PENSIÓN ALIMENTICIA. CUANDO SU INCREMENTO SE PACTA EN LA MISMA PROPORCIÓN QUE EL SALARIO MÍNIMO, PARA SU CÁLCULO DEBEN TOMARSE EN CUENTA TODOS LOS FACTORES QUE LO COMPONEN, INCLUIDO EL MONTO INDEPENDIENTE DE RECUPERACIÓN (MIR).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 319/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO, EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 21 DE AGOSTO DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: CLAUDIA LISSETTE MONTAÑO MENDOZA.
ÍNDICE TEMÁTICO
La denuncia de la contradicción de criterios fue realizada por los Magistrados integrantes de uno de los órganos contendientes. El problema jurídico cuya resolución se pretendió en la denuncia, fue determinar si para el cálculo de las pensiones alimenticias cuyo incremento se acuerda en la misma proporción que el aumento del salario mínimo general, debe tomarse en cuenta el monto independiente de recuperación.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día veintiuno de agosto de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
1. Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 319/2023, suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito; con el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; y, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.
2. El problema jurídico que se plantea como susceptible de resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en determinar si el monto independiente de recuperación debe ser incluido en el incremento de la pensión alimenticia cuando éste sea calculado de forma proporcional al aumento del salario mínimo general.
ANTECEDENTES
3. Denuncia de la contradicción de criterios. Mediante oficio **********, firmado electrónicamente por la Secretaria de Acuerdos adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito (Región Centro-Norte), el Pleno del referido órgano jurisdiccional determinó denunciar ante este Alto Tribunal de la Nación,(1) la posible contradicción de criterios suscitada entre los emitidos por el tribunal colegiado de su adscripción al resolver los juicios de amparo en revisión ********** y ********** (relacionados); y, lo resuelto por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (Región Centro-Sur) en el amparo en revisión **********; y, lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito (Región Centro-Sur) en el amparo en revisión **********.
4. Trámite de la denuncia ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, señalando que el tema esencial consistía en: "Alimentos. Determinar si el monto independiente de recuperación debe ser incluido en el incremento de la pensión alimenticia cuando éste sea calculado de forma proporcional al aumento del salario mínimo general"; y, se turnó para su estudio al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
5. En ese mismo acuerdo, se destacó que la denuncia respectiva se presentó ante este Alto Tribunal con posterioridad al quince de enero de dos mil veintitrés, por lo que atendiendo al principio establecido en el artículo Quinto Transitorio del Decreto de reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, se debía estimar que la competencia para conocer del asunto, al derivar de la materia civil, correspondía a esta Primera Sala, de conformidad con los artículos 37, primer párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, así como lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, al tenor de los cuales, se establece que corresponde al Pleno o a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dilucidar contradicciones entre Tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes a distintas regiones.
6. Asimismo, se solicitó a la Presidencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, remitiera por medio del sistema MINTERSCJN, la versión digitalizada del original, o en su caso, de la copia certificada de la ejecutoria, o bien, la versión electrónica en la que consten las firmas electrónicas correspondientes, relativa al amparo en revisión ********** de su índice; así como la versión digitalizada del proveído en el que informe si el criterio sustentado en dicho asunto se encuentra vigente; también, se ordenó requerir por la misma vía al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito para que remitiera únicamente por dicho medio la versión digitalizada del proveído en el que informara si el criterio sustentado en el amparo en revisión **********, de su índice, se encuentra vigente o, en caso de que se tiene por superado o abandonado; además de señalar las razones que sustenten las consideraciones respectivas; y, remitiera la versión digitalizada de la ejecutoria en la que se sustente el nuevo criterio.
7. En proveído de seis de noviembre de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de esta Primera Sala, ordenó agregar el oficio **********, y anexo, remitidos vía MINTERSCJN por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por medio del cual se informó que el criterio emitido en el amparo en revisión **********, continúa vigente; además, se dispuso el avocamiento del asunto, y se ordenó el envío de los autos a su Ponencia, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, a efecto de que posteriormente diera cuenta en la Sala a la que se encuentra adscrito.
8. Mediante acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de esta Primera Sala, ordenó agregar el oficio **********, y anexos, remitidos vía MINTERSCJN por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual se informó que el criterio emitido en el amparo en revisión **********, continúa vigente.
I. COMPETENCIA
9. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Carta Magna; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; 7 y 8, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la competencia, integración, organización, y funcionamiento de los Plenos Regionales, al tenor de los cuales se establece que corresponde al Pleno o a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dilucidar las contradicciones de criterios entre Tribunales Colegiados de Circuitos pertenecientes a distintas regiones, como ocurre en el particular; 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal.
10. Lo anterior, ya que se trata de una posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados pertenecientes a distintas regiones, respecto de la cual no se considera necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
11. En efecto, el presente asunto plantea la posible contradicción de criterios entre tribunales colegiados de los circuitos Trigésimo que pertenece a la región Centro-Norte; y tribunales colegiados de los circuitos Primero y Tercero, que pertenecen a la región Centro-Sur; lo anterior, de conformidad con los artículos 7 y 8 del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.(2)
II. LEGITIMACIÓN
12. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, la contradicción de criterios fue denunciada por parte legitimada, pues fue presentada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito (Región Centro-Norte), órgano que resolvió los juicios de amparo en revisión ********** y **********. Siendo las ejecutorias de dichos amparos dos de los criterios contendientes.
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
13. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, poder establecer la postura que debe predominar, se estima conveniente precisar el origen de los asuntos en que se emitieron las ejecutorias contendientes:
A y B. Criterios del Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito (Región Centro-Norte), al resolver los juicios de amparo en revisión ********** y **********.
14. Antecedentes.(3) En principio se hará mención del amparo en revisión **********. El asunto tiene su origen en un juicio de pensión alimenticia en el que ********** reclamó de **********, la disolución del vínculo matrimonial, manifestando que se casaron con el régimen patrimonial de separación de bienes; que los hijos del matrimonio eran mayores de edad y concluyeron sus estudios universitarios; que para efectos de compensar a la demandada, adjuntaba un convenio en el que estableció los bienes adquiridos durante el matrimonio y la forma en que se dividirían; además, otorgaría una pensión alimenticia de ********** mensuales, para la misma.
15. Del juicio correspondió conocer a la Jueza Cuarto Familiar en el Estado de Aguascalientes, quien en acuerdo de trece de enero de dos mil diecisiete, antes de proveer con relación a la admisión o desechamiento de la demanda, requirió al promovente para que señalara, la forma en que se incrementaría la pensión alimenticia propuesta en el convenio, apercibido para el caso de incumplimiento. El actor propuso incrementar la pensión alimenticia, en la misma proporción que el salario mínimo general vigente en el Estado de Aguascalientes. Posteriormente, se tuvo por cumplido el requerimiento formulado; se admitió a trámite la demanda en la vía y forma propuestas, y se ordenó emplazar a la demandada, quien contestó oportunamente, haciendo una contrapropuesta al convenio de compensación, adicionando diversos bienes muebles e inmuebles; asimismo, solicitó que el patrimonio se dividiera en partes iguales; y, que el pago de la pensión alimenticia a su favor, ascendiera a $********** (**********) mensuales. Seguido el juicio, se dictó sentencia, en la que se declaró disuelto el matrimonio; se condenó a las partes al cumplimiento del convenio aprobado, con relación al uso del domicilio conyugal; y, se fijó fecha para la celebración de la audiencia, en la que se decidirían las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, sobre las que no había existido acuerdo. Continuando el juicio, en audiencia de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, las partes acordaron la forma en que se dividirían los bienes adquiridos durante el matrimonio, y que la pensión alimenticia para la demandada ascendería a $********** (**********) mensuales, misma que se debía entregar de manera directa a la acreedora mediante depósitos bancarios a la cuenta de débito acordada; pensión alimenticia que aumentaría en la misma proporción que el salario mínimo general.
16. El tres de junio de dos mil diecinueve, la acreedora presentó planilla de liquidación de incrementos a la pensión alimenticia, reclamando la correspondiente a los años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, señalando que no se pagó según lo pactado; tal petición se declaró improcedente ya que primero debía requerirse al deudor para que cumpliera voluntariamente lo pactado, lo que así se ordenó. Posteriormente, en audiencia conciliatoria, no se logró acuerdo entre las partes.
17. Ahora bien, el dos de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo al deudor promoviendo incidente no especificado de pago; mismo que se resolvió mediante sentencia interlocutoria de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, en la que: 1) Se declaró improcedente el incidente; y, 2) Se determinó que el deudor pagó parcialmente a la acreedora, los incrementos a la pensión alimenticia, por el periodo comprendido de enero de dos mil dieciocho, a septiembre de dos mil diecinueve, y se estableció que por ese periodo, el deudor debía pagar la cantidad de $********** (**********). Después, en proveído de cinco de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la planilla de liquidación de incrementos a la pensión alimenticia, que la acreedora presentó en marzo de ese mismo año, respecto de los incrementos adeudados de octubre de dos mil diecinueve, a marzo de dos mil veinte; y con su contenido, se ordenó dar vista al deudor alimentario.
18. Seguido el incidente, el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se dictó sentencia interlocutoria (expediente **********), en la que se condenó al deudor al pago de $********** (**********), por concepto de alimentos adeudados durante el periodo antes señalado.
19. En contra de esa determinación, ********** por derecho propio, promovió juicio de amparo indirecto, señalando como autoridad responsable a la Jueza Cuarto Familiar del Estado de Aguascalientes; tal demanda se registró con el número **********, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes; seguido el juicio, el tres de junio de dos mil veintidós, se dictó sentencia recurrida en la que se concedió el amparo al quejoso.
20. Asimismo, el deudor alimentario promovió juicio de amparo indirecto en contra de la interlocutoria dictada el ocho de abril de dos mil veintidós, que resolvió diversa planilla de liquidación por el periodo de abril a agosto de dos mil veintiuno en el propio expediente **********, del índice de la Jueza Cuarto Familiar mencionada, mismo que fue admitido por el propio Juzgado Primero de Distrito, bajo el número de expediente **********, en el que de igual manera se concedió el amparo al quejoso.
21. Inconforme con esas determinaciones, **********, por conducto de su autorizada **********, interpuso recursos de revisión, que se admitieron y registraron bajo los números ********** y **********, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito (Región Centro-Norte); asimismo, ese tribunal colegiado ordenó que, en el momento procesal oportuno, ambos recursos se turnaran a una misma ponencia para su resolución, toda vez que están relacionados. Seguidos los trámites, ambos asuntos fueron resueltos en sesión de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés.
22. En ese sentido, en el amparo en revisión ********** se confirmó la sentencia concesoria, bajo las siguientes consideraciones:
a) El Tribunal Colegiado precisó que la sentencia se apoyó en las consideraciones siguientes:
• Que el acto reclamado a la Jueza Cuarto de lo Familiar del Estado de Aguascalientes, consistió en la sentencia interlocutoria de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, dictada en el expediente **********, respecto del incidente de liquidación de actualización de pensión alimenticia, promovido por **********, por el periodo comprendido de octubre de dos mil diecinueve a marzo de dos mil veintiuno, en la que se le condenó a **********, al pago de $********** (**********).
• Que se tiene certeza de la existencia del acto reclamado, porque así lo reconoció la autoridad responsable.
• Que después de reseñar los antecedentes del acto reclamado, se sintetizaron los tres conceptos de violación, y se estimó que de ellos se obtuvieron dos planteamientos, por lo que la litis constitucional, consistió en dilucidar si en asuntos como el analizado: 1) la autoridad responsable debió recabar pruebas oficiosamente; y, 2) si para calcular el incremento de la pensión alimenticia pactada, debía considerarse el monto independiente de recuperación, establecido por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
• Se estimó infundado, que la autoridad responsable, debiera recabar pruebas oficiosamente, ya que los juicios de divorcio, se rigen por las reglas del proceso civil patrimonial en sentido estricto, es decir, por el principio dispositivo, pues en el caso sólo se resuelve lo relativo a la cuantificación de la pensión alimenticia, por lo que fue correcto que la litis se decidiera con las pruebas aportadas por las partes, cumpliendo así, con el debido proceso, previsto en el artículo 14 constitucional.
• Por otra parte, se consideraron fundados los argumentos relativos a que el incremento de la pensión alimenticia no debía calcularse con base en el incremento a los salarios mínimos, incluyendo el monto independiente de recuperación (MIR), señalado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en sus resoluciones; sino únicamente, el porcentaje de aumento por fijación.
• Que lo anterior es así, porque el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, señaló que a partir del uno de enero de dos mil diecisiete, se agregaría al salario mínimo el concepto "monto independiente de recuperación," que consiste en lo siguiente: a) Es una cantidad absoluta en pesos; b) Su objetivo es contribuir, única y exclusivamente a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo; c) No debe utilizarse como referente para fijar incrementos de los demás salarios vigentes en el mercado laboral, es decir, salarios diferentes a los mínimos, a los contractuales, a los de los servidores públicos federales, estatales y municipales, y demás ley de del sector formal; d) Que el monto independiente de recuperación, podría ser aplicado, tanto en un procedimiento de revisión salarial, como de fijación salarial, en términos del artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo; e) Que el propósito del monto independiente de recuperación, es que los trabajadores asalariados que perciben un salario mínimo, recuperen su poder adquisitivo, por lo que el Consejo de Representantes, acordó continuar con el mecanismo del monto independiente de recuperación, para la nueva fijación de los salarios mínimos.
• Que de lo anterior, se colige que el monto independiente de recuperación, es un concepto que se estableció con el único objeto de apoyar la recuperación del poder adquisitivo, de los trabajadores asalariados, que perciben un salario mínimo general.
• Que incrementar el salario mínimo, incluyendo el "monto independiente de recuperación," puede ocurrir en dos hipótesis: 1) para los trabajadores asalariados, es decir, en activo; y, 2) que el ingreso salarial diario, sea como tope, el equivalente a un salario mínimo general.
• Que el presente caso no reúne esas condiciones y, por tanto, no le es aplicable el monto independiente de recuperación, en virtud de que se trata de la regulación de una pensión alimenticia, y no de los salarios adeudados a un trabajador que se encuentra en activo.
• Que por tanto, fue incorrecto que para cuantificar la pensión alimenticia, reclamada por **********, por el periodo comprendido de octubre de dos mil diecinueve, a marzo de dos mil veintiuno, se apliquen los incrementos al salario mínimo de esas anualidades, incluyendo el monto independiente de recuperación, cuantificándolas en un total de ********** % (********** punto ********** por ciento), ********** % (********** por ciento) y ********** % (********** por ciento), para los años dos mil diecinueve, dos mil veinte y dos mil veintiuno, respectivamente; pues el propio Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos, claramente estableció que ese concepto, sólo se aplicaría a los trabajadores asalariados, que perciben un salario mínimo general, con el propósito de que recuperen su poder adquisitivo; de ahí que los aumentos, únicamente debieron calcularse en un ********** % (********** por ciento) y ********** % (********** por ciento), el primero para los años dos mil diecinueve y dos mil veinte; y el segundo, para el año dos mil veintiuno; es decir, el incremento debió calcularse únicamente con los porcentajes de aumento por fijación, determinados por la referida Comisión. • Que al aplicar el monto independiente de recuperación, la pensión alimenticia de los años dos mil diecinueve, dos mil veinte y dos mil veintiuno, se incrementó en demasía, y se omitió acatar lo resuelto por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, con relación a que dicho monto, solamente debe ser aplicado al salario del trabajador en activo, y que tenga como tope un ingreso equivalente a un salario mínimo general. • Que por lo expuesto, se consideró que el acto reclamado incumplió con el principio de legalidad, previsto en el artículo 16 constitucional, en perjuicio de **********, y por ende, se concedió el amparo para que la autoridad responsable realice lo siguiente: "a) Deje insubsistente la interlocutoria de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente ********** de su índice, con motivo del incidente de liquidación de alimentos promovido por **********, respecto del periodo comprendido de octubre de dos mil diecinueve a marzo de dos mil veintiuno; b) En su lugar, pronuncie otra con libertad de jurisdicción, en la que, al cuantificar los aumentos aplicados al salario mínimo general correspondiente a los años dos mil diecinueve, dos mil veinte y dos mil veintiuno, no tome en cuenta el monto independiente de recuperación, sino únicamente el porcentaje de aumento por fijación de cada una de esas anualidades, establecido por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, con base en lo expuesto en la sentencia."
b) Ahora bien, el Tribunal de amparo precisó que ********** se quejó del análisis de las consideraciones relacionadas con la no aplicación del monto independiente de recuperación (MIR), como elemento para calcular el incremento anual a la pensión alimenticia que se debe pagar a su favor, alegando al respecto, violación al principio de fundamentación y motivación. Este argumento, el colegiado lo calificó de infundado pues precisó que el Juez de Distrito analizó la motivación expresada por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para fijar los salarios mínimos, vigentes a partir del año dos mil diecisiete; razones de las que obtuvo, que el citado Consejo creó el monto independiente de recuperación (MIR), con la finalidad de apoyar la economía y poder adquisitivo de aquellos trabajadores, cuyo ingreso se apoya en un salario mínimo general; además, que en el decreto correspondiente se estableció de manera expresa, que el MIR no debía ser utilizado para calcular aspectos diversos del salario mínimo general.
c) Asimismo, el tribunal de amparo determinó que contrario a lo argumentado, la determinación de excluir el Monto Independiente de Recuperación (MIR), para calcular el incremento de la pensión alimenticia de la señora **********, sí estaba fundada y motivada, pues el Juez de Distrito se apoyó en los motivos considerados por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para crear el MIR, y explicó las razones por las que tales consideraciones debían aplicarse al caso concreto, que se refiere a una pensión alimenticia y no a la cuantificación del salario de trabajadores en activo, cuya jornada se paga en un salario mínimo general.
d) Por otra parte, la recurrente argumentó incorrecto que el Juez de Distrito analizara la aplicación del monto independiente de recuperación, para calcular el incremento anual de la pensión de la quejosa, a partir de cuestionamientos formulados por el propio juzgador. Tal argumento el Colegiado lo declaró infundado, porque consideró que no debía soslayarse que el sentido fundamental de los conceptos de violación o agravios, es cuestionar la legalidad y validez de los argumentos expresados por las autoridades en los actos reclamados o resoluciones recurridas; por tanto, lo relevante para su estudio, es la identificación de la causa de pedir, y su análisis de forma congruente y exhaustiva; sin embargo, no existe impedimento para que los argumentos sean sintetizados en forma de cuestionamiento, sin modificar la intención de la persona recurrente o quejosa, salvo que se trate de un asunto, que deba analizarse bajo el principio de suplencia de queja.
e) Así, señaló que, en la parte final del primer agravio, se argumentó que las pensiones alimenticias, debían incrementarse con base en los salarios mínimos, según lo decidido en la jurisprudencia VII.1o.C. J/17 (10a.), de rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA. DEBE FIJARSE, EN LOS CASOS QUE ASÍ PROCEDA, TOMANDO COMO BASE O REFERENCIA EL SALARIO MÍNIMO Y NO LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA)." máxime que las pensiones alimenticias y los salarios mínimos, son aspectos de orden público, que deben ser regulados de forma especial; pudiendo incrementarse mediante diversos factores. En ese sentido, el colegiado estimó que tal argumento era infundado, pues en la sentencia recurrida, sí se analizó el incremento de la pensión alimenticia de la recurrente, con apoyo sólo en el aumento por fijación del salario mínimo general, no así, en la Unidad de Medida y Actualización; y, tampoco se soslayó el orden público e interés social existente respecto de la pensión alimenticia y los salarios mínimos, tan es así, que se analizó la exposición de motivos, que llevó a incrementar el salario mínimo a partir del año dos mil diecisiete, y la creación del monto independiente de recuperación (MIR), que tuvo como finalidad, mejorar la economía de los trabajadores en activo, que perciben el mínimo general y la recuperación de su capacidad adquisitiva.
f) Ahora bien, en el segundo agravio, la recurrente esencialmente argumentó que dada la profesión de **********, conocía los alcances de la obligación en los términos en los que la contrajo y, por ello, no era dable que pretendiera excluir el Monto Independiente de Recuperación, cuando éste era parte integrante del salario mínimo general. Al respecto, el tribunal colegiado estimó que tal argumento era infundado y analizó la "RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS, QUE FIJA LOS SALARIOS MÍNIMOS GENERAL Y PROFESIONALES VIGENTES A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2017", publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, de la cual consideró se desprendía que:
• El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, consideró necesario establecer un indicador, que permita a los trabajadores que perciben el salario mínimo general, recuperen su poder adquisitivo.
• El propósito que solía tenerse para incrementar anualmente el salario mínimo general sólo era recuperar gradual y sostenidamente el poder adquisitivo de los trabajadores que ganaban ese salario mínimo general, sin embargo, esa finalidad no se concretó hasta antes del decreto que se analiza.
• Dada la necesidad de cumplir el derecho de los trabajadores a una vida digna, como al mandato constitucional de que el salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades materiales, sociales y culturales normales de la familia y proveer la educación obligatoria de los hijos, se propuso la creación de una nueva política que haga posible la recuperación gradual y sostenida de los salarios.
• Asimismo, el Consejo de Representantes decidió que para establecer el incremento del salario mínimo general a partir del año dos mil diecisiete, se creó un incremento denominado monto independiente de recuperación (MIR) y, además, se consideraría un incremento por fijación.
• Que lo anterior no debe aplicarse para aumentar conceptos diversos, como pueden ser salarios contractuales, bienes o servicios, pues la creación del monto independiente de recuperación tiene como única finalidad que el salario mínimo general pueda recuperarse gradual y sostenidamente, en beneficio de los trabajadores asalariados que se les paga el mínimo general.
• Que el monto independiente de recuperación, tiene las características siguientes: 1) es una cantidad fija en pesos; 2) su finalidad única y exclusiva es contribuir a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo general; 3) no puede ser utilizado de forma absoluta ni proporcional para incrementar los salarios mínimos profesionales, contractuales o cualquier otro salario vigente en el mercado laboral; 4) sin embargo, el monto independiente de recuperación, puede ser aplicado en un procedimiento de revisión salarial, como de fijación salarial, previsto en el artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo.
• Que los incrementos al salario mínimo general, tienen dos componentes, a) el monto independiente de recuperación; y, b) el monto que resulta del incremento porcentual, que se aplica a la suma del salario mínimo vigente del año inmediato anterior.
• Que el monto independiente de recuperación, no puede utilizarse para aumentar el costo de bienes y servicios, pues éstos, sólo pueden cuantificarse con apoyo en el incremento porcentual aplicado al salario mínimo.
• Que el monto independiente de recuperación, es un concepto diferenciado para los salarios mínimos generales, y para cada ocupación con salario mínimo profesional.
• Que en otras palabras, el propósito del monto independiente de recuperación, fue permitir que los trabajadores que perciban un salario mínimo general, recuperen su poder adquisitivo, no así, para que se encarezcan los bienes y servicios, y por ello, se exhortó a la industria, comercio y prestadores de servicios, para que no lo apliquen encareciendo sus precios, pue
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32819-804a267c/pension-alimenticia-cuando-su-incremento-se-pacta-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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