AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 458/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL ENTONCES TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUAL TERCERO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL MISMO CIRCUITO. 18 DE ENERO DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE HACE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS RESPECTO AL FONDO. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: CARMINA CORTÉS RODRÍGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI, y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala. Lo anterior, con base, además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue realizada por los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Criterios contendientes. Los criterios jurídicos que sostuvieron los Tribunales Colegiados son los siguientes:
A. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 20/2010, sostuvo lo siguiente:
"... En el presente caso, el conflicto competencial a resolver quedó planteado entre tres Jueces de Distrito, el Noveno en Materia Civil en el Distrito Federal, el Primero en el Estado de Quintana Roo y la Octavo (sic) de este circuito de amparo.
"La Juez Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Acapulco, Guerrero, en resolución de diez de septiembre de dos mil diez, declaró su incompetencia para conocer del asunto y ordenó remitirlo al Juez de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal en turno. El Juez Noveno de Distrito en el Distrito Federal, por auto de veintidós del mismo septiembre, no aceptó la competencia, y devolvió los autos a la Juez Octavo de Distrito. Este último, por acuerdo de veintiocho del mismo mes, declinó la competencia en el Juez de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal. El Juez Primero de Distrito, con residencia en esa entidad, no admitió la competencia, y devolvió a la Juez Octavo las actuaciones, quien, a su vez, por auto de trece de octubre del presente año, ordenó remitirlas al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, para la sustanciación y resolución del conflicto competencial correspondiente. Correspondió el conocimiento del asunto a este Tribunal Colegiado.
"Este Tribunal Colegiado estima que la competencia legal para conocer del juicio de amparo 1100/2010 corresponde al Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.
"El artículo 36 de la Ley de Amparo, en la parte conducente, dispone:
"‘Artículo 36. Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención será competente. Es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material.’
"Del contenido del artículo que se transcribe se obtienen tres reglas básicas que determinan la competencia de los Jueces de Distrito.
"La regla inicial, que es la que al caso importa, se encuentra contenida en el primer párrafo del precitado numeral, que se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.
"De lo que deriva que dicha hipótesis de competencia se actualiza cuando el acto reclamado es de aquellos que después de su emisión, por su naturaleza, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora, como sucede en el caso.
"Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la orden de requerimiento y embargo y/o ejecución decretada por el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo; y su ejecución se hace consistir en el descuento que es aplicado directamente al salario del quejoso y que atribuye al director general de Recursos Humanos de la Policía Federal con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal.
"De ahí que se excluya la aplicación del resto de la hipótesis de competencia que establece el artículo 36 de la Ley de Amparo; la del párrafo segundo, porque no se advierte que el acto reclamado se está ejecutando en dos o más distritos, y la del último párrafo, porque la resolución reclamada (orden de requerimiento de embargo) sí tiene ejecución material, si se atiende que el acto tiene efectos positivos, traducidos en el descuento que se hace del salario de nómina al quejoso. Ahora, con motivo de la orden dada por el Juez civil del Estado de Quintana Roo, quien ejecuta el descuento del sueldo es una autoridad diversa a la ordenadora y que claramente citó el quejoso: Director general de Recursos Humanos de la Policía Federal con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, lugar donde se lleva a cabo la ejecución del acto reclamado.
"De ahí que no pueda fincarse competencia al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde el quejoso se haya percatado del descuento de su salario, en el caso, la ciudad de Acapulco, pues ese descuento obedeció a la ejecución que realizó el citado director general.
"Así, la competencia para conocer de la demanda de garantías se surte a su favor del Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal en turno, con residencia en la Ciudad de México, por ser quien ejerce jurisdicción en el lugar donde se ejecutó la orden de descuento del salario del quejoso.
"Sin que sea obstáculo para ello que la autoridad ante la que se tramita el juicio de alimentos resida en el Estado de Quintana Roo, porque dicho Juez civil tiene el carácter de ordenador y no de ejecutor; además, la tesis de rubro: ‘COMPETENCIA DE AMPARO CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDE LA AUTORIDAD ANTE LA CUAL SE TRAMITA EL JUICIO DE ALIMENTOS Y NO EL DEL LUGAR DONDE TIENE SU DOMICILIO EL PATRÓN O DEPENDENCIA QUE REALIZA EL DESCUENTO AL SALARIO DEL DEUDOR ALIMENTARIO CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL MONTO FIJADO COMO PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL.’, no es obligatoria para este tribunal, al tratarse de un criterio aislado.
"Además, contrariamente a lo que sustenta el Tribunal Colegiado en la tesis anterior, el descuento que realiza la dependencia no puede considerarse como un mero trámite administrativo, sino la ejecución de un mandato, emanado de una autoridad jurisdiccional, independientemente de que, a la postre, se compruebe que dicha dependencia es patrón de aquel a quien se le hace el descuento, pues esa circunstancia tiene que ver, en todo caso, con la procedencia del juicio, pero no puede ser determinante para fincar la cuestión competencial, ya que ésta se determina por el lugar de ejecución del acto reclamado, según los dos primeros párrafos del artículo 36 de la Ley de Amparo, o por el lugar en que reside la autoridad que dictó la resolución, cuando ésta no requiere de ejecución material (último párrafo del artículo 36 ibídem), pero no por la naturaleza del ente que lleva a cabo la ejecución material del acto reclamado, pues esta circunstancia nada importa, en términos del repetido artículo 36.
"En cambio, es aplicable a lo expuesto, en lo conducente, la tesis siguiente: ‘COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO.’ (se transcribe).
"Asimismo, cobra aplicación la tesis de literalidad siguiente: ‘COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS.’ (se transcribe).
"En consecuencia, debe declarase que es legalmente competente para conocer del juicio de amparo indirecto 1100/2010 el Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal. ..."
B. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el conflicto competencial 2/2006, determinó, en la parte que interesa, lo siguiente:
"QUINTO. La cuestión a dirimir en este conflicto competencial se circunscribe a determinar si la competencia por razón de territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por **********, contra el acto del Juez Segundo de Primera Instancia de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, y del secretario de Educación y Cultura del Estado, con sede en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, se surte a favor del Juez Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en la citada población de Tuxpan, o de la Juez Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad de Xalapa.
"Previo al estudio del aspecto a dirimir, cabe hacer mención que del análisis de las constancias que conforman el amparo indirecto 72/2006, se desprende que ********** promovió demanda de garantías contra el acto que reclamó del Juez Segundo de Primera Instancia de Tuxpan, Veracruz, y del secretario de Educación y Cultura del Estado en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, y que hizo consistir en la resolución interlocutoria dictada por el Juez mencionado el trece de febrero de dos mil seis, dentro del juicio ordinario civil **********, con motivo de la reclamación que promoviera la demandada **********, a través de la cual redujo el porcentaje de la pensión alimenticia provisional inicialmente decretada a favor de la quejosa, del cuarenta al veinticinco por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe la deudora como profesora de educación preescolar en el jardín de niños **********.
"El Juez Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, admitió la demanda, y después de haber sustanciado el juicio por sus etapas procesales, mediante resolución pronunciada en la audiencia constitucional el veintidós de marzo de dos mil seis, se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para seguir conociendo del asunto, declinando la competencia a favor de un Juzgado de Distrito en el Estado en turno en esta ciudad de Xalapa, Veracruz.
"El Juez Federal fundó esta determinación en el hecho de que el acto reclamado tendrá ejecución material en esta ciudad de Xalapa, debido a que el Juez responsable, para hacer efectiva la reducción de la pensión, giró oficio al pagador/jefe de recursos humanos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado, quien radica en esta población.
"La Juez Primero de Distrito en el Estado, a quien por razón de turno le correspondió conocer del asunto, mediante auto de cuatro de abril de dos mil seis, determinó no aceptar la competencia declinada por estimar que, si bien es cierto que el secretario de Educación y Cultura del Estado, con residencia en esta ciudad, fue señalado como autoridad ejecutora, en virtud de que, en su calidad de patrón de la deudora alimentaria, efectuará los descuentos de la pensión, no menos lo es que, dice, esto lo llevará a cabo como un auxiliar del órgano jurisdiccional que emitió el acto reclamado, por lo que estimó actualizado el tercer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, que dispone que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material.
"Abundando en lo anterior, la citada Juez señaló que la regla de competencia que establece el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, en su artículo 116, fracción XIII, conforme a la cual es Juez competente en los casos de reclamación de alimentos, el del domicilio del acreedor alimentario, se actualiza en el caso particular, toda vez que la quejosa (acreedora) tiene su domicilio en **********.
"Así, dada la negativa de su homóloga en aceptar la competencia, en proveído de once de abril de dos mil seis, el Juez Octavo de Distrito en el Estado insistió en declinar su competencia, por las razones expuestas en su resolución de veintidós de marzo del año en curso.
"Una vez precisados los argumentos de los órganos de amparo en disputa, para resolver el problema planteado, es menester atender al contenido del artículo 36 de la Ley de Amparo, en el que los Jueces de Distrito fundan sus resoluciones:
"‘Artículo 36. Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.’
"Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente.
"Es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material.
"De la transcripción de este artículo se advierten tres reglas:
"a) Por regla general, la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función del lugar en que residan las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado;
"b) Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y,
"c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado.
"De acuerdo con lo que ha quedado precisado, el Juez Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, considera que se actualiza la regla de competencia prevista en el inciso a), en tanto que la Juez Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, estima que se configura la regla prevista en el inciso c).
"Ahora bien, este Tribunal Colegiado considera que la hipótesis de competencia que se actualiza en el caso es la precisada en el inciso a), la cual se surte a favor del Juez Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, por las razones siguientes:
"La regla en cuestión prescribe que, por lo general, la competencia para conocer de un juicio de garantías se determina en función del lugar en que residan las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.
"Conforme a esta regla, se estima que el conocimiento y resolución del asunto corresponde al Juez Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, en razón de que el acto reclamado tendrá ejecución dentro de su jurisdicción.
"En efecto, como se aprecia de las constancias deducidas del juicio ordinario civil **********, que en copia certificada corren agregadas en el juicio biinstancial, el Juez responsable, al emitir la resolución interlocutoria en la que redujo la pensión provisional inicialmente fijada en la controversia de alimentos, dispuso que, a fin de cumplimentar esa determinación, se girara oficio al pagador y/o jefe de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado, en Xalapa, Veracruz.
"De ello se colige que la ejecución de dicho acto tendrá lugar cuando se libre el oficio a la dependencia administrativa mencionada, a través de los conductos legales procedentes, para que actúe en los términos ordenados en la resolución, pues aun cuando es verdad que el pagador y/o jefe de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado es quien llevará hasta sus últimas consecuencias la resolución judicial, en la medida en que realizará el descuento ordenado, lo cierto es que, en estricto sentido, esa actuación no constituye un acto de ejecución, pues atento a su naturaleza, sólo se trata de un trámite administrativo que efectuará como empleador de la deudora alimentaria, en observancia del oficio que gire el propio órgano jurisdiccional derivado de su resolución.
"Empero, la actuación de esa dependencia administrativa no debe tomarse como base para determinar la competencia en el juicio constitucional, porque en esa hipótesis no actúa como autoridad, sino como patrón, limitándose únicamente a efectuar los descuentos al salario de su trabajador en cumplimiento a una orden judicial.
"Ello es así, porque los actos de ejecución para efectos del juicio de garantías, conforme al artículo 11 de la Ley de Amparo, deben provenir necesaria y forzosamente de una autoridad en estricto sentido, lo que no acontece cuando la autoridad jurisdiccional ordena el descuento del salario por concepto de una pensión alimenticia, girando para tal efecto el oficio al empleador del deudor alimentario, para que descuente periódicamente el porcentaje fijado para los alimentos, pues aquél, al realizar los descuentos, aun cuando se trate de un órgano de Estado, no actúa como autoridad, sino que su actuación se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia; tan es así que ni siquiera existe obligación de que se le llame al juicio constitucional, pues el juicio de amparo no procede contra actos de particulares.
"Admitir una postura contraria implicaría llegar al extremo de considerar como actos de ejecución, para efectos de fincar la competencia en los juicios de garantías, aquellos descuentos de salario que realicen no sólo los órganos del Estado, sino también las diversas dependencias de la administración pública en sus diferentes niveles, empresas privadas y los particulares, en donde labore el obligado a suministrar los alimentos, incluso, llegar al grado de tener que llamarlos al juicio constitucional como autoridades responsables, siendo que es de sobra conocido que tales entidades o individuos, en esos casos específicos, actúan simplemente como particulares auxiliares de la administración de justicia en cumplimiento de una orden judicial y, por ende, es innecesario llamarlos a juicio.
"El criterio aquí adoptado resulta lógico si se tiene en cuenta que el propósito del legislador, al establecer las reglas de competencia a que se refiere el artículo 36 de la Ley de Amparo, fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva.
"Por consiguiente, de fijarse la competencia a favor de la Juez Primero de Distrito en el Estado, lejos de facilitar a las partes el acceso al juicio constitucional, otorgándoles las mejores condiciones y posibilidades de defensa, se les estaría privando de éstas, porque si la controversia natural de la que emana el acto reclamado se ventila en **********, debido a que las partes tienen su domicilio en esa misma ciudad y en **********, es obvio que éstas no podrían atender y vigilar adecuadamente el desenvolvimiento del juicio de amparo que se radicara en esta ciudad de Xalapa.
"Por lo anterior, contrariamente a lo considerado por el Juez Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, es inexacto que el acto reclamado tendrá ejecución en esta ciudad de Xalapa, como inexacto es lo estimado por la Juez Primero de Distrito en el Estado, en el sentido de que se actualiza la regla prevista en el tercer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo pues, en el caso, el acto reclamado sí requiere de ejecución material, la cual tendrá lugar en la población de Tuxpan de Rodríguez Cano, en el momento en que se libre el oficio por los conductos legales procedentes, a fin de que se realicen los descuentos de la pensión alimenticia.
"Asimismo, cabe hacer mención que, opuesto a lo estimado por la Juez Federal, no es válido fincar la competencia a favor de su homólogo con base en la regla prevista en el artículo 116, fracción XIII, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, toda vez que para determinar la competencia en un juicio constitucional no deben aplicarse las leyes ordinarias locales, sino las disposiciones específicas de la Ley de Amparo.
"Conviene señalar que la jurisprudencia 9/2004, que invoca por analogía el Juez Octavo de Distrito en el Estado, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se consulta en la página ciento ochenta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, mayo de dos mil cuatro, Novena Época, de rubro: ‘AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO CONTENIDA EN EL AUTO DE EXEQUENDO, CUYA DILIGENCIACIÓN ES SOLICITADA POR MEDIO DE EXHORTO. SU CONOCIMIENTO COMPETE AL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE AQUÉL SE EJECUTE.’, resulta inaplicable al caso en particular, pues tal criterio alude a actos de ejecución efectuados por autoridades jurisdiccionales.
"En consecuencia, se declara que el Juez Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Tuxpan, Veracruz, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo indirecto promovido por **********, con fundamento en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales."
Dicha ejecutoria dio lugar a la tesis aislada VII.3o.C.73 C, que aparece publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, enero de 2007, página 2216, de rubro y texto siguientes:
"COMPETENCIA EN AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDE LA AUTORIDAD ANTE LA CUAL SE TRAMITA EL JUICIO DE ALIMENTOS Y NO EL DEL LUGAR DONDE TIENE SU DOMICILIO EL PATRÓN O DEPENDENCIA QUE REALIZA EL DESCUENTO AL SALARIO DEL DEUDOR ALIMENTARIO CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL MONTO FIJADO COMO PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia en amparo de los Jueces de Distrito: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, el descuento periódico del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional que lleve a cabo una dependencia del gobierno de un Estado en cumplimiento a la orden judicial girada dentro de un juicio de alimentos, en estricto sentido no constituye un acto de ejecución, pues sólo se trata de un trámite administrativo que efectúa como patrón del deudor alimentario y no como autoridad, equiparándose tal actuación a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia, razón por la cual, ello no debe tomarse como base para determinar la competencia en el juicio constitucional, pues los actos de ejecución para efectos del juicio de garantías, conforme al artículo 11 de la Ley de Amparo, deben provenir necesaria y forzosamente de una autoridad en estricto sentido. En ese orden ideas, es evidente que la competencia para conocer del juicio de amparo en el que se reclama la resolución que dirime la reclamación interpuesta en contra del monto fijado como pensión alimenticia provisional, determinando su reducción y ordena girar oficio al patrón del deudor alimentario para que lleve a cabo el descuento de su salario, conforme al primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción reside la autoridad ante la cual se tramita el juicio de alimentos y no a la del lugar en que tiene su domicilio el empleador o dependencia encargada de realizar el descuento al sueldo del deudor alimentario."
CUARTO. Diferendo de criterios y fijación del tema a dilucidar. En primer lugar, debe determinarse si, en el caso, existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es factible que esta Sala emita un pronunciamiento en cuanto al fondo de la presente denuncia.
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver, por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien, sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.
Es de precisar que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas.
De lo anterior se sigue, que la actual integración del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:
a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,
b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.
La finalidad de dicha determinación es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la figura jurídica de la contradicción de tesis.
Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis aislada emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro es: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.";(1) así como el criterio jurisprudencial sustentado por el Tribunal Pleno, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(2)
En la especie, sí se actualiza contradicción de criterios, pues los tribunales que contienden en el presente asunto abordan el mismo problema jurídico y en torno a ellos ofrecen soluciones distintas, en los términos que se demostrarán en este considerando.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver la competencia 2/2006, estableció que la cuestión a dilucidar era si la competencia por razón de territorio para conocer de un juicio de amparo indirecto promovido por el deudor alimenticio se surte a favor del Juez de Distrito que reside en el domicilio de la autoridad judicial que emitió el oficio de descuento correspondiente en el sueldo y demás prestaciones que recibe el deudor alimenticio, o bien, de aquella que fue señalada por el quejoso como ejecutora, esto es, la dependencia que deberá llevar a cabo el referido descuento.
Al respecto, el tribunal consideró que el conflicto competencial se resolvía aplicando la regla prevista en el artículo 36 de la Ley de Amparo, consistente en que será Juez competente el del lugar en que residan las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecut
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23730-457caf86/amparo-indirecto-reglas-para-determinar-la-competencia-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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