presente contradicción de criterios 170/2022 a la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández. Por último, solicitó a la presidencia de los Tribunales Colegiados y del Pleno de Circuito contendientes el envío de la versión digitalizada o, en su caso, copia certificada de las ejecutorias pronunciadas en los asuntos de su índice, así como el informe de si el criterio respectivo seguía vigente o no.

3. Avocamiento. Mediante proveído de quince de julio de dos mil veintidós, la presidenta de la Primera Sala acordó el avocamiento de esa instancia en el conocimiento del asunto.

4. Integración del expediente. Mediante acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós de la presidencia de esta Primera Sala, se tuvo por recibido los múltiples requerimientos al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, el cual informó que el criterio sostenido en el amparo en revisión ********** se encontraba vigente y remitió copia digitalizada de la ejecutoria emitida en dicho asunto. Asimismo, el acuerdo señaló que al estar integrado el presente asunto se enviara a la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, a efecto de la elaboración del proyecto de resolución que correspondiera.

5. Sin embargo, se hace notar que, de la revisión de la ejecutoria del amparo en revisión **********, se evidencia que éste no guarda relación con la materia de la presente contradicción de criterios sino deriva de un juicio oral de arrendamiento relacionado con la desocupación y entrega de un bien inmueble.(2)

6. En vista de lo anterior, dicha ejecutoria no será tomada en cuenta en la presente controversia.

7. Escrito aclaratorio. El veintinueve de septiembre de dos mil veintidós el denunciante presentó un "escrito aclaratorio", señalando que la sentencia correspondiente al amparo en revisión ********** no había sido dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León, sino por el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito. (Anexo IX)

8. Ante esa situación, mediante acuerdo de tres de octubre de dos mil veintidós, la Ministra presidenta de esta Primera Sala tuvo por expresada la aclaración en cuanto al órgano colegiado que conoció del referido amparo en revisión **********. Por ello, solicitó a los Tribunales Colegiados Primero y Segundo de la anunciada materia y Circuito, para que informaran el tema sobre el que resolvieron en los expedientes radicados con el número ********** de sus respectivos índices y si el criterio está vigente y, en caso de haber sido superado o abandonado, expusieran las razones que motivaron esa decisión y enviaran la versión digitalizada de la ejecutoria en la que sustenta su nuevo criterio. (Anexo X)

9. El seis de octubre de dos mil veintidós, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito dio cumplimiento al requerimiento realizado por la presidenta de esta Primera Sala, en el cual informó que el tema versó, en esencia, sobre: "la legitimación del deudor alimentista para promover la rendición de cuentas a quien ejerce la guarda y custodia del acreedor de los alimentos, a virtud de que el monto entregado ha pasado a formar parte del patrimonio del menor involucrado, lo que afecta el interés superior del mismo, ante el conflicto de intereses entre los progenitores del mismo."; y que a la fecha continuaba vigente el criterio que se sustentó en el expediente antes mencionado, por lo que ordenó se enviara la versión digitalizada del origen del fallo en el amparo en revisión **********. (Anexo XII)

10. Mediante acuerdo de siete de octubre de dos mil veintidós de la presidencia de esta Primera Sala, se tuvo por recibido el requerimiento aludido y por considerado como criterio contendiente el previamente aclarado. (Anexo XIII)

11. En vista de la aclaración aludida, la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, es la que se tomará en cuenta como uno de los criterios que integran el expediente para la resolución.

II. Competencia

12. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero, del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal y el artículo 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentada entre criterios de Tribunales Colegiados de diferente Circuito y un Pleno de diverso Circuito, donde el tema de fondo corresponde a una materia en la que se encuentra especializada esta Sala, sin que se advierta la necesidad de la intervención del Tribunal Pleno.

III. Legitimación

13. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, pues fue formulada por el quejoso en el amparo en revisión ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios contendientes, lo cual corresponde al supuesto previsto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(3) por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que se refieren los preceptos indicados.

IV. Presupuestos para determinar la existencia de contradicción de criterios

14. Este Máximo Tribunal ha sostenido los siguientes requisitos y/o lineamientos:

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Que en esos ejercicios interpretativos se encuentre algún punto de conexión; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico; ya sea sobre el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; habiéndose resuelto en forma discrepante.

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

15. Adicionalmente, se ha establecido que no es necesario que las cuestiones fácticas que rodean los casos de los que emanan los criterios contendientes sean exactamente iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes, debiéndose privilegiar en tal supuesto, la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.

16. Asimismo, se ha dicho que, para el análisis de las ejecutorias y la consecuente determinación sobre la existencia de la contradicción, no es indispensable ni exigible que los criterios sustentados por los órganos jurisdiccionales contendientes constituyan jurisprudencia debidamente integrada.

17. Tales directrices han sido determinadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias de rubros siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO."(4)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(5)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(6)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(7)

V. Criterios denunciados

18. A continuación, se precisan los puntos relevantes de las ejecutorias de los órganos de amparo participantes.

A. Primer bloque: Los siguientes Tribunales Colegiados de Circuito señalaron en esencia que cuando la madre o el padre del menor de edad lleva a cabo la administración de las cantidades asignadas a sus hijos por concepto de pensión alimenticia, están obligados a rendir cuentas acerca del dinero otorgado por el deudor alimentario.

19. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Ejecutoria del amparo en revisión **********, emitida el veintiocho de abril de dos mil veintidós.

20. De la demanda de amparo se desprende que ********** (en adelante actora o **********) promovió una controversia familiar de "Alimentos por comparecencia" en contra de ********** (en adelante demandado o **********). Posteriormente, éste presentó un convenio para dar por concluida la controversia en los siguientes términos: i) la guarda y custodia de los menores hijos de las partes quedaría en favor de la actora; ii) el demandado pagaría por concepto de pensión alimenticia definitiva en favor de los menores el 35 % (treinta y cinco por ciento) de todas sus prestaciones, tanto ordinarias como extraordinarias; y, iii) el régimen de visitas y convivencias entre los hijos menores y las partes quedaría abierta; esto es que, los progenitores decidirían libremente cómo tendrían verificativo dichas visitas. Previa ratificación del referido convenio, el juzgador de primera instancia aprobó éste en sus términos. Subsecuentemente, el demandado promovió un incidente de administración y "rendición de cuentas" sobre el uso y destino de la pensión alimenticia que administraba la actora. Al respecto, el Juez de primera instancia que conoció del asunto dictó sentencia en la que determinó que: i) era procedente la vía incidental y que la demandada incidental (**********) realizó y justificó las cuentas del periodo que se reclamó (16/11/2016 hasta el 31/12/2018); y, iii) se aprobaron las cuentas de administración y aplicación de gastos rendidas por la demandada incidental. En contra de esa decisión ********** interpuso recurso de apelación y la Sala dictó resolución en la que confirmó la sentencia recurrida.

21. No conforme con la anterior decisión el demandado promovió juicio de amparo indirecto y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto dictó sentencia en la que negó el amparo ante lo infundado de los conceptos de violación, ya que: i) la resolución reclamada sí estaba fundada y motivada, pues la Sala responsable citó los preceptos legales que estimó aplicables y expuso las razones que consideró atientes para resolver el asunto; ii) la obligación de rendir cuentas es para detectar la correcta administración del patrimonio ajeno, y atendiendo al interés superior de los menores la rendición de cuentas de los gastos erogados por el pago de los alimentos decretados a favor de infantes, no era procedente realizarlo como lo pretendía el quejoso; esto es, que se entregara una nota por cada cantidad que se entregó, pues de hacerlo así se arribaría el extremo de colocar a la institución de los alimentos como una prestación meramente económica, despojada de cualquier nota proteccionista en favor de la familia y sus miembros, ya que no de todo lo que se adquiere se entregan recibos y, en ocasiones, cuando se entregan no se detallan o plasman con claridad los conceptos de la compra, de ahí la dificultad de justificar cada pago, por lo que como se estableció en la resolución reclamada y con base al artículo 942 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México,(8) la rendición de cuentas no requiere formalidades, sino que las mismas, sean claras y, en el caso, no obró prueba que señalara que los menores estuvieran enfermos o presentaran desnutrición, entre otros aspectos; y, iii) los alimentos no tienen solamente un valor económico, sino también asistencial. (f. 19 a la 33 del anexo III)

22. En contra de esa decisión, el apelante promovió recurso de revisión y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito dictó sentencia en el amparo en revisión **********, en la que revocó la sentencia recurrida y otorgó el amparo al quejoso, al considerar que: i) le asistía la razón al recurrente, porque el Juez de Distrito se abstuvo de resolver los conceptos de violación relacionados con la ilegal valoración de pruebas, ya que diversos recibos de compra, colegiaturas, etcétera, no correspondían al valor efectivamente pagado; esto es, se rindieron cuentas por cantidades mayores a las que realmente se pagaron y se duplicaron cantidades de pagos por concepto de colegiaturas; ii) no se atendió un concepto de violación relacionado a los gastos médicos de los menores; iii) no se analizó documento sobre la ilegal valoración de una prueba confesional; iv) la ausencia de ciertos documentos en autos no impedía al juzgador considerar hechos notorios, valorar indicios y constituir presunciones humanas razonadamente para resolver la controversia familiar; v) la obligación de justificar la aplicación del dinero recibido por concepto de alimentos deriva de la ley y el derecho subjetivo ejercido por el quejoso, con base en el artículo 425 del Código Civil para la Ciudad de México(9) que establece la obligación de administración que se ejerce a través del ejercicio de la patria potestad. Por tanto, la presencia o falta de prueba de un remanente, no determina, per se, la aprobación o desaprobación de las cuentas rendidas. Ante ello, los efectos de la concesión de amparo fueron para que la responsable: 1) dejara insubsistente la sentencia reclamada; 2) dictara otra en la que siguiera los lineamientos de la ejecutoria sobre la valoración probatoria; y, 3) con libertad de jurisdicción resolviera sobre la aprobación o desaprobación de las cuentas rendidas por la demandada. (f. 34, 36 a 58 del anexo III)

23. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. Ejecutoria del amparo en revisión **********, emitida el dieciséis de julio de dos mil veinte.

24. De la referida ejecutoria se desprende que el órgano colegiado en cuestión conoció de un asunto derivado de un juicio oral de alimentos en donde se demandó una pensión alimenticia. El demandado promovió incidente de disminución de pensión provisional. Sin embargo, el Juez de primera instancia desechó el referido incidente y dictó sentencia en la que entre otras cosas: i) se declaró procedente el juicio; ii) "condenó al demandado a pagar a favor de la actora una pensión alimenticia mensual por una cierta cantidad económica y por adelantado", y iii) a seguir realizando los pagos correspondientes de gastos de hipoteca, prima de gastos médicos mayores y gastos de educación.

25. Posteriormente, el demandado promovió incidente sobre rendición de cuentas contra la actora para que comprobara que las cantidades recibidas se aplicaron para cubrir los alimentos del menor de edad; sin embargo, tal incidente fue desechado, al haber considerado el Juez de Distrito que: i) quien ostenta la guarda y custodia del menor de edad, no está obligado a dar o rendir cuentas de administración, respecto al dinero que recibe en pago por concepto de pensión alimenticia en favor del mismo, ya que no se trataba de un bien inmueble del que fuera posible y conveniente pedir rendición de cuentas de su administración, dado que se trataba de dinero o bienes destinados a la necesidad del acreedor, las cuales surgen de momento a momento y debía cubrirse inmediatamente, tales como el vestido, la habitación, la asistencia médica en casos de enfermedad, las cuales están relacionadas a su educación y el entretenimiento; y, ii) el incidente que se pretendía promover, de conformidad con el artículo 41 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León,(10) era improcedente, pues en el capítulo II del título sexto del libro primero del Código Civil, que regula la figura de los alimentos, no contempla la rendición de cuentas por parte del acreedor alimentista o por el ascendiente que lo tuviera bajo su custodia en ejercicio de la patria potestad. 26. En contra de la anterior decisión, el demandado promovió amparo indirecto y el Juez de Distrito que conoció del asunto dictó sentencia en la que concedió el amparo solicitado, al considerar que: i) si bien la rendición de cuentas no está contemplada en el referido capítulo II, está prevista en otros dispositivos legales de la propia normatividad, pues los padres están obligados legalmente en administrar los bienes de sus menores hijos para su sano desarrollo, quienes no cuentan con capacidad de ejercicio para administrar sus bienes en su favor; "de ahí que la obligación de rendir cuentas por parte de quien tenga la patria potestad de los menores se encuentra establecida en el numeral 439 del mismo ordenamiento legal."; siendo aplicable lo conducente el artículo 2463 del Código Civil del referido Estado que está relacionado con la obligación del mandatario de rendir cuentas exactas de su administración,(11) y ii) ante ello, el Juez no debió desechar el incidente referido, dado que el progenitor no custodiado que proporciona los alimentos tiene derecho de exigir la rendición de cuentas pues al ejercer la patria potestad sobre el menor acreedor está en aptitud de vigilar que le sea aplicado el numerario destinado para la satisfacción de sus alimentos, lo que constituye un aspecto secundario que tiene relación directa con lo principal y que puede ser dirimido a través de la vía incidental prevista en los artículos 561 y 564 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León. (f. 8 a la 11 del anexo VII)

27. En contra de la anterior decisión, la actora (tercero interesada-recurrente) promovió recurso de revisión (**********) y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito que conoció del asunto dictó sentencia en la que confirmó la sentencia recurrida y formuló denuncia de contradicción de tesis, al considerar que: a) fue acertado lo resuelto por el Juez de Distrito relativo a que la madre del menor actuaba como "un mandatario", pues ante la falta de la facultad de ejercicio del hijo, era el progenitor quien debía realizar los actos de administración de los bienes, como lo fue en el caso, el dinero recibido en favor del hijo; b) al ser la madre la administradora de las cantidades asignadas a su hijo menor a título de pensión alimenticia, estaba obligada a dar cuentas si era requerido; c) la finalidad del incidente de rendición de cuentas debe entenderse como un derecho del menor a fin de que se informe al deudor alimentario, la forma de que el monto erogado se aplicara en su favor, pues los intereses del menor debían ser protegidos a fin de que lo aportado no fuera dilapidado y realmente se utilizara para el objeto que se aporta; d) como lo señaló el Juez de Distrito, la patria potestad no sólo rige sobre los hijos menores de edad, sino sobre sus bienes, lo que conlleva la administración legal de éstos y, por consiguiente, la obligación de dar cuenta de su administración; e) el dinero es considerado como un bien inmueble, de conformidad en lo previsto en los artículos 753, 759 y 763 del Código Civil para el Estado de Nuevo León.(12) Lo anterior se corroboró con lo resuelto por la Primera Sala del Alto Tribunal en la resolución de siete de febrero de dos mil catorce, dictada en el amparo directo en revisión 2384/2013; f) no inadvirtió que en apoyo a los agravios de la recurrente citó la tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA, QUIEN LA ADMINISTRA NO ESTÁ OBLIGADA A RENDIR CUENTAS.", pues además de no ser obligatoria para el tribunal que resolvió el presente caso, en ese criterio se partió de la base que la liquidez de una pensión alimentaria en dinero, no se encontraba comprendido dentro de la connotación jurídica de bienes muebles; no obstante, de acuerdo con el Código Civil para el Estado de Nuevo León y lo resuelto por la Primera Sala de la SCJN, el dinero es considerado un bien mueble de naturaleza fungible; g) atendiendo al interés superior del menor, el monto entregado como pensión alimenticia podía ser susceptible de fiscalización, pues la rendición de cuentas tiene como objeto genérico verificar que esa pensión sea utilizada para cubrir las necesidades de dicho menor y no fueren dilapidadas en cualquier otra cuestión; h) el incidente de rendición de cuentas no podía ser analizado con la misma rigurosidad con la que se realizaría a un mandante, pues el estándar de la prueba no es tan riguroso que requiera necesariamente de pruebas directas o documentos, sino que en cada caso debe valorarse las presunciones humanas y las situaciones particulares de las que razonablemente pueda desprenderse de manera general la aplicación de los recursos a su finalidad. Por lo que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, disentía del criterio del tribunal federal que emitió la tesis citada, tanto por el Juez responsable como por la aquí recurrente; e, i) el criterio adoptado por este tribunal (Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito) de que es posible que se solicite la rendición de cuentas por parte de quien recibe una pensión alimenticia en favor de su menor hijo, se confrontaba en forma directa con la tesis I.5o.C.80 C, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA, QUIEN LA ADMINISTRA NO ESTÁ OBLIGADA A RENDIR CUENTAS.", utilizada por el Juez responsable como sustento del acto reclamado, por lo que formuló la contradicción de criterios correspondiente (entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito) y ordenó se informara al Alto Tribunal que en favor del criterio que adoptó el tribunal que resolvió el presente caso se pronunció el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis I.8o.C.46 C (10a.), del rubro: "ALIMENTOS DE MENORES. OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTAS DE SU ADMINISTRACIÓN.", misma que sirvió de parámetro al criterio adoptado por la Juez de Distrito en la sentencia objeto del recurso de revisión. (f. 15 a 27 del anexo VII)

28. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. Ejecutoria del amparo en revisión **********, emitida el tres de marzo de dos mil veintidós.

29. De la ejecutoria dictada por el referido Tribunal Colegiado y de la sentencia del Juez de Distrito se desprende que el asunto derivó de un procedimiento oral de divorcio por mutuo consentimiento, promovido por los cónyuges y se dictó sentencia en la que: i) se declaró disuelto el vínculo matrimonial que los unía; ii) se aprobó un convenio en el que, entre otras cuestiones, se pactó la obligación de pensión alimenticia en favor de los hijos menores de edad, a cargo del progenitor correspondiente al 30 % (treinta por ciento) del salario y demás prestaciones; y, iii) la guarda y custodia de los infantes la ejercería la mamá. Posteriormente, el excónyuge promovió incidente de rendición de cuentas de administración de pensión alimenticia en contra de la madre de los menores, pero fue desechado por el Juez de Distrito que conoció del mismo con fundamento en el artículo 41 del Código Procesal Civil del Estado de Nuevo León (supra párr. 25), en virtud de que quien ostenta la guarda y custodia del menor "afecto" a la causa, no estaba obligada a dar o rendir cuentas de administración, respecto al dinero que recibe en pago por concepto de pensión alimenticia en favor de los menores, ya que no se trataba de un bien mueble, sino de dinero o bienes destinados a la necesidad de su acreedor, las cuales van surgiendo de momento a momento y debía cubrirse inmediatamente, además de conformidad al capítulo II del título sexto del libro primero del Código Civil que regula la figura de los alimentos, no contempla en ninguno de sus artículos la rendición de cuentas por parte del acreedor alimentista o por el ascendiente que la tuviera bajo su custodia en ejercicio de la patria potestad; lo anterior, de conformidad con los artículos 308, 309, 311 y 761 del Código Civil del Estado de Nuevo León.(13) (f. 17 a 19 de la sentencia del Juez de Distrito, de las fojas 3 a 10 del anexo II)

30. En contra de la anterior decisión, el excónyuge promovió juicio de amparo indirecto y el Juez de Distrito que conoció de la demanda de amparo dictó sentencia en la que concedió el amparo solicitado por el quejoso, al considerar que: i) si bien la rendición de cuentas no está contemplada en el capítulo II del título sexto del libro primero del Código Civil del Estado de Nuevo León, que regula la figura de los alimentos; sí está prevista en otros dispositivos legales de la propia norma, pues los padres tienen la obligación legal de administrar los bienes de sus menores hijos, siempre que ejerzan la patria potestad de conformidad con lo previsto en los artículos 413, 425 y 439 del citado código,(14) resultando sano para el desarrollo de los niños quienes no cuentan con capacidad de ejercicio para administrar sus bienes entre los que se encuentra la pensión alimenticia a su favor, siendo aplicable también el artículo 2463 del propio código (supra pár

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31369-73345e6d/pension-alimenticia-de-la-persona-menor-de-edad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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