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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN LA QUE SE RECLAME LA RESOLUCIÓN QUE DISMINUYÓ LA PENSIÓN ALIMENTICIA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RESIDE LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ LA ORDEN [MODULACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 25/2012 (10a.)].

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 53/2023. · Registro digital (IUS): 31892
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-11-10
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Noviembre de 2023, Tomo III, Pág.2839.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 53/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 24 DE AGOSTO DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA MARTHA LETICIA MURO ARELLANO Y DE LOS MAGISTRADOS CUAUHTÉMOC CUÉLLAR DE LUNA Y HÉCTOR MARTÍNEZ FLORES. PONENTE: MAGISTRADO HÉCTOR MARTÍNEZ FLORES. SECRETARIO: MIGUEL MORA PÉREZ.

Guadalajara, Jalisco. El Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, en sesión correspondiente al veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA:

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios entre los sustentados por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz, conforme al índice temático siguiente:

Ver índice temático

I. ANTECEDENTES:

1. Denuncia de la contradicción.

2. En sesión de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa de Enríquez, Veracruz, consideró que existían elementos suficientes para denunciar la posible contradicción de criterios materia de este caso.

3. Trámite.

4. Atento a la determinación referida, mediante oficio signado por los tres Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado, formalizaron la presentación de la denuncia entre ese órgano y lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz.

5. Avocamiento.

6. En auto de diez de abril de dos mil veintitrés, este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur se avocó a conocer de la contradicción de criterios aludida bajo el registro 53/2023 y se admitió.

7. Al contar con la resolución del conflicto competencial 2/2023, se determinó solicitar sólo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito que informara si el criterio sustentado en el diverso conflicto competencial 9/2022 se encontraba vigente o no, en este último caso se le pidió enviase la resolución donde constare el nuevo criterio. Ello se informó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se turnó al Magistrado Héctor Martínez Flores para la formulación del proyecto de resolución.

8. Turno. El siete de julio de dos mil veintitrés se confirmó el turno del asunto en comento, por lo que se remitieron los autos a la ponencia del Magistrado citado.

PRESUPUESTOS PROCESALES:

I. COMPETENCIA.

9. Este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en Guadalajara, Jalisco, tiene competencia para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con el artículo 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(2) 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(3) y 6o., 8o. y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, en relación con el diverso 2o. del Acuerdo General 108/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal;(4) lo anterior, pues se trata de una posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, sobre los que este Pleno ejerce jurisdicción.

II. LEGITIMACIÓN.

10. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, ya que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa de Enríquez, Veracruz, ello actualiza el supuesto señalado en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(5)

III. PRESUPUESTOS PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS.

11. Es necesario destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que por contradicción de criterios debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales, a través de argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que se hayan emitido tesis de jurisprudencia o no.

12. Para comprobar que una contradicción de criterios es procedente, se requiere determinar si existe necesidad de unificación, derivada de una posible discrepancia en el proceso de interpretación, más que en su resultado.

13. Es decir, para que exista materia a dilucidar en el expediente de la contradicción, debe existir cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que los tribunales hayan analizado cuestiones jurídicas esencialmente iguales, reflejados en las partes considerativas de las sentencias respectivas.

14. Entonces, si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación de criterios, y dado que el problema radica en los procesos de interpretación, no en los resultados adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar que para la configuración de una contradicción de criterios es necesario que se cumplan las condiciones siguientes:

14.1 Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la cual se vieron en la necesidad de realizar un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método cualquiera que fuese.

14.2 Que en ese ejercicio interpretativo se encuentre algún punto de toque o conexión, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el cual la interpretación gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea sobre el sentido gramatical de una norma; el alcance de un principio; la finalidad de una determinada institución, o bien, cualquier otra cuestión jurídica en general y, en ese ejercicio, se hubiese resuelto en forma discrepante.

14.3 Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.(6)

14.4 Que no sea necesario que las cuestiones fácticas que rodean los casos de los cuales emanan los criterios contendientes sean exactamente iguales, en tanto las particularidades de cada asunto no siempre resultan relevantes y pueden ser sólo adyacentes, por eso, se deberá privilegiar, en tal supuesto, la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.(7)

14.5 Que para el análisis de las ejecutorias y la consecuente determinación sobre la existencia de la contradicción, no es indispensable ni exigible que los criterios sustentados por los órganos jurisdiccionales contendientes hubiesen constituido jurisprudencia debidamente integrada.(8)

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS.

15. A fin de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso tener en consideración los antecedentes y aspectos relevantes que sustentan las posturas de los Tribunales Colegiados que se denunciaron como contradictorias; ello se muestra en la forma siguiente:

Ver posturas

16. Hasta aquí la referencia a los criterios contendientes.

V. EXISTENCIA.

17. El presente asunto cumple con los requisitos para que se configure la existencia de la contradicción de criterios, cuya acreditación se expone en los términos siguientes:

18. Requisito primero: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial.

19. Los tribunales contendientes ejercieron sus facultades de decisión a través de un ejercicio interpretativo, mediante el cual arribaron a una solución determinada.

20. Lo anterior se evidencia de la forma siguiente:

21. Los Tribunales Colegiados analizaron, entre otros aspectos, qué Juzgado de Distrito tenía competencia para conocer del juicio de amparo indirecto en el cual se reclamó un acto donde se contenía el envío de un exhorto, cuyo fin era concretar la orden de disminución del porcentaje en el salario del deudor alimentario; ambos órganos jurisdiccionales emitieron razones divergentes en relación con la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (10a.), registro: 2001236.

22. Sobre el particular, uno de los Tribunales Colegiados concluyó en que el Juez de Distrito con competencia será el del lugar donde el exhorto será ejecutado, en tanto llevará la orden hasta sus últimas consecuencias; mientras que el otro órgano jurisdiccional sostuvo que el acto reclamado disminuyó el porcentaje de pensión alimenticia, ello perjudicaba al acreedor alimentista y, por ende, el órgano competente será el del lugar donde resida el afectado a fin de facilitar su defensa, aunado a permitir el buen desarrollo del proceso, incluso porque la orden llevaba un principio de ejecución.

23. De acuerdo con lo anterior, el ejercicio interpretativo y de arbitrio judicial se esquematiza en los términos siguientes:

23.1 Elemento común en los criterios contendientes: Los tribunales se pronunciaron y determinaron la competencia del Juzgado de Distrito, a partir de analizar dónde y cómo sería ejecutado el acto reclamado, cuyos efectos fueron la disminución del porcentaje por pagar por concepto de pensión alimenticia.

23.2 La actividad de interpretación bajo la cual procedieron los órganos jurisdiccionales, se identificó en que los contendientes analizaron dónde y cómo sería ejecutado el acto reclamado, esto en función del mismo criterio jurisprudencial citado en el que se interpretaron las reglas para definir la citada competencia, a partir de la cual uno ajustó su proceder a la previsión de ese criterio y, el otro expresó razones sobre su inaplicabilidad al caso para sustentar su posición jurídica.

23.3 Es decir, al momento de analizar las reglas sobre la definición de la competencia del órgano jurisdiccional, en función del criterio jurisprudencial indicado, dichos Tribunales Colegiados expresaron razones opuestas, de manera tal, que uno tuvo por competente al Juzgado de Distrito que ejerciere jurisdicción sobre el juzgador a quien correspondía la ejecución del exhorto y el otro tuvo como elemento determinante la identificación de la persona en quien el acto tenía repercusión negativa en su esfera jurídica, aun cuando la ejecución del acto se actualizare en un diverso lugar de aquel donde se ejecutare el exhorto.

23.4 Dentro de ese contexto se llevó a cabo el ejercicio de la función interpretativa a cargo de los órganos jurisdiccionales, solo que, después y en ejercicio del arbitrio judicial, arribaron a conclusiones diferentes, tal como se expresará.

24. Requisito segundo: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos.

25. Está cumplido el requisito, toda vez que los contendientes ejercieron su arbitrio judicial a partir del elemento común descrito, en torno al cual expresaron consideraciones sobre los elementos a evaluar para definir la competencia del Juzgado de Distrito, cuyo diferendo será expresado a continuación.

25.1 Elemento de colisión de criterios: En cuanto a los datos conforme a los cuales se define la competencia de un Juzgado de Distrito, uno de los Tribunales Colegiados estimó aplicable lo previsto en la jurisprudencia indicada; empero, el otro hizo alusión a la diversa cuestión citada con lo cual el criterio jurisprudencial no resultó aplicable al caso.

25.2 Punto de colisión: Para una posición jurídica se debe considerar la regla de fuente jurisprudencial sin elementos de variación en cuanto a su aplicabilidad se refiere; para la postura contraria fue necesario identificar la persona quien resentiría la afectación por haberse disminuido el porcentaje del pago de la pensión alimenticia, particularidad con base en la cual se determinó la atribución de competencia, a pesar de que el Juzgado de Distrito competente no ejerciera jurisdicción en el lugar donde el exhorto sería materializado.

25.3 Esos son los efectos materiales de las conclusiones a las cuales arribaron los tribunales contendientes, mismos que colisionaron.

26. Requisito tercero: Formulación de pregunta detonante.

27. Se cumple con este elemento, cuya derivación tiene su génesis en los puntos anteriores, en tanto proporcionan los datos necesarios para plantear la pregunta detonante como punto de inicio a fin de unificar el criterio conducente, en relación con la materia en la que se debe analizar cuáles son los elementos idóneos a fin de atribuir la competencia a un Juzgado de Distrito, cuando existe envío de un exhorto para ejecutar un acto de disminución del porcentaje de pensión alimenticia. La interrogante es la siguiente:

27.1 Cuando se reclame la resolución que disminuyó una pensión alimenticia y, para su ejecución, se remita exhorto a fin de materializar la misma ¿la competencia del Juzgado de Distrito se define atento al lugar donde el exhorto será ejecutado o en función de la residencia de la persona quien resintió la disminución del monto que antes percibía?

VI. ESTUDIO.

28. Este Pleno Regional determina que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio consistente en que el órgano jurisdiccional con competencia para conocer de la demanda de amparo promovida en contra del acto por el cual se redujo el porcentaje de pensión alimenticia, es aquel que ejerce jurisdicción en el lugar donde se concrete el pago con el monto disminuido, en virtud de afectar al acreedor alimentista, pues ahí se reflejará el pago con la reducción descrita, ello por referirse a la última fase con la que concluye la total ejecución del mismo.

29. Para solventar la materia de análisis de la contradicción de criterios, en este apartado se destaca que la metodología de estudio se llevará a cabo en la forma siguiente:

29.1 Marco normativo en la legislación procesal civil del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

29.2 Artículo 37 de la Ley de Amparo.

29.3 Precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

29.4 Hechos relevantes con incidencia jurídica.

29.5 Las variables en los hechos coinciden con el precedente y permiten ampliar el supuesto.

29.6 Respuesta a la pregunta detonante.

I. Marco normativo en la legislación procesal civil del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

30. Es conveniente destacar que en la presente contradicción de criterios los tribunales contendientes pertenecen al Séptimo Circuito y, a su vez, el origen de los conflictos competenciales que tuvieron su origen en juicios civiles; por ende, es necesario precisar el apoyo legal de la entidad federativa relacionado con una disputa de competencia.

31. Al respecto, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave señala:

31.1 "ARTÍCULO 116.

"Es juez competente:

"...

"XIII. En los casos de reclamación de alimentos, el del domicilio del acreedor alimentario; ..."

32. De conformidad con la regla competencial referida y atento a su literalidad, se tiene que cuando exista disputa sobre el reclamo de alimentos, la competencia se fijará en función del domicilio del acreedor alimentario.

33. Ahora, si bien la regla referida no se discutió entre los Tribunales Colegiados contendientes, de igual forma lo es que resulta necesario modularla, esto con la finalidad de generar seguridad jurídica a fin de hacerla concordante con la contradicción de tesis 45/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto quedará evidenciado con posterioridad en la parte donde se precise la finalidad de esa resolución.

34. Para ello, basta señalar que atento al precedente citado, la finalidad de fijar competencia tuvo como punto de partida privilegiar el acceso inmediato a la justicia en favor de quien resintiere el perjuicio, esto es, primero se estableció el derecho humano descrito y, segundo, se determinaron las reglas para hacerlo eficaz.

35. Acorde con ello, la fracción XIII del artículo 116 reproducido, en principio concuerda con el precedente, empero, esto es sólo cuando quien resienta un perjuicio y reclame su cumplimiento, o sea, el acreedor alimentario.

36. Entonces, bajo una lectura literal y lineal sin mayor profundización de esa porción normativa la regla de fuente jurisprudencial sería apreciada sin flexibilidad, lo cual tendría por efecto que cuando el deudor alimentario resintiere el perjuicio en su esfera jurídica, pese a ello la competencia se debería definir en favor del acreedor alimentista y esto es incorrecto porque se permitiría desatender el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

37. Por ende, el artículo 116, fracción XIII, citado, se debe entender en el sentido de que la finalidad última y subyacente es fijar la competencia del órgano jurisdiccional en favor de quien resienta el perjuicio, porque de esa manera se dota de eficacia al derecho humano de acceso inmediato a la justicia.

38. Ello se correlaciona con el numeral 69, párrafo último, del propio código, en tanto señala:

38.1 "ARTÍCULO 69.

"Las diligencias que no puedan practicarse en el Distrito en que se siga el juicio, deberán encomendarse precisamente al juez de aquél en que han de ejecutarse.

"También puede un tribunal, aunque una diligencia deba practicarse dentro de su propia jurisdicción, encomendarla a otro de inferior categoría, si por razón de la distancia u otro motivo poderoso fuere más conveniente que éste la practique.

"En este último caso, se empleará el oficio.

"Cuando el oficio que se gire tenga por objeto garantizar el cobro de alimentos, el juez que conozca del asunto lo remitirá en un término máximo de 48 horas, directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado."

39. De conformidad con el párrafo último del numeral 69 transcrito, se tiene que cuando un acto requiera del envío de un oficio para ser cumplimentado y el objeto por cumplir se relacione con el deber de garantizar alimentos, el juzgador tendrá la posibilidad de enviar el oficio, de forma directa, al lugar donde el deudor alimentario preste sus servicios, ello si la diligencia se practicare en lugar distinto del juicio, aunque dentro del territorio del Estado.

40. Ahora, la previsión del párrafo transcrito se relaciona con la regla identificada en el punto iii)(9) de la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (10a.), registro: 2001236, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL."; sin embargo, ese supuesto para fijar la competencia no tiene correspondencia con la diversa regla competencial establecida en el punto i)(10) de dicho criterio, porque además de ser supuestos diferenciados, en el caso la presente resolución se apoya en la regla del punto i), en virtud de comprender la actuación del juzgador para cumplir con una determinación a través de un exhorto, tal como sucedió en los fallos contendientes; por eso, al tratarse de hipótesis distintas se excluyen entre sí por sus efectos, de ahí la razón por la cual se precisa que lo previsto en el artículo 69 aludido será aplicable sólo cuando se actualicen los supuestos ahí señalados.

41. Por esas razones, para efectos de evitar incertidumbre jurídica, se puntualiza que los artículos 69 y 116, fracción XIII, ambos reproducidos, se armonizan y se complementan en función de las consideraciones expresadas.

II. Artículo 37 de la Ley de Amparo.

42. Dado que en la aludida contradicción de tesis 458/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se analizó el artículo 36 de la abrogada Ley de Amparo, ello hace necesario indicar que debido a la similitud entre dicho precepto y el 37 las consideraciones del precedente sí son aplicables al caso. Se muestra lo anterior con el cuadro comparativo siguiente:

Ver artículos comparativos

43. La comparativa de los textos de los artículos indicados permite establecer que el precedente indicado sí tiene aplicación al caso, esto a fin de considerar la mecánica implementada para dotar de eficacia al derecho humano de acceso a la justicia y, en función de ello, es posible extender el beneficio ahí establecido en favor de quien resienta el perjuicio, pues no se aprecia obstáculo para tal efecto y así se mostrará enseguida. III. Precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

44. Para justificar la presente resolución, es necesario tener en cuenta las consideraciones de la contradicción de tesis 458/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; ahora, atender al precedente conlleva conocer los elementos analizados para la toma de decisiones dictadas en el pasado y, luego de ello, proceder a efecto de determinar hasta dónde resultan operantes y/o aplicables las razones del caso anterior, sea en todo o en parte, para justificar la decisión futura debido a la dinámica social misma que cambia el contexto y circunstancias; precisado esto, en el fallo se dispuso:

45. En relación con los hechos de los casos en colisión a partir de los cuales la Primera Sala emitió su criterio, se aprecia lo siguiente:

46. Uno de los tribunales contendientes señaló:

46.1 "... Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la orden de requerimiento y embargo y/o ejecución decretada por el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo; y su ejecución se hace consistir en el descuento que es aplicado directamente al salario del quejoso y que atribuye al director general de Recursos Humanos de la Policía Federal con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal.

"De ahí que se excluya la aplicación del resto de la hipótesis de competencia que establece el artículo 36 de la Ley de Amparo; la del párrafo segundo, porque no se advierte que el acto reclamado se está ejecutando en dos o más distritos, y la del último párrafo, porque la resolución reclamada (orden de requerimiento de embargo) sí tiene ejecución material, si se atiende que el acto tiene efectos positivos, traducidos en el descuento que se hace del salario de nómina al quejoso. Ahora, con motivo de la orden dada por el Juez civil del Estado de Quintana Roo, quien ejecuta el descuento del sueldo es una autoridad diversa a la ordenadora y que claramente citó el quejoso: Director general de Recursos Humanos de la Policía Federal con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, lugar donde se lleva a cabo la ejecución del acto reclamado.

"De ahí que no pueda fincarse competencia al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde el quejoso se haya percatado del descuento de su salario, en el caso, la ciudad de Acapulco, pues ese descuento obedeció a la ejecución que realizó el citado director general.

"Así, la competencia para conocer de la demanda de garantías se surte a su favor del Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal en turno, con residencia en la Ciudad de México, por ser quien ejerce jurisdicción en el lugar donde se ejecutó la orden de descuento del salario del quejoso.

"...

"Además, contrariamente a lo que sustenta el Tribunal Colegiado en la tesis anterior, el descuento que realiza la dependencia no puede considerarse como un mero trámite administrativo, sino la ejecución de un mandato, emanado de una autoridad jurisdiccional, independientemente de que, a la postre, se compruebe que dicha dependencia es patrón de aquel a quien se le hace el descuento, pues esa circunstancia tiene que ver, en todo caso, con la procedencia del juicio, pero no puede ser determinante para fincar la cuestión competencial, ya que ésta se determina por el lugar de ejecución del acto reclamado, según los dos primeros párrafos del artículo 36 de la Ley de Amparo, o por el lugar en que reside la autoridad que dictó la resolución, cuando ésta no requiere de ejecución material (último párrafo del artículo 36 ibídem), pero no por la naturaleza del ente que lleva a cabo la ejecución material del acto reclamado, pues esta circunstancia nada importa, en términos del repetido artículo 36. ..."

47. Tal como se aprecia de lo transcrito, por las razones propias de la estructura del fallo, están involucrados los hechos relevantes y aspectos jurídicos relativos a las reglas bajo las cuales se dilucidó la disputa competencial; es por eso que de lo anterior se deben extraer los elementos a partir de los cuales se generó la razón de la decisión.

48. Así, lo relevante en ese caso fue lo siguiente:

48.1 En amparo se reclamó la orden dictada para requerir de pago y proceder al embargo y ejecución; la materialización de ello consistió en descontar un monto determinado al salario del quejoso para destinarlo a un pago concreto.

48.2 La ejecución aludida se llevaría a cabo por una autoridad distinta de la ordenadora y se concretaría en un lugar diferente de la sede del ente ordenador.

48.3 La razón por la cual se definió la competencia del órgano jurisdiccional atendió al lugar donde se ejecutaría el acto, por una autoridad distinta de la ordenadora.

48.4 Y esa decisión se vincula de forma directa con la persona quien tiene el carácter de deudor, esto es, el que resentiría el descuento de su salario, con cuyo producto se pagaría al acreedor respectivo.

49. Conforme a esos elementos, se identifica que en un lugar se emitió una orden de descuento del salario de una persona, su ejecución se concretaría en un lugar diferente de donde emanó la orden y, a su vez, la persona quien resentiría dicho descuento tiene la calidad de deudor.

50. Por otra parte, el diverso Tribunal Colegiado en su resolución señaló:

50.1 En amparo se reclamó la resolución la cual resolvió reducir el porcentaje de pensión alimenticia provisional.

50.2 Se determinó que la ejecución del acto sería en otra ciudad por ser donde se concretaría la reducción del salario, por parte de una secretaría de una entidad federativa; de ahí la declaratoria de incompetencia del Juzgado de Distrito.

50.3 El Tribunal Colegiado indicó que la dependencia no es autoridad, sino patrón, quien sólo se limitó a hacer los descuentos salariales.

50.4 El acto requiere ejecución material y tiene lugar cuando se libre el oficio cuyo contenido indique los descuentos por realizar; por eso, no se fincó la competencia en el lugar al cual se dirigió la comunicación relacionada con el descuento.

50.5 Con esos elementos se tiene que la decisión se decantó por atribuir competencia al órgano emisor de la orden y ésta se vincula, de forma directa, con el sujeto en quien recae la calidad de deudor, o sea, él resentirá el descuento de su salario.

51. Por ende, ambos órganos jurisdiccionales analizaron la disputa en atención al sujeto deudor; para un Tribunal Colegiado la competencia correspondía al órgano con jurisdicción donde se ejecutaría la orden, es decir, por una entidad distinta de la ordenadora; para el otro, la ejecución material se actualizó al momento de emitir el oficio, por ende, la competencia recayó en el emisor de la orden, es decir, la misma autoridad tenía la calidad de ordenadora y ejecutora.

52. Ello se ilustra en los términos siguientes:

Ver cuadro

53. De acuerdo con ese contexto de criterios, la contradicción de tesis 458/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró:

53.1 "... Ahora bien, cuando el deudor alimenticio pretende inconformarse con las determinaciones judiciales adoptadas hasta esa etapa del procedimiento, y para ello acude al juicio de amparo indirecto, una de las primeras cuestiones a resolver es quién será el Juez de Distrito competente para conocer de dicho medio de control constitucional, en particular, cuando el descuento al salario se llevará a cabo en una jurisdicción distinta a la del Juez del procedimiento.

"Al respecto, el artículo 36 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente:

"‘Artículo 36. Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.

"‘Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente.

"‘Es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material.’

"El precepto citado establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada.

"Lo que distingue a las dos primeras reglas competenciales es que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, pero el primero de los supuestos sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción; en cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes, al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro.

"La tercera regla prevé el caso en el que el acto o resolución reclamado no requiere ejecución material, lo que da competencia al Juez de Distrito donde resida la autoridad ordenadora.

"De lo que se sigue que la intención del legislador, al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito, al más cercano, que se presupone es el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, tratándose de la primera de las reglas competencial

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31892-a02854e6/competencia-para-conocer-de-la-demanda-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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