PENSIÓN ALIMENTICIA. EL PROGENITOR QUE EJERCE LA GUARDA Y CUSTODIA NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A RENDIR CUENTAS DE LA PENSIÓN QUE RECIBA DEL DEUDOR ALIMENTARIO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MENOR DE EDAD QUE TIENE A SU CARGO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 22/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO, EL SÉPTIMO Y EL OCTAVO TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE DICIEMBRE DE 2021. MAYORÍA DE CATORCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS WILFRIDO CASTAÑÓN LEÓN, LUZ DELFINA ABITIA GUTIÉRREZ, SOFÍA VERÓNICA ÁVALOS DÍAZ, MÓNICA CACHO MALDONADO, ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ, CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI, MARCO POLO ROSAS BAQUEIRO, ANA MARÍA SERRANO OSEGUERA, MARTHA GABRIELA SÁNCHEZ ALONSO, RÓMULO AMADEO FIGUEROA SALMORÁN, MARÍA CONCEPCIÓN ALONSO FLORES, CARLOS ARELLANO HOBELSBERGER, FRANCISCO JAVIER SANDOVAL LÓPEZ Y J. JESÚS PÉREZ GRIMALDI (PRESIDENTE). DISIDENTES: JOSÉ JUAN BRACAMONTES CUEVAS Y J. REFUGIO ORTEGA MARÍN. PONENTE: CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI. SECRETARIO: ALBERTO MENDOZA MACÍAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la denuncia de contradicción de tesis, en términos del artículo tercero transitorio del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, así como el diverso tercero transitorio del Decreto publicado en dicho medio oficial el once de marzo de dos mil veintiuno, por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación, toda vez que aún no se surte la competencia de los Plenos Regionales prevista en el artículo 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que la resolución del presente asunto se rige por las disposiciones constitucionales y vigentes hasta el once de marzo y siete de junio, ambos de dos mil veintiuno, respectivamente, esto es de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en su texto anterior.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia proviene de parte legítima, al haberse formulado por el recurrente en el amparo en revisión 149/2020 del índice del Séptimo Tribunal, de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Objeto concreto de la denuncia de contradicción de tesis. El objeto consiste en determinar si quien ejerce la guarda y custodia de su menor hijo, está obligado o no a dar cuentas de la administración del dinero otorgado por el deudor alimentario por concepto de pensión alimenticia en favor de dicho menor.
CUARTO.—Posturas contendientes de los Tribunales Colegiados de Circuito.
I. El Quinto Tribunal conoció del recurso de revisión 1155/98, interpuesto contra la sentencia de veintiséis de enero de mil novecientos noventa y ocho, dictada por el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal en el juicio de amparo indirecto 6/98; recurso de revisión que fue resuelto en sesión de veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de votos, en el sentido de confirmar la resolución recurrida, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión.
Lo anterior, con base en las consideraciones siguientes:
"CUARTO.—Se estudian conjuntamente todos los agravios, por la relación que guardan entre sí. En ellos, el recurrente se concreta a alegar, aunque no con la claridad debida, que el Juez de Distrito infringió en su perjuicio lo dispuesto por los numerales que invoca, por falta de aplicación, pues de ellos se establece que el dinero otorgado por concepto de pensión alimenticia, por ser un bien fungible por excelencia, también se encuentra comprendido en la definición de bienes que previenen los artículos 752, 763 y 772 del Código Civil para el Distrito Federal, motivo por el cual, la hoy tercera perjudicada tiene la obligación de rendir cuentas del destino y uso que dio al dinero motivo de la pensión alimenticia que el inconforme otorgó en favor de la menor hija de ambos, por ser ella la persona que administra los bienes de dicha menor, en términos de lo dispuesto por los artículos 425 y 439 del mismo ordenamiento legal invocado.
"Tales alegatos son infundados, porque los alimentos a que fue condenado el peticionario en favor de su menor hija, comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad, y en su oportunidad, los gastos necesarios para la educación primaria de la menor, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales; por lo tanto, si bien es cierto que para el cumplimiento de esa obligación se asignó una pensión alimenticia a la acreedora alimentaria, consistente en el treinta por ciento de todas las percepciones que obtiene el hoy quejoso donde trabaja, y que el monto de dicho porcentaje se hace efectivo mediante una determinada cantidad de dinero; también es cierto que el dinero, aun cuando técnicamente sea un bien mueble que tiene características de fungibilidad, puesto que presenta equivalencia con otros valores que pertenecen al mismo género, y son de la misma especie; sin embargo, como concepto de liquidez de una pensión alimenticia el dinero no se encuentra comprendido dentro de la connotación jurídica de ‘bienes muebles’, que previene el artículo 752 del Código Civil para el Distrito Federal, en virtud de que está destinado propiamente para el servicio y trato ordinario que recibe la menor acreedora dentro de su hogar, como lo son: la comida, el vestido, la habitación y menaje de la misma, además de la asistencia médica en casos de enfermedad, todo ello de acuerdo al nivel de vida a que está acostumbrado vivir el acreedor alimentario, de conformidad con lo dispuesto por los diversos artículos 308, 309, 311 y 761 del mismo ordenamiento legal invocado. En esas condiciones, la circunstancia de que la hoy tercera perjudicada sea quien tenga la guarda y custodia de su menor hija no la obliga a dar cuentas de la administración del dinero otorgado por el recurrente, por concepto de pensión alimenticia en favor de dicha menor, puesto que, se reitera, el dinero obtenido por ese concepto no se encuentra comprendido dentro de la connotación legal de ‘bienes muebles’. De manera que, en la especie, el Juez de Distrito procedió correctamente al no aplicar los preceptos legales que invoca el inconforme, ya que no se actualizan las hipótesis normativas que previenen. Consecuentemente, al ser infundados los agravios que se analizan, procede confirmar la resolución sujeta a revisión."
II. El Séptimo Tribunal conoció del recurso de revisión 149/2020, interpuesto contra la sentencia de tres de marzo de dos mil veinte, dictada por el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México en el juicio de amparo indirecto 64/2020-I; recurso de revisión que fue resuelto en sesión celebrada por videoconferencia el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos, en el sentido de confirmar la resolución recurrida, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión.
Con relación al tema que ahora se analiza, en dicha ejecutoria el Séptimo Tribunal determinó lo siguiente:
"TERCERO.—Primeramente, debe recordarse que el acto reclamado consiste en la resolución de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca familiar 2525/2019, donde la Sala responsable confirmó el auto de veintisiete de septiembre de esa misma anualidad, en el que la Juez de origen desechó el incidente de rendición de cuentas de pensión alimenticia provisional que fue otorgada a las menores hijas del ahora recurrente, de iniciales ********** y **********, así como de la ex cónyuge **********.
"Por tanto, el estudio del presente recurso debe realizarse de manera especial por encontrarse inmiscuido el interés superior de dos menores de edad; por ende, resulta imperante atender a lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que cuando se examinen cuestiones de esa naturaleza, relativas al interés superior de menores, el tratamiento de dichos asuntos debe ser especial, de acuerdo a la relevancia que tienen, con independencia del carácter de quien los promueve.
"Lo anterior, en virtud de que es de interés general que se salvaguarden los derechos y situación jurídica de los menores en los asuntos que puedan ocasionar una afectación a sus derechos sustantivos y, en caso de advertirse que la actuación reclamada afecte de manera ilegal el interés superior del niño o niña, traería como consecuencia la suplencia de la queja deficiente, con independencia de su resultado final.
"Las anteriores consideraciones se encuentran contenidas en la jurisprudencia 1a./J. 191/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa:
"‘MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.’ (se transcribe texto)
"Ahora bien, la parte recurrente en sus agravios refiere que la resolución recurrida violenta el derecho fundamental de tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la justicia, por las siguientes razones:
"Previo a realizar una serie de precisiones dogmáticas acerca de lo que se debe entender por agravio, refiere el quejoso que en la resolución reclamada el Juez de Distrito realizó una interpretación incorrecta pero, sobre todo, alejada de la literalidad de lo dispuesto en la tesis jurisprudencial invocada como principal fuente de la causa de pedir, y en la que se violentó lo dispuesto por los artículos 217, 219 y 220 de la Ley de Amparo, además del derecho humano fundamental de tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la justicia, ejerciendo indebidamente o, con exceso, el control formal de toda demanda, sea ya principal o incidental, al haber considerado aquél que no era de aplicarse en su beneficio.
"Alega, que el juzgador federal desatendió o dejó de tomar en consideración que la tesis jurisprudencial en mención no establece expresamente ningún caso de excepción como así lo consideró, estableciendo de manera medular, una distinción entre la ministración de alimentación que se efectúa única y exclusivamente en favor de las menores hijas de los justiciables y aquellos casos en que, de la pensión en cuestión, también es beneficiaria la cónyuge divorciante, olvidando por un lado, que su derecho a percibir alimentos también se encuentra en debate y, por el otro y más importante aún, que éste es un caso de excepción no contemplado o consagrado así expresamente en la tesis jurisprudencial en cita, dado que ésta regula, de una manera genérica y no especial, todos aquellos casos en que, simple y sencillamente, se otorga una pensión alimenticia con independencia de que entre sus acreedores también se encuentre o figure como titular la cónyuge divorciante como real, material y efectiva administradora de los recursos suministrados para satisfacer ese amplio concepto que, desde luego, no puede escaparse de un escrupuloso escrutinio si se tiene el temor fundado de que los recursos proporcionados no se están ejerciendo correctamente o bien, se están distrayendo de su fin último.
"Aduce, que de conformidad con el artículo 2569, contrario a la interpretación del Juez Federal, resulta ser jurídicamente factible colegir a juicio (sic) que siempre, en todo caso y, en el momento en el que lo solicite o requiera el mandante o, en el caso concreto, específico y particular, el deudor alimentario, el cuentadante, mandatario o acreedor alimentario con independencia de si éste o ésta a su vez, también es acreedor, debe rendir cuentas exactas de su administración.
"Refiere, que lo anterior no puede ni debe estar sujeto al arbitrio o facultad discrecional de la autoridad jurisdiccional en materia familiar, en tratándose de derechos privados y no públicos que, por ende, le deben ser respetados a aquel que solicita la intervención judicial para tales efectos; es decir, para obtener las cuentas exactas de la gestión realizada y encomendada, debido a que, en un momento dado y determinado, lo que sí puede y además debe estar dentro del derecho público subjetivo y tutelador, es que el Juez de lo Familiar verifique, eso sí, bajo su prudente arbitrio judicial, si las cantidades entregadas por él se están administrando convenientemente para beneficio de sus acreedores, destinándose a los fines previstos en el artículo 308 del Código Civil para la Ciudad de México (sic), pero no puede permitírsele el prejuzgar apriorísticamente en el sentido de que esto se está llevando a cabo de tal forma con base en una presunción que no encuentra su apoyo en ningún fundamento legal como para considerarse iuris et de iure, alejándola del principio iuris tantum en el que, tal vez pudiera encuadrársele, pero del que, ubicándolo ahí, le permite ejercer su legítimo derecho de intervención en esa administración de la que se ha venido hablando.
"Arguye, que la pensión provisional se decretó en beneficio de todos los acreedores alimentarios y no sólo de alguno de ellos para usarse de un modo discrecional o como medio de ‘empoderamiento económico’ de una de las partes en perjuicio de la otra, pero, sobre todo, debe atenderse al hecho o circunstancia de que ésta se otorga para ser determinada a los precisos fines a que hace referencia el artículo 308 del Código Civil para la Ciudad de México (sic), que el propio Juez de la causa invoca, y no para objetivos distintos o causas diversas que, por ende, pudieran estar afectando el sano desarrollo de las menores hijas de los justiciables con un notorio detrimento patrimonial injustificado en perjuicio del deudor alimentario, quien, a la luz de diversas acciones realizadas por la acreedora alimentaria o gestiones realizadas por ésta ante el Juez natural (como lo es el hecho de insistir en que se cubran de su parte, conceptos adicionales a los contenidos en el ya referido artículo 308 de la citada legislación civil) motivaron que se iniciara el incidente materia del acto reclamado.
"Agrega, inspirado precisamente en la interpretación sistemática de diversos preceptos sobre el deber de rendir cuentas, establecidos para diversos sujetos en el derecho mexicano, incluidos, desde luego, los administradores de pensiones alimenticias y, tantos otros como los tutores, albaceas, mandatarios, administradores o interventores de bienes embargados, o administradores de sociedades, sean mercantiles o civiles, con apoyo en la doctrina especializada, que permite apreciar que el proceso de rendir informes o cuentas por quien tiene a su cargo los intereses o bienes de otro, se traduce en la relación de los actos llevados a cabo, en el ámbito de las facultades concedidas, de lo recibido y de lo que entrega, con su correspondiente justificación.
"Manifiesta que debido a que, a su vez, quien recibe las cuentas o informes y, aún inclusive el Juez de lo familiar, puede hacer la revisión o escrutinio de lo informado o rendido, para su aprobación o desaprobación, teniendo en consideración que, dentro de los autos que conforman el juicio natural, como se adujo en el parágrafo que antecede, existen antecedentes de que esos recursos no se han administrado convenientemente, sin que estos antecedentes, propia o formalmente, pueden servir o sirvan de base para la iniciación del incidente en cuestión, como contrariamente a derecho lo considera el Juez de amparo de primer grado.
"Señala, que al negarse el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados confirmando el hecho o circunstancia de que la administradora de los recursos disponga de ellos libremente y sin revisión alguna, resulta evidente que se le está dañando no sólo en el ejercicio de su derecho de tutela judicial efectiva en su vertiente de libre acceso de la justicia, sino además, a sus menores hijas, al no permitir que ni él ni la autoridad del orden familiar, en su caso, realicen la revisión de las acciones efectuadas hasta el momento por la cónyuge divorciante, ni del destino de los recursos que se le han venido proporcionando mensualmente, pues con motivo del recibo de la rendición de informes o cuentas, puede haber litigio entre quien lo da y quien lo recibe, mas no antes, como lo aduce el Juez de primer grado en el apartado en comento, caso en el cual se hará necesaria, ahí sí, la presentación de pruebas que justifiquen las respectivas posiciones, y que el Juez las valore conforme a sus atribuciones para llegar en un momento dado y determinado a la revocación del cargo de administrador.
"Colige, que una acción diversa que no puede ni debe confundirse ni servir de base para el desechamiento de un incidente, interpuesto como preliminar de una acción principal y más importante, para verificar que los intereses de sus menores hijas se encuentran debidamente satisfechos con las cantidades que está proporcionando mensualmente y no se está realizando una distracción indebida de los mismos.
"Precisa, que ningún perjuicio puede parársele a la tercero interesada con la admisión del incidente propuesto, como lo considera el Juez natural y establece como principal argumento para sustentar la negativa de la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. De donde se sigue además, que los derechos de la tercero interesada, en su caso, tampoco pueden estar en una escala de valores o principios, superiores a los de él.
"Discrepa de lo resuelto por el Juez de Distrito, porque manifiesta que son los derechos de sus menores hijas los que se encuentran en disputa, así como su derecho a un sano y libre desarrollo de su personalidad, del cual no sólo puede sino que además debe estar interesado en velar y, en ellos, además, debería estar también interesada tanto la autoridad responsable como la autoridad de amparo de primer grado, dejando a un lado los intereses de una de las partes y velando por el interés superior de las menores, ya que deben considerarse las pruebas allegadas de ambas partes, y valorarlas conforme a las reglas generales, para establecer si se justifican o no las partidas, cuentas o informes rendidos y si éstos se están destinando o no, a los fines prescritos por el artículo 308 del Código Civil para la Ciudad de México (sic), sin que exista justificación alguna para vedar la posibilidad de que ello se verifique precisamente, mediante el ejercicio de esa acción de rendición de cuentas a través de la vía incidental propuesta por él.
"Afirma, que no pueden considerarse como legalmente válidos los argumentos vertidos por el Juez ponderando y privilegiando los derechos o el proceso de empoderamiento económico de la tercero interesada dentro del procedimiento natural del que emana el acto reclamado por encima de los que, a su vez, él tiene y, aún inclusive (sic), sus menores hijas, si aquéllos no se han vulnerado ni se vulnerarían de forma o modo alguno con la simple admisión de un incidente como el propuesto, sino que, precisamente mediante la interposición del mismo, se le está dando a ésta, la plena y legal oportunidad de que sea ella quien defienda su postura en el controvertido, y no las autoridades que conocen del asunto.
"Declara, que se le está colocando en un nivel de desigualdad desproporcionado, no justificado e irracional, inclusive, tan sólo, por cuestión de género, que se encuentra dentro de los supuestos ya no de una simple inconstitucionalidad, sino, a su vez, de una inconvencionalidad, pues en esa línea de pensamiento se llega al extremo de pensar que éste sólo tiene la obligación de ministrar alimentos, pero no el derecho de exigir las cuentas respectivas para verificar que esa obligación impuesta a su cargo se está cumpliendo a su vez, de manera conveniente y sin distracción alguna, por la persona encargada de administrar esos recursos en beneficio no sólo de sí mismo, sino también, de las menores hijas de las partes dentro del controvertido natural del que emana el acto reclamado.
"Precisa, que garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos, no se reduce a su enumeración, sino que persigue una igualdad material mediante la compensación de las asimetrías o de las desventajas en que pudieran encontrarse las partes en el proceso como en el caso concreto se ve notoria y flagrantemente violentado en su perjuicio, ya que debe relacionarse lo anterior, en su fuente convencional, que reconoce el deber de toda autoridad de evitar el trato discriminatorio por motivo de género, evitándose así argumentos estereotipados e indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad, visualizando claramente la problemática planteada y garantizando el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria.
"Los anteriores agravios se desestiman por inoperantes e infundados, atento a las siguientes consideraciones:
"En primer lugar, la calificación de inoperancia deviene en que el disconforme aduce que el Juez de Distrito violó su derecho fundamental de tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la justicia.
"Lo anterior, porque es de explorado derecho que la violación de esas prerrogativas puede reclamarse únicamente a la autoridad responsable, no al Juez de amparo; ello, en atención al criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ha pronunciado en el sentido de que los Jueces de Distrito, en su actividad de control constitucional, no violan derechos humanos, en atención a la naturaleza sobre la que versan sus decisiones (constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos de autoridad) y la técnica del juicio de amparo.
"En ese sentido, las decisiones tomadas por un Juez de amparo no pueden ser estimadas violatorias de los derechos que reconoce a favor de todo individuo la parte dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino sólo en lo que atañe a la indebida aplicación de los artículos de la Ley de Amparo, así como de las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles o se contraríe la debida interpretación jurídica de sus normas.
"Se apoya lo anterior en la jurisprudencia P./J. 2/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor:
"‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.’ (se transcribe texto)
"Por otra parte, la calificación anticipada de que el resto de sus argumentos resultan infundados, obedece a que, contrario a lo que expresa el recurrente, el juzgador federal no realizó una incorrecta interpretación de la tesis con la cual sustentó sus conceptos de violación ni del artículo 2569 del Código Civil para la Ciudad de México (sic), en términos de los cuales aduce el aquí inconforme que el acreedor alimentario debe rendir cuentas exactas de su administración.
"En principio, conviene tener presente el contenido del capítulo de la legislación sustantiva civil que regula lo relativo a los alimentos, en lo que al estudio interesa dispone:
"‘Artículo 301.’ (se transcribe)
"‘Artículo 302.’ (se transcribe)
"‘Artículo 303.’ (se transcribe)
"‘Artículo 304.’ (se transcribe)
"‘Artículo 305.’ (se transcribe)
"‘Artículo 306.’ (se transcribe)
"‘Artículo 307.’ (se transcribe)
"‘Artículo 308.’ (se transcribe)
"‘Artículo 309.’ (se transcribe)
"‘Artículo 310.’ (se transcribe)
"‘Artículo 311.’ (se transcribe)
"‘Artículo 311 Bis.’ (se transcribe)
"‘Artículo 311 Ter.’ (se transcribe)
"‘Artículo 311 Quáter.’ (se transcribe)
"‘Artículo 312.’ (se transcribe)
"‘Artículo 313.’ (se transcribe)
"‘Artículo 314.’ (se transcribe)
"‘Artículo 315.’ (se transcribe)
"‘Artículo 315 Bis.’ (se transcribe)
"‘Artículo 316.’ (se transcribe)
"‘Artículo 317.’ (se transcribe)
"‘Artículo 318.’ (se transcribe)
"‘Artículo 319.’ (se transcribe)
"‘Artículo 320.’ (se transcribe)
"‘Artículo 321.’ (se transcribe)
"‘Artículo 322.’ (se transcribe)
"‘Artículo 323.’ (se transcribe)
"Bajo ese orden, al realizar un análisis a los numerales anteriores, no se advierte que la acreedora alimentista tenga la obligación de rendir cuentas frente al deudor alimentario, sino del deudor a proporcionarlos.
"Atento a esas circunstancias, contrario a lo que aduce el quejoso, la resolución emitida por el Juez de Distrito se encuentra ajustada a derecho, pues si la legislación local no establece la rendición de cuentas sobre una pensión alimenticia, se debe a que únicamente se debe garantizar que el menor la reciba a través de la acreedora alimentaria, pero no a que esta última tenga que informar al deudor alimentario cada erogación que se aplique en beneficio del o los menores.
"Lo anterior, pues el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de proporcionar alimentos, ya que el hecho de que determine que los niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, implica que es para otorgar lo necesario para su subsistencia y el desarrollo integral de los menores.
"Tiene apoyo a lo anterior la tesis 1a. LXXXV/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en su rubro y texto precisa:
"‘ALIMENTOS. EL DERECHO A PERCIBIRLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TIENE UN CONTENIDO ECONÓMICO.’ (se transcribe texto)
"En ese orden, este órgano colegiado estima acertado lo resuelto por el juzgador federal, en el sentido de que el obligar a la madre a que los gastos que realice en favor de sus hijas, estén sujetos a un control o rendición de cuentas, implicaría una sujeción y vigilancia económica injustificada en perjuicio de la ex cónyuge, máxime si se trata de una pensión alimenticia provisional, la cual aún es susceptible de modificarse, incluso disminuirse, acorde a los hechos probados en la controversia de la cual deriva.
"Además, imponer dicha auditoría representaría una carga extra, y se preocuparía más por obtener un recibo de gastos que por suministrar de manera rápida y eficaz los alimentos de las infantes, y el hecho de que parte de los mismos se consumen, ocasiona que no siempre sea factible la justificación del egreso.
"Y si bien el quejoso solicitó la rendición de cuentas vía incidental, dentro del capítulo de alimentos que señala la codificación civil de esta ciudad, no cabe la posibilidad que se rinda la administración sobre una pensión alimenticia.
"En ese orden, se estima jurídicamente correcto que el juzgador haya desestimado la aplicación de la tesis invocada por el ahora recurrente, de rubro: ‘ALIMENTOS DE MENORES. OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTAS.’, la cual deriva de una interpretación realizada por el Octavo Tribunal Colegiado homólogo del artículo 2569 del Código Civil para esta localidad, criterio que este tribunal no comparte ni le es obligatorio en términos del numeral 217, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, toda vez que, en el caso concreto se está frente a un supuesto distinto al que ahí se consigna.
"Esto es, que el padre o madre únicamente actúan como administradores de la pensión que se otorga a favor de los descendientes, no así cuando la acreedora alimenticia también lo es, como en este caso, la ex cónyuge, pues como se precisó, esto se convertiría en una carga adicional al tener que buscar negocios mercantiles donde le puedan expedir comprobantes para efectos de demostrar la erogación correspondiente, obligación no prevista en la legislación ordinaria civil para el extinto consorte que tenga a cargo la administración de la pensión alimenticia, quien además, en este caso, también tiene el carácter de acreedor alimentario.
"De igual forma, no le asiste la razón al recurrente cuando afirma que la interposición del incidente materia del acto reclamado, proviene de la interpretación sistemática de diversos preceptos sobre el deber de rendir cuentas, establecidos para diversos sujetos en el derecho mexicano, incluidos, desde luego, los administradores de pensiones alimenticias y, tantos otros, como los tutores, albaceas, mandatarios, administradores o interventores de bienes embargados, o administradores de sociedades, sean mercantiles o civiles, con apoyo en la doctrina especializada, que permite apreciar que el proceso de rendir informes o cuentas, por quien tiene a su cargo los intereses o bienes de otro, se traduce en la relación de los actos llevados a cabo, en el ámbito de las facultades concedidas, de lo recibido y de lo que entrega, con su correspondiente justificación.
"Así, dicho motivo de disenso de igual forma se torna infundado, porque la rendición de cuentas sobre pensión de alimentos, no es dable equipararla a la que está establecida para diversos sujetos como los tutores, albaceas, mandatarios, administradores o interventores de bienes embargados, o administradores de sociedades, sean mercantiles o civiles, pues dicho sometimiento está referido a los ‘bienes’, y en el caso, en la liquidez de una pensión, el dinero no se encuentra contemplado dentro de esa connotación jurídica en virtud de que está destinado propiamente para el servicio y trato ordinario que recibe un menor acreedor dentro de su hogar, por lo que dicha obligación comúnmente se refiere a muebles o inmuebles; de ahí que no sea equiparable con la de una pensión dada en numerario.
"En esas condiciones, la circunstancia de que, quien tenga la guarda y custodia de su menor hijo, no le obliga a dar cuentas de la administración del dinero otorgado por el deudor por concepto de pensión alimenticia en favor de dicho menor y del propio ex cónyuge, pues esa obligación no está prevista en la parte relativa del Código Civil de esta Ciudad (sic).
"Como apoyo a lo anterior, se cita la tesis I.5o.C.80 C, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyos rubro y texto establecen:
"‘PENSIÓN ALIMENTICIA, QUIEN LA ADMINISTRA NO ESTÁ OBLIGADA A RENDIR CUENTAS.’ (se transcribe
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30476-d1195a6d/pension-alimenticia-el-progenitor-que-ejerce-la-guarda · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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