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Modo: Corpus Pro

DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE DESECHARLA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, CUANDO SE SEÑALA INDISTINTAMENTE COMO ACTO RECLAMADO UNA ORDEN DE CITACIÓN Y/O COMPARECENCIA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 43/2023. · Registro digital (IUS): 31918
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-11-17
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL, AMBOS DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Noviembre de 2023, Tomo III, Pág.3238.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 43/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL, AMBOS DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA CARLA ISSELIN TALAVERA Y DE LOS MAGISTRADOS SALVADOR CASTILLO GARRIDO (PRESIDENTE) Y JESÚS RAFAEL ARAGÓN. PONENTE: MAGISTRADA CARLA ISSELIN TALAVERA. SECRETARIO: MARCELO GUERRERO RODRÍGUEZ.

III. COMPETENCIA.

9. Este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo,(2) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III,(3) de la Ley de Amparo, 41(4) y 42, fracción I,(5) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, al tratarse de una denuncia de contradicción de criterios emanados de Tribunales Colegiados provenientes de un Circuito que comprende la Región Centro-Sur, señalada en el artículo 8(6) del acuerdo antes citado, a saber, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en la misma materia y Circuito; cuya especialización en materia penal corresponde a este Pleno Regional.

IV. LEGITIMACIÓN.

10. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el numeral 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(7) ya que fue formulada por la Jueza Primera de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con sede en Villa Aldama.

V. POSTURAS CONTENDIENTES.

11. Como cuestión previa, se estima conveniente precisar las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados de Circuito al emitir sus resoluciones.

A. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 137/2023.

12. Juicio de amparo indirecto. Una persona física promovió juicio de amparo indirecto contra los siguientes actos: "orden de aprehensión y/u orden de comparecencia y/u orden de presentación y/u orden de detención, así como la ejecución de los actos reclamados", atribuidos a diversas autoridades judiciales y ministeriales con sede en diversos Municipios del Estado de Veracruz.

13. El quejoso refirió en sus antecedentes que fue informado de que policías ministeriales se trasladaron a su domicilio particular y que manifestaron a sus vecinos que llevaban consigo las órdenes que se señalaron como actos reclamados.

14. La Jueza Primera de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, registró la demanda con el número de expediente ********** y la desechó parcialmente por lo que respecta al acto reclamado que precisó como "la existencia de alguna orden de comparecencia (citación para acudir a la audiencia inicial) dictada en su contra, así como su ejecución", pues estimó que se actualizaba de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(8) y los numerales 61, fracción XII,(9) 5, fracción I(10) y 107, fracción IV,(11) todos de la Ley de Amparo; en ese mismo proveído, admitió la demanda por lo que hace a los restantes actos (sin especificar cuáles) y le dio el trámite legal correspondiente.

15. Medio de impugnación. Inconforme con el desechamiento parcial de la demanda, el quejoso interpuso recurso de queja, el cual fue registrado con el número 137/2023 y admitido a trámite por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito.

16. Decisión. En sesión plenaria de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, el Tribunal Colegiado declaró fundado el citado medio de defensa, con base en las consideraciones siguientes:

17. Indicó que la causa de improcedencia que tuvo actualizada la Jueza de Distrito no es notoria e indudable, porque para poder determinar si la orden de comparecencia reclamada viola o no derechos sustantivos del peticionario, es necesario realizar un análisis profundo de las constancias que envíen las autoridades responsables con sus informes justificados y, en su caso, de las pruebas que aporten las partes en el juicio de amparo, en relación con la interpretación del precepto constitucional y numerales legales que invocó la Jueza en el acuerdo impugnado, así como la aplicación de la jurisprudencia que citó en su acuerdo, de rubro: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]."

18. Refirió que se requiere un estudio de mayor profundidad, que es propio de la sentencia de amparo, para poder determinar si la orden reclamada, en su caso, se emitió para citar al quejoso a la audiencia inicial o para lograr su comparecencia mediante la fuerza pública, en atención a que el peticionario, en el capítulo de hechos de su demanda, expresó bajo protesta de decir verdad, entre otros aspectos, que fue alertado de que se trasladaron a su domicilio personas que se transportaban en camionetas con las características de las que usan los policías ministeriales, quienes han preguntado por él a sus vecinos e indicado que llevaban órdenes de aprehensión y de comparecencia, emitidas por diversos Jueces del Estado de Veracruz, así como órdenes de presentación y/o detención de fiscales de las ciudades de Xalapa, Acayucan, Coatzacoalcos, Córdoba y Veracruz, y que lo han seguido diversas camionetas mientras se trasladaba para trabajar, las cuales tienen las características de las usadas por los policías ministeriales, motivo por el que tiene el temor de que lo detengan y sea objeto de actos de tortura.

19. El tribunal revisor adicionó que la falta de afectación al interés jurídico del quejoso, a la que también se hizo referencia en el acuerdo impugnado, no constituye en sí misma una causa suficiente para desechar una demanda de amparo, debido a que es un tópico que requiere de mayor reflexión.

20. Sustentó su afirmación en criterios judiciales emitidos por Tribunales Colegiados de Circuito, de rubros: "INTERÉS JURÍDICO, FALTA DE. NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS.";(12) "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. NO TIENE QUE ESTAR PROBADO PLENAMENTE AL PRESENTARSE LA DEMANDA."(13) y "DEMANDA DE AMPARO. LA FALTA DE INTERÉS JURÍDICO NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE JUSTIFIQUE SU DESECHAMIENTO."(14)

B. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 115/2023.

21. Juicio de amparo indirecto. Una persona física promovió juicio de amparo indirecto contra los siguientes actos: "orden de aprehensión y/u orden de comparecencia y/u orden de presentación y/u orden de detención, así como la ejecución de los actos reclamados", atribuidos a diversas autoridades judiciales y ministeriales con sede en distintos Municipios del Estado de Veracruz.

22. El quejoso refirió en sus antecedentes, que fue informado de que policías ministeriales se trasladaron a su domicilio particular y que manifestaron a sus vecinos, que llevaban consigo las órdenes reclamadas.

23. La Jueza Primera de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, registró la demanda con el número de expediente ********** y la desechó parcialmente por lo que respecta al acto reclamado que precisó como "la existencia de alguna orden de comparecencia (citación para acudir a la audiencia inicial) dictada en su contra, así como su ejecución", pues estimó que se actualizaba de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y numerales 61, fracción XII, 5, fracción I y 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo; en ese mismo proveído, admitió la demanda por lo que hace a los restantes actos (sin especificar cuáles) y le dio el trámite legal correspondiente.

24. Medio de impugnación. Inconforme con el desechamiento parcial de la demanda, el quejoso interpuso recurso de queja, el cual fue registrado con el número 115/2023 y admitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito.

25. Decisión. En sesión plenaria de veintidós de junio de dos mil veintitrés, el Tribunal Colegiado declaró infundado el citado medio de defensa, con base en las consideraciones siguientes:

26. Expresó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, sostuvo que del ordinal 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar.

27. Precisó que el Máximo Tribunal del País refirió que no obsta el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado.

28. Señaló que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial, es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo.

29. Indicó que las consideraciones reseñadas se encuentran plasmadas en la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), de rubro: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]."

30. Sostuvo que, como bien lo precisó la Jueza de Distrito, en el caso se reclamó a los Jueces de Control, entre otros actos, la citación para que el quejoso comparezca a la audiencia inicial en el proceso penal de origen, lo que pone de relieve que tienen aplicación las razones expresadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se trata de un acto judicial dictado fuera de juicio, que no afecta la libertad personal del peticionario de amparo, por lo que fue jurídicamente correcto que se haya desechado de plano la demanda, por lo que a dicho acto corresponde.

31. Destacó que en el caso no puede considerarse que la referida orden de comparecencia afecte su derecho humano a la libertad, pues de los antecedentes narrados en su demanda, no consta que previamente a ella se haya girado citatorio alguno y que en términos del artículo 141, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pretenda ejecutarse mediante el uso de la fuerza pública.

32. Finalmente, refirió que no se deja a la parte quejosa en estado de indefensión, pues la juzgadora únicamente desechó la demanda constitucional respecto del acto que no es restrictivo de la libertad, como es la citación para comparecer a una audiencia judicial; sin embargo, sí la admitió respecto de aquellos actos que, en su caso, podrían afectar el referido derecho.

VI. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN.

33. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para que se actualice la contradicción de criterios, basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provengan de cuestiones fácticas exactamente iguales.

34. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 72/2010, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, con número de registro digital: 164120, de rubro siguiente: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."

35. Cierto, la existencia de la contradicción de criterios no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan solo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

36. En este orden de ideas, si las cuestiones fácticas siendo parecidas influyen en las decisiones de los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de criterios no puede configurarse.

37. Por ende, no podría arribarse a un criterio único ni sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito. Por tanto, si las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

38. Con base en lo anterior, es posible identificar los siguientes requisitos para la existencia de una contradicción de criterios:

a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

39. En el caso, este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, considera que sí existe la contradicción de criterios denunciada, tal y como enseguida se demostrará:

40. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Los órganos contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo sobre el tema relativo a si es procedente o no el desechamiento de una demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, cuando indistintamente se tiene como acto reclamado una orden de citación y/o comparecencia, con sustento en la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

41. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Este Tribunal Pleno considera que, en los ejercicios interpretativos realizados por los órganos colegiados contendientes, sí existió propiamente un punto de toque con respecto a la resolución de un mismo tipo de problema jurídico a solucionar.

42. En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 137/2023, sostuvo que no era procedente el desechamiento de la demanda de amparo, porque la causa de improcedencia actualizada por la Jueza de Distrito no era manifiesta e indudable, pues consideró que para poder determinar si la orden de comparecencia reclamada por el quejoso encuadra en el supuesto previsto en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es necesario realizar un análisis profundo de las constancias que envíen las autoridades responsables con sus informes justificados y, en su caso, de las pruebas que aporten las partes en el juicio de amparo, con el fin de determinar si el acto reclamado se emitió para citar al peticionario a la audiencia inicial o para lograr su comparecencia mediante la fuerza pública.

43. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver la queja 115/2023, avaló la determinación de la Jueza de Distrito de considerar que el acto reclamado que el quejoso denominó "orden de comparecencia", se refería a la citación para que éste compareciera a la audiencia inicial que se celebraría para formular imputación en su contra o para el desahogo de alguna actuación judicial. Con base en esa premisa, estimó que fue correcto que la citada juzgadora desechara la demanda por ese acto, debido a que existe la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar, por lo que se trata de un acto judicial dictado fuera de juicio, que no afecta la libertad personal del peticionario de amparo.

44. De la relatoría anterior, se aprecia la existencia de un punto de toque respecto a un tema, específicamente, determinar si es correcto el desechamiento de una demanda de amparo por notoriamente improcedente, cuando indistintamente se tiene como acto reclamado una orden de citación y/o comparecencia, con apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), de rubro: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]."

45. En efecto, del resumen de las ejecutorias contendientes en la presente contradicción, se advierten puntos coincidentes entre los criterios de los Tribunales Colegiados, los que, una vez identificados, resaltan el punto adverso a dilucidar.

46. Lo anterior, porque emitieron razonamientos discrepantes en torno a un mismo problema jurídico, pues uno de ellos convalidó el desechamiento de la demanda partiendo de la premisa de que la orden de comparecencia reclamada por el quejoso se traduce en una citación del investigado para que acuda a la audiencia inicial, mientras que el otro tribunal consideró que no es factible el desechamiento en ese supuesto, porque resulta indispensable allegarse durante el trámite del juicio de las constancias necesarias para determinar si la orden reclamada por el peticionario se trata de una citación, o bien, de un mandamiento que pretende lograr su comparecencia mediante la fuerza pública. 47. De este modo, se advierte que al analizar una demanda de amparo en la que se señaló como acto reclamado una "orden de comparecencia" (sin denominarla "citación u orden de citación"), ambos tribunales arribaron a conclusiones contradictorias sobre su procedencia, pues uno de ellos estimó que ese acto se equipara a la citación prevista en el artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales y, por ende, debía desecharse la demanda al resultar aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.); en cambio, el otro órgano colegiado consideró que debía admitirse, pues se requería de información adicional para determinar si la "orden de comparecencia" reclamada por el quejoso actualizaba el supuesto previsto en ese criterio jurisprudencial, debido a que estimó que podría acontecer que se refiriera a una orden para que compareciera mediante la fuerza pública.

48. Lo anterior evidencia que ambos tribunales, de facto, tuvieron indistintamente como acto reclamado una orden de citación y/o comparecencia, pues estimaron que la orden de comparecencia reclamada en la demanda de amparo podía ser equiparable a la citación; sin embargo, uno de ellos resolvió que la sola mención de que se reclamaba una orden de comparecencia actualizaba una causa de improcedencia manifiesta e indudable que daba motivo a desechar la demanda, con sustento en la jurisprudencia aludida, mientras que el otro estimó que cuando se reclama una orden de comparecencia, la aplicación del criterio judicial en comento debía corroborarse durante el trámite del juicio, esto es, concibió la posibilidad de que la orden de comparecencia reclamada por el quejoso sí pudiera tratarse de la citación referida, toda vez que no desestimó la decisión de la juzgadora con base en la premisa de que ambos eran actos distintos y distinguibles entre sí.

49. Por tanto, con independencia de lo correcto o no de la apreciación del acto reclamado por parte de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, para efecto del análisis de la contradicción de criterios denunciada, debe considerarse que la existencia del punto de toque entre ambos criterios, yace en determinar si es correcto o no desechar una demanda de amparo por notoriamente improcedente, cuando indistintamente se tiene como acto reclamado una orden de citación y/o comparecencia, con apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), de rubro: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]."

50. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia P./J. 3/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, febrero de 2010, Tomo XXXI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 165306, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEAN ERRÓNEOS, DEBE RESOLVERSE EL FONDO A FIN DE PROTEGER LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver una contradicción de tesis existente entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito aunque sean erróneos o inaplicables, pues el objetivo fundamental de ese procedimiento es terminar con la incertidumbre generada para los gobernados y los órganos jurisdiccionales por la existencia de criterios contradictorios, mediante la definición de una jurisprudencia producto de la sentencia dictada en ese procedimiento, que servirá para resolver uniformemente casos similares a los que motivaron la denuncia de contradicción, evitando que se sigan resolviendo diferente e incorrectamente, lo que permitirá preservar la unidad en la interpretación de las normas del orden jurídico nacional con la fijación de su sentido y alcance en protección de la garantía de seguridad jurídica. Además, esa definición jurídica no sería posible realizarla si se declara improcedente la contradicción suscitada respecto de tesis equivocadas o inaplicables de esos Tribunales, ya que aunque se dejaran sin efecto, si no existiera pronunciamiento por declararse su improcedencia, lejos de garantizar a los gobernados y a los órganos jurisdiccionales del país la solución de otros asuntos de similar naturaleza, se generaría incertidumbre, por lo cual debe emitirse una sentencia que fije el verdadero sentido y alcance de la solución que deba darse al supuesto o problema jurídico examinado por los Tribunales Colegiados de Circuito que originó la oposición de criterios."

51. Cabe destacar que no se abordará el planteamiento formulado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, relativo a que la falta de afectación al interés jurídico del quejoso no constituye una causa de improcedencia por la que se pueda desechar una demanda de amparo; ello, debido a que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito no se pronunció sobre dicho tema, pues si bien es verdad la juzgadora de distrito desechó la demanda con fundamento, entre otros preceptos, en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, lo cierto es que el Tribunal Colegiado en mención consideró legal el desechamiento exclusivamente por lo que hace a la aplicación de la referida jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual no aborda la causa de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico contenida en el precepto legal mencionado, lo que se traduce en que no existe, ni siquiera de manera implícita, un punto de toque sobre el tema referido.

52. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 134/2005, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 279, diciembre de 2005, Tomo XXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 176574, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO ANTE LA FALTA DE PRONUNCIAMIENTO EXPRESO DE UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS, PRETENDE ATRIBUÍRSELE UN CRITERIO TÁCITO QUE NO TIENE EL CARÁCTER DE INDUBITABLE. Si dos Tribunales Colegiados al analizar un mismo problema jurídico llegan a conclusiones divergentes derivadas de las circunstancias propias de cada uno de los casos sometidos a su conocimiento y no del hecho de que hayan sustentado criterios discrepantes, es claro que tal análisis no se efectuó bajo el examen de los mismos elementos, por lo que la emisión de tales conclusiones no da lugar a considerar que exista una contradicción de tesis, pues para ello se requiere que el criterio del tribunal sea implícito y pueda deducirse indubitablemente, de conformidad con la tesis 2a. LXXVIII/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de ahí que si la falta de pronunciamiento expreso no permite descubrir, de manera indubitable, cuál fue el criterio implícito del tribunal, no es correcto configurar, de manera presuntiva, la contradicción, pues con ello se daría a la ejecutoria mayores alcances de los que fueron objeto de análisis en los casos resueltos."

53. Tercer requisito: Surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. Se advierte que los puntos de vista de los órganos jurisdiccionales contendientes, al reflejar contradicción en sus consideraciones y razonamientos, da lugar a la formulación de la siguiente pregunta:

54. ¿Es procedente el desechamiento de una demanda de amparo por notoriamente improcedente, cuando indistintamente se tiene como acto reclamado una orden de citación y/o comparecencia, con sustento en la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), de rubro: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]."?

55. Se precisa que la interrogante formulada, surge del estudio de los criterios que difieren, con independencia de cómo la planteó el denunciante.

56. Lo anterior conforme a la tesis 2a. V/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1292, Libro 28, marzo de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital: 2011246, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de marzo de 2016 a las 10:10 horas, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA PROBABLE DIVERGENCIA DE CRITERIOS PRECISADA EN LA DENUNCIA RELATIVA, NO VINCULA AL PLENO O A LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A CONSTREÑIRSE A LOS TÉRMINOS COMO SE PLANTEA NI AL PUNTO JURÍDICO ESPECÍFICO. La denuncia formulada por el legitimado para ello, en términos del artículo 227, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, constituye un mero requisito de procedibilidad necesario para que el órgano competente examine los criterios contendientes y determine si existe o no disconformidad en las consideraciones relativas y, en su caso, emita la jurisprudencia que deba prevalecer, sin que el tema probablemente divergente señalado por el denunciante vincule al Pleno o a las Salas del Alto Tribunal a constreñirse a los términos como se plantea ni al punto jurídico específico, dado que el propósit

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31918-3cbce147/demanda-de-amparo-indirecto-no-procede-desecharla-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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